Interior deja en manos de la Generalitat la decisión de poner escolta a Puigdemont y sólo lo excluye fuera de España

La dirección de IU ha decidido que su portavoz federal y eurodiputada, Sira Rego, sea su opción como ministra en caso de que la formación entre a formar parte del futuro Ejecutivo de coalición dentro de la cuota de Sumar, algo que aún no está concretado.

Fuentes de IU han confirmado a Europa Press que esta tarde se ha celebrado una reunión la Colegiada Federal (su Ejecutiva) que ha acordado seleccionar a Rego como ministrable en caso de que se confirmara la posibilidad de que obtuvieran una supuesta cartera en el organigrama del Ejecutivo.

Sin embargo, desde la dirección federal de IU han manifestado que no van a hacer ningún comentario ni sobre la posibilidad de tener un ministerio ni de quien podría ocuparlo.

Y es que en el seno de la organización recalcan que no está asegurado ni tienen certeza que, en el marco de las negociaciones entre PSOE y Sumar, IU tenga asignado un posible ministerio. No obstante, otras fuentes internas de IU sí detallan que, tras debatirse esta tarde y si se materializa al final su eventual inclusión en el Ejecutivo, la dirección considera que su portavoz tiene el perfil idóneo para asumir esta responsabilidad.

Cientos de personas, a falta de conocer dato oficial, se han congregado por duodécimo día en la calle Ferraz, donde se sitúa la sede nacional del PSOE, en una nueva jornada de protestas contra los pactos de Pedro Sánchez con los independentistas y la ley de amnistía, ya registrada en el Congreso de los Diputados y en vísperas de que comience el debate de investidura del candidato socialista.

De nuevo, y bajo un fuerte operativo policial que se ha ido manteniendo en las anteriores noches, los manifestantes, apoyados también por Vox en redes sociales, han gritado contra el presidente del Gobierno en funciones y contra el "golpe de Estado" que está perpetrando.

No han faltado los cánticos contra el líder de Junts, Carles Puigdemont, a quien le exigen que pague sus "delitos" y que entre en "prisión", contra el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska e incluso contra ls Policía Nacional, a quienes tachan de "subnormales" y "sin cojones".

La diputada de la CUP en el Parlament, Laia Estrada, ha pedido a ERC y Junts que aclaren si la ley de amnistía incluye a los miembros de los CDR "acusados de terrorismo", ya que asegura que el redactado de la norma genera dudas a estos procesados, según Europa Press.

En una rueda de prensa este martes, Estrada ha afirmado que las dudas sobre el redactado "demuestra que las prisas y las necesidades partidistas se han puesto por delante de los derechos colectivos", después de que el PSOE registrase este lunes en solitario el proyecto de ley de amnistía en el Congreso.

Estrada ha sostenido que se alegra de que haya personas que se puedan beneficiar de la ley de amnistía, y ha aplaudido "cualquier medida que consiga o procure aligerar el sufrimiento y la angustia de las personas represaliadas".

"Trabajaremos activamente para que el máximo de personas se puedan acoger en esta ley", ha destacado la diputada anticapitalista, que ha detallado que en su formación están preparando encuentros con militantes inmersos en procesos judiciales para convocar un acto público en febrero sobre este tema.

Asimismo, ha acusado a ERC y Junts de situarse "en el camino del pacto con el Estado, abandonando la vía independentista y situándose de nuevo en posiciones autonomistas", algo que consideran un obstáculo en la defensa de los derechos nacionales y sociales de Cataluña.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la celebración de un acuerdo marco para la adquisición de cargas modulares de artillería de campaña de calibre 155 milímetros para alcance extendido, destinadas al Ejército de Tierra, por un valor estimado de 339.120.000 euros.

Según consta en la referencia del Consejo de Ministros, esta adquisición permitirá a las unidades de artillería de campaña, dotadas de obuses y cañones de 155 milímetros de calibre, potenciar dichos sistemas de artillería y conseguir una capacidad de alcance superior a los 24 kilómetros.

Esto es "esencial para un mejor cumplimiento de las misiones y cometidos propios del arma apoyando y protegiendo con fuego más preciso y profundo las operaciones de las fuerzas en acciones terrestres, así como hacer frente a los compromisos internacionales adquiridos por el Ministerio de Defensa", justifica.

El Alto Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha afirmado este martes que la amnistía al procés independentista busca "hacer borrón y cuenta nueva".

"Históricamente las amnistías son el punto final de una fase de conflicto que trata de hacer borrón y cuenta nueva", ha asegurado el jefe de la diplomacia en rueda de prensa desde Bruselas después de que el Gobierno defendió ayer que la medida busca "concordia y convivencia" en el país.

Sin querer entrar en más detalles al entender que no hay que mezclar su cargo europeo con la situación en España, Borrell ha asegurado que "todas" las amnistías tienen esta finalidad y "ésta también la tiene".

La ministra de Justicia en funciones, Pilar Llop, ha trasladado al comisario de Justicia, Didier Reynders, que entiende el interés de Bruselas por la futura ley de amnistía, pero que se trata de un tema de ámbito nacional que aún debe tramitarse en el Parlamento, según confirman fuentes ministeriales a Europa Press.

El intercambio entre Llop y Reynders se ha producido en el marco de una reunión ministerial Estados Unidos-UE sobre asuntos de Justicia e Interior que ha tenido lugar en Washington.

Justo este martes la Comisión Europea ha recibido de parte del Gobierno la proposición de ley de amnistía registrada la víspera por el PSOE en el Congreso de los Diputados, así cómo la solicitud de mantener una reunión entre el Ejecutivo comunitario y el español para explicar sus detalles.

Así lo han confirmado a Europa Press fuentes comunitarias que precisan que entre los documentos recibidos no figura la explicación de la posición el Gobierno respecto de la norma negociada por el PSOE con Junts y ERC para lograr la investidura de Pedro Sánchez.

El Ejército de Israel ha derribado este martes un monumento en honor al histórico líder palestino y expresidente de la Autoridad Palestina Yasir Arafat en la ciudad de Tulkarem, en Cisjordania, donde han realizado una serie de operaciones a lo largo de la jornada que se han saldado con siete muertos.

El derrumbe se ha registrado a la entrada del campo de refugiados de Tulkarem, según informaciones del diario 'The Times of Israel'. Si bien las fuerzas israelíes no han ofrecido detalles al respecto ni han esgrimido motivo alguno para llevar a cabo estas acciones, han informado del hallazgo de un laboratorio de explosivos en la zona.

Las operaciones llevadas a cabo durante la madrugada de este lunes en la zona han durado unas 15 horas y han desembocado en la incautación de decenas de explosivos "listos para su uso", tal y como ha indicado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado.

La Junta de Andalucía ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la proposición de ley de amnistía pactada entre PSOE y Junts que se ha registrado en el Congreso de los Diputados. Así lo ha anunciado este martes el portavoz del Ejecutivo andaluz, Ramón Fernández-Pacheco, en la rueda de prensa posterior a la reunión del Consejo de Gobierno. "El gabinete jurídico ya está trabajando en un recurso de inconstitucionalidad contra la ley de amnistía", según ha señalado.

Fernández-Pacheco ha manifestado que los pactos del presidente del Gobierno en funciones, el socialista Pedro Sánchez, con los partidos independentistas, donde se incluye la citada proposición de ley de amnistía, están suponiendo una "quiebra social sin precedentes en nuestro país".

Ha indicado que estamos ante una ley de amnistía, "diseñada por políticos para obviar delitos que cometieron políticos; una amnistía que lo perdona todos, según dicen, por el interés general y que dejará de juzgar a personas que cometieron gravísimos delitos contra el Estado, contra el orden público o contra las arcas públicas con el dinero de todos".

"Una amnistía que deroga de facto la separación de poderes y viene a decirnos que España no es un estado de derecho", ha indicado Fernández-Pacheco, quien ha insistido en que lo que está permitiendo Sánchez de cara a su investidura "no atiende a razones, no atiende al sentido común y tampoco atiende a lo que debe ser la lealtad institucional básica".

La portavoz del Govern, Patrícia Plaja, ha considerado que el ministro de Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha reconocido "por primera vez" que debe encontrarse una solución para la seguridad del expresidente de la Generalitat y eurodiputado de Junts, Carles Puigdemont, que reside en Bélgica. Así lo ha manifestado en rueda de prensa posterior al Consell Executiu después de que Bolaños haya asegurado que el Ministerio del Interior tramitará y seguro que resolverá lo que proceda sobre la petición de escolta de este lunes de Puigdemont.

Así, ha celebrado las palabras de Bolaños porque, en su opinión, suponen un cambio "después de tanto tiempo y de tantas negativas, también durante los mandatos de Miquel Buch y Miquel Sàmper". "Por primera vez son conscientes o parece que ven claro que hay que encontrar una solución a su seguridad, y más teniendo en cuenta el clima generado fruto de la investidura de Pedro Sánchez", ha destacado.

Según Plaja, desde la Conselleria de Interior se están haciendo todas las gestiones necesarias con el Ministerio del ramo en relación a esta cuestión, porque las competencias son suyas. "Puigdemont desde hace seis años tiene derecho y debería haber tenido un servicio de escolta, pero el Gobierno se lo ha negado siempre", ha señalado la portavoz del Govern, tras añadir que espera que le aprueben este servicio lo antes posible.

José María Timón, el que fuera jefe de gabinete del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Luis Rubiales, ha negado este martes en la Audiencia Nacional que presenciase las supuestas presiones a la futbolista Jenni Hermoso a raíz del beso que le propinó el dirigente. Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que, en su declaración como testigo ante el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1, Francisco de Jorge, Timón ha descartado que presenciase coacciones a la jugadora de la Selección.

Este mismo martes el magistrado también ha tomado declaración como testigo al responsable de compliance de la selección, Javier Puyol. Las fuentes consultadas explican que Puyol ha asegurado que la jefa de prensa de la Selección femenina, Patricia Pérez, fue presionada en la reunión de integridad que se celebró en el RFEF tras la polémica del Mundial.

Según explicó la propia Pérez al juez, en esa reunión estuvieron presentes varias personas, entre ellas Rubiales, el padre de Rubiales y el seleccionador masculino Luis de la Fuente. Por último, el juez ha escuchado también como testigo al psicólogo de la selección femenina, Javier López Vallejo. Sin embargo, las fuentes consultadas señalan que no ha aportado datos sobre las presuntas presiones.

Fuentes fiscales consideran que la declaración de Puyol aporta datos que vienen a demostrar que algunos de los participantes en ese encuentro mintieron en su declaración como testigos. Además, creen que Timón ha faltado a la verdad y ha contradicho la versión de otros testigos.

Los aledaños de la Audiencia de Sevilla y de los juzgados de Instrucción han sido este martes el escenario de una concentración protagonizada por más de 250 jueces, fiscales, letrados de la Administración de Justicia, abogados y procuradores, ante la ley de acordada entre el PSOE y Junts, para amnistiar a responsables políticos y ciudadanos con cargos judiciales pendientes por el proceso independentista catalán de 2017 y que tal formación independentista apoye una nueva investidura del socialista Pedro Sánchez como presidente del Gobierno.

En la concentración han participado los principales responsables del sector jurídico sevillano, entre ellos el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero; el presidente en funciones de la Audiencia provincial, Juan Márquez Romero; el fiscal jefe de Sevilla, Luis Fernández Arévalo; los delegados en la provincia de la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada, o el decano del Colegio de Abogados de Sevilla, Óscar Fernández León; así como numerosos magistrados como la jueza Mercedes Alaya, instructora inicial de la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos financiados por la Junta de Andalucía; y muchos abogados como José Rodríguez de la Borbolla, presidente socialista del Gobierno andaluz entre 1984 y 1990.

La concentración, convocada por las asociaciones de jueces y difundida por el Decanato de Jueces de Sevilla, haciéndola extensiva al resto de colectivos del sector judicial de la provincia, ha sido una reacción a la mencionada ley de amnistía pactada entre el PSOE y Junts y ha sido secundada en otras sedes judiciales de la provincia, como por ejemplo en los juzgados de Dos Hermanas.

En concreto, PSOE y Junts acordaban días atrás una "ley de Amnistía para procurar la plena normalidad política, institucional y social como requisito imprescindible para abordar los retos del futuro inmediato", ley que "debe incluir tanto a los responsables como a los ciudadanos que, antes y después de la consulta de 2014 y del referéndum de 2017, han sido objeto de decisiones o procesos judiciales vinculados a estos eventos", según figura en el texto del acuerdo.

El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ve "razonable" que al Alto Representante de la Unión Europea para la Política Exterior, el también socialista Josep Borrell, y a otros dirigentes les "inquiete" la Ley de Amnistía para los encausados por el proceso independentista catalán, pero se ha mostrado convencido de que esa norma favorecerá la convivencia entre esa comunidad y el resto de España.

Este lunes, Borrell admitió preocupación por la amnistía que el PSOE ha acordado con ERC y Junts para allanar la investidura de Pedro Sánchez, pero no quiso ir más allá. "Quienes saben mi trayectoria pueden imaginar lo que pienso", se limitó a decir desde Bruselas.

Preguntado por estas palabras, López ha dicho tener en "muy alta estima" a Borrell e incluso ha dicho entender su "inquietud" y la "incomprensión" de "algunos" con la Ley de Amnistía, pero ha insistido en que el PSOE la ha presentado porque está "convencido" de que ésta es una decisión que va a "certificar" el reencuentro con Cataluña.

El socialista vasco ha subrayado que con esta ley lo que se busca es "abrir un nuevo tiempo" en el que ambas partes se reconozcan en sus diferencias pero tengan voluntad de hablar para llegar a un entendimiento. "Y el movimiento se demuestra andando", ha apuntado López, recordando que el Parlament ya ha rechazado una iniciativa que pretendía poner en marcha un referéndum unilateral.

Al menos diez comunidades autónomas gobernadas por el PP, además de Canarias, han solicitado formalmente al jefe del Ejecutivo en funciones, Pedro Sánchez, la convocatoria de una Conferencia de Presidentes para hablar sobre sus acuerdos de investidura con ERC y Junts, que, entre otras cosas, incluyen la ley de amnistía y condonación de deuda.

Se trata de una petición oficial que ya han elevado estos Ejecutivos autonómicos al Gobierno central. En el Reglamento de la Conferencia de Presidentes, se especifica que las comunidades pueden solicitar formalmente una reunión de este foro multilateral cuando se junten al menos diez --como en este caso--, aunque la última palabra corresponde a Sánchez.

En cualquier caso, La Rioja, Extremadura, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Cantabria, Baleares, Murcia, Andalucía, Castilla y León y Canarias, ya han anunciado que han remitido al Gobierno de Sánchez la solicitud de esta Conferencia de Presidentes para hablar sobre los acuerdos de investidura.

La ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno en funciones, Isabel Rodríguez, se ha dirigido a los ciudadanos críticos con la ley de amnistía que beneficiará a los involucrados en el procés y les ha pedido "confianza" sobre los efectos positivos de la norma. Según ha subrayado, la trayectoria del presidente del Gobierno en funciones le avala pues este "cumple su palabra".

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, previsiblemente la última de esta etapa del Gobierno, pues este miércoles arranca la sesión de investidura de Sánchez, ha querido lanzar un mensaje de "tranquilidad" a la ciudadanía "de buena fé" que siente inquietud ante una amnistía que va a borrar todos los delitos relacionados con el proceso independentista en Cataluña durante una década y dejará sin efecto y sin rastro penal los ilícitos cometidos por los líderes separatistas.

Al pedir esta confianza, Rodríguez ha sostenido que a Sánchez le avala su trayectoria al frente del Gobierno porque en los años que ha estado en La Moncloa "ha mejorado la vida de los españoles". Considera además que los mismos que le critican hoy son los que lo hacían antes de ser presidente y siguen utilizando "los mismos miedos".

La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha recalcado este martes que lo que tienen que hacer las fuerzas de seguridad es detener al expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont, por ser un "prófugo" de la Justicia, y no ponerle escolta para protegerle.

Puigdemont ha pedido a la Generalitat que le ponga escolta en Bélgica alegando que ha aumentado "el nivel de peligrosidad y riesgo" al que está expuesto. El ministro de la Presidencia en funciones, Félix Bolaños, ha asegurado este martes que Interior "tramitará" el asunto y resolverá lo que proceda".

Eso sí, desde el departamento que dirige Fernando Grande Marlaska han precisado que será la Generalitat la que decida si el líder de Junts cumple con los "criterios técnico-policiales" para contar protección policial y que si la petición de escolta afecta a otro país, como por ejemplo Bélgica, donde reside Puigdemont desde que se fugó de España, sería este país el que tendría que autorizar o no la entrada de agentes que ejerzan de escoltas.

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha cifrado este martes en 27.000 euros los daños que se han ocasionado al mobiliario en la zona de la calle Ferraz, donde durante estos días se están llevando a cabo manifestaciones contra la amnistía frente a la sede del PSOE.

"Es obvio que se están produciendo molestias a los comercios y a los restaurantes. Esto no pasa únicamente en Ferraz, pasa cada vez que se ejercita un derecho constitucional a la manifestación o a la reunión", ha afirmado el alcalde ante los periodistas desde el Centro de Acogida San Isidro.

Sobre los daños ocasionados, ha asegurado que por ahora son en torno a 27.000 euros y ha afirmado que están dispuestos a hablar con los comerciantes de Ferraz para ver "de qué manera se pueden paliar los perjuicios que se están causando".

"Es complicado conciliar ambas cosas, pero es cierto que también los comerciantes de Ferraz se están quejando y, por tanto, desde el Ayuntamiento tenemos que atenderlos", ha justificado.

El Gobierno murciano presentará un recurso de inconstitucionalidad contra una ley de amnistía que "socava los mismos cimientos del Estado de Derecho, la separación de poderes y la igualdad de todos los españoles", tal y como ha anunciado el presidente del Ejecutivo regional, Fernando López Miras.

López Miras ha hecho estas declaraciones durante la lectura de una declaración institucional tras presidir el Consejo de Gobierno, que se ha reunido este martes con carácter extraordinario tras conocer que la proposición de ley de amnistía ha sido presentada en el registro del Congreso de los Diputados.

"No vamos a asistir cruzados de brazos a la quiebra de la democracia española por un interés que lo único que busca es eso: el de unos por destruir la unidad de nuestro país y el de otro por consentirlo para garantizar su permanencia en la Presidencia del Gobierno", tal y como ha hecho saber López Miras, quien ha comparecido acompañado por los miembros de su Ejecutivo.

El PP ha hecho valer su mayoría absoluta en el Senado para aprobar de manera definitiva una reforma del Reglamento que permitirá dilatar hasta dos meses la tramitación de la ley de amnistía. Además, ha introducido una enmienda para obligar al presidente del Gobierno y a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando lo soliciten los grupos parlamentarios.

Con 147 votos a favor y 116 votos en contra, el Pleno del Senado ha sacado adelante la reforma del Reglamento que da la potestad a la Mesa de la Cámara Alta, donde los 'populares' tienen mayoría absoluta, para decidir o no aplicar el procedimiento de urgencia en las proposiciones de ley, como es el de la amnistía.

Asimismo, el PP ha aprovechado esta tramitación de la reforma del Reglamento del Senado para incluir una enmienda con la que se obligue al presidente del Gobierno o a los ministros a comparecer en la Cámara Alta cuando así lo soliciten los grupos parlamentarios.

Los de Alberto Núñez Feijóo decidieron acelerar al máximo la tramitación de esta reforma del Reglamento, de modo que el pasado miércoles se tomó en consideración y el lunes la Comisión de Reglamento la avaló para que se votara de manera definitiva este mismo martes, anticipándose a que la ley de amnistía salga del Congreso.

El presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha mantenido este martes un encuentro con una treintena de corresponsales extranjeros en España para denunciar “el deterioro de la democracia en España” y pedir ayuda a Europa tras la presentación de la ley de amnistía y el acuerdo de Pedro Sánchez con los independentistas.

"Los países que intentaron algo similar en Europa contaron con el rechazo expreso de los órganos comunitarios", ha asegurado Feijóo durante este encuentro con la prensa extranjera en el que también recordó que España podría sumarse a Rumanía, Polonia y Hungría como país señalado por Bruselas el ataque a su Estado de Derecho.

En la reunión, en la que también ha estado el vicesecretario general de la formación Esteban González Pons, ha insistido en que la ley de amnistía es inconstitucional y que amnistiar delitos puede suponer un incentivo a cometerlos.

El Consejo de Ministros, a propuesta del Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030, ha aprobado este martes la distribución de 1.099.994.178,33 euros entre las comunidades autónomas, provenientes de los fondos del Plan de Recuperación de la Unión Europea, para dedicarlos a implementar el Plan de choque para la economía de los cuidados.

"No es la primera vez que a esta mesa les he traído acuerdos milmillonarios, el de hoy también lo es, y que va dirigido a las políticas sociales a las comunidades autónomas. Concretamente lo que se ha aprobado en el día de hoy es la distribución de 1.100 millones de euros que, como digo, van dirigidos a las comunidades autónomas", ha explicado la ministra de Política Territorial y portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, este martes, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.