Díaz no desbloquea su investidura pero se niega a pedir el escaño a Chaves y Griñán

Susana Díaz ganó las elecciones del 22-M, anotándose una rotunda mayoría. Pero hasta el momento no tiene garantizada la investidura como presidenta de la Junta. Ni mucho menos. Los otros cuatro partidos con representación en el Parlamento –PP, Podemos, Ciudadanos e IU– ya han movido su primera ficha. No. Votar en contra de la reelección de la socialista como jefa del Ejecutivo autonómico. Las dos fuerzas emergentes en la Cámara ponen por delante que Manuel Chaves y José Antonio Griñán dejen sus escaños en las Cortes. Algo que ninguno está dispuesto a hacer por ahora. Como tampoco prevé Díaz moverse de su compromiso de no demandarles el acta hasta que el Tribunal Supremo les impute un delito. Nunca antes. 

Juanma Moreno (PP), Juan Marín (Ciudadanos), Teresa Rodríguez (Podemos) y Antonio Maíllo (IU) se entrevistaron este jueves con la presidenta en funciones de la Junta en el sevillano palacio de San Telmo. Cerró la ronda el número dos del PSOE-A, Juan Cornejo. Era el inicio de los contactos, la que Díaz anunció al día siguiente de su triunfo en los comicios autonómicos y tras proclamar que quiería "gobernar en solitario". Los tres primeros pusieron condiciones sobre la mesa para apoyar su investidura –y ninguna fácil– y el último, Maíllo, adelantó que la federación, socia del PSOE-A en los tres últimos años, no la respaldará en ningún caso porque "carece de credibilidad" para llevar a cabo los acuerdos a los que se compromete. En cualquier caso, sus cinco escaños son insuficientes para la socialista. 

La clave está en cómo obren Podemos, Ciudadanos y PP. Albert Rivera ya había advertido de que no había nada de qué hablar si los dos expresidentes andaluces no dejaban sus escaños. "Si Griñán y Chaves no se van a su casa, votaremos en contra de la investidura de Susana Díaz. Si no los echa del Supremo ni cogeremos el teléfono", reiteró el presidente de C's el mismo lunes, aún en pleno proceso de digestión de los resultados del 22-M. Una condición que, por otro lado, ya había expresado durante la campaña. Marín se lo dijo a Díaz este jueves a la cara: se opondría a su reelección todas las veces que hiciera falta mientras no abandonen sus actas los dos expresidentes. Rodríguez, que la víspera había preparado el encuentro de San Telmo con la cúpula nacional de su partido, también exigió la dimisión "inmediata" de Chaves y Griñán, "por responsabilidad política en la gestión de sus Gobiernos sobre el fraude de los ERE". 

"Creo que las cosas van a ir bien"

Cornejo, por su parte, se encargó de reiterar la posición oficial: que Díaz ya adoptó el "compromiso" de pedir el escaño a todos los aforados sólo si eran imputados de delito. Y lo ha repetido "por activa y por pasiva". 

"La posición de Susana es clara", expresaban con rotundidad en el equipo de Gobierno. Es decir, que no va a haber cambios. Además, en su círculo de confianza hay convicción de que "el apoyo a la investidura no está ligado a que se vayan Chaves y Griñán". "Nosotros no llevamos imputados en las listas, y ambos no están en el Parlamento andaluz", apuntaba otra fuente del Ejecutivo. Los socialistas intentan dar una sensación de tranquilidad. Asumen que la de este jueves era la primera ronda de contactos, por lo que era normal la distancia de los demás partidos. Pero aún queda "mucha tela por cortar", resaltan. Cornejo se mostró, de hecho, "optimista". "Creo que las cosas van a ir bien", aseguró, subrayando que algunas de las propuestas de la candidata de Podemos eran "razonables", y de otras disponían de poca información, que Rodríguez prometió ampliar. 

A Díaz podría favorecerle el calendario judicial. Pepe Griñán, presidente de la Junta entre 2009 y 2012 y antes consejero de Economía (2004-2009), comparecerá ante el juez que en el Supremo instruye el caso de los ERE, Alberto Jorge Barreiro, el próximo 9 de abril. Y Manuel Chaves, jefe del Ejecutivo autonómico entre 1990 y 2009, lo hará el día 14. Ambos fueron llamados a declarar como imputados, una situación procesal que comparten los tres exconsejeros aforados señalados en la causa: los diputados José Antonio Viera –que desfilará ante el TS el 7 de abril– y Gaspar Zarrías –el 16– y la senadora Mar Moreno –la última, el 21–. 

Según fuentes del Alto Tribunal consultadas por infoLibre, lo previsible es que el instructor dicte un auto una vez hayan prestado declaración los cinco aforados. El juez podría pedir primero a la Fiscalía que se pronuncie. Sería, de hecho, el procedimiento habitual. Ello demoraría los plazos. Cuando cuente con la opinión del ministerio público, el magistrado –miembro por cierto de Jueces para la Democracia (JpD)– podría levantar la imputación a alguno o a todos los aforados o, si ve indicios de delito, pedir el suplicatorio a las Cámaras para poder seguir investigándoles. Si ya pesara sobre Chaves y Griñán una imputación formal (con cargos), estos, según el criterio marcado por Díaz –y compartido por Pedro Sánchez–, deberían dejar sus escaños, con lo que la causa regresaría a su origen, al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, dirigido todavía por Mercedes Alaya. 

Hasta que eso no se produzca, esa parte del caso seguirá en el Supremo y Chaves y Griñán permanecerán sentados en las Cortes Generales. Fuentes próximas a ambos negaron que vayan a dimitir antes.

En el PSOE-A asumen, no obstante, que las últimas 16 detenciones ordenadas por Alaya en el caso de los cursos de formación "no ayudan" al diálogo, pero subrayan que los candidatos que pasaron este jueves por San Telmo "ni siquiera lo mencionaron". 

Lo que dice la norma

El nuevo Parlamento de Andalucía se constituirá el jueves 16 de abril. El presidente de la Cámara tendrá 15 días para fijar la fecha del pleno de investidura. En el equipo de Díaz calculan que la sesión, en dos jornadas, se celebrará en la semana del 27 de abril. La anterior está descartada, porque coincide con la feria de Abril de Sevilla, y la siguiente en principio también, porque el viernes 8 de mayo comienza la campaña de las elecciones autonómicas y municipales. 

El artículo 118 del Estatuto de Autonomía de Andalucía establece que, en primera votación, el candidato a la Presidencia de la Junta necesita la mayoría absoluta. Si no la logra, habrá una segunda votación a las 48 horas. Para ser investida, Díaz debería conseguir la mayoría simple. Lo mismo ocurriría en las siguientes rondas. Si pasados dos meses desde la primera votación, la socialista no es investida, debería disolver el Parlamento y convocar nuevos comicios, que tendrían que organizarse para septiembre. 

El PSOE-A dispone de 47 escaños de una Cámara de 109, a ocho de la mayoría absoluta, por los 33 de Moreno, los 15 de Rodríguez, los 9 de Marín y los 5 de Maíllo. Para conquistar la reelección por mayoría simple, Díaz necesita que se abstenga el PP o bien que se abstengan Podemos o IU o Podemos y Ciudadanos. Es decir, si el PP, Ciudadanos e IU se mantienen en el no, no le bastaría con que Podemos se abstuviera, porque resultaría un empate a 47 diputados. 

La negociación, en el mes que queda por delante hasta el debate de investidura, la conducirán formalmente los partidos, y por parte del PSOE descansará en Cornejo y en quien era hasta ahora el portavoz parlamentario, Mario Jiménez. La primera prueba será la composición de la Mesa del Parlamento, en la que hay que cubrir siete plazas: presidente, tres vicepresidentes y tres secretarios. 

Acuerdo ofrecido por el PP

Tanto el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, como el secretario de Organización del PSOE-A, Juan Cornejo, apelaron a la "responsabilidad" de todas las fuerzas políticas, para evitar unos nuevos comicios. El primero recordó que las urnas concedieron a su partido el 22-M una "amplia mayoría", y confió en que el "dictamen" de los ciudadanos se "cumpla".

En el equipo de confianza de Díaz consideran que el PP, al final, acabará "cediendo". Moreno manifestó este jueves a la presidenta en funciones lo que ya se sabía: que su partido había cambiado de postura. En campaña los conservadores subrayaron que respetarían la lista más votada. Pero tras el 22-M adelantaron que se opondrían en todas las votaciones a la investidura de la socialista. El PP, oficialmente, vende que no ha habido giro, sino que como el PSOE rechazó el acuerdo, entonces no hay nada que le ate a ese compromiso. Moreno vinculó cualquier pacto para facilitar la reelección a la firma de un "gran acuerdo" entre las dos fuerzas que garantice que en las municipales de mayo también se respetará a la candidatura más votada. Condición que el PSOE no acepta. El Gobierno andaluz no puede ser un "cambalache", recalcó Cornejo. 

"El PP se verá en la tesitura de tomar una decisión y de dejar gobernar a Susana. Juanma Moreno está cogido por las declaraciones de su jefe, de Mariano Rajoy, que prometió dejar paso al ganador –asegura un máximo representante de la Junta–. Además, el PP no puede dejar a Podemos la centralidad del tablero político, porque eso es lo que está buscando Pablo Iglesias. Y menos a tan poco tiempo de unas municipales. Y Ciudadanos tendrá que aclarar si quiere facilitar o no la gobernanza". 

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Unas nuevas elecciones que a ninguno convienen

Los socialistas, no obstante, no ven las cosas totalmente negras. Rodríguez condicionó todo acuerdo para la investidura a que no se ejecuten desahucios sin alternativa habitacional o que se reduzca el número de altos cargos y asesores de la Junta y se readmita personal de sanidad, educación, igualdad o bienestar social. "En el compromiso de transparencia, que afecte a partidos y administraciones, también estamos nosotros", insistían en el Ejecutivo autonómico. 

El PSOE-A, por tanto, confía en que en las próximas semanas se vayan aproximando posiciones. Parte de la base de que "a nadie conviene", y menos a los partidos de la oposición, unas nuevas elecciones en las que Díaz, esgrimiendo que no le han dejado gobernar pese a ganar, "arrasaría". Los socialistas dicen no buscar ese escenario. "La presidenta ya ha dicho que no hay ni un minuto que perder y que el Gobierno tiene que funcionar cuanto antes". Y para eso, para ejercer presión sobre las fuerzas políticas, se reunirá este viernes con los agentes económicos y sociales, con el propósito de que urjan a la formación de un nuevo Ejecutivo. Díaz no quiere cargar con las culpas.