"La Dependencia muere por inanición. Es como si, ante una epidemia, el Gobierno recortara el presupuesto sanitario y despidiera a los médicos". La metáfora –una "realidad", según se afana en remarcar– la hace José Manuel Ramírez, director de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Y la explicación a tan amarga constatación la encuentra en la "demolición programada" de la Ley de Dependencia, un "desmantelamiento" al que la reforma local que el Gobierno pretende llevar este viernes al Consejo de Ministros, asegura, "dará la puntilla".
Con la nueva legislación, señalan fuentes del PP en la Federación Española de Municipios y Provincia (FEMP), los ayuntamientos no podrán cubrir los servicios de Dependencia salvo que estén saneados económicamente. Es decir, la nueva ley obligará a la comunidad autónoma a asumirlos salvo que los consistorios puedan correr con los gastos. Hasta ahora, los ayuntamientos han venido prestando estos servicios a pesar de que no están en su carta competencial.
Los estrechos objetivos de déficit que Hacienda ha impuesto a las comunidades autónomas justifican el temor de las personas dependientes y de los trabajadores sociales, que creen que esta reforma dejará "sin garantía de servicios y prestaciones a los sectores más vulnerables" y tendrá también consecuencias para el empleo. "Si a las autonomías, que ya tienen déficit, le quitan las otras dos partes de financiación, no van a mantener lo que ya existe en un momento en que los servicios sociales somos más necesarios que nunca", se queja Ana Lima, presidenta del Consejo General del Trabajo Social (CGTS).
Desde la FEMP insisten en que la aplicación de la ley, más que el cierre de estos servicios, conducirá a la "reorganización". Aunque entienden en cierto sentido los temores de las asociaciones de Dependencia, confían en que Hacienda cumpla su palabra y la aplicación de la nueva legislación, uno de los proyectos estrella de Mariano Rajoy, no conduzca a la división de la sociedad en ciudadanos de primera y segunda categoría en función de donde residan. “Habrá que dar un margen de confianza a un texto que todavía no ha arrancado”, mantienen.
No obstante, estas mismas fuentes no ocultan que la prestación de los servicios de dependencia ha sido uno de los caballos de batalla de la ley local. Y aseguran que en todos los contactos mantenidos con Hacienda para la redacción de esta ley, la FEMP mostró su preocupación por el hecho de que, con el reparto competencial, estos servicios quedasen sin cubrir.
Detrás de esta reforma, las personas de dependientes y sus familiares creen que subyace un componente ideológico. "Quieren entregar a empresas privadas los servicios obligatorios que generen pérdidas e incluso eliminar algunos de ellos, especialmente los que no sean rentables", dice José Luis Gómez-Ocaña, portavoz de la Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia. Los trabajadores del sector mantienen una opinión similar. Y dicen temer un retorno a los sistemas de "beneficencia". "El Plan Concertado –que incluye el dinero que el Estado da a los ayuntamientos para la financiación de los servicios sociales básicos– ya sufrió un fuerte recorte presupuestario y esto va a ir a más", amplía Lima.
Una suma de recortes
Más allá de la incidencia que tenga la futura ley, el retroceso en el sistema de atención a la dependencia es una evidencia incontestable. Hace poco más de un año el Gobierno aprobó un polémico decreto por el que, entre otras medidas, redujo en al menos un 15% la cuantía de las prestaciones que reciben los cuidadores por atender a sus familiares en sus casas, se acordó dejar de cotizar por los estos a partir de noviembre de 2012 y aplazar hasta 2015 la inclusión en el sistema de los dependientes moderados.
El Programa Nacional de Reformas 2013 remitido por el Gobierno a Bruselas a finales de abril incluía también un fuerte tijeretazo a la Ley de Dependencia. Así, prevé un recorte de 958 millones en concepto de "racionalización y modernización del sistema de atención a la dependencia". Y 150 millones adicionales para "garantizar la sostenibilidad" de este sistema. En total, 1.108 millones sobre lo presupuestado para este año.
El Gobierno aplaza la reforma local al incumplir el recorte prometido a Bruselas
Además, desde enero de este año, cada día 70 beneficiarios han sido expulsados del Sistema para la Atención a la Dependencia (SAAD), según un informe del Observatorio de la Dependencia. En este mismo documento se recoge que el número de personas con esta prestación se ha reducido en 12.438 en los últimos seis meses. Los datos oficiales, depurados de errores y de duplicidades, ofrecen una constatación similar. Y el que el sistema sigue perdiendo beneficiarios cada mes. En junio hay 1.304 beneficiarios menos amparados por un servicio o prestación respecto a mayo. Las bajas –6.382 en el último mes– son mayores que las altas –5.078 en el mismo periodo–. Es decir, fallecen más usuarios que beneficiarios nuevos entran en el sistema a pesar de que, en el último mes, había 210.275 personas esperando una ayuda que tienen reconocida.
Otro informe del mismo Observatorio, en este caso centrado en analizar la situación de las prestaciones por dependencia en las diferentes autonomías, también revela que seis de ellas suspenden en esta materia. Se trata de Galicia, Andalucía, Comunitat Valenciana, Canarias, Madrid y Murcia. El documento constata también una caída del gasto social en las comunidades de 478 millones de euros entre 2009 y 2012, es decir, de un 3,78%.
Ante este escenario, las personas dependientes y sus familiares advierten de que no van a quedarse de brazos cruzados. Por lo pronto, la Coordinadora estatal de plataformas en defensa de la Ley de Dependencia ya ha convocado para este viernes una protesta ante el Ministerio de Sanidad.
"La Dependencia muere por inanición. Es como si, ante una epidemia, el Gobierno recortara el presupuesto sanitario y despidiera a los médicos". La metáfora –una "realidad", según se afana en remarcar– la hace José Manuel Ramírez, director de la Asociación Estatal de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales. Y la explicación a tan amarga constatación la encuentra en la "demolición programada" de la Ley de Dependencia, un "desmantelamiento" al que la reforma local que el Gobierno pretende llevar este viernes al Consejo de Ministros, asegura, "dará la puntilla".