La crisis de confianza que sacude al Tribunal Supremo desde que hace tres semanas estalló el escándalo del impuesto de las hipotecas sin que ninguno de sus artífices parezca decidido a asumir responsabilidades ha situado de nuevo en primer plano un mal endémico de la justicia española: los agujeros del sistema de designación de aquellos jueces destinados a ocupar puestos estratégicos en el andamiaje jurídico, como son los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad autónoma y los de las Audiencias Provinciales.
El nombramiento de todos ellos, de carácter discrecional, corresponde al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo presidente –ahora, el conservador Carlos Lesmes– lo es también del Tribunal Supremo. A su vez, los miembros que conforman el CGPJ han accedido desde 1985 al órgano de gobierno de los jueces a propuesta de alguno de los dos grandes partidos: PP y PSOE o viceversa, aunque los socialistas han hecho tradicionalmente sitio en su cupo a vocales afines al PNV, IU y los catalanistas (la antigua CiU). El mandato quinquenal del actual consejo expira en diciembre.
De las cuatro asociaciones de jueces, las tres con mayor número de afiliados –la conservadora APM, la moderada Francisco de Vitoria y la progresista Juezas y Jueces para la Democracia– sostienen oficialmente que en la designación de los 12 vocales correspondientes a la carrera judicial solo deberían intervenir los jueces y no los partidos, que se reservarían la potestad de seleccionar a los otros ocho vocales entre juristas de reconocido prestigio. Pero, al mismo tiempo, las tres presentan candidatos al proceso de elección parlamentaria. Solo la cuarta asociación del sector, Foro Judicial Independiente, se abstiene de participar en ese trámite y, por tanto, ningún vocal del CGPJ lleva su dorsal.
¿Serían más profesionales y certeros los nombramientos de altos magistrados si el CGPJ estuviera dominado por jueces designados solo por jueces a los que no ha elegido nadie para su puesto más allá de un tribunal técnico? ¿Se debilitaría la democracia si el tercer poder del Estado, cuya capacidad de influencia en la esfera política se ha disparado en los últimos años, fuese por completo ajeno a los mecanismos de elección democrática? ¿O daña por el contrario más al sistema democrático un poder judicial contaminado por la sospecha de infiltración del poder político –o el económico– y que permite que un juez salte a la política y regrese luego a la magistratura?
Ocurrió, por ejemplo, con la hoy ministra Margarita Robles, que ya había sido secretaria de Estado con Felipe González antes de recalar finalmente en el Supremo. Y con el actual presidente de la Audiencia de Valencia, Fernando de Rosa, conseller durante cinco años en el Gobierno valenciano de Francisco Camps. Y con la exdiputada de Podemos Victoria Rosell, de nuevo jueza de instrucción en Las Palmas. Y con Baltasar Garzón, igualmente secretario de Estado con Felipe González y a quien la instrucción del caso Gürtel tras su vuelta a la Audiencia Nacional le costó luego la carrera judicial: el Tribunal Supremo dio por válidos los argumentos sobre la ilegalidad de las escuchas en prisión ordenadas por Garzón. La querella había sido formulada por el abogado de uno de los imputados, el empresario José Luis Ulibarri, ahora pieza central en la Operación Enredadera. Tras el estallido de Gürtel, Ulibarri se siguió codeando durante años con las altas jerarquías de la judicatura leonesa.
Un pacto de no agresión
Los consultados por este periódico confiesan que el debate sobre la designación de magistrados del Supremo y de presidentes de los TSJ autonómicos, agrio y complejo, sigue abierto. "El sistema de elección parlamentaria –diagnostica Joaquín Giménez, magistrado emérito del Tribunal Supremo y afiliado a Jueces para la Democracia– se ha regido desde el inicio por un pacto de no agresión entre los partidos mayoritarios según el cual cada formación elige a los suyos. Y eso conduce a que los nombrados suelen estar en especial comunión con los aspectos ideológicos del partido que ha hecho posible su nombramiento, con lo cual se establece una relación de padrinos y apadrinados". No hay, en efecto, ningún protocolo que garantice un examen público y exhaustivo a los candidatos similar, por ejemplo, a las audiencias a las que, aun con fallas y altibajos, somete el Parlamento Europeo a los comisariables como requisito imprescindible para su incorporación al gobierno comunitario.
Pero el factor que más inquietud genera, y en eso coincide Joaquín Giménez con un antiguo letrado del alto tribunal que ahora ocupa otro puesto en el engranaje jurídico y que pide no ser identificado, no radica en que la composición del CGPJ sea fruto de una negociación parlamentaria. O, por usar una expresión más común, de un pasilleo de escasa o nula transparencia. El problema real, dice ese letrado, estriba en que, como siguiendo una suerte de propiedad transitiva, ese esquema de pasillos, afinidades y camarillas se reproduce en la designación de magistrados del Supremo, presidentes de TSJ y de Audiencias Provinciales por parte del CGPJ.
"En demasiadas ocasiones", dice la fuente, que durante años asistió entre bambalinas al proceso de designación de jueces del Supremo, pesa más "el reparto de cuotas" o "la sintonía personal" que el criterio de mérito y capacidad. La relación de padrinazgo a que aludía Giménez se repite así, pero con un añadido sustancial: que los nombrados por el Consejo tienen en sus manos sentencias de gran relieve. "Nadie sabe qué es mérito y qué capacidad, con lo que los nombramientos pueden ser realmente arbitrarios", dice Giménez. "No hay baremos objetivables para valorar los méritos a quienes el Consejo sitúa en puestos clave de la magistratura", opina en la misma dirección el antiguo letrado del Supremo.
A modo de paradigma, el abogado ilustra su tesis con el nombre y el apellido compuesto de mayor actualidad: Luis María Díez-Picazo Giménez, presidente de la Sala de lo Contencioso del Tribunal Supremo y protagonista del peligroso enredo del impuesto de las hipotecas. Hijo de Luis Díez-Picazo y Ponce de León, una de las figuras cumbre del Derecho Civil en España, el presidente de lo Contencioso es el hombre que hace tres semanas, y nada más conocerse la sentencia que obligaba a la banca a pagar el impuesto de actos jurídicos documentados, se apresuró a anunciar la convocatoria de un pleno para revisar esa decisión por su "enorme trascendencia económica y social". El mismo que, tras dos días de deliberaciones, usó su voto para que, por 15 votos frente a 13, el pleno de la sala diese marcha atrás y endosara de nuevo a los clientes el pago del tributo.
En julio de 2015, propulsado por Carlos Lesmes y gracias a la mayoría conservadora del CGPJ, Díez-Picazo logró hacerse con la presidencia de la Sala de lo Contencioso en uno de los pasajes más controvertidos del actual mandato. Catedrático de Derecho Constitucional –"y no administrativista, que es lo que habría requerido la Sala de lo Contencioso", recalca uno de sus detractores–, había desembarcado en el Supremo en 2008 por el turno de juristas de reconocido prestigio.
Por primera vez, el Consejo impedía en julio de 2015 que un presidente de Sala optase a un segundo mandato, en este caso José Manuel Sieira, que denunció las "intrigas" de que había sido objeto. En el pleno de las hipotecas, Sieira reprochó a su indeseado sucesor que cortase abruptamente el debate para precipitar una votación cuando 10 de los 28 asistentes acababan de pedir la palabra. "A Sieira –dice un juez en activo– lo respetaba toda la Sala y precisamente por eso Lesmes decidió que no podía seguir, porque no tenía forma de manejarlo".
Los portavoces oficiales del CGPJ niegan la mayor y subrayan el "alto nivel de consenso" cosechado en la etapa que comenzó en diciembre de 2013 con un Consejo dominado por los vocales designados a propuesta del PP (10 más el presidente, Carlos Lesmes) y donde el resto de los asientos se reparte así: siete propuestos por el PSOE; uno por CiU, otro por PNV y otro más por IU.
Lo que dicen los citados portavoces es esto: "En cuanto a nombramientos discrecionales (magistrados del Tribunal Supremo y cargos gubernativos como presidentes de Sala del Supremo, de los TSJ o de Audiencias Provinciales), se han efectuado hasta la fecha un total de 225. De ellos, solo 18 (el 8% del total) han sido aprobados por mayoría simple".
Y continúan así: "Los 207 nombramientos restantes (es decir, el 92%) se han aprobado por unanimidad o mayoría cualificada (tres quintos). Ha habido 27 nombramientos de magistrados del Tribunal Supremo y en un 86% de los casos han sido elegidos por mayoría absoluta o mayoría cualificada; solo 4 nombramientos de magistrado del Tribunal Supremo han sido aprobados por mayoría simple". Tal como recalcan las fuentes consultadas por este periódico, la designación por mayoría cualificada implica la existencia de un voto transversal, es decir, que el candidato en cuestión recibió el apoyo de vocales del bloque conservador y también del progresista.
Un amplio margen de maniobra
Ante las salas penales del Tribunal Supremo y los TSJ gozan de aforamiento, respectivamente, los cargos públicos estatales y autonómicos. La Sala de lo Contencioso del alto tribunal es, además, la competente no solo para dirimir los litigios que afectan a las Administraciones Públicas –por ejemplo, el del impuesto de las hipotecas– sino, también, aquellos otros que buscan impugnar decisiones adoptadas por el CGPJ: entre ellas, los nombramientos de altos magistrados, esos cuyo alto grado de "consenso" vindican los portavoces del Consejo frente a quienes, en público como Joaquín Giménez, o en privado como funcionarios, abogados, jueces y fiscales sondeados estas últimas semanas atribuyen a Lesmes una actuación autoritaria y basada en la promoción de sus afines y aliados.
Del enorme margen de maniobra del CGPJ habla lo que ocurrió en la primavera de 2016 con el nombramiento del nuevo presidente del TSJ de Murcia. En abril de ese año, el Tribunal Supremo anuló la designación de Miguel Pascual del Riquelme para ese puesto por discriminatorio y por falta de motivación. Por 18 votos a 15, el pleno de la Sala de lo Contencioso estimó así la reclamación de la jueza Pilar Alonso, que adujo poseer mayores méritos. Un mes más tarde, el 26 de mayo, el CGPJ nombró de nuevo a Riquelme para el mismo cargo, ahora con el voto de los conservadores y de dos de los vocales aupados a propuesta del PSOE.
Entre quienes votaron a favor de Riquelme figuraba también la vocal conservadora Carmen Llombart. En junio de 2017, el Consejo designó a Llombart para una nueva plaza en el TSJ valenciano. La asociación progresista Juezas y Jueces para la Democracia expresó su "preocupación" por cómo se había gestado el nombramiento. Y lanzó una advertencia: resulta "estéticamente dudoso que un organismo designe como beneficiaria a una de sus propias vocales para un cargo de relevancia". Hace apenas un mes, fuentes del TSJ de la Comunidad Valenciana reconocieron ante infoLibre su "profundo malestar" por ese nombramiento.
¿Hay algún nexo entre el hecho de que los magistrados del Supremo y los presidentes de los TSJ sean elegidos por el CGPJ y el hecho de que los aforados que temen verse envueltos en causas judiciales se resistan con uñas y dientes a renunciar al escaño porque ello implicaría la pérdida del aforamiento? En este punto, responde un abogado que ejerce la acusación popular en varios casos de corrupción: "Las resoluciones de los últimos años dictadas por el Tribunal Supremo sobre aforados están provocando un fenómeno peligroso: que por los mismos hechos se salva el aforado mientras que los no aforados, que están inmersos en investigaciones judiciales gemelas, siguen imputados, con lo cual el juez que los investiga puede acabar haciendo como la del caso máster, que lo archive".
De la independencia a la falta de medios: así es la "situación crítica" que pone en huelga a la justicia en España
El episodio más reciente lo constituye el caso de la senadora del PP y exalcaldesa de Cartagena Pilar Barreiro, exonerada por el Supremo mientras que, por los mismos hechos, varios de sus antiguos subordinados aguardan ya a que el juez dicte el auto que los sentará en el banquillo en la Operación Púnica. ¿Afecta lo sucedido con Barreiro al conjunto del caso? "Afecta, indudablemente, ya veremos hasta qué punto", respondieron hace dos semanas, tras el archivo decretado por el Supremo, fuentes de la Fiscalía Anticorrupción.
¿Se ha agudizado entonces el control de las altas instancias de la magistratura o la situación es básicamente la misma que ha regido desde la implantación del sistema de designación de jueces por un Consejo que a su vez es fruto de una negociación política? ¿Es este CGPJ, el presidido desde diciembre de 2013 por Carlos Lesmes, el peor de toda la serie? La asociación Juezas y Jueces para la Democracia ha pedido su dimisión –y la de Díez-Picazo– por sus responsabilidades en la gestión del impuesto de las hipotecas. "A mi juicio –responde el exmagistrado Joaquín Giménez– este Consejo es el peor de todos porque la reforma de Gallardón introdujo un sistema presidencialista en el que solo algunos vocales, elegidos por el presidente, tienen dedicación exclusiva y son quienes, desde la comisión permanente, están en el núcleo de decisión".
Y sotto voce, son muchos los operadores jurídicos que sostienen que las cotas de "amiguismo" alcanzadas por el CGPJ durante el mandato de Lesmes no tienen parangón. "Y eso –dice con ironía una jurista que ejerce ahora lejos del foro madrileño– que el Consejo siempre, gobernara quien gobernase, se había caracterizado por repartir puestos no ya entre los de las distintas asociaciones en función de su cercanía a cada partido sino entre los que estaban en aquella facción concreta de la que eran amigos ciertos vocales".
La crisis de confianza que sacude al Tribunal Supremo desde que hace tres semanas estalló el escándalo del impuesto de las hipotecas sin que ninguno de sus artífices parezca decidido a asumir responsabilidades ha situado de nuevo en primer plano un mal endémico de la justicia española: los agujeros del sistema de designación de aquellos jueces destinados a ocupar puestos estratégicos en el andamiaje jurídico, como son los magistrados del Tribunal Supremo, los presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia (TSJ) de cada comunidad autónoma y los de las Audiencias Provinciales.