La crisis que nos hizo energéticamente pobres

Es un fenómeno muchas veces invisible –ocurre en la intimidad del hogar– y que permanece oculto –especialmente ante situaciones de exclusión social y pobreza más extremas– pero está ahí. Y se ha hecho especialmente virulento con la crisis. Se trata de la pobreza energética, el concepto que define la incapacidad de un hogar para satisfacer un mínimo de servicios energéticos para cubrir necesidades básicas domésticas tales como la climatización de la vivienda, cocinar o asearse. Este es un problema que en los últimos años ha comenzado a alcanzar también a personas con empleo como consecuencia de la carestía de los suministros y la combinación entre precariedad laboral y caída de salarios.

El INE en la Encuesta de Condiciones de Vida que publica de forma periódica, pero también otros estudios aportados por ONG o instituciones académicas como la Asociación de Ciencias Ambientales (ACA) han puesto cifras a esta realidad escondida. Según el organismo estadístico del Estado el 8% de la población vivía en 2013 en hogares que no pueden permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada. La ACA, que edita un estudio de referencia en España sobre esta materia, certificó en su último documento que en 2012 el porcentaje de hogares que tienen que destinar una cantidad desproporcionada de sus ingresos –el 10% del total, tal y como se recoge en la metodología británica– a pagar facturas de luz y gas subió en 2012 hasta el 16,6%, lo que equivale a cinco millones de personas. En 2010 este indicador estaba situado en el 12,4%, lo que equivalía a cinco millones de personas.

José Luis López, coordinador de proyectos de la ACA, dice no poder certificar con cifras cómo ha evolucionado la situación en los dos últimos años, pero la situación actual le lleva a no ser muy optimista. "En términos de vulnerabilidad la evolución depende de la economía de las familias y del precio de los suministros, que ha aumentado. Eso nos hace pensar que ahora estaremos en tasas similares a 2012 o incluso peores", explica.

Otro elemento a destacar, según López, a la hora de observar esta realidad es la edificabilidad que, de mejorar, podría ayudar a las familias afectadas a salir de su situación de vulnerabilidad. "Ahí sólo se han tomado medidas sobre eficiencia energética más bien de carácter preventivo como los planes cofinanciados a los que las familias con más problemas no pueden acceder [se trata de las subvenciones públicas que se dan para cambiar las ventanas, por ejemplo]", lamenta. La realidad es que más del 50% del parque de vivienda en España está construido sin criterios de eficiencia energética y casi el 17% presenta humedades, goteras u otros problemas derivados de un mal aislamiento. 

El problema de la pobreza energética se hace, lógicamente, más visible en invierno. Por ejemplo, Cruz Roja ha observado que el 58% de la población que atiende vive en hogares donde no es pueden permitir encender la calefacción. Y la realidad es que esta es una cuestión que incluso puede tener incidencias sobre la salud. Según la OMS vivir en una casa en la que de forma habitual se registran temperaturas inadecuadas aumenta la prevalencia de enfermedades físicas y mentales, especialmente niños y ancianos. No en vano España es uno de los estados donde hay más mortalidad adicional en invierno de toda la Unión Europea, según datos del informe Eurosurveillance. 

"La gente busca alternativas que no siempre son seguras. Está volviendo el butano pero también el brasero, especialmente en zonas rurales o entre población mayor, y que es peligroso por el riesgo de mala combustión que produce el monóxido de carbono. Los bomberos están observando cambios en la tipología de los incendios, cada vez se producen más en la salida de las chimeneas, según nos comentó un jefe de equipo en un congreso reciente", señala López. 

Pero lo que comenzó siendo un fenómeno que tradicionalmente afectaba a sectores más excluidos de la sociedad ha acabado por colarse en la clase media. "Pobreza energética siempre ha habido especialmente en familias afectadas por el desempleo, con menores, o en mayores con pensiones mínimas. Pero es cierto que la crisis ha hecho florecer este problema en hogares de la antigua clase media aquejados por el empleo precario, el paro o la finalización de las prestaciones y subsidios", señala Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS). 

"No nos creamos que es solo la llamada población pobre la que no puede hacer frente a unas facturas que pueden alcanzar los 200 euros al mes por familia sumando gas, luz y agua. Hay muchos mileuristas para los que es imposible afrontar esos gastos. Este problema no está relacionado con un único factor, sino a un conjunto de elementos que empobrecen la sociedad y a la carestía de los suministros", ilustra Tatiana Guerrero, portavoz de la Alianza contra la Pobreza Energética. Y desde los servicios sociales, además de asesoramiento y apoyo psicológico, la única opción que se puede ofrecer a estas personas desde el sector público es un subsidio de emergencia –en forma de cheque para que paguen la luz o el agua– pero es algo puntual, una ayuda a la que pueden acceder en una o dos ocasiones.

La labor del Estado 

Ante esta situación, los expertos consultados se quejan de que la Administración se ha dedicado a poner pequeños parches. De hecho por el momento sólo está regulado el llamado bono social para la electricidad –un 25% el descuento en el recibo de la luz para sectores más vulnerables– y la Tarifa de Último Recurso (TUR) para el gas y el PVPC (Precio Voluntario al Pequeño Consumidor), pero los colectivos creen que son "medidas incompletas e inefectivas que necesitan una revisión y un nuevo enfoque para adecuarse a las necesidades y al contexto social actual". A nivel estatal no hay ninguna alusión específica referente a la pobreza energética en las normas que regulan el sector de la energía. Y la realidad es que el PP se ha negado a hacerlo. Este mismo miércoles, el presidente del Gobierno acusó al líder de IU, Cayo Lara, de "pintar" un país que el él no conoce cuando este le echó en cara los indicadores sobre exclusión y pobreza, también energética.

En la última legislatura los conservadores han rechazado en el Congreso todas propuestas presentadas por la oposición para paliar este problema. El pasado octubre el PP volvió a oponerse en solitario a una iniciativa legislativa para luchar contra la pobreza energética, en este caso presentada por el PSOE, bajo el argumentando de que la Ley del Sector Eléctrico, aprobada en diciembre de 2013, ya contempla medidas en este sentido. El PP sostiene que esa norma regula el bono social, define el concepto de consumidor vulnerable y "establece las bases de protección del consumidor" ante el corte de suministro energético, si bien se trata todavía de medidas poco concretas porque no se ha desarrollado totalmente.

Sin embargo, lo que pretendía el PSOE era que tres millones de ciudadanos de colectivos vulnerables se beneficiaran de un precio fijado en función de su capacidad económica para cualquier suministro energético (gas, luz, propano), y que los 120 millones de euros aproximados de coste se financien con cargo a los Presupuestos Generales del Estado. La iniciativa también proponía la imposibilidad de cortar el suministro eléctrico por impago al consumidor vulnerable durante determinadas épocas del año, en función de un calendario fijado por la Administración teniendo en cuenta la temperatura de cada territorio.

Antes, en diciembre de 2013, los conservadores también rechazaron la tramitación de una propuesta legislativa de la Izquierda Plural (IU-ICV-CHA) que, entre otros aspectos, promovía prohibir a las eléctricas cortar durante el invierno el suministro de luz a las familias que no pueden pagar por problemas económicos. Y también rechazó en abril de 2014 otra iniciativa, en este caso de UPyD, que reclamaba precios subvencionados en la bombona de butano para determinadas familias vulnerables.

En este caso el ministro de Industria, José Manuel Soria, aseguró que el departamento que dirige estaba "preparando el marco legal que permita la existencia del bono social para el butano, como ya existe para la tarifa eléctrica". El anteproyecto de ley que modifica la Ley de Hidrocarburos –donde se recoge esta propuesta– se aprobó el pasado diciembre, pero todavía está en fase de informes consultivos hasta que vuelva de nuevo al Consejo de Ministros como proyecto de ley y de ahí derivaría después al Congreso de los Diputados. El trámite será, por tanto, largo. 

Los colectivos creen que las medidas que hay actualmente son solo remiendos que no contribuyen a mejorar la situación de las familias que realmente necesitan ayuda. "El bono social supone un 25% pero sólo sobre la parte fija de la factura, lo que al final puede representar unos diez euros sobre una factura de noventa. Eso no ayuda a una familia a comer ni representa un cambio estructural", se queja Guerrero. También es crítico con esta medida José Luis López, de la ACA, que cuestiona los requisitos para acceder a este descuento, entre ellos que se puedan beneficiar todas las familias numerosas sin tener en cuenta la variable de la renta. "Es un paliativo, no la panacea", subraya. 

La energía como derecho 

Las cuentas de las grandes eléctricas en 2015: cortaron la luz a 653.772 hogares y tuvieron 5.010 millones de beneficio

Ver más

Los colectivos demandan medidas concretas. "Este asunto necesita una solución global, no se pueden poner parches a problemas estructurales. La protección social es lo que hace que las personas más vulnerables puedan vivir con dignidad", señala Ana Lima. La crisis de los combustibles fósiles, la volatilidad de los precios, la demanda global y otras cuestiones geopolíticas dificultarán cada vez más el acceso a la energía a un precio asequible. Por eso consideran que es indispensable avanzar en el reconocimiento de la energía como derecho fundamental de las personas.

A juicio de Tatiana Guerrero es indispensable que las Administraciones pongan en marcha medidas como la reforma de viviendas a gran escala o la rehabilitación integral de barriadas enteras. "Es la única forma de que hasta la población más empobrecida pueda hacer frente a sus factura. Los beneficios a largo plazo serían enormes”, asevera. Otro aspecto es controlar la escalada de precios, especialmente de la energía. El incremento del 60% del recibo de la luz desde 2008 y del agua de un 66% ha hecho aumentar la pobreza energética. A pesar de lo que sostiene Industria, el INE certificó que la electricidad subió un 4,4% sólo en 2014. 

En Cataluña, de forma pionera, la Generalitat aprobó a finales de 2013 un decreto ley que incluía las medidas necesarias para impedir la interrupción del suministro de gas y electricidad a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero esta medida también es insuficiente para colectivos como la Alianza contra la Pobreza Energética, que impulsa una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) con la que pretende exigir al Parlament de Catalunya que las administraciones garanticen el acceso a los suministros de luz, agua y gas durante un mínimo de tres años a las personas vulnerables y que en caso de que no puedan ser cubiertos, se hagan cargo de su pago las empresas suministradoras. Por ahora siguen recogiendo firmas y dicen esperar que su voz sea escuchada por la mayoría del Parlament.