“Estimados compañeros: estando próximas la próxima aprobación y entrada en vigor de la ley de amnistía, y fijado definitivamente el texto que, en su caso, será objeto de aprobación, os remito la versión final de la ‘Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales sobre la ley de amnistía”. Así empezaba el correo electrónico, enviado a todos los jueces de España el pasado 20 de mayo a través del email corporativo del Consejo General del Poder Judicial, por el magistrado Jaime Lozano Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y colaborador de la fundación Hay Derecho. El envío de esa guía ha suscitado críticas entre la judicatura no solo por la vía por la que fue enviada, el canal oficial de la judicatura española, sino por tratarse de una norma todavía no aprobada frente a la que ya muestra su oposición.
El correo corporativo del Consejo General del Poder Judicial se creó para que los jueces y magistrados recibieran las comunicaciones de su órgano de gobierno. También para la comunicación de las distintas asociaciones judiciales con todo el cuerpo. Sin embargo, tal y como adelantó La Vanguardia, el correo no lo envía uno de estos colectivos, sino la llamada Plataforma Cívica por la Independencia Judicial, una organización entre cuyos miembros fundadores se encuentran jueces y magistrados, pero también profesores universitarios y juristas de otras disciplinas. La independencia judicial y el estricto respeto a la separación de poderes están en el ADN de esa plataforma. Sin embargo, algunos de los jueces que recibieron el correo indican que, mediante esa guía, un grupo externo al Poder Judicial no solo intenta influir en éste, sino también en el Legislativo, que actualmente tramita la norma.
La guía va dirigida “a cualquier persona interesada en conocer las posibilidades de que la ley de amnistía, si llega a aprobarse, pueda ser cuestionada ante el Tribunal Constitucional o ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE)”. En concreto, el documento se refiere “a los jueces del orden jurisdiccional penal que estén tramitando causas en relación con delitos y personas que puedan resultar incluidos en el ámbito de la ley” y que “hayan concluido que la norma plantea dudas sobre su compatibilidad con la Constitución Española o con el Derecho de la Unión Europea”. La interposición de cualquiera de las cuestiones -ante el TC o ante el TJUE- supondría la suspensión de la aplicación de la norma en el proceso en el de que un condenado amparado por ella hasta que uno de esos tribunales se pronuncie, lo que puede tardar años en producirse.
Pero, ¿qué es y quién forma parte de ese grupo contrario a la ley de amnistía? La Plataforma Cívica por la Independencia Judicial se fundó el 14 de mayo de 2011, según se indica en su página web y su objetivo es “luchar por mejorar el estado de la Administración de Justicia y garantizar su plena independencia eliminando cualquier atisbo de politización dentro del Poder Judicial”. También la realización del contenido del Manifiesto por la Despolitización y la Independencia Judicial, entre los que se encuentra instaurar el modelo de elección del Consejo General del Poder Judicial que defiende el PP -el partido que mantiene bloqueada su renovación desde hace cinco años-, es decir, la “elección democrática por los jueces de todos los órganos de gobierno interno del poder judicial” y, entre ellos, los “doce vocales de procedencia judicial de los 20 que integran el CGPJ”.
Entre sus miembros más conocidos se encuentra su presidente, Francisco Sosa Wagner, catedrático de Derecho Administrativo, escritor, exeurodiputado del desaparecido Unión Progreso y Democracia, el partido de Rosa Díez y exmiembro de Ciudadanos. El pasado 12 de octubre, firmó un artículo en el diario El Mundo titulado El delito de deslealtad en el que aseguraba que la negociación para la formación del actual Gobierno que se seguía entonces, iba "acompañada de debates extravagantes sobre la amnistía y la autodeterminación de una parte del territorio nacional (a la que seguirán presumiblemente otras)" que ponían de manifiesto "que nuestro sistema político está a punto de explosionar". Luego añadía: "El PSOE propicia el hundimiento de una parte sustancial del orden constitucional por un puñado de votos de la misma forma que un irresponsable prende fuego a un cuadro de Goya para calentarse las manos".
El cargo de secretario general, es decir, el de número dos, corresponde al magistrado y juez decano de Guadalajara Jesús Villegas, que mantuvo un duro enfrentamiento con el exministro de Fomento y exdirigente del PSOE José Luis Ábalos en el programa Todo es mentira, que presenta Risto Mejide en Cuatro el pasado enero a cuenta de la ley de amnistía. “Si Puigdemont regresa a España será detenido, con ley de amnistía o sin ella”, dijo en una entrevista en el medio conservador El Debate. Sobre la norma en concreto, advirtió de que “beneficia a los terroristas, por mucho que quieran ocultarlo con cortinas verbales”. En otras declaraciones a la revista Economist&Jurist aseguró que temía que la justicia se convirtiera “en una moneda de cambio” y pudiera ser víctima “de las demandas del independentismo catalán”, durante las negociaciones para la formación de Gobierno.
En su dirección también ha estado el magistrado de lo Mercantil de Madrid, Manuel Ruiz de Lara, el juez que llamó “psicópata sin límites éticos” al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. También se refirió al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como “la personificación del deshonor” o al exministro de Justicia Juan Carlos Campo como “trepa sin honor”. Al exlíder de Podemos, Pablo Iglesias, lo calificó de “Stalin de bolsillo”. Sobre el expresidente del PP, Pablo Casado, y Sánchez también aseguró que ninguno de ellos “tiene honor ni principios ni formación”. Esos ataques contrastan con sus palabras sobre la exdirigente de Vox, Macarena Olona: “Hay políticos que trepan y denigran la democracia. Luego están otros como ella, Macarena Olona, que optan por los principios y por el honor. No es cuestión de ideologías o partidos, sino de defender el Estado de derecho y la independencia judicial. Nada más y nada menos”.
Ruiz de Lara es, además, escritor. Entre sus novelas se encuentra Patria Judicial, una ficción en la que el presidente del Gobierno, “Sánchez Castellón”, muere en un atentado terrorista. En ella también aparecen otros personajes reales a los que cambia el apellido, como “Raúl Iglesias”, “Juan Carlos Monedas”, “Grande Marlanda” o “María Delgado”. Cuando en una entrevista del pasado octubre le preguntaron por qué cambiaba el nombre a algunos personajes y a otros no, respondió: “Los que conservan su nombre real es porque son servidores públicos que yo creo que honran el Estado de derecho. En cuanto al resto de personajes (…) tienen como nota o común denominador que son personas que tratan de servirse de las instituciones para alcanzar el poder y convertir el Estado de derecho y España en una pseudodemocracia”. Margarita Robles es Margarita Robles en la realidad y en su libro.
“Estimados compañeros: estando próximas la próxima aprobación y entrada en vigor de la ley de amnistía, y fijado definitivamente el texto que, en su caso, será objeto de aprobación, os remito la versión final de la ‘Guía práctica para el planteamiento de cuestiones de inconstitucionalidad y prejudiciales sobre la ley de amnistía”. Así empezaba el correo electrónico, enviado a todos los jueces de España el pasado 20 de mayo a través del email corporativo del Consejo General del Poder Judicial, por el magistrado Jaime Lozano Ibáñez, magistrado de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y colaborador de la fundación Hay Derecho. El envío de esa guía ha suscitado críticas entre la judicatura no solo por la vía por la que fue enviada, el canal oficial de la judicatura española, sino por tratarse de una norma todavía no aprobada frente a la que ya muestra su oposición.