El futuro de Cataluña
La CUP pone a prueba la disposición de JuntsxCat y Esquerra a desafiar la legalidad constitucional
En plena negociación de los últimos y esenciales detalles del acuerdo soberanista para elegir president y formar Govern en Cataluña —la comunidad lleva descabezada desde finales de octubre—, una propuesta de la CUP para que el Parlament reafirme la declaración de independencia y la validez del referéndum del 1 de octubre, ambos declarados ilegales por el Tribunal Constitucional, amenaza con dinamitar la unidad que tan trabajosamente han conseguido mantener desde el inicio del procés.
Si Junts per Catalunya y Esquerra apoyan sin cambios la propuesta de la CUP, el Parlament aprobará una resolución que, como advirtieron este miércoles los letrados de la Cámara, se sitúa al margen de la ley. El texto de los anticapitalistas dice, literalmente, que el Parlament “reafirma y reitera la declaración de independencia y la proclamación de Cataluña como un Estado independiente en forma de República, que fueron votadas y aprobadas el 27 de octubre del 2017”.
Y añade que la Cámara “constata que la voluntad del pueblo de Cataluña es la expresada en las elecciones del 21 de diciembre de 2017 y anteriormente en el referéndum democrático de autodeterminación del 1 de octubre que motivó la posterior proclamación la República en este Parlamento el día 27 de octubre y que permaneció en el terreno declarativo por motivo de la aplicación del artículo 155 de la CE por parte del gobierno español y la suspensión de las instituciones soberanas de Cataluña”.
La mera admisión a tramite de este documento ya provocó un intenso debate entre los partidos unionistas y las formaciones soberanistas representadas en la Mesa del Parlament, avivado por el secretario general del Parlament, Xavier Muro, y el letrado mayor, Antoni Bayona, quienes intervinieron en la reunión para alertar de la inconstitucionalidad de la enmienda. La propuesta de la CUP, señalaron, colisiona con las sentencias y advertencias del Tribunal Constitucional contra la hoja de ruta soberanista, el referéndum del 1 de octubre y la proclamación de independencia.
"Broma autonomista"
La iniciativa de la CUP es una enmienda a una propuesta de JuntsxCat que se limita a reconocer la legitimidad de Carles Puigdemont y que tiene el apoyo garantizado de Esquerra pero a la que los anticapitalistas tachan de “broma autonomista”. Si votan en contra, la candidatura del presidente en el exilio y ERC se arriesgan a ser derrotados en el Parlament.
A las pocas horas de conocerse que la propuesta de la CUP se sometería a votación en la sesión parlamentaria, el Gobierno de Mariano Rajoy hizo saber que los servicios jurídicos del Estado están estudiando las responsabilidades en las que pueden incurrir los miembros de la Mesa del Parlament de Cataluña si no dan marcha atrás en su decisión de admitirla a trámite, por “su carácter ilegal y contrario a la Constitución y el Estatuto de Cataluña”.
“El Gobierno velará en todo momento por el cumplimiento de la ley, como ha venido haciendo hasta ahora. Y seguirá ejerciendo con la mayor eficacia posible la administración de los asuntos ordinarios en Cataluña, en tanto en cuando no haya un presidente elegido de acuerdo con la ley y el reglamento del Parlament”, advirtieron fuentes del Ejecutivo.
También la Fiscalía General de Estado consideró de “extrema gravedad” la tramitación de la propuesta y anunció que estudia sus “posibles implicaciones penales” y promoverá “cuantas acciones sean procedentes para preservar el orden constitucional”.
Con todo, la Mesa del Parlament tendrá oportunidad de dar marcha atrás en la reunión que ha convocado su president, el republicano Roger Torrent, a primera hora del jueves, antes de que el pleno dé comienzo. En ella estudiará los recursos que han planteado PSC y Ciudadanos para que, a la vista de la opinión del secretario y del letrado mayor, se anule la admisión a trámite de la enmienda formulada por la CUP.
Aunque la Mesa facilite que el texto llegue al pleno, es probable que se acabe votando con modificaciones, ya que JuntsxCat puede negociar cambios con ERC y la CUP hasta poco antes de la votación y fuentes soberanistas consultadas por Europa Press aseguran que los tres partidos han negociado un texto alternativo.
Los anticapitalistas ha avisado en numerosas ocasiones de que están en el Parlament para “hacer república y no autonomía”, mientras que ERC y JuntsxCat tratan de evitar iniciativas que puedan perjudicar a los encausados por el proceso soberanista.
De hecho, la propuesta de la CUP compromete el futuro de los diputados que están en libertad bajo fianza, imputados en el causa abierta en el Supremo contra el procés, y que consiguieron salir de prisión o no ingresar en la cárcel después de marcar distancias con la declaración de independencia y con el recurso a la vía unilateral. Si apoyan una resolución que reafirme la declaración de independencia se arriesgan a que el juez Pablo Llarena ordene su regreso a la cárcel.
El pleno empezará a las 10 de la mañana y votará cinco propuestas de resolución: la de JuntsxCat sobre Puigdemont que ha enmendado la CUP; una del PSC y otra del PP para activar la cuenta atrás de la investidura; una de Cs contra el bloqueo institucional, y una última de los comuns para reivindicar la soberanía del Parlament y defender el modelo de escuela catalana.
Los grupos tendrán oportunidad de hacer una intervención inicial de 15 minutos cada uno, a excepción de PP y la CUP, que deberán repartirse el tiempo. Después se votarán las propuestas con las enmiendas que se hayan querido incorporar.
Es el primer pleno tras el de constitución de la legislatura, ya que el de investidura que debía celebrarse el 30 de enero se pospuso 'sine die' tras las medidas cautelares dictadas por el TC contra la candidatura de Puigdemont.
Un espacio para Puigdemont en Bruselas
Lo que ocurra en el Parlament amenaza con afectar a la viabilidad del acuerdo que negocian los soberanistasacuerdo y que, según un documento de la CUP, incluye crear en Bélgica tres organismos dedicados a internacionalizar la República y tratar de impulsar un proceso constituyente catalán: una Assamblea de Representants de la República, una Presidència del Consell de la República y un Consell per la República. Juntos formarían lo que han denominado Espai Lliure de Brussel·les.
Según el diario Ara, la idea sería crear una estructura que permitiese a Carles Puigdemont (JxCat) mantener su actividad desde Bruselas, mientras que en Cataluña se investiría a otro presidente y se formaría un Govern de acuerdo con la legislación autonómica sometido a “obediencia republicana”.
El documento de la CUP recoge, por primera vez por escrito, que el candidato elegido para ser investido en la Cámara sería Jordi Sànchez (JuntsxCat), en un pleno del Parlament que podría celebrarse entre el martes 6 y el miércoles 7 de marzo —la fecha no está cerrada—, informa Europa Press.
Los tres organismos, pactados a imagen y semejanza de un Parlament, un president y un Govern, contarían con la participación tanto de miembros de JxCat, la CUP y ERC como de representantes de la sociedad civil.
El objetivo del Espai Lliure de Brussel·les sería defender la república. La Assamblea de Representants de la República estaría formada por diputados, representantes del mundo local y de la sociedad civil, y sus funciones serían elegir a la Presidència del Consell de la República, definir la metodología de un proceso constituyente y “debatir y promover las actuaciones para avanzar hacia el restablecimiento de la República” y su internacionalización.
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Puigdemont asumiría la Presidència y tendría como funciones asumir la representación internacional, convocar la Assamblea e “impulsar políticas concretas y los consensos necesarios para materializar la República”. También nombraría a los miembros del Consell per la República atendiendo a criterios de “excelencia” y “reconocimiento profesional” para “impulsar el debate constituyente, asesorar al presidente y fomentar acciones para avanzar hacia la República”.
El Espai Lliure de Brussel·les se constituiría —si el acuerdo se cierra— en un acto en la capital belga el lunes 5 de marzo. En él Puigdemont renunciaría de hecho a la investidura en el Parlament y abriría la puerta a la la convocatoria del pleno para elegir a Jordi Sànchez en una sesión que los soberanistas sitúan en el entorno de los días 6 o 7 de marzo. No obstante, todo apunta a que el Tribunal Supremo no autorizará a Sànchez acudir a la Cámara y los soberanistas tendrán que decidir de nuevo si siguen adelante o cambian de candidato.
Este acuerdo se ha conocido después de que la CUP lo incluyese en el documento que sus miembros deben votar para decidir si apoyan el pacto de investidura de JxCat y ERC.