La jueza de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha vuelto a requerir a la Generalitat que comunique quién tomó la decisión de enviar el SMS de alerta por la dana el 29 de octubre y ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y cómo se transmitieron.
En un auto que ha sido notificado este jueves a las partes, la magistrada también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias.
La jueza quiere recabar las declaraciones tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas” durante esa fecha.
Por último, ha acordado citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.
Respecto al envío del SMS de alerta a la población, la juez indica que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión, por lo que vuelve a requerir a la Administración autonómica para que lo comunique “en el improrrogable plazo de cinco días”.
Un juez federal bloqueó este jueves temporalmente la fecha límite de la Oficina de Administración de Personal (OPM) para que los empleados federales acepten la oferta de "renuncia diferida", una indemnización por renuncia, impulsada por el Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.
A finales de enero, la OPM anunció que ofrecería indemnizaciones a los dos millones de trabajadores federales si renunciaban antes del 6 de febrero (hoy).
El juez federal George O'Toole dijo durante una breve audiencia hoy en Boston que su orden judicial suspende la fecha límite de este proceso hasta, al menos, una audiencia el próximo lunes.
De acuerdo con los medios locales, más de 60.000 personas, aproximadamente el 3 % de la fuerza laboral federal, han aceptado la oferta.
El PP ha recurrido este jueves el auto del Tribunal Constitucional (TC) que extiende la recusación del magistrado conservador José María Macías al recurso de inconstitucionalidad que presentó el partido sobre la ley de amnistía y ha pedido su nulidad.
Para los populares, la decisión del TC supone un "atropello al derecho de las partes personas a un proceso justo y equitativo" por parte del tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido, según han señalado fuentes de la formación.
Con la mayoría del bloque progresista y el rechazo de los conservadores, el TC decidió en su último pleno apartar a Macías del estudio de la cuestión de inconstitucionalidad que planteó el Supremo contra la amnistía, al concluir que pudo haber formado criterio sobre la norma cuando fue vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y participó como tal en dos informes críticos con la ley.
Y ahora, según fuentes de la corte de garantías, consideran que esa decisión debe extenderse al resto de recursos presentados contra la amnistía por el PP, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y diversas comunidades autónomas. En total, casi una veintena.
El recurso de súplica presentado por el PP considera que el Constitucional ha vulnerado su derecho a efectuar alegaciones sobre la recusación del magistrado, como parte implicada en el procedimiento al haber presentado un recurso de inconstitucional, y no ha respetado los principios de contradicción e igualdad de armas, generando su indefensión.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmará este jueves una orden ejecutiva para sancionar a la Corte Penal Internacional (CPI) por sus acciones contra Estados Unidos y sus aliados, como Israel, confirmó a EFE un funcionario de la Casa Blanca. Según la agenda oficial, Trump tiene previsto firmar varias órdenes ejecutivas a las 14.30 hora local (19.30 GMT).
El contenido de estas órdenes no ha sido revelado, pero un funcionario de la Casa Blanca adelantó que una de ellas impondrá sanciones a la CPI. En concreto, la orden busca imponer restricciones financieras y restringir la obtención de visados para viajar a Estados Unidos a individuos de la CPI que colaboren en investigaciones del tribunal contra ciudadanos estadounidenses o aliados de Washington.
La firma de esta orden ejecutiva llegará después de la reunión de Trump el martes con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, a quien en noviembre la CPI señaló con una orden de arresto por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad en la Franja de Gaza. Netanyahu se encuentra de visita en Washington hasta el sábado y ha mantenido reuniones con importantes figuras del Congreso y del Gobierno, incluido el secretario de Defensa, Pete Hegseth.
En 2020, durante su primer mandato (2017-2021), Trump ya impuso sanciones contra la entonces fiscal de la CPI, Fatou Bensouda, y uno de sus principales asesores debido a una investigación del tribunal sobre presuntos crímenes de guerra cometidos por tropas estadounidenses en Afganistán.
La medida de Trump llega después de que la semana pasada los demócratas del Senado, en minoría en esa cámara, bloquearan un intento liderado por los republicanos para sancionar a la CPI en respuesta a sus órdenes de arresto contra Netanyahu y su exministro de Defensa,Yoav Gallant, por la ofensiva israelí en Gaza.
El presidente de Panamá, José Raúl Mulino, confirmó este jueves que tiene previsto mantener una conversación el viernes con su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump, una llamada que se produce en plena tensión por el Canal, con el mandatario estadounidense amenazando con recuperarlo por la supuesta influencia china en la vía interoceánica.
"Me confirmaron hace breves minutos, de parte de un alto funcionario, que mañana conversaré con el presidente Trump a las 3:30 pm (20.30 GMT)", escribió Mulino en un mensaje en la red social X.
El anuncio se produjo después de que horas antes el presidente panameño advirtiera, durante su rueda de prensa semanal, que la supuesta conversación con Trump era "un tema que no está oficializado" y que se había enterado de la posible llamada por terceros. "Yo no tengo ninguna confirmación de la Embajada de los Estados Unidos al respecto. Si se da, y así lo comunican, pues se hará. Si no, pues no se hará, no depende de mí", dijo durante la rueda de prensa.
El anuncio sobre la conversación lo había hecho el pasado lunes el propio Trump, el mismo día que concluyó la visita del secretario de Estado de EE.UU., Marco Rubio, al país centroamericano. "Creo que vamos a hablar con Panamá el viernes. Esencialmente, se han comprometido a ciertas cosas, pero no estoy contento con ello", aseguró el mandatario desde el Despacho Oval en la Casa Blanca.
"Estamos intentando llegar a un acuerdo sobre el Canal de Panamá", indicó Trump, que volvió a criticar que la influencia de China en este importante paso marítimo haya aumentado en los últimos años, pese a que Estados Unidos, dijo, lo construyó y equivocadamente lo cedió a Panamá con los Tratados Torrijos-Carter de 1977.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos presentó este jueves una demanda contra la ciudad de Chicago y el estado de Illinois, acusándolos de dificultar las labores de las autoridades de migración.
La demanda, presentada en una corte federal en Illinois, pide a los jueces que revoquen y califiquen de inconstitucionales las protecciones existentes a nivel estatal y local que protegen a la población indocumentada de la deportación.
La acción de este jueves es la primera que la Administración del presidente, Donald Trump, toma en contra de una gobierno local, después de haber advertido de que iría tras las alcaldías y estados que no colaboren con sus políticas de mano dura contra los más de 11 millones de personas que viven en el país sin un estatus legal.
En concreto, el Departamento de Justicia señala una ley estatal, una a nivel del condado de Cook y otra de la ciudad de Chicago que prohíben a las autoridades locales colaborar con agentes de migración, al igual que limitan la información que comparten sobre la población migrante con el gobierno federal.
Las ventas de vehículos eléctricos del fabricante estadounidense Tesla, propiedad de Elon Musk, cayeron casi un 60 % en enero en Alemania en comparación con el mismo mes del año anterior después de que el multimillonario estadounidense, que ha levantado una planta de automóviles cerca de Berlín, se inmiscuyera en la campaña electoral al apoyar abiertamente a la ultraderecha.
Según los datos de ventas por marcas publicados por la Autoridad Federal de Transporte por Carretera de Alemania (KBA), Tesla vendió 1.277 unidades en enero pasado, un 59,5 % menos que en enero de 2024. Ello representa un 0,6 % de todas las marcas vendidas en el país centroeuropeo el mes pasado, una cuota que encabeza con mucha distancia Volkswagen, con 46.381 unidades vendidas.
La caída de las ventas de Tesla en Alemania se produce después de que Musk empezara a atacar a los líderes germanos y a defender abiertamente al partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) en plena campaña electora para los comicios del próximo 23 de febrero. Tras el atentado de Magdeburgo el pasado 20 de diciembre, el multimillonario tecnológico escribió en su red social X que el canciller alemán, Olaf Scholz, debía "dimitir inmediatamente" y que era un "tonto incompetente".
Musk también calificó al presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, de "tirano antidemocrático", después de que éste se pronunciara en contra de la influencia exterior durante un discurso sobre la disolución del Bundestag o Cámara Baja siete días después.
Esto después de que Musk apoyara abiertamente en X a AfD, la cual, sostuvo, es la "única" fuerza que puede "salvar a Alemania".
Posteriormente el multimillonario defendió su argumento en un artículo de opinión en un importante medio germano y el pasado 9 de enero habló vía X con la líder de AfD y candidata a canciller, Alice Weidel, en un debate transmitido en directo ante 200.000 usuarios, en el que la política alemana calificó a Adolf Hitler de "comunista".
El Gobierno israelí oficializó este jueves, a través de un trámite realizado en Ginebra, su retiro de toda actividad relacionada con el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, instancia a la que acusa de actuar de forma tendenciosa y contraria a Israel.
"Hace una hora he entregado al presidente del Consejo de Derechos Humanos (CDH) la carta comunicando nuestro retiro de este órgano parcializado y que desde el inicio ha estado del lado de las dictaduras", dijo a la prensa el embajador de Israel ante la ONU y sus organismos especializados situados en Ginebra, Daniel Meron.
El diplomático señaló como algunas de las razones de esta decisión que Israel sea el único país con un punto permanente en la agenda del CDH, relacionado con la situación de derechos humanos de los palestinos en los territorios que ocupa.
Sostuvo que desde que este órgano empezó a funcionar, en 2006, ha adoptado un centenar de resoluciones contrarias a Israel y que sus expectativas de que el CDH asuma cambios en este sentido no se han realizado.
El portavoz de la Presidencia de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Nabil Abu Rudeina, respondió este jueves al presidente estadounidense, Donald Trump, que la Franja de Gaza "no es un proyecto de inversión".
"Palestina, con su tierra, su historia y sus lugares sagrados, no está a la venta, y no es un proyecto de inversión", dijo Abu Rudeina en un comunicado, después de que Trump insistiera en su idea de que sea EE.UU. quien se ocupe de la reconstrucción de Gaza tras reasentar a los palestinos en otros lugares.
"El pueblo palestino y sus líderes no permitirán que se repitan las catástrofes de 1948 y 1967", aseguró el portavoz, en referencia a las guerras árabe-israelíes que vieron el nacimiento del Estado de Israel y la ocupación de Jerusalén Este, respectivamente.
Además, Abu Rudeina dijo que los palestinos "frustrarán cualquier plan diseñado para liquidar su justa causa a través de proyectos de inversión".
El Tribunal Constitucional tiene previsto admitir a trámite los recursos de amparo del exvicepresidente del Govern Oriol Junqueras y los exconsellers Dolors Bassa y Raül Romeva contra la decisión del Supremo de no aplicarles la amnistía.
El pleno que arranca el próximo martes tiene sobre la mesa los primeros amparos contra las decisiones de los tribunales de no aplicar el perdón a procesados y condenados por el procés.
Fuentes jurídicas informan a EFE de que el Pleno prevé admitir a trámite los amparos, si bien no descartan que haya oposición por parte del bloque conservador, más aun tras cómo se ha gestionado la decisión de apartar al magistrado Jose María Macías del debate de todos los recursos vinculados con la norma.
El Supremo resolvió no amnistiar el delito de malversación por el que Junqueras, Romeva y Bassa fueron condenados al concluir que los líderes independentistas obtuvieron un beneficio personal de carácter patrimonial con el procés y que los gastos del 1-O habían causado un perjuicio a las finanzas europeas.
La jueza de Instrucción 3 de Catarroja (Valencia) ha vuelto a requerir a la Generalitat que comunique quién tomó la decisión de enviar el SMS de alerta por la dana el 29 de octubre y ha pedido a la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) que facilite los datos relativos al caudal del barranco del Poyo entre las 16.13 y las 18.42 horas de ese día y cómo se transmitieron.
En un auto que ha sido notificado este jueves a las partes, la magistrada también ha acordado solicitar a diferentes medios de comunicación material videográfico sobre la crecida de esa rambla y las declaraciones y comunicaciones efectuadas por autoridades y responsables de Emergencias.
La jueza quiere recabar las declaraciones tanto sobre el conocimiento del sistema Es-Alert como “sobre el nivel de alerta y la evolución de las circunstancias meteorológicas” durante esa fecha.
Por último, ha acordado citar a declarar en calidad de perito a un investigador de la Universidad Politécnica de Valencia en relación a un estudio cartográfico en el que se detalla de forma minuciosa las cotas a las que llegó el agua tras el desbordamiento del barranco del Poyo en municipios de la comarca de l’Horta Sud.
Respecto al envío del SMS de alerta a la población, la juez indica que en la documentación remitida por la Conselleria de Interior y Emergencias de la Generalitat no se responde a la petición de información sobre qué persona tomó la decisión, por lo que vuelve a requerir a la Administración autonómica para que lo comunique “en el improrrogable plazo de cinco días”.