El Gobierno aplaza la reforma local al incumplir el recorte prometido a Bruselas

La aprobación del Anteproyecto de Ley para la racionalización y sostenibilidad de la Administración Local se cayó este jueves de la mesa del Consejo de Ministros. Así lo confirmaron a infoLibre fuentes del Ejecutivo. Pero no podrá llegar más tarde del próximo viernes, día 26, si el Gobierno quiere cumplir el compromiso, remitido a Bruselas y fijado en el Plan Nacional de Reformas de España de 2013, que establece que "se remitirá a las Cortes Generales en julio".

Es precisamente por cumplir ese documento que ha servido a España como pasaporte para obtener dos años más para cumplir con el objetivo de déficit por lo que el texto no pasa este viernes por la reunión de Mariano Rajoy y su equipo. Y es que las cifras no cuadran al Ministerio de Hacienda. El Plan Nacional de Reformas de España, además de comprometerse a enviar el anteproyecto al Congreso de los Diputados en el mes de julio, estima un impacto económico de la medida –es decir, un ahorro– de 8.000 millones de euros en 2014 y 2015, algo que, según fuente conocedoras de las conversaciones entre los diferentes departamentos del Gobierno, no encaja. "No nos han precisado el desfase entre lo comprometido con Europa y la cifra real, pero la preocupación en el Ejecutivo es importante", revelan las mismas fuentes.

¿Dónde está el error? Tras una decena de borradores, múltiples reuniones en el PP, en Hacienda y en la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el texto con el que se hicieron los cálculos remitidos a Bruselas el 30 de abril ha variado en algunos elementos importantes. Todo ha sido fruto de las negociaciones del ministro del ramo, Cristóbal Montoro, con los alcaldes del PP y con los representantes del partido conservador en la FEMP. 

En los últimos meses, el Gobierno ha tenido sobre sí la amenaza de sus alcaldes, que retaron a Rajoy planteando un boicot a la ley si no se arreglaba la cuestión de las competencias impropias, la de la intervención de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes y la del coste estándar de la prestación de servicios. Era la gota que colmaba el vaso después de que, a finales de mayo, el PSOE e IU se levantaran de la mesa de negociación en la FEMP por la negativa del PP a convocar una Asamblea General de alcaldes para que se votara el texto de la ley.

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A este escenario se sumó, el pasado 2 de julio, un demoledor informe del Consejo de Estado sobre el texto de la ley en el que la institución cuestionaba la constitucionalidad del mismo al considerar que puede reducir "en exceso" la autonomía municipal garantizada por la Carta Magna. Además, fue muy crítico con el llamado "coste estándar" que se pretendía fijar para determinar si los ayuntamientos mantienen determinadas competencias o si estas pasan a las diputaciones provinciales y cabildos o consejos insulares. Una herramienta que, según el Consejo de Estado, podría convertirse "en una habilitación en blanco al Gobierno".  En definitiva, se trata del coste máximo por el que Hacienda entiende que un consistorio puede prestar un servicio para que pueda considerarse que realiza de manera eficiente.

En este momento, el Ejecutivo y el PP se lanzaron a defender su texto y a restar peso al dictámen del Consejo de Estado. Pero no ocultaron que la ley seguía abierta y que habría tiempo para hacer hueco a las recomendaciones de la institución y las de los partidos de la oposición. Además, Hacienda se comprometió a transformar el coste estándar por el coste efectivo, lo que implica que se establecerán horquillas de coste de los servicios municipales (agua, iluminación, basuras, reciclaje, guarderías...) teniendo en cuenta criterios poblacionales –como dispersión o insularidad– y que con ello se evitará que los ayuntamientos pierdan competencias.

Por contra, este cambio tiene su coste económico y la cifra de ahorro prevista y remitida a Bruselas –8.000 millones de euros en el periodo 2014-2015– sería inferior. Y es que los cálculos remitidos a Bruselas han contabilizado el mismo coste para todos los servicios de los más de 8.100 ayuntamientos españoles sin tener en cuenta ningún tipo de criterio, por lo que las cifras remitidas están desfasadas.