Diputados del Parlament y del Congreso y senadores de Junts han presentado escritos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) donde se autoinculpan por acompañar al expresidente catalán Carles Puigdemont durante su acto de bienvenida en Barcelona el pasado 8 de agosto.
En un comunicado este miércoles, Junts ha criticado "la persecución indiscriminada de personas a raíz de estos actos, así como las detenciones arbitrarias que se produjeron", en referencia a los tres Mossos d'Esquadra detenidos por presuntamente ayudar al expresidente.
Los parlamentarios y senadores han defendido la "inexistencia de hechos constitutivos de delito" y han considerado que es ilegal no aplicar la Ley de Amnistía.
"Nosotros también participamos en el acto, lo acompañamos, ayudamos en su protección y estuvimos con él hasta su marcha", aseguran en los escritos presentados al Supremo y TSJC.
Entre los firmantes, está el presidente del Parlament, Josep Rull, y cargos de Junts como el presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Albert Batet, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
Diputados del Parlament y del Congreso y senadores de Junts han presentado escritos ante el Tribunal Supremo y el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) donde se autoinculpan por acompañar al expresidente catalán Carles Puigdemont durante su acto de bienvenida en Barcelona el pasado 8 de agosto.
En un comunicado este miércoles, Junts ha criticado "la persecución indiscriminada de personas a raíz de estos actos, así como las detenciones arbitrarias que se produjeron", en referencia a los tres Mossos d'Esquadra detenidos por presuntamente ayudar al expresidente.
Los parlamentarios y senadores han defendido la "inexistencia de hechos constitutivos de delito" y han considerado que es ilegal no aplicar la Ley de Amnistía.
"Nosotros también participamos en el acto, lo acompañamos, ayudamos en su protección y estuvimos con él hasta su marcha", aseguran en los escritos presentados al Supremo y TSJC.
Entre los firmantes, está el presidente del Parlament, Josep Rull, y cargos de Junts como el presidente del grupo parlamentario en el Parlament, Albert Batet, y la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras.
La Fiscalía General polaca ha presentado acusación formal por supuesto espionaje contra el periodista Pablo González, que el pasado 1 de agosto fue excarcelado en Polonia en un canje de presos, según ha informado el ministerio público en este país.
González fue detenido el 28 de febrero de 2022 en Polonia, cerca de la frontera con Ucrania, cuando cubría el conflicto ucraniano y, desde entonces, no había sido acusado formalmente. El informador permaneció encarcelado en prisión preventiva desde el 2 de marzo de 2022 al 31 de julio de 2024.
La Fiscalía polaca ha hecho público este miércoles un comunicado en el que afirma que el 9 de agosto de 2024, el fiscal del Departamento contra el Crimen Organizado y la Corrupción de Lublin presentó ante el Tribunal de Distrito de Przemysl acusación contra Pablo González por delito de espionaje previsto en el artículo 130.2 del Código Penal, que prevé entre 3 y 15 años de cárcel.
En concreto, le acusa de proporcionar a los servicios de inteligencia rusos, desde abril de 2016 hasta febrero de 2022, en Przemysl, Varsovia y otros lugares de Polonia en los que estuvo el periodista, información que podría haber causado daños punibles a la República polaca, miembro de la OTAN.
El Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) ha informado este miércoles de que no acudirá a la nueva ronda de negociaciones prevista para este 15 de agosto en Doha, capital de Qatar, y ha reclamado a Israel que se comprometa con el acuerdo del pasado 2 de julio, basado en la propuesta del presidente Joe Biden.
"Ir a nuevas negociaciones permite a la ocupación imponer nuevas condiciones y utilizar el laberinto de la negociación para llevar a cabo más masacres", ha dicho Sami Abu Zuhri, líder de Hamás, en un comunicado que recoge el diario 'Filastin'.
Asimismo, la nota remarca que "Hamás está comprometido con la propuesta que se presentó el 2 de julio y que se basa en la resolución del Consejo de Seguridad de la ONU y el discurso de Biden", del mismo modo, el grupo está listo para comenzar de inmediato a discutir un mecanismo para aplicar dicha fórmula.
Hamás ha insistido en que a pesar de la "flexibilidad" mostrada en anteriores ocasiones y de haber aceptado esta propuesta, Israel ha respondido siguiendo con sus masacres e imponiendo nuevas condiciones, lo que evidencia las "verdaderas intenciones" del primer ministro Benjamin Netanyahu.
El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, ha confirmado este miércoles el envío a Doha, la capital de Qatar, de una delegación israelí para asistir a las negociaciones para lograr un acuerdo de alto el fuego en Gaza y la liberación de los rehenes secuestrados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).
Netanyahu ha dado el visto bueno a la idea de que una delegación parta el jueves desde Israel", según ha informado su oficina en un comunicado en el que ha aclarado que dicha delegación estará formada por varios altos cargos del Gobierno y encabezada por el jefe del servicio de Inteligencia exterior, David Barnea, además del jefe del Shin Bet, Ronen Bar.
No obstante, este mismo miércoles Hamás ha condicionado su participación en las conversaciones de paz a que los mediadores presenten una hoja de ruta clara para poner en práctica la iniciativa del presidente estadounidense, Joe Biden, un plan de tres fases para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza.
Estados Unidos, Qatar y Egipto habían planeado una nueva convocatoria para este 15 de agosto en El Cairo o Doha, con el objetivo de que tanto Hamás como el Gobierno israelí intenten acercar posturas, si bien la presencia de Hamás no está aún decidida.
El ministro de Finanzas de Israel, Bezalel Smotrich, ha anunciado este miércoles que han empezado los trabajos para la construcción de un nuevo asentamiento en la Cisjordania ocupada entre Gush Etzion, cerca de Jerusalén, y la ciudad palestina de Belén.
"Ninguna decisión antiisraelí o antisionista detendrá el desarrollo continuo de los asentamientos. Continuaremos luchando contra la peligrosa idea de un Estado palestino", ha señalado el ministro en un mensaje publicado en la red social X.
La Administración Civil ha publicado una línea divisoria para determinar la privacidad de las tierras que formarán parte del nuevo asentamiento, en total formado por 602 dunams, equivalentes a 60 hectáreas, según ha recogido el diario 'Haaretz'.
El nuevo asentamiento se construirá en un terreno adyacente al pueblo palestino de Battir, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Organización de Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) debido a sus terrazas escalonadas con olivares y viñas, así como otras plantaciones agrícolas.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos estaría planteándose la opción de dividir Google entre las posibles medidas a implementar tras el reciente fallo de un tribunal federal, que dictaminó que el gigante de Mountain View (California) incumple las leyes antimonopolio al controlar aproximadamente el 90% del mercado de búsquedas en Internet.
Según indicaron a Bloomberg personas conocedoras de la situación, en caso de que finalmente las autoridades estadounidenses decidieran acometer el desmantelamiento de Google, las unidades con más probabilidades de verse afectadas por la obligación de desinvertir serían el sistema operativo Android y el navegador web Chrome, además de la posibilidad de forzar la venta de AdWords, la plataforma para vender publicidad de texto de Google.
La potencial exigencia de la división de Google sería el primer intento de las autoridades de EE.UU. de desmantelar una empresa por monopolio desde el intento fallido de desmantelar Microsoft hace dos décadas. De hecho, de llegarse a tal extremo, una desintegración forzosa de Google sería la mayor de una empresa estadounidense desde el caso de AT&T en los años 80.
De su lado, las alternativas menos severas pasarían por obligar a Google a compartir más datos con sus competidores y otras medidas para evitar que la compañía obtenga una ventaja injusta en productos de inteligencia artificial, dijeron las personas, que pidieron no ser identificadas porque se trata de conversaciones privadas.
El Consell de la República ha lanzado este miércoles una campaña para instar a la "autoinculpación" ante la justicia a las personas que asistieron al acto del retorno del expresidente catalán Carles Puigdemont el pasado jueves en Barcelona.
"Con esta acción conjunta, queremos demostrar que somos muchos los que estamos dispuestos a asumir las consecuencias de defender nuestros derechos y libertades. ¡Si nos tocan a uno, nos tocan a todos!", ha expresado la organización en un comunicado.
La campaña, que lleva el lema "#JoTambéHiVaigParticipar", responde a las detenciones hechas a raíz del retorno y posterior huida de Puigdemont para "denunciar la represión y persecución que están sufriendo aquellas personas que, de manera pacífica, ejercieron sus derechos de reunión y de expresión".
El Movimiento de Resistencia Islámico (Hamás) ha condicionado su participación en las conversaciones de paz del jueves a que los mediadores presenten una hoja de ruta clara para poner en práctica la iniciativa del presidente estadounidense, Joe Biden, un plan de tres fases para lograr un alto el fuego en la Franja de Gaza.
Estados Unidos, Qatar y Egipto plantearon la semana pasada una nueva convocatoria para este 15 de agosto en El Cairo o Doha, con el objetivo de que tanto Hamás como el Gobierno israelí intenten acercar posturas. Sin embargo, un portavoz miliciano citado por la agencia DPA ha confirmado que la presencia de Hamás no está decidida.
El plan lanzado por Biden se desarrolla en torno a tres fases, la primera de las cuales se prolongaría durante seis semanas. En este plazo, las fuerzas israelíes se retirarían de las zonas pobladas de Gaza y se produciría la liberación de varios presos palestinos a cambio de la entrega de rehenes vulnerables.
En una segunda etapa, serían liberados el resto de rehenes, en el marco de un final ya permanente de las hostilidades, mientras que la tercera y última fase consistiría en el inicio de la reconstrucción de la Franja y en la entrega de los cuerpos de los secuestrados ya fallecidos.
El ministro de Igualdad, Ana Redondo, ha reconocido un "error técnico" en la ley de Paridad que permite prescindir de aquellas personas que se acogen al permiso para cuidar familiares o al cambio de jornada, y ha asegurado que "se está preparando la corrección".
"Espero que en breve tengamos solucionado el problema, que es un problema técnico lamentable, que, desde luego, no se ha previsto en ningún caso y que no responde a la voluntad política", ha señalado Redondo en declaraciones recogidas por Europa Press tras el minuto de silencio en la Delegación del Gobierno en Castilla y León por el asesinato de una mujer de 49 años en Valladolid, en lo que supone un nuevo caso de violencia machista.
Así, la titular de Igualdad ha reiterado que se trata de un "error" que "se ha producido contra la voluntad de todos los que han participado en esa ley, desde el Ministerio hasta la última parlamentaria", y ha aseverado que se intentará corregir "en las primeras acciones parlamentarias" en las que se tenga oportunidad.
El vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local del PP, Elías Bendodo, ha anunciadoque su formación presentará en el mes de septiembre una batería de mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos para obligar a las federaciones territoriales del PSOE a posicionarse sobre la financiación singular para Cataluña.
Así lo ha adelantado Bendodo en declaraciones a los periodistas desde la sede nacional del PP, donde ha explicado que estas iniciativas contra el concierto económico para Cataluña servirán "como oportunidad para el socialismo que se incomoda" con este acuerdo entre el PSC y ERC para que Cataluña salga del régimen común y comience a recaudar el cien por cien de los impuestos.
"Parece ser que hay socialismo que se incomoda ante los desvaríos de Sánchez y los suyos: el socialismo de Barbón, el socialismo de Page o el socialismo del líder socialista en Extremadura", ha enumerado el dirigente del PP a los barones del PSOE que se han mostrado más críticos con este concierto económico para Cataluña.
Por ello, los populares registrarán en el mes de septiembre mociones en todos los ayuntamientos, diputaciones provinciales y Parlamentos autonómicos para someter a votación el rechazo al cupo catalán y obligar a las baronías del PSOE a posicionarse.
"Es una gran oportunidad para el socialismo que se siente incómodo para pronunciarse en contra de los desvaríos que está cometiendo el Gobierno de España", ha insistido Bendodo.