Cospedal adjudica a Rajoy y Arenas el “finiquito en diferido” pactado con Bárcenas

La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, que ha declarado este miércoles en calidad de testigo en la Audiencia Nacional, ha asegurado ante el juez Ruz que el control de las donaciones recaía "exclusivamente" en los tesoreros Luis Bárcenas y Álvaro Lapuerta, según fuentes de las acusaciones populares presentes en el interrogatorio. la número dos del PP ha explicado que la gestión ordinaria de los ingresos y gastos del partido son "labores exclusivas" del tesorero y del gerente, que son nombrados por los congresos de esta organización. Y ha agregado que según los estatutos del partido dicha responsabilidad no recae en la Secretaria General. También ha insistido en que no conocía otro tipo de ingresos que los recogidos en la contabilidad remitida al Tribunal de Cuentas.

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Esta afirmación de la número dos del PP va en la línea de lo dicho este martes por sus predecesores en el cargo. Javier Arenas y Francisco Álvarez Cascos dijeron al juez que instruye la causa de la supuesta contabilidad B de los conservadores que la autoridad en el partido sobre todos los asuntos económicos correspondía también a Lapuerta y a Bárcenas. 

La sorpresa ha surgido cuando ha sido interrogada por el polémico finiquito "en diferido" y las nóminas de Bárcenas. Cospedal ha declarado que el acuerdo para el despido e indemnización de Bárcenas lo suscribieron Rajoy y Arenas con el propio extesorero. Y que a ella "sólo" se lo "trasladaron". Ha detallado que entiende que las circunstancias de la marcha de Bárcenas se pactaron en el encuentro que mantuvieron el extesorero y su esposa, Rosalía Iglesias, con Mariano Rajoy y Javier Arenas en la sede nacional del partido en Génova en marzo de 2010. Cospedal ha reconocido que tenía una mala relación con el extesorero del PP y que desde 2009 dicha relación es "inexistente", según aseguraron fuentes presentes en la declaración.

El juez instructor no ha permitido que las acusaciones preguntaran a la testigo sobre el supuesto cobro de una comisión a Sacyr en 2007 que supuso el ingreso de 200.000 euros para la campaña electoral del PP en Castilla-La Mancha, hechos revelados por Bárcenas en su declaración judicial. El aforamiento de Cospedal en calidad de presidenta autonómica impediría que respondiera a este tipo de cuestiones ya que entonces el caso debería ser instruido por un tribunal superior.