Una delegación del grupo parlamentario de Sumar ha acudido esta mañana al aeropuerto de Barajas para dar apoyo a los saharauis que esperan respuesta a su petición de asilo en España y ha instado al Gobierno, del que forman parte, a evitar "deportaciones masivas".
"Nuestro Gobierno, un gobierno de coalición progresista, debe velar y poner los derechos humanos en el centro de sus políticas", ha declarado a los periodistas la diputada Tehs Sidi, de origen saharaui.
Sidi ha asegurado que desde el grupo parlamentario y desde los ministerios que encabeza Sumar van a luchar "para evitar estas deportaciones masivas".
La sala de asilo del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas acogía este lunes a mediodía a 57 ciudadanos marroquíes, según fuentes del Ministerio del Interior, que informaron de que se había acordado la devolución a Marruecos de diez activistas saharauis con pasaporte marroquí a los que ya se les había denegado el asilo.
Sidi ha hecho hincapié en que "el Reino de Marruecos está ocupando más del 80 % del territorio del Sáhara Occidental", por lo que la nacionalidad marroquí es "impuesta" a los saharauis y, "por ende, no se les puede deportar a Marruecos ni tampoco Marruecos debería reclamarlos".
El Congreso de los Diputados ha iniciado la tramitación de una ley para la especialización de fiscalía y juzgados en violencia sexual y para que las víctimas de esta violencia machista puedan acceder a la asistencia jurídica gratuita, medidas de la ley del solo sí es sí que debía haber impulsado el Gobierno.
El Pleno de la Cámara Baja ha admitido a trámite una proposición de ley orgánica elaborada por Podemos con el objetivo de impulsar la aplicación de las medidas pendientes de la ley de garantía integral de la libertad sexual y conseguir la "plena protección de las víctimas de violencias sexuales". La iniciativa ha salido adelante gracias a los votos del PSOE, Sumar, Junts, ERC y EH Bildu. PP y Vox se han posicionado en contra y el PNV se ha abstenido.
Son tres las cuestiones que aborda el texto: la especialización en violencia sexual de la Fiscalía y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer, la garantía de asistencia jurídica gratuita para las víctimas de este tipo de violencia y la modificación del Código Penal para que la reparación económica no sea suficiente para atenuar una pena en las condenas por violencia de género y violencia sexual.
El portavoz de ERC en el Congreso, Gabriel Rufián, ha asegurado que "siempre es un error no plantarse ante el chantaje de la derecha, tenga la bandera que tenga", en alusión a Junts, y ha advertido al PSOE de que si abre la negociación sobre el techo de gasto para unos, la abre para todos: "Empezamos de cero".
"Se abre una negociación y ahí estaremos", ha señalado Rufián en los pasillos del Congreso después de que el Gobierno haya retirado la tramitación en el Congreso de la senda de estabilidad presupuestaria, que se iba a votar este jueves en la Cámara Baja, debido a la falta de apoyos para sacarlo adelante, entre ellos los de Junts.
Rufián ha señalado que seguramente no tendrán "los mismos intereses que la derecha catalana" en la negociación del techo de gasto, pero lo intentarán.
El expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero ha confirmado que participó "en la tarea de facilitación" para que el líder opositor venezolano, Edmundo González, pudiera venir a España y se ha mostrado seguro de que "antes o después" habrá intentos para llegar a una solución política.
Zapatero ha hecho estas declaraciones a su llegada al Ateneo, donde se ha presentado el libro La democracia y sus derechos, del que ha sido coordinador.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha acusado a Vox en el Senado de difundir bulos sobre la inmigración irregular y ha dado un dato: solo el 0,5 % de las personas migrantes que han llegado a España desde los años noventa lo han hecho en patera.
"Sin embargo, ustedes hablan de avalanchas, de invasiones, de otras expresiones que son totalmente falsas", ha señalado la ministra en respuesta a una pregunta de la senadora de Vox Paloma Gómez sobre el resultado del último barómetro del CIS, que sitúa la inmigración como uno de los principales problemas para los españoles.
Saiz ha asegurado que la formación de Santiago Abascal son los "responsables directos" de la desinformación que existe sobre este inmigración, al divulgar bulos que "los datos oficiales desmienten una y otra vez". Como ejemplo de ello ha explicado que, también según el CIS, la ciudadanía piensa que la población inmigrante es el 28 % del total cuando el porcentaje real está 10 puntos por debajo o cree que la mitad de los ciudadanos extranjeros reciben ayudas cuando solo el 11 % lo hace.
El Ministro de Salud Pública libanés, Firas Abiad, acusó este martes a Israel de haber atacado "deliberadamente" hospitales, ambulancias y otras instalaciones sanitarias en su escalada de bombardeos de los últimos días para "difundir el terror" y desplazar a los ciudadanos.
Así lo indicó en una entrevista con el canal saudí de televisión Al Hadaz, en la que señaló además que el país de los cedros se considera "ante una verdadera guerra" tras la masiva oleada de bombardeos llevada a cabo por Israel contra el sur y el este del Líbano y los suburbios de Beirut, que solo ayer dejaron más de 500 muertos.
"Ya antes de estos últimos ataques contra el Líbano, 26 trabajadores sanitarios habían muerto (por bombas israelíes), mientras que en tan solo ayer 14 ambulancias y vehículos para extinguir el fuego han sido objetivo de ataques, hay cuatro muertos de los equipos de avanzada, 16 heridos de los equipos de rescate y dos centros sanitarios han sido atacados", dijo.
Abiad agregó que "todo esto se hace a propósito y no por error, para difundir el terror entre la gente desarmada y desplazarlas de sus hogares y zonas de residencia".
Dos trabajadores del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) y un periodista del canal libanés Al Mayadin murieron bajo los bombardeos israelíes en Líbano en las últimas horas, informaron este martes dichas organizaciones en sendos comunicados.
La ACNUR informó de la muerte de Dina Darwiche, funcionaria del organismo de las Naciones Unidas en el valle de la Bekaa, tras un ataque israelí el lunes que impactó en su casa, donde se encontraba junto con su marido y sus dos hijos menores. Darwiche y uno de sus hiijos murieron, mientras que el marido y el otro menor están en el hospital bajo tratamiento para sus "heridas serias". Ali Basma, limpiador de las oficinas de la ACNUR en Tiro, también murió el lunes en los ataques masivos israelíes contra el país de los cedros.
"La ACNUR está indignada y profundamente entristecida por el asesinato de dos queridos miembros de su familia en Líbano", indica el comunicado. En ese sentido, la ACNUR recordó que la protección de los civiles es una "obligación" para cualquier parte en un conflicto y recordó la petición del secretario general de la ONU, Antònio Guterres, para "una desescalada urgente y el pedido a todas las partes a proteger a los civiles, incluidos los trabajadores humanitarios", tal y como señala "la ley internacional humanitaria".
El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha cifrado este martes en más de cien personas las beneficiadas por la aplicación de la ley de amnistía de un total de entre 300 y 400 que finalmente lo serán.
Lo ha dicho en el Pleno del Senado a preguntas del parlamentario de ERC Joan Josep Queralt, quien ha reprochado las "dilaciones" en la aplicación de la norma y quien ha querido conocer la valoración del Gobierno de que esta ley "no sea aplicada de manera uniforme por todos los estamentos judiciales".
Bolaños ha reconocido que hay resoluciones diferentes de los distintos tribunales, pero ha recordado que contra ellas las partes pueden presentar recursos y son los órganos superiores los que toman la última decisión. En suma, ha enfatizado que la tramitación de la ley es "absolutamente normal, como sucede con cualquier decisión judicial". "Cuando se está de acuerdo, se acata, y cuando no, se acata y se recurre, y es lo que está sucediendo", ha añadido.
El ministro de Exteriores, José Manuel Albares, se ha dirigido de nuevo por carta a la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, para que permita el uso de las lenguas cooficiales (catalán, euskera y gallego) en la cámara al tratarse de un asunto "prioritario" para España.
Después de las cartas enviadas a la presidenta en septiembre de 2022 y marzo de 2024, Albares solicita por tercera vez que se puedan utilizar las lenguas cooficiales en la Eurocámara, subrayando que se trata de "un elemento esencial de la identidad nacional española", inherente a sus estructuras políticas y constitucionales fundamentales.
En la carta, a la que ha tenido acceso EFE, el ministro recuerda, entre otras cosas, que más de veinte millones de españoles viven en territorios donde se reconoce la oficialidad del catalán, del euskera y el gallego, y que son lenguas de trabajo en el Congreso y en el Senado y cuenta desde hace años con acuerdos administrativos sobre su uso en otras instituciones de la UE.
La líder de Podemos, Ione Belarra, ha pedido este martes amparo a la Mesa del Congreso de los Diputados al considerar que sus derechos como diputada han sido vulnerados por no poder visitar a los activistas saharauis solicitantes de asilo retenidos en el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
En el texto dirigido a la Mesa del Congreso, al que ha tenido acceso EFE, Belarra pide el amparo ante la "limitación injustificada y arbitraria de sus funciones" de diputada y pide al órgano de la Cámara Baja que "interceda ante la administración competente para que la visita se pueda realizar en los próximos días".
Belarra recuerda en el escrito que este lunes, "previa notificación a la autoridad competente", se personó en la sala de la Terminal 1 del Aeropuerto de Barajas donde permanecen los activistas saharauis, pero le fue denegado el acceso "y la posibilidad de comprobar y actuar contra violaciones de los derechos humanos de las personas allí presentes".
"Todas las diputadas estamos habilitadas para recabar información donde se puedan estar socavando derechos humanos. Por eso hoy pedimos amparo a la presidenta del Congreso para que esclarezca quién dio la orden para que ayer no pudiéramos ver a los activistas saharauis retenidos en Barajas", ha explicado Belarra en su cuenta de la red social X.
Agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil se han personado nuevamente en dependencias de la Diputación Provincial de Badajoz para "recoger información" relacionada con la investigación judicial abierta a David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, según ha informado la institución provincial.
A través de un comunicado, ha explicado que agentes de la Guardia Civil se personaron (por tercera vez) en dependencias de la Diputación para obtener información atendiendo al auto judicial dictado por el Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz.
Su titular investiga a David Sánchez por presuntos delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos y tráfico de influencias a raíz de una denuncia presentada por Manos Limpias.
Un auto dictado a principios del pasado mes de julio autorizó la primera intervención de la UCO en la Diputación provincial con el fin de obtener documentación laboral relacionada con David Sánchez, responsable de la Oficina de Artes Escénicas.