La Policía Local de Valencia ha retirado de la vía pública o de solares de las pedanías de La Torre, Forn d`Alcedo y Castellar l'Oliveral, hasta este miércoles, 2.569 vehículos arrastrados por la riada del pasado 29 de octubre. En concreto, han sido retirados 2.195 vehículos en La Torre, 241 en Forn d’Alcedo y 133 en Castellar l'Oliveral, según fuentes municipales, que han indicado que los vehículos han sido trasladados a once lugares situados dentro del término municipal de la ciudad de Valencia.
“Las personas titulares de los vehículos pueden conocer su localización y acceder a ellos para iniciar los trámites necesarios para el cobro del seguro", ha indicado el concejal de Movilidad y Seguridad Ciudadana, Jesús Carbonell.
La Policía Local, que garantiza la trazabilidad de cada vehículo retirado, ha puesto a disposición de los propietarios dos teléfonos y un apartado en la web municipal para informarse sobre la localización, estado general y matrícula.
Según Carbonell, es “fundamental que los afectados sepan dónde están sus vehículos y por ello habilitamos las once campas donde se han depositado de manera ordenada y controlada”.
El Ayuntamiento de València ha puesto en uso un apartado en la web municipal, www.valencia.es, con toda la información sobre los vehículos recuperados por la Policía Local de València en las pedanías de València y entorno tras la dana.
Asimismo, se han habilitado varios números de teléfono con la misma información, y paralelamente se ha puesto en marcha un servicio de atención presencial a la ciudadanía sobre estas cuestiones, que funciona en las oficinas habilitadas en las alcaldías pedáneas de La Torre y del Forn d’Alcedo.
Todos los datos están a disposición de las personas propietarias de los automóviles, que podrán acceder de esta manera a sus vehículos y retirarlos para, posteriormente, poder realizar los trámites de las reclamaciones de daños y la solicitud de ayudas. La información en línea puede consultarse en este enlace de la web municipal.
El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado poner en libertad al empresario Víctor de Aldama, presunto comisionista del caso Koldo que este jueves ha declarado ante otro magistrado que pagó comisiones en efectivo a altos cargos como el exministro José Luis Ábalos o el número 3 del PSOE, Santos Cerdán.
Horas después de comparecer en el caso Koldo, el juez Pedraz ha atendido la petición del empresario, apoyada por la Fiscalía, y ha acordado como medidas cautelares que comparezca semanalmente ante el juzgado, la fijación de un domicilio para estar localizado y la prohibición de que salga del país sin autorización judicial.
La razón por la que Pedraz ha adoptado esta decisión, según explica en su auto, es que, según el artículo 505.4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, el juez debe acordar la libertad de una persona si ninguna de las partes solicita la prisión, y la causa que él investiga está secreta y no concurren acusaciones, más allá de la Fiscalía, que ha apoyado la petición de De Aldama.
El exministro José Luis Ábalos ha negado las acusaciones que el empresario Víctor de Aldama ha hecho sobre él en su declaración de este jueves ante el juez del caso Koldo, y ha dicho que estudia presentar acciones penales contra él "dada la gravedad y falsedad de sus acusaciones".
En un comunicado, Ábalos ha negado "cuantas acusaciones difamatorias ha vertido en el día de hoy" contra su persona Aldama, quien en su declaración en la Audiencia Nacional ante el juez Ismael Moreno ha asegurado que pagó en efectivo miles de euros a altos cargos como el entonces ministro o su asesor Koldo García, además de otros pagos en especie.
"Daré cumplida respuesta a cada una de (estas acusaciones) en sede judicial cuando sea interrogado, algo que ya solicité sin éxito semanas atrás antes de elevarse el caso al Tribunal Supremo", ha señalado en su comunicado Ábalos, que al igual que Aldama está investigado por el caso Koldo.
El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, agradeció este jueves "estar vivo", después de que la Policía Federal desveló que, a fines de 2022, un grupo de militares llegó a planificar su asesinato. "Primero, agradecer porque estoy vivo" después de "ese intento de envenenarme", dijo el mandatario en un acto con empresarios y en la que fue su primera reacción pública a ese frustrado magnicidio, que según las autoridades también le apuntaba al vicepresidente, Geraldo Alckmin, y al juez Alexandre de Moraes, miembro de la Corte Suprema.
Lula enfatizó que su "deseo", desde que decidió postular a la Presidencia en 2022, "era devolverle a Brasil la normalidad y la civilidad democrática", después del conflictivo período en que el país se sumergió durante el mandato de su antecesor y líder de la extrema derecha, Jair Bolsonaro. "Yo no quiero envenenar a nadie ni perseguir a nadie. Quiero medir por números y datos quién hizo más escuelas, carreteras y obras en este país, pues eso es lo que vale de un Gobierno", dijo Lula, quien dijo que eso se logra de "forma civilizada".
Según las autoridades, el supuesto plan para el magnicidio fue tramado por cuatro militares y un agente de la Policía Federal a fines de 2022, después de que Lula derrotó en las urnas a Bolsonaro, quien debía entregar el poder el 1 de enero de 2023, pero no reconoció su derrota y viajó Estados Unidos dos días antes. La intención, de acuerdo a las investigaciones, era asesinar a Lula y Alckmin, integrantes de la fórmula ganadora de las elecciones de octubre de 2022 y crear un "comité de crisis" integrado por militares, que mantendrían en el poder a Bolsonaro. Los planes barajaban el envenenamiento entre las posibilidades e incluían al magistrado De Moraes, a quien la extrema derecha acusaba de haber manipulado el proceso desde su posición de presidente del Tribunal Superior Electoral.
La existencia de ese supuesto plan se agrega a diversas denuncias, que son investigadas por los tribunales, sobre otras maniobras para intentar impedir la investidura de Lula, en algunas de las cuales está directamente salpicado el propio Bolsonaro. También se vincula a las investigaciones sobre el asalto a los tres poderes del Estado ocurrido en Brasilia el 8 de enero de 2023, una semana después de la investidura de Lula, cuando millares de activistas de ultraderecha intentaron llevar a las Fuerzas Armadas a derrocar al Gobierno del líder progresista.
Según fuentes judiciales, la Policía Federal puede concluir las investigaciones esta misma semana o la próxima, e imputar por todos esos hechos a decenas de personas, entre las que figurarían el propio Jair Bolsonaro y algunos de sus ministros en la época.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha propuesto una moción de censura a PNV y Junts para tumbar el Gobierno de Pedro Sánchez coincidiendo con las nuevas revelaciones realizadas este jueves por Víctor de Aldama durante el juicio por el caso Koldo. "No tengo los votos para cambiar el Gobierno. Pero si alguno de los socios quieren acabar con todo esto que sepa que estoy a disposición de una nueva etapa", ha señalado.
"Lo que se ha confirmado en la Audiencia Nacional es que el Gobierno apesta a mentiras y a corrupción", ha dicho a Feijóo con respecto a la declaración de Aldama, advirtiendo que Sánchez y el PSOE "han mentido a los españoles con una frialdad que asusta"
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Jesús Montero, ha asegurado este jueves que las acusaciones del empresario Víctor de Aldama son falsas, mientras que el portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha advertido de que si se comprueba que son ciertas serán "los más duros".
"Es absolutamente mentira", ha asegurado Montero en preguntas de los periodistas en los pasillos del Congreso después de conocerse la declaración del comisionista del caso Koldo, en la que ha dicho que pagó 400.000 euros en efectivo al exministro de Transportes José Luis Ábalos, 250.000 euros a su entonces asesor, Koldo García, y que hizo llegar otros 15.000 euros al secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán.
La vicepresidenta primera ha enmarcado estas acusaciones dentro una mera estrategia judicial "vergonzante" del comisionista. "Nunca jamás ha habido lo que está diciendo este señor, ni de reuniones, ni siquiera conocemos personalmente a este señor y, por tanto, es falso todo lo que esta persona está trasladando", ha aseverado Montero.
Tampoco le ha dado credibilidad el portavoz de ERC en el Congreso porque De Aldama es un empresario "corrupto" que incrimina sin pruebas a prácticamente a todo el mundo. "Lo que sí es cierto es que si el PSOE al final acaba teniendo responsabilidades en esto, pues evidentemente nosotros seremos los más duros", ha puntualizado Rufián.
Vox ha anunciado que pedirá la imputación del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y de algunos de sus ministros en el Tribunal Supremo a raíz de las revelaciones que ha hecho ante el juez el comisionista del caso Koldo, Víctor de Aldama, acerca de su relación con el Ejecutivo.
Otras acusaciones populares presentes en la comparecencia han anunciado también que pedirán nuevas diligencias en la causa, y Liberum ha asegurado que solicitará que se dé traslado de la declaración de De Aldama al Supremo, en la causa que tiene abierta al exministro de Transportes José Luis Ábalos, mientras que Hazte Oír ha indicado que tiene previsto pedir que remita a la causa en la que se investiga a la mujer de Sánchez, Begoña Gómez.
Al término de la declaración, la coordinadora jurídica de Vox, Marta Castro, ha manifestado a los periodistas la intención de llevar estos hechos al Supremo por estar los miembros del Gobierno aforados y ha apuntado también que pedirán la comparecencia del secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, quien supuestamente, según De Aldama, habría recibido una comisión de 15.000 euros de la trama.
Por su parte, la portavoz de Vox, Pepa Millán, ha advertido en declaraciones a los periodistas en el Congreso que "quien aparece como número uno de una trama criminal y corrupta no puede seguir al frente de ningún gobierno". Sánchez "podrá hacer todas las giras internacionales que quiera que antes o después acabará sentado ante el banquillo de los acusados", ha pronosticado Millán.
El Pleno del Congreso ha acordado este jueves incorporar el impuesto a las entidades financieras al paquete fiscal del Gobierno, que ya tiene prácticamente garantizada su aprobación tras el acuerdo cerrado esta mañana entre PSOE y Podemos.
El Congreso ha incluido esta medida como una enmienda a la ley que regula el tipo mínimo para las multinacionales y el paquete fiscal del Gobierno, que todavía tiene que superar una votación final esta tarde en la que, salvo sorpresa, saldrá adelante.
La portavoz en el Congreso de Junts, Míriam Nogueras, ha advertido este jueves de que la formación analizará los acuerdos relativos al impuesto energético "cuando lleguen, si es que llegan". "Lo único que se va a aprobar es el acuerdo con Junts", ha subrayado Nogueras en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso, en referencia a la votación del paquete fiscal del Gobierno esta tarde.
"El resto de acuerdos", ha añadido, en referencia a los alcanzados por el Gobierno con ERC, EH Bildu y BNG, de una parte, y con Podemos, de otra, "cuando lleguen, si es que llegan, los analizaremos".
El Gobierno acordó con Junts dejar caer el gravamen a las energéticas pero posteriormente, ante la falta de apoyos para sacar su paquete fiscal adelante, pactó con ERC, EH Bildu y BNG extender este medida un año más.
Ante las dudas que generaba la convivencia de ambos acuerdos, Podemos dejó en el aire su apoyo al paquete fiscal, pero finalmente ha cerrado un acuerdo con el PSOE para que todas las formaciones que apoyarían el impuesto a las energéticas, incluido Junts, impulsen un proyecto de ley.
El Congreso ha dado su visto bueno mayoritario este jueves al decreto ley con el primer paquete de ayudas urgentes por importe de 10.600 millones de euros a particulares, empresas, autónomos y administraciones de los 78 municipios valencianos, castellanomanchegos y andaluces golpeados por la dana.
A falta de la votación que se producirá esta tarde, solo Vox se ha manifestado en contra de un decreto que incluye ayudas directas, exenciones y aplazamientos de impuestos, moratoria de hipotecas y avales para préstamos, aunque desde casi todos los grupos ha habido quejas por la falta de otras medidas que consideran necesarias.
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, ha agradecido el apoyo mayoritario que ya le habían expresado los grupos en reuniones previas a la aprobación de decreto ley, salvo Vox, que no acudió al encuentro con el Gobierno, y ha incidido en que las ayudas durarán "el tiempo que sea necesario por la cuantía que sea necesaria".
"A quienes intentan rentabilizar las desgracias es el momento de mandarles un mensaje claro: la política funciona, las instituciones funcionan, nos hacemos cargo de los problemas y ayudamos a los ciudadanos afectados", ha subrayado.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha agradecido este jueves a los nuevos consellers que den "un paso hacia delante con vocación de servicio, con vocación de entrega" y pongan unas trayectorias profesionales "extraordinarias" al servicio de la sociedad valenciana y de la recuperación.
Mazón ha anunciado, en unas declaraciones remitidas por la Generalitat, que este viernes se publicarán en el Diario Oficial de la Generalitat Valenciana sus nombramientos y durante los próximos días se trabajará en los organigramas y estructuras, tras lo que el próximo martes tomarán posesión y empezarán a desarrollar sus labores.
El president ha agradecido "muy especialmente" que se incorporen al Consell personas que "han dejado de lado una trayectoria brillante, unas carreras profesionales acreditadísimas", como es el caso del teniente general Francisco José Gan Pampols, al frente de la nueva vicepresidencia de Recuperación Económica y Social.
También ha tenido palabras de agradecimiento para Juan Carlos Valderrama, nuevo conseller de Emergencias e Interior; para Marián Cano, nueva consellera de innovación, Industria, Comercio y Turismo; y para Nuria Martínez, nueva consellera de Justicia y Administraciones Públicas, por su "gesto de servicio y de valenciana" al asumir estas responsabilidades.