El Gobierno abre la puerta a incluir medidas a medio plazo sobre los jueces en el paquete de regeneración

El juzgado de Barcelona investiga a la empresa Glovo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores, a raíz de una denuncia presentada por la Fiscalía contra el fundador y ceo de Glovo, Óscar Pierre.

En su denuncia, consultada por Europa Press, el ministerio público asegura que la empresa "menoscaba y suprime" los derechos de los trabajadores por la condición de falsos autónomos de los 'riders', por lo que pide que se cite a declarar a Pierre como investigado.

La denuncia ha dado lugar a la apertura de diligencias en el Juzgado de Instrucción 31 de Barcelona, según ha adelantado 'El Periódico' y han confirmado fuentes judiciales.

"Glovo utiliza trabajadores a los que exige su alta en el régimen especial de trabajadores por cuenta propia de la Seguridad Social, estableciendo con ellos una relación en apariencia mercantil que le permite reducir sus costes empresariales", explica el ministerio público.

El número de personas que han sido beneficiadas por la ley de amnistía al 'procés' asciende al menos a 73, entre condenados que han sido exonerados y absueltos que han visto cancelados sus antecedentes --incluidos los policiales-- desde que la norma entró en vigor el 10 de junio. Las últimas 46 amnistías han sido acordadas por el Juzgado de Instrucción Número 7 de Barcelona.

En concreto, las 46 personas amnistiadas por dicho juzgado son los agentes de la Policía Nacional que estaban siendo investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.

El juez Francisco Miralles ha considerado que la amnistía debía ser aplicada en este caso porque "las actuaciones investigadas fueron de escasa duración individual" y estuvieron "enmarcadas en un objetivo policial definido" que no se prolongó en el tiempo "más allá de la propia maniobra policial de entrada y salida de los distintos colegios electorales".

El instructor ha entendido, además, que los hechos investigados no fueron lo suficientemente graves como para excluirlos de la amnistía, que no ampara delitos de lesiones penados con más de cinco años de prisión, ni tampoco delitos de torturas o trato degradante.

La Sección Primera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado "mandamiento de libertad" para el ex director general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, después de la sentencia del Tribunal Constitucional (TC) que estima parcialmente su recurso de amparo y anula la condena a seis años y medio de cárcel que impuso dicha instancia a este ex alto cargo.

Serrano Aguilar ingresó en prisión a comienzos de enero de 2023, por un delito continuado de malversación por el "procedimiento específico" a través del cual fueron canalizados los fondos autonómicos para prejubilaciones en expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos y ayudas arbitrarias.

Así figura en una providencia emitida este mismo martes por la Sección Primera de la Audiencia de Sevilla, órgano que dictó la sentencia inicial del "procedimiento específico" de financiación de los ERE, que da cuenta de que le ha sido "anticipado por correo el fallo de la sentencia" del Constitucional relativa al recurso de amparo de Serrano Aguilar, ante lo cual procede ordenar "mandamiento de libertad" al centro penitenciario donde está interno.

La vicepresidenta segunda del Gobierno, ministra de Trabajo y Economía Social y líder de Sumar, Yolanda Díaz, viajará esta semana al País Vasco para tratar de cerrar un acuerdo con el PNV sobre la reducción de la jornada laboral y garantizarse su apoyo en el Congreso de los Diputados.

Díaz es la principal impulsora de esta medida, que busca reducir la jornada laboral de las 40 horas a la semana actuales a 37,5 para 2025 y trata de negociar un acuerdo con la patronal, aunque las posturas del Ministerio y de los empresarios parecen alejadas.

Los nacionalistas vascos han señalado que la reducción de la jornada laboral no tendría gran afección en Euskadi porque la mayoría de convenios colectivos que rigen en esta comunidad autónoma ya recogen una jornada laboral de 37,5 horas.

La periodista Cristina Bravo (Madrid, 1980) será la próxima directora de Informativos de RNE, en sustitución de Mamen del Cerro, que ha solicitado el relevo debido a su próxima jubilación. Vinculada profesionalmente a RTVE desde 2007, Bravo en la actualidad es la directora del Centro Territorial de Castilla-La Mancha.

La presidenta interina de RTVE, en nombre de todo el Consejo de Administración, ha agradecido a Mamen del Cerro su labor en el puesto a lo largo de estos cuatro años. El Consejo de Informativos de RNE ha sido informado de esta decisión.

Cristina Bravo es licenciada en Periodismo por la Universidad Complutense de Madrid. Con antigüedad en RTVE desde 2006, entró por oposición en la Corporación en 2007. Ingresó en RNE Murcia en 2008 y desde 2009 se incorporó a la unidad informativa de RTVE en Ciudad Real, donde recibió varios premios a su labor periodística, como el Premio periodístico de ASAJA a la mejor labor de comunicación en el sector agropecuario; el Premio periodístico de la Escuela de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de la Universidad de C-LM y el Premio de la Sociedad de Medicina Interna al mejor reportaje.

La ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, ha confirmado que en el próximo semestre habrá una nueva convocatoria del Bono Alquiler Joven, cuya partida presupuestaria se aumentará para conseguir que "más jóvenes puedan beneficiarse".

Así lo ha trasladado la titular de Vivienda durante una reunión con el consejero de Obras Públicas, Vivienda y Movilidad del Gobierno de Canarias, Pablo Rodríguez Valido, este martes en Madrid.

El bono de alquiler joven es una ayuda de 250 euros mensuales destinada a menores de 35 años para poder hacer frente a la renta del alquiler. El Gobierno destinó a dicha línea en 2022 y 2023 un total de 200 millones de euros anuales, que repartió entre las distintas comunidades autónomas y ciudades autónomas.

Vox ha registrado este martes en todos los parlamentos autonómicos una proposición no de ley por la que insta al Gobierno a cerrar los centros que acogen a menores migrantes solos que llegan a España.

La iniciativa registrada por Vox en la Asamblea de Madrid incluye medidas como rechazar la propuesta de reparto de menores migrantes no acompañados promovida por el Gobierno en el marco de la Conferencia Sectorial del 10 de julio y exigir "medidas alternativas" que "prioricen la seguridad ciudadana y la implementación de un plan efectivo de repatriación de los menores extranjeros no acompañados con sus padres en sus países de origen".

Asimismo, propone tomar "todas las medidas necesarias" para proceder al cierre de los centros de menores migrantes solos que "crean inseguridad en nuestras calles, empezando por los más conflictivos". "Todos los menores extranjeros deben ser repatriados por el Gobierno de España con sus padres a sus países de origen de forma inmediata. Hasta lograr su cierre, procurar las medidas e infraestructuras necesarias para garantizar la seguridad de los trabajadores de estos centros, la existencia de espacio suficiente y la seguridad de los vecindarios aledaños", establece. También incluye poner todos los medios necesarios para no habilitar ninguna partida presupuestaria destinada al objeto de la reubicación de migrantes.

El Gobierno abre la puerta a incluir medidas que afecten al Poder Judicial en el paquete de regeneración democrática anunciado por el presidente del Gobierno, aunque la idea que maneja el Ejecutivo es que no se presenten de inmediato sino en una segunda fase. En este sentido, la vicepresidenta segunda y líder de Sumar, Yolanda Díaz, propone recuperar la responsabilidad civil de los jueces y modificar el modelo de acceso a la Judicatura, entre otras medidas.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparece el 17 de julio en el Congreso de los Diputados para explicar las iniciativas de regeneración centradas en los medios de comunicación, que afectarán a la transparencia sobre la propiedad y el reparto de publicidad institucional entre otros aspectos.

No obstante, el Ejecutivo podría presentar otra serie de medidas que afectarían a los jueces, más adelante, a lo largo de la legislatura. En este sentido, la portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha señalado que se trata de un debate "amplio y extenso" para hablar "prácticamente de todo".

El líder de Vox, Santiago Abascal, ha afirmado este martes que su partido "pasa por alto" la disposición del presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados en las comunidades autónomas y se atiene "exclusivamente" a la postura que vayan a adoptar los presidentes 'populares' de las regiones donde cogobiernan.

El Gobierno quiere reformar la Ley de Extranjería para posibilitar que menores migrantes no acompañados puedan ser distribuidos por las autonomías para aliviar la carga de Canarias. El PP no se opone y este asunto ha abierto una nueva brecha en la relación con Vox, que rechaza de plano esta distribución, con especial énfasis en las comunidades en las que ha firmado pactos de gobierno con los 'populares'.

Abascal ya avisó el viernes de que el reparto de menores "amenaza" los pactos de gobierno y pidió a sus socios "lealtad" para cumplir los acuerdos alcanzados en esta materia. Las medidas consensuadas entre PP y Vox de cara a la conformación de los gobiernos autonómicos incluyen la retirada de subvenciones a las "mafias de tráfico de seres humanos", por ejemplo.

Sumar, IU, communs, Más Madrid y Verdes Equo han reunido a sus secretarios de Organización y otros cargos ejecutivos en el marco de la mesa de la coalición impulsada para reflexionar y reforzar el espacio tras el mal resultado de las elecciones.

Fuentes de Sumar han informado este martes de este encuentro, que da "continuidad" a las conversaciones entre las distintas formaciones políticas que se venían dando hasta ahora, emplazándose las distintas formaciones a próximas reuniones.

En este sentido, aclaran que se ha optado en esta ocasión por una mesa de carácter "técnico-político" al congregar a cargos responsables de las áreas de organización o de relaciones institucionales. Es decir, un enfoque "algo distinto" a una cumbre entre líderes de las formaciones como se había barajado en los últimos días.

El Tribunal Constitucional (TC) ha acordado anular la condena de seis años y medio de cárcel que se le impuso por malversación en el caso de los ERE al exdirector general de IFA/IDEA Miguel Ángel Serrano Aguilar, por lo que podrá salir de prisión. Según ha informado la corte de garantías, la decisión ha sido adoptada este martes en el Pleno por siete votos frente a cuatro al aceptar parcialmente el recurso que presentó la defensa del excargo de IFA/IDEA. El tribunal ha declarado que se ha vulnerado el derecho a la legalidad penal y su presunción de inocencia.

La sentencia cuenta con los votos particulares de los magistrados del ala conservadora Ricardo Enríquez, Enrique Arnaldo y César Tolosa y de la magistrada Concepción Espejel. Hay también un voto concurrente de la magistrada María Luisa Segoviano. Cabe recordar que Serrano Aguilar fue condenado por la Audiencia Provincial de Sevilla a seis años y medio por un delito de prevaricación en concurso con un delito continuado de malversación y a 17 años de inhabilitación. El Tribunal Supremo confirmó su condena.

El Pleno ha abordado el caso de Serrano Aguilar después de que el 18 y 19 de junio resolviera los amparos de los exconsejeros José Antonio Viera y Magdalena Álvarez. Al primero le desestimó el recurso porque su argumentación era genérica; a la segunda, le estimó parcialmente el recurso al anular la condena y ordenar a la Audiencia de Sevilla que dictara una nueva sentencia que rebaje la pena.

El Constitucional tiene reservados este miércoles y jueves para continuar deliberando sobre una batería de asuntos, entre los que figuran otros cuatro recursos relativos a los ERE: el del exconsejero de Empleo Antonio Fernández, el de la exconsejera de Hacienda Carmen Martínez Aguayo, el del exconsejero de Justicia y Administración Pública Jesús María Rodríguez Román y el del exconsejero de Innovación Francisco Vallejo.

El Gobierno ha adelantado la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia para acordar el reparto de menores migrantes al miércoles 10 de julio, prevista inicialmente para el 18 de julio. El encuentro tendrá lugar en Tenerife. Así lo ha indicado la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, antes de participar en encuentro con jóvenes en situación de pobreza de la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social.

"Atendiendo a una cuestión que entendemos que es un fenómeno estructural, poniendo en el centro la cuestión de los derechos humanos, vamos a convocar con carácter inmediato la conferencia sectorial con todas las Comunidades Autónomas para abordar la reforma del artículo 35 de la Ley de Extranjería para atender a los niños y niñas migrantes no acompañados, va a ser convocada la semana que viene, el miércoles 10", ha afirmado Rego.

Preguntada por las declaraciones del líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, en las que acusaba al Gobierno de "meter" a menores migrantes no acompañados en aviones y dejarlos en "determinados barrios", Rego ha señalado que Feijóo "debería coordinarse un poquito más con los presidentes autonómicos que forman parte de su partido".

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, ha advertido que tanto la voluntad del legislador como el objetivo de la ley de la amnistía son muy claros, después de que el Tribunal Supremo haya anunciado que no la aplicará a delitos de malversación y que mantiene la orden de detención contra el expresidente catalán Carles Puigdemont.

Alegría ha evitado señalar directamente que el Supremo está actuando en contra de la voluntad del legislador, pero ha remarcado en varias ocasiones que la intención "es tan clara como el texto de la propia ley", según ha indicado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que se ha celebrado este martes en La Moncloa.

En este sentido ha reiterado que el texto de la ley de amnistía, que pretende beneficiar a los implicados en el proceso independentista en Cataluña durante una década "es absolutamente claro y meridiano" así como la voluntad del legislador: "Tan clara como el texto y las letras de la propia ley" ha insistido.

Además, en la misma línea que viene sosteniendo el Gobierno, afirma que la aplicación de la norma corresponde a los jueces. Subraya además que fue aprobada por mayoría absoluta en el Congreso de los Diputados y que el Ejecutivo es consciente de su "eficacia" y de sus "efectos". "Y por tanto, lo que tiene que suceder ahora y ya está sucediendo, es que los jueces apliquen la ley", apunta.

La portavoz del Gobierno Vasco, María Ubarrechena, ha informado este martes que el lehendakari, Imanol Pradales, no se reunirá con Vox dentro de la ronda con partidos políticos que iniciará "en las próximas semanas" porque se trata de un partido que "no comparte el marco ético y democrático" y tampoco reconoce el autogobierno vasco. "No tiene sentido intentar sentar unas bases de futuro con un partido que no respeta ese marco principal que está sobre la mesa", ha insistido.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno, Ubarrechena ha sido preguntada sobre si la ronda de contactos con los diferentes partidos políticos anunciada por el lehendakari va a incluir a la parlamentaria de Vox, Amaia Martínez.

Según ha afirmado, el Gobierno Vasco "respeta la representación que Vox ha obtenido en el Parlamento vasco" pero ha explicado que la ronda de contactos anunciada por Imanol Pradales "tiene por objeto buscar unas mínimas bases para el futuro del país".

"Unas bases entre aquellos partidos que aunque tengamos ideologías distintas, sí compartimos y respetamos ese marco de las reglas del juego en la que podemos englobar los valores democráticos, los derechos humanos y sobre todo el reconocimiento de nuestro autogobierno", ha destacado.

Por ello, ha considerado "obvio que Vox no comparte este marco ético y democrático", por lo que cree que "no tiene sentido intentar sentar unas bases de futuro con un partido que no respeta ese marco principal que está sobre la mesa".

Preguntada sobre la fecha de esas reuniones, ha explicado que el lehendakari lo comunicará cuando tenga las citas ya cerradas y ha insistido en que "van a ser en las próximas semanas". "El lehendakari será la persona que indique cuándo se va a reunir, tanto con los partidos políticos, como con los agentes sociales", ha reiterado.

La Abogacía del Estado ha informado a favor de que se aplique la ley de amnistía a los procesados en la causa abierta en la Audiencia Nacional por los altercados producidos tras conocerse en 2019 la sentencia del 'procés' y que se atribuyen a la plataforma 'Tsunami Democràtic'.

En su escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Europa Press, los servicios jurídicos del Estado señalan que, con independencia de lo reprochable de las conductas y actuaciones, "en particular las lesiones de gravedad a miembros de los Cuerpos de Seguridad del Estado", por su alcance y contenido "no merecen el calificativo de graves violaciones de derechos humanos".

Y dice que esto es así de acuerdo con la interpretación y sentido que le atribuye a esas graves violaciones "el Derecho Internacional de los Derechos Humanos y en particular el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales".

En esta causa están investigados la secretaria general de ERC, Marta Rovira; el jefe de gabinete del expresidente catalán Carles Puigdemont, Josep Lluís Alay; la dirigente de ERC Marta Molina; el empresario Oriol Soler; el exsecretario de organización de ERC Xavier Vendrell; el periodista Jesús Rodríguez Sellés; el empresario Josep Campmajó; el considerado tesorero de 'Tsunami' Jaume Cabani; el dirigente de Òmnium Cultural Oleguer Serra y el banquero Nicola Flavio Guilio.

Los servicios jurídicos del Estado se han pronunciado después de que el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 6, el juez Manuel García Castellón, diera plazo a acusaciones y defensas para que presentasen sus alegaciones sobre la aplicación de la ley de amnistía a los encausados en el procedimiento de 'Tsunami Democràtic'.

ERC ha mostrado este martes su "disconformidad e indignación" ante la decisión del Juzgado de Instrucción 7 de Barcelona de aplicar la Ley de Amnistía a los 46 agentes de la Policía Nacional investigados por las cargas del 1-O en colegios electorales de Barcelona.

En un comunicado, aseguran que las actuaciones policiales más graves deben quedar excluidas de la amnistía "al tratarse de tratos degradantes y encajar plenamente en los delitos contra la integridad moral y torturas, que quedan explícitamente excluidas de la ley".

También destacan que la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos recoge que "no se pueden amnistiar los actos de torturas ni los tratos inhumanos o degradantes".

Así, lamentan la "doble vara de medir de algunos estamentos judiciales en la aplicación de la Ley de Amnistía, en que algunos tribunales, de forma deliberada, no están respetando la literalidad de la norma ni la voluntad del legislador, y actúan con una clara voluntad política de persecución contra el independentismo".

Los republicanos también han mostrado su apoyo "a las víctimas de la violencia" de los 46 policías amnistiados y a sus defensas en caso de que presenten recurso.

El Consejo de Ministros ha aprobado este martes el plan anual de fomento del empleo digno (PAFED) correspondiente a 2024, cuya dotación alcanza los 6.388 millones de euros y que fija, entre sus objetivos, aumentar la empleabilidad un 10%.

"Por primera vez, les indicamos un objetivo global de mejora de la empleabilidad a todas las comunidades autónomas y al conjunto del Sistema Nacional de Empleo. Tenemos que mejorar la empleabilidad de las personas ocupadas y desocupadas en España en un 10%", ha afirmado la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

Este plan, ha explicado Díaz, es uno de los instrumentos de coordinación del Sistema Nacional de Empleo y supone el marco normativo a través del cual los sistemas públicos de empleo deben diseñar y gestionar cada una de sus políticas.

El PAFED 2024 se ha elaborado en colaboración con las comunidades autónomas y contempla nuevos elementos respecto a normas anteriores. Entre ellos, incluye como servicios comunes los servicios garantizados regulados en la Ley de Empleo y desagrega territorialmente la cuantificación de objetivos para cada una de las comunidades.

En el Plan Anual 2023 se establecieron por primera vez objetivos mínimos cuantitativos para el número de atenciones a las personas demandantes de empleo y, tras evaluar los planes 2021 y 2022, se han identificado aquellas áreas que tienen mayor impacto en la empleabilidad, que se han trasladado al PAFED 2024.

Entre los objetivos del plan, Díaz ha destacado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros el establecimiento de un objetivo global de mejora de la empleabilidad del 10%, relacionado con la prestación y el seguimiento de las atenciones prestadas.

El PAFED 2024 incentiva la utilización de esas atenciones, y establece indicadores para realizar su seguimiento; establece el acceso a servicios garantizados para las personas protegidas por el nivel asistencial e impulsa la consolidación de las redes de orientación profesional.

La portavoz del Gobierno y ministra de Educación y Deportes, Pilar Alegría, ha justificado en "la transparencia" el plan de acción para la democracia que el Gobierno presentará el día 17 de julio en el Congreso y que contemplará la limitación de financiación pública para medios de comunicación con pocos lectores.

"La transparencia siempre es positiva siempre es importante, pero sobre todo también transparencia en los recursos", ha argumentado Alegría en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las declaraciones del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en las que se refería a medios de comunicación digitales que "no tienen lectores".

Alegría ha evitado, no obstante, mencionar alguno de estos medios a los que se refería Sánchez como le solicitaron en la rueda. La portavoz del Gobierno se ha referido en este sentido a la aplicacion del Reglamento Europeo de Libertad de Medios de Comunicación que "recoge que no haya medios que solo obtengan recursos públicos".

Asimismo, se ha mostrado convencida de que, tras el debate que se iniciará con la exposición del plan en el Congreso el próximo 17 de julio se abrirá un debate con los distintos grupos políticos para tener "una propuesta a la vuelta del verano".

Según ha indicado, el plan de acción tendrá "distintos ítems" que se podrán "trabajar y abordar con el resto de fuerzas porque es un debate que interesa a todos".

El ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, ha asegurado que el sistema de verificación de edad que incorporará la aplicación móvil para que los menores no accedan a contenidos para adultos "es muy cómodo, muy fácil y no va a generar ningún problema".

"Lo único que estamos pidiendo a los adultos es un pequeñín esfuerzo de que se identifiquen con un sistema que es muy fácil", ha señalado este martes Escrivá durante su intervención en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.

El Gobierno prevé que a finales de verano esté lista la primera versión de 'Cartera Digital Beta', la aplicación móvil que incorporará un sistema de verificación de edad para que los menores no accedan a contenidos para adultos como la pornografía.

El ministro ha detallado que se trata de un procedimiento de verificación de la edad que "protege completamente el anonimato de aquel que se está identificando", pero que tiene como resultado que solamente aquellos que son adultos accedan a determinadas páginas etiquetadas como pornográficas.

"Como todo en la vida hay que equilibrar distintos principios y el principio superior de protección del menor en un contexto extraordinariamente preocupante es el que debe primar y buscar soluciones que además al mismo tiempo aseguren completamente la privacidad de las personas y sus decisiones sobre qué quieren ver o no ver", ha explicado.

El responsable de Transformación Digital ha destacado que con esta herramienta España es "pionera en Europa". "Es una funcionalidad que será obligatoria en Europa dentro de dos años y medio aproximadamente, porque es parte de un marco europeo de identificación de la edad, que será obligatoria su utilización para ello", ha dicho.

Los Comuns han pedido este martes la convocatoria "urgente" de la Comisión del Estatuto de los Diputados en el Parlament para que ese órgano dictamine posibles sanciones ante presuntas irregularidades en la emisión de facturas y cobro sobresueldos de algunos diputados de Vox en la Cámara catalana.

En una petición enviada a la Mesa del Parlament, el portavoz de los Comuns, David Cid, ha señalado, en concreto, al presidente del grupo de Vox, Ignacio Garriga, y a los diputados Sergio Macián y Manuel Acosta, que, a su juicio, "declaran sobresueldos por tareas de dirección de su propio grupo parlamentario".

Los Comuns también apuntan al portavoz de Vox Joan Garriga, que, dicen, "declara facturar como autónomo para realizar tareas de su grupo parlamentario".

El objetivo de la petición es que la Comisión del Estatuto de los Diputados dictamine, de acuerdo con las atribuciones que le otorga el artículo 64 del reglamento de la Cámara, posibles incompatibilidades en las actuaciones señaladas de esos diputados de Vox.

La petición de este martes se suma a la reclamación que hizo el partido el 20 de junio para convocar una Mesa Ampliada para conocer los gastos irregulares de Ignacio Garriga, y determinar sanciones correspondientes para los gastos personales de ese diputado en su grupo parlamentario.