Díaz asegura que si alguien actuó mal en las subvenciones a la formación “lo va a pagar”

La presidenta de la Junta de Andalucía, Susana Díaz, ha asegurado este lunes que la Administración autonómica lleva "siete meses revisando" las subvenciones a los cursos de formación, algo que no se está haciendo en ningún otro territorio, y ha garantizado que "si alguien ha actuado mal, lo va a pagar".

Díaz se ha pronunciado de este modo durante un desayuno informativo organizado por el Diario Córdoba en relación con las supuestas irregularidades en cursos de formación subvencionados por la Junta que investigan la Unidad Central de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía y la Fiscalía Anticorrupción.

La jefa del Ejecutivo andaluz, quien ha ofrecido una conferencia sobre Córdoba y Andalucía ante los retos del futuro, ha señalado que en el tema de la corrupción "los ciudadanos nos piden hechos y no palabras", y eso es lo que hace el Gobierno andaluz, con el proyecto de la Ley de Transparencia, para que "ni un solo euro" de dinero público "quede al margen del escrutinio de los ciudadanos", aunque ha subrayado que sus efectos no se podrán valorar "hasta que no pase el tiempo", si bien la presidenta está segura de que, de nuevo, "Andalucía marcará el camino a seguir".

En cuanto a la "polémica sobre los cursos de formación, que tanta polvareda ha levantado", pues algunos han "aprovechado" el "vacío informativo tradicional en estas fechas de Semana Santa" para "hacer mucho ruido", Díaz ha subrayado que "quien piense" que ella no será "implacable en la lucha contra la corrupción, se equivoca", asegurando que "si alguien ha defraudado en Andalucía lo vamos a perseguir" y "vamos a ser implacables", recordando, por otro lado que en la Junta llevan "siete meses revisando las subvenciones" a los cursos de formación, algo que, según ha recalcado, no se está haciendo en ningún otro territorio.

Es más, según ha señalado, "los controles" que ha puesto sobre la mesa la Junta "no tienen parangón" en España y por eso ha pedido "respeto para Andalucía", pues ahora se está dañando a "la imagen de las miles de empresas, sindicatos, ayuntamientos, diputaciones, universidades, cámaras de comercio y ONG que reciben este tipo de ayuda y actúan de manera impecable", por eso, según ha insistido, "si alguien ha actuado incorrectamente, lo va a pagar, pero no deben, en modo alguno, pagar justos por pecadores, ni generalizarse las sospechas sobre las conductas irregulares".

De hecho, según ha recordado, "hace solo unos días se produjo un caso parecido en la Comunidad de Madrid, incluso con algunas detenciones en la cúpula de la confederación empresarial, y nadie extendió sospechas sobre el Gobierno de la Comunidad de Madrid, ni señaló a los madrileños, y el mismo respeto, por un caso similar al que ha tenido la Comunidad de Madrid, espero que tengan con Andalucía, con el Gobierno de Andalucía y con los andaluces".

A este respecto ha destacado que "una de las primeras medidas" que tomó al asumir la Presidencia de la Junta de Andalucía "fue la de reforzar el control de estas subvenciones, incorporando las recomendaciones de la Intervención sobre las convocatorias públicas de Formación Profesional, y ordené revisar todas las que se habían dado desde 2007 y hasta 2011, último año en el que se ofrecieron, puesto que, como saben, en esta legislatura no se ha producido este tipo de convocatoria en Andalucía".

En conclusión, desde el Gobierno andaluz se darán "todas las explicaciones que haya que dar" y se exigirán "todas las responsabilidades si alguien ha defraudado", pero Susana Díaz también ha demandado "responsabilidad y la mayor transparencia al Ministerio del Interior, y especialmente a su titular, que debe dar toda la información de que disponga y explicar, en su caso, por qué se hace pública una información que ni siquiera está aun judicializada", pues "sería gravísimo que Interior estuviera más interesado en hacer ruido político en época preelectoral que en perseguir a quien haya incumplido la Ley".

Es más, a su juicio, "se está obstaculizando la labor" del Gobierno andaluz desde el Gobierno de la Nación, con la subasta del medicamento, con la reapertura de Aznalcóllar o con el recurso contra la Ley de la Función Social de la Vivienda, y ahora también con este caso, ya que, según ha argumentado, no se entiende "como en un caso similar nadie levantó la voz contra el Gobierno de Madrid", mientras que en Andalucía "se filtró" la actuación policial, "atacando al Gobierno andaluz y a los andaluces, sembrando dudas y desconfianza en un momento muy importante para la recuperación económica" de Andalucía.

Junto a ello, la presidenta andaluza ha criticado que, no solo no se ha visto "a los dirigentes del PP-A levantar la voz para defender a Andalucía", sino que, además, "los mismos que en Madrid pedían respeto para la Comunidad de Madrid, para su gobierno y para su presidente, en cambio en Andalucía generaban mucho ruido y sembraban dudas sobre nuestra tierra y sobre el Gobierno de Andalucía, sin reconocer, en ningún momento, que lo que se ha hecho en estos siete meses en Andalucía no se ha hecho en ningún territorio de España", cuando "en estos siete meses se están estudiando todos y cada uno de los expedientes" y se está colaborando desde el mes de febrero con la Fiscalía de Málaga".

Ello a llevado a Susana Díaz a preguntarse "a qué a venido, en vísperas de un proceso electoral, hacer ruido" con este asunto y aplicar una doble vara de medir, una para Andalucía y otra para Madrid", lo que la ha llevado a otra pregunta, la de si "se va a investigar por igual a todas las comunidades autónomas" o solo se actúa así con Andalucía porque "somos un espejo incómodo de que otra política es posible, incluso en un momento de mucha dificultad como éste".

En cuanto la petición del PP de que comparezca en el Parlamento para que dé explicaciones sobre este asunto, Díaz ha recalcado que "el consejero de Educación lleva compareciendo en el Parlamento meses dando información al respecto", mientras que "el PP en Madrid votó en contra de una comisión de investigación y de una comparecencia del Gobierno porque entendía el supuesto fraude de un privado a la Administración no podía llevar a exigir explicaciones públicas de un gobierno, pero no lo entienden así en Andalucía". Es decir, los populares "exigen en Andalucía lo que niegan en otros territorios". Esa, según ha señalado "es la doble vara de medir que no los hace creíbles ante la gente".

Por eso, le ha pedido al PP que, "por una vez, piense en Andalucía y no en el rédito corto que le pueda dar la corrupción" en las elecciones, quedando claro que "la corrupción no se puede soportar, se combate" y debe hacerse "con todos los instrumentos al alcance de las administraciones, y eso es lo que se está haciendo en Andalucía, con controles", para que no se repitan "casos bochornosos como el de los ERE".

Ejemplo de ello, según ha avanzado, es que "dentro de unos días, el Gobierno andaluz aprobará la orden de desarrollo de la Ley de Presupuestos de la Comunidad, con medidas adicionales de control sobre las transferencias de financiación, incorporando los criterios que nos ha planteado la Intervención General de la Junta de Andalucía".

Se trata, según ha indicado, "de la culminación administrativa de un propósito elevado ya a rango de Ley, para que se evite para siempre la posibilidad de que casos bochornosos como el de los ERE vuelvan a producirse. En este tema de la corrupción, lo que nos piden los ciudadanos a los políticos, con razón, son hechos y no palabras. Y eso es exactamente lo que estamos haciendo".