El decreto de exclusión sanitaria deja en menos de un año a 36 niños y 28 embarazadas sin atención

Un 20 de abril de hace cuatro años el Gobierno de Mariano Rajoy aprobó la reforma sanitaria que dejaría a más de 870.000 inmigrantes sin papeles residentes en España sin derecho a recibir atención sanitaria normalizada. La justificación del Ejecutivo, quien apuntó a los perjuicios de la crisis económica como motivo principal, es a juicio de la Red de Denuncia y Resistencia al RDL 16/2012 (Reder, integrado por ONG, colectivos y organizaciones en defensa del acceso universal a la salud) "algo que contradice la propia lógica del sistema sanitario público, que no se financia por las cotizaciones laborales, sino a través de impuestos directos e indirectos que paga toda la población, con independencia de su situación administrativa". 

Cuatro años después, las consecuencias para las personas extranjeras son evidentes, y han quedado recogidas por la plataforma en diversos informes publicados desde el año 2014. El último [consultar documento aquí] registra un total de 541 casos de vulneraciones del derecho a la salud entre agosto del 2015 y marzo del 2016.

Entre ellos, destacan los 36 casos de menores, las 47 incidencias en urgencias, y las 28 mujeres embarazadas a quienes se les ha impedido el acceso a tratamiento y seguimiento de su embarazo. Se trata de personas que no han podido acceder con normalidad al sistema sanitario, pese a que sus situaciones figuran como excepciones dentro de la norma.

En cuanto a los motivos analizados, el 46% de las incidencias recogidas se producen por falta de información adecuada. Así, un total de 146 de los casos documentados no tramitaron la tarjeta sanitaria por falta de información, mientras que 43 de ellos no sabían cuál es su derecho a recibir asistencia sanitaria, 55 recibieron la negativa a la expedición de tarjeta sanitaria por información errónea del personal administrativo, y 7 de ellos sufrieron prácticas disuasorias en el centro sanitario.

Otra de las causas más habituales fueron las barreras administrativas. Un total de 164 personas no pudieron acceder a atención sanitaria por no reunir los requisitos administrativos para obtener la tarjeta sanitaria.

"Sin voluntad política no hay efectividad"

Reder destaca, asimismo, "los parches autonómicos" que tienen lugar actualmente en las comunidades autonómicas. Pese a la oposición de ciertas comunidades a la reforma del 2012, y la puesta en marcha de medidas paliativas –14 de las 17 comunidades autónomas cuentan con algún tipo de vía alternativa–, la plataforma subraya que las comunidades "carecen de competencia para revertir la profunda modificación de nuestro sistema sanitario que supuso la redorma de 2012 y que continúa siendo la raíz del problema".

Además, continúa el informe, la efectividad de dichas medidas ha sido dispar, "en función de la voluntad política de cada gobierno regional a la hora de aplicarlas". De este modo, la falta de resultados se agrava en aquellos casos de personas con importantes problemas de salud, como demuestran los seis casos de cáncer, 13 de enfermedades cardiovasculares, 12 de diabetes, 14 de hipertensión, seis de salud mental grave y dos de VIH.

En Galicia, por ejemplo, la Xunta creó en 2012 el Programa Gallego de Protección Social de la Salud Pública para aquellas personas que llevaran seis meses empadronadas y no tuvieran los ingresos suficientes. Reder destaca que a adía de hoy "sólo han podido acceder a este programa 1.400 personas de las 9.000 potenciales beneficiarias". La falta de efectividad viene dada, según la plataforma, por la ausencia de información adecuada al personal de los centros sanitarios, lo que ha traído como consecuencia una aplicación arbitraria, así como la exigencia de requisitos injustificados y la dilación sin motivo de los procedimientos.

Por su parte, la Consejería de Salud de Aragón aprobó en agosto del 2015 una instrucción que otorgaba acceso al sistema sanitario a las personas extranjeras sin recursos económicos suficientes. La organización dice haber observado, sin embargo, "serios defectos tanto en el contenido como en la aplicación de la norma", sin que la administración haya tenido en cuenta las recomentaciones de los colectivos sociales al respecto.

El fin definitivo de la exclusión sanitaria

Para Reder, terminar con las consecuencias del decreto, "sólo es posible a través de una reforma legislativa de carácter estatal".

Para ello, exige que el próximo Gobierno impulse una reforma del Real Decreto Ley 16/2012, propiciando la eliminación de las figuras del asegurado y beneficiario, la incorporación de cláusulas de flexibilidad que garanticen la atención en todo momento, y la inclusión de mecanismos de evaluación de seguimiento que permitan garantizar la efectividad de la norma. Reclama, además, una colaboración activa con las organizaciones sociales que "confrontan diariamente estas realidades".