La Defensora del Pueblo también advierte de que personas con bajos ingresos no pueden comprar medicamentos

La Defensora del Pueblo alerta en su informe anual de 2016 [consultar, aquí], presentado este martes en el Congreso, de que la "regulación actual" del copago farmacéutico "no garantiza" que determinados grupos de personas "sin ingresos o con rentas muy bajas" puedan acceder a los medicamentos que precisan. Aunque el sistema sanitario español está construido sobre los cimientos de la universalidad y la gratuidad, sí establece copagos en las medicinas que se dispensan en las oficinas de farmacia. 

Además, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha en 2012 un nuevo sistema con el que implantó el copago para los pensionistas, que hasta entonces sólo habían contribuido a pagar los medicamentos a través de los impuestos. Los jubilados empezaron así a pagar el 10% del precio de los fármacos que compran en boticas (con topes de 8, 18 o 60 euros mensuales en función de la renta).

Para el resto de ciudadanos, el porcentaje de pago se estableció en función de los ingresos. Se mantuvo en el 40% para quienes ganan hasta 18.000 euros al año, se aumentó del 40% al 50% para los que tienen unos ingresos entre 18.000 y 100.000 y se incrementó del 40% al 60% para quienes ganan más de esa cifra. A cambio, quedaron exentos los parados de larga duración y quienes cobran pensiones mínimas o no contributivas.

Además de la citada advertencia, el informe de la Defensora del Pueblo subraya también que es "necesario" que la Administración ponga en marcha un protocolo para atender "con medios públicos" situaciones de alto riesgo tras haber detectado que instituciones públicas han derivado a ONG a personas que acudían a los servicios sociales a solicitar ayuda porque no tenían dinero para adquirir los medicamentos que necesitaban. 

En concreto, el informe hace alusión al caso de un hombre con un trastorno mental, divorciado y que tenía que hacer frente al pago de los alimentos para sus hijos. En su queja señalaba que disponía únicamente de unos 280 euros mensuales y que, en consecuencia, no podía afrontar el pago de los medicamentos prescritos. Al mediar en este caso, el organismo recibió por respuesta de la administración implicada –la Consejería de Sanidad del Principado de Asturias– que la pauta en estos casos era remitir a los usuarios a una entidad social privada sin ánimo de lucro "por si esta le podía facilitar alguna ayuda para la adquisición de medicamentos". 

Precisamente este lunes se hizo público el último Barómetro Sanitario [consultar, aquí] realizado por el Ministerio de Sanidad y el CIS y en el que se recogía que el 4,4% de los encuestados había asegurado que en 2016 había dejado de tomar algún medicamento recetado por un médico de la sanidad pública porque no se lo pudo permitir por motivos económicos. Si se traslada este porcentaje al conjunto de la población española mayor de 18 años la conclusión es que 1,67 millones de ciudadanos residentes en España han renunciado a tratamientos médicos. 

Justicia, voto por correo... 

La institución dirigida por Soledad Becerril, que recibió, en conjunto, alrededor de 45 reclamaciones ciudadanas cada día durante el año pasado también incluye en su informe anual otros datos de interés. Por ejemplo, califica de "especialmente preocupantes" las demoras en la jurisdicción social —la celebración de una vista puede tardar tres años en Sevilla y dos en Madrid— y en los procesos civiles de familia, debido al colapso "de los equipos psicosociales o los puntos de encuentro". El organismo recibió 1.694 quejas relacionadas con el funcionamiento de la Justicia. 

Dos tribunales cuestionan las medidas autonómicas para paliar los efectos del copago farmacéutico

Ver más

Por otro lado, el balance muestra un claro descontento con la gestión del voto a distancia, especialmente desde el extranjero. Según el informe, las complejidades burocráticas, la dependencia de servicios de correos extranjeros (no siempre eficientes) y, sobre todo, el carácter "rogado" del voto han dificultado el pleno ejercicio del derecho fundamental a la participación política. El informe también apunta que se han recibido numerosas quejas procedentes del colectivo de residentes españoles en el exterior que no han recuperado, o lo han hecho de forma parcial, los gastos efectuados para el envío del voto desde el exterior. 

También hay reproches en relación a la actuación del Gobierno sobre el sistema de acogida e integración de refugiados. En esta línea, el organismo destaca que la falta de desarrollo reglamentario de la ley de asilo, aprobada en 2009, "dificulta gravemente la gestión de las obligaciones de protección internacional suscritas por España". Además, señala que la limitación establecida en esa ley para presentar demandas de protección en las representaciones diplomáticas en el exterior "impide" el acceso al procedimiento a potenciales solicitantes por lo que insta a "recuperar" esa opción o regular la concesión de visados humanitarios. 

Además, entre otras cuestiones, el informe de la Defensora del Pueblo cuestiona las sanciones de la ley mordaza a periodistas y manifestantes; pide "una revisión profunda" de los CIE, que –señala– han sido "una preocupación constante" desde su creación; recomienda modificar la normativa para que sea más difícil retirar el derecho al voto electoral a las personas con discapacidad intelectual; o pone de manifiesto las "demoras" en la realización del procedimiento quirúrgico de implante de prótesis de mama y reconstrucción de seno a mujeres que han sufrido una mastectomía tras un cáncer de mama.