Los datos oficiales sobre fallecidos en las residencias de Castilla y León durante la primera fase de la pandemia desmienten con rotundidad uno de los mantras que repiten las patronales del sector: que el tamaño no importa, que la afectación fue igual con independencia de cuántas personas viviesen en cada centro. La verdad es que la tasa de mortalidad fue más del triple en los grandes geriátricos que en los pequeños.
Esta realidad se reprodujo en toda España, pero los datos de Castilla y León son especialmente significativos por dos razones: fue después de Madrid y Cataluña la comunidad con más fallecimientos en los dos primeros meses de la pandemia y es la segunda con mayor número de geriátricos tras Cataluña. En marzo y abril de 2020, perdieron la vida 2.341 residentes con covid o síntomas compatibles en los 685 centros que estaban operativos en la región.
El Gobierno de Alfonso Fernández Mañueco (PP) hizo pública la información sobre el número de contagios y muertes desglosados por residencia la pasada semana, obligado por el Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León, que estimó “de forma íntegra” el recurso contencioso-administrativo que interpuso infoLibre para lograr que los datos fuesen públicos (puedes consultarlos aquí).
El tamaño sí importa
La mitad de los geriátricos de la comunidad tenían menos de 50 residentes cuando llegó la pandemia. Se trata de 344 centros en los que vivían en total 10.346 personas, de las que murieron 303 con covid o síntomas compatibles. La tasa de mortalidad – porcentaje de fallecidos respecto al total de residentes– se situó en el 2,93%.
Esa tasa de mortalidad va creciendo según aumenta el tamaño de los geriátricos: es del 4,19% en los de 50 a 99 residentes, del 6,95% en los de 100 a 199, del 8,95% en los de 200 a 299 y del 13,29% en los de 300 o más. En estas dos últimas categorías hay 24 y 3 centros, respectivamente, donde vivían 5.428 personas, de las que fallecieron 519. Por tanto, en los 27 centros más grandes de la comunidad –con 200 o más residentes– la tasa de mortalidad ascendió al 9,56%, más del triple que en aquellos con menos de 50 personas.
En Castilla y León, no se produjo ni un solo fallecimiento en 445 residencias, lo que equivale al 65% del total. Pues bien, 409 de esos centros eran de pequeñas dimensiones, ya que atendían a menos de cien personas cuando llegó la pandemia. Estos datos son similares a los del conjunto de España, donde no se registró ningún deceso en el 63% de los geriátricos. Sólo hay cuatro comunidades donde ese porcentaje fue claramente peor: Cataluña (48% de centros sin muertes), Castilla-La Mancha (42%), La Rioja (41%) y, muy especialmente, Madrid (28%).
Las patronales del sector defienden con fiereza que el tamaño de las residencias es irrelevante para la calidad del servicio que en ellas se presta. Y ganaron al Gobierno una importante batalla el pasado mes de junio al lograr que el Ministerio de Derechos Sociales renunciase a su objetivo de poner fin a las macrorresidencias. En el acuerdo sobre el nuevo modelo residencial aprobado en el Consejo Territorial, donde se sientan los Gobiernos central y autonómicos, se fijó un límite de 120 plazas para los proyectos futuros, pero se indultó a todos los geriátricos de grandes dimensiones abiertos o en construcción.
Como desveló infoLibre, a finales de 2020 existían en España 856 residencias con más de 120 plazas. Y a esta cifra hay que añadirle los centros que abrieron sus puertas en 2021 y en lo que va de año, además de todas las que se encuentran en este momento en construcción. El resultado es que a finales de la década seguirán funcionando en España más de mil centros de grandes dimensiones.
Los datos según gestión
En la información hecha pública por el Gobierno de Mañueco se indica quién es la entidad titular de cada residencia, pero no se ofrece el dato de quién la gestiona. En otras palabras: se explica quién es el titular del centro, pero no quién lo administra realmente. La diferencia es importante en toda España porque hay más de 750 geriátricos que son de titularidad pública, pero están privatizados, lo que en el argot administrativo se denomina “gestión indirecta”. Este fenómeno es especialmente relevante en Castilla y León, donde había 137 geriátricos privatizados cuando llegó la pandemia, 130 de ellos de propiedad municipal.
De las 685 residencias de la región, únicamente 59 eran de gestión pública, lo que supone el 8,6% del total. Las otras 626 estaban en manos privadas, bien por ser de gestión indirecta (137) o bien por tener tanto titularidad como gestión pública (489). Esta información también fue facilitada por el Gobierno autonómico a infoLibre, a través de otra solicitud presentada en su día a través del portal de Transparencia.
La mortalidad en Castilla y León fue mayor en los centros de gestión pública, que atendían al 12,32% de los residentes (5.277 personas) y registraron el 14,48% de los decesos (339). En el caso de los geriátricos de gestión privada, se encargaban del 87,68% de los residentes (37.562 personas) y en ellos se produjeron el 85,52% de las muertes (2.002).
Aunque para determinar con precisión qué factores pudieron influir se necesitaría realizar estudios más detallados, precisamente el tamaño de los centros pudo ser uno de los elementos decisivos. Las residencias de gestión pública contaban de media con 89 residentes, mientras que los de administración privada estaban en 60. En el caso de los de gestión indirecta esa cifra era aún mucho más reducida, con sólo 40 residentes, lo que se explica precisamente por ser casi todos ellos pequeños geriátricos situados en localidades poco pobladas.
La relación entre tamaño y tasa de mortalidad es directa: fue del 6,42% en los centros públicos y del 5,33% en los privados, porcentaje que se redujo al 4,58% si analizamos sólo los de gestión indirecta.
En el conjunto de España, de las 15 comunidades que ya aportaron los datos a solicitud de infoLibre, en diez fue mayor el impacto en los centros de gestión privada, mientras que únicamente en cinco la afectación fue más alta en los de gestión pública (Cataluña, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Euskadi y Extremadura). Se desconoce aún la información de Asturias, donde este periódico está pendiente de un recurso presentado ante el Tribunal Supremo, y Aragón, donde el Gobierno regional de Javier Lambán (PSOE) lleva más de dos años sin resolver la solicitud planteada por infoLibre.
Dentro del grupo de residencias de gestión privada existen enormes diferencias en cuanto al impacto de la pandemia, algo lógico dada la variedad en un grupo formado por 626 centros: desde el tamaño a la localización (la mortalidad fue mayor en las provincias más cercanas a Madrid) pasando por el modelo de explotación del geriátrico aplicado por el gestor. Pero, dentro de esa diversidad, en Castilla y León se cumple una pauta que es idéntica en toda España: la afectación fue mayor en las residencias gestionadas por las grandes multinacionales del sector.
Los principales dominadores del sector residencial en España son ocho grupos privados, que están en manos de fondos de inversión o multimillonarios españoles y franceses. Los ocho gestionan 62 geriátricos en Castilla y León y su tasa media de mortalidad se situó en el 6,89%, puesto que atendían a 6.095 residentes y en sus centros se produjeron 420 fallecimientos. Un porcentaje que está por encima del registrado por las residencias públicas.
Las residencias de DomusVi, Mensajeros y Colisée fueron las más golpeadas por el covid en Castilla y León
El peor dato corresponde a DomusVi, con una tasa de mortalidad del 10,3%, seguido por Colisée (9,5%), Orpea (8,4) y Ballesol (7,7%). Por debajo de la media se situaron Vitalia Home (6,0%) y Clece (3,7%). No hubo decesos ni en los dos geriátricos de Sanitas ni en el único de Amavir.
También en este caso existe una relación directa entre mortalidad y número de residentes. La media era de 139 personas en DomusVi, 125 en Colisée y 121 en Orpea, mientras que sólo llegaba a 63 en Clece. La explicación de esta última cifra es que 15 de los 29 geriátricos explotados por la compañía que preside Florentino Pérez eran pequeños centros de titularidad municipal.
No obstante, ninguno de estos grupos mercantiles empeora lo ocurrido en Mensajeros de la Paz, la ONG que preside Ángel García, conocido como el padre Ángel. La tasa media de mortalidad en Mensajeros ascendió al 11,1%, a pesar de que en sus 15 residencias vivían de media tan sólo 63 mayores. Pero si analizamos los datos centro a centro comprobamos que, una vez más, el tamaño aparece como el elemento decisivo. De los 15 centros, 13 tenían menos de cien residentes y solo dos superaban esa cifra: el geriátrico emblema de Mensajeros en La Bañeza, donde vivían 234 personas, y un segundo geriátrico en la misma localidad leonesa (denominado Nuestra Señora de Castrotierra), con 106 residentes. Pues bien, en el primero fallecieron 71 mayores y en el segundo murieron 17. La residencia Mensajeros de la Paz en La Bañeza fue la que registró un mayor número de decesos en toda la comunidad y su tasa de mortalidad se situó en el 30%, una auténtica barbaridad.
Los datos oficiales sobre fallecidos en las residencias de Castilla y León durante la primera fase de la pandemia desmienten con rotundidad uno de los mantras que repiten las patronales del sector: que el tamaño no importa, que la afectación fue igual con independencia de cuántas personas viviesen en cada centro. La verdad es que la tasa de mortalidad fue más del triple en los grandes geriátricos que en los pequeños.