La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha cargado contra la estrategia de política económica del Partido Popular, que consiste en "bajar impuestos y sentarse a esperar que desaparezcan los problemas".
Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera en la Cámara Alta, después de que el senador del PP, José Manuel Barreiro, le instara a deflactar el IRPF y bajar el IVA de productos básicos. "La economía española está viviendo unos momentos complejos. Los brotes verdes que el Gobierno ve no son acordes a la realidad", advertía el senador.
Frente a esto, la titular económica del Gobierno ha defendido que los datos económicos de España no se corresponden en absoluto con el mensaje catastrofista que emplea el PP. Muestra de ello, según Calviño, es que el Instituto Nacional de Estadística revisó el crecimiento registrado en 2021 hasta 5,5%. "¿Pero cómo que brotes verdes? Es un crecimiento muy fuerte", ha enfatizado.
Así, y pese a las incertidumbres y al reto que supone la inflación de cara a los próximos meses, Calviño ha señalado que España está creciendo por encima de los países de su entorno y la previsión de todos los organismos es que el PIB se eleve un 4% este año un 2% el año próximo.
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este martes que se van a movilizar más de 230 millones de euros para hacer frente a los problemas de inseguridad alimentaria actuales, al tiempo que ha llamado a apostar por las soluciones multilaterales, a una mejor coordinación y a un comercio abierto y transparente.
Así lo ha desvelado durante la Cumbre Mundial sobre Seguridad Alimentaria, una iniciativa personal suya y que ha estado copatrocinada por Estados Unidos, la Unión Europea y la Unión Africana y que se ha celebrado en los márgenes de la Asamblea General de la ONU.
Sánchez ha recalcado que la seguridad alimentaria es "una prioridad" para el Gobierno, "pero aún queda mucho por hacer". Por eso, para "redoblar esfuerzos", España va a donar 151,5 millones de euros y a movilizar otros 85 millones en créditos durante los próximos tres años, lo asciende a un total de 236,5 millones.
Con este dinero, ha explicado el presidente, "España contribuirá al trabajo de organizaciones especializadas así como a los programas" de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID). Desde Moncloa han explicado que los créditos se canalizarán a través del Fondo para la Promoción del Desarrollo (FONPRODE) de la AECID.
"Se nos acaba el tiempo", ha advertido a los presentes, entre los que estaba el presidente del Consejo Europeo, Charles Michel, el de Senegal y presidente de turno de la Unión Africana, Macky Sall, y el secretario de Estado norteamericano, Antony Blinken, todos ellos copatrocinadores de la cumbre.
El Ministerio de Sanidad ha notificado este martes un total de 7.083 casos confirmados de viruela del mono, que proceden de 17 comunidades autónomas, según los datos de la Red Nacional de Vigilancia Epidemiológica (RENAVE).
En concreto, 2.449 casos se han registrado en la Comunidad de Madrid y 2.125 en Cataluña. Asimismo, en Andalucía ya se han detectado 853 casos, en Aragón 74, en Asturias 58, en Canarias 166, en Cantabria 33, en Castilla-La Mancha 62, en Castilla y León 79, en Extremadura 32, en Galicia 120, en Baleares 205, en La Rioja 6, en Murcia 67, en Navarra 21, en el País Vasco 229 y la Comunidad Valenciana 504.
En el resto de Europa, a 20 de septiembre, se han notificado un total de 16.679 casos confirmados de MPX, siendo Francia (3.898), Alemania (3.570), Reino Unido (3.407), Países Bajos (1.209) y Portugal(898) los países más afectados además de España. La mayoría son hombres jóvenes con antecedente de relaciones en contexto sexuales de riesgo.
En el resto del mundo, a 20 de septiembre, se han notificado un total de 38.425 casos confirmados de MPX en países no endémicos, siendo Estados Unidos(23.893), Brasil (6.869), Perú(2.091), Canadá (1.363), y Colombia (1.260) los países más afectados.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital, Nadia Calviño, ha cargado contra la estrategia de política económica del Partido Popular, que consiste en "bajar impuestos y sentarse a esperar que desaparezcan los problemas".
Así se ha pronunciado la vicepresidenta primera en la Cámara Alta, después de que el senador del PP, José Manuel Barreiro, le instara a deflactar el IRPF y bajar el IVA de productos básicos. "La economía española está viviendo unos momentos complejos. Los brotes verdes que el Gobierno ve no son acordes a la realidad", advertía el senador.
Frente a esto, la titular económica del Gobierno ha defendido que los datos económicos de España no se corresponden en absoluto con el mensaje catastrofista que emplea el PP. Muestra de ello, según Calviño, es que el Instituto Nacional de Estadística revisó el crecimiento registrado en 2021 hasta 5,5%. "¿Pero cómo que brotes verdes? Es un crecimiento muy fuerte", ha enfatizado.
Así, y pese a las incertidumbres y al reto que supone la inflación de cara a los próximos meses, Calviño ha señalado que España está creciendo por encima de los países de su entorno y la previsión de todos los organismos es que el PIB se eleve un 4% este año un 2% el año próximo.
El Gobierno de Países Bajos ha propuesto una batería de medidas económicas como parte de sus Presupuestos para 2023, entre las que se incluye una subida del salario mínimo del país del 10% para hacer frente a la inflación, según ha anunciado el Ejecutivo este martes.
Actualmente, el salario mínimo mensual para los mayores de 21 años está fijado en 1.756,20 euros por mes, por lo que el incremento propuesto situaría el sueldo mínimo que deben abonar las empresas a los trabajadores en 1.931,82 euros al mes (23.181,84 euros al año).
A nivel general, los Presupuestos del año próximo incluyen un paquete de estímulos de 17.200 millones para impulsar el poder adquisitivo de los hogares. El Ejecutivo holandés espera financiar esta medida mediante un "equilibrio" más justo entre los impuestos al trabajo y los impuestos a la riqueza.
Entre otras medidas impositivas, se incrementará progresivamente hasta el 34% en 2025 el impuesto sobre sociedades del país, también se eliminará en 2024 la deducción por vivienda en propiedad y se elevará desde el 8 al 10,4% el impuesto de transmisiones patrimoniales al adquirir una vivienda o un inmueble comercial.
El Gobierno de Ucrania ha afirmado este martes que "la farsa de referéndum" anunciados por las autoridades prorrusas de las regiones de Donetsk, Lugansk, Zaporiyia y Jersón "no cambiará nada", después de que durante la jornada se haya concretado que estas votaciones tendrán lugar entre el 23 y el 27 de septiembre.
"La farsa de los referéndum no cambiará nada y tampoco lo hará ninguna movilización híbrida", ha dicho el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleba, en un mensaje en su cuenta en la red social Twitter. "Rusia ha sido y sigue siendo un agresor que ocupa ilegalmente parte del territorio ucraniano", ha denunciado.
En este sentido, ha hecho hincapié en que "Ucrania tiene todo el derecho de liberar sus territorios y seguirá liberándolos, independientemente de lo que Rusia tenga que decir", en el marco de las contraofensivas lanzadas por el Ejército ucraniano durante las últimas semanas en partes de las regiones de Jersón y Járkov.
Por otro lado, la viceprimera ministra y la ministra de Reintegración de los Territorios Temporalmente Ocupados, Irina Vereshchuk, ha pedido a los ucranianos residentes en Jersón, Zaporiyia, Donetsk y Lugansk que no participen en las consultas.
Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las autoridades prorrusas de Jersón y Zaporiyia, han anunciado este martes que el referéndum sobre la posible adhesión de estos territorios a Rusia se celebrará entre el 23 y el 27 de septiembre.
El presidente de parlamento de Lugansk, Denis Miroshnichenko, ha realizado el anuncio horas después de que los miembros de la Cámara Pública aprobaran por unanimidad una ley sobre la celebración del referéndum sobre este punto, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Poco después, la Cámara Pública de Donetsk ha confirmado que la votación en este territorio tendrá lugar en las mismas fechas, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. El Gobierno de Ucrania no se ha pronunciado por ahora, si bien en el pasado ha rechazado la validez de estas votaciones.
Los parlamentos de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y de Donetsk aprobaron lunes sendas mociones instando a la celebración de referéndums para la adhesión de las dos regiones separatistas ucranianas a Rusia, que el 24 de febrero lanzó una guerra contra Ucrania tras reconocer la independencia de estas regiones.
Asimismo, el presidente de la Administración Suprema Estatal de Jersón ha firmado un decreto confirmando la fecha de la votación, apenas unas horas después de que el consejo cívico instalado por las autoridades prorrusas presentara una iniciativa para celebrar esta votación argumentando que la unión a Rusia "garantizará la seguridad en el territorio de la región".
El comisario de Justicia, Didier Reynders, espera poder "acercar" posiciones entre el Gobierno y el Partido Popular para desbloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en su visita a España los próximo 29 y 30 de septiembre, un viaje durante el que se verá con ministros, oposición y asociaciones de jueces para insistir en la urgencia de renovar el órgano de gobierno de los jueces y reformar el sistema para su designación. "Podemos también implicarnos en el diálogo, no solamente pedir que haya un diálogo (entre las fuerzas políticas) sino tratar de acercarles. Ya lo hemos hecho e intentaré hacerlo en esta visita", ha indicado el comisario a periodistas en Bruselas, a su llegada al Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales.
De este modo, el político belga se ha referido al "doble papel" que puede desempeñar el Ejecutivo comunitario frente al bloqueo en el CGPJ no sólo insistiendo sobre las recomendaciones del último informe sobre Estado de derecho en el que Bruselas subrayó la urgencia de la situación, sino también mediando entre las partes para "organizar un diálogo".
"Intentamos organizar un diálogo entre fuerzas políticas porque el cambio del CGPJ necesita mayorías tales que requiere de la colaboración entre las principales fuerzas políticas", ha razonado Reynders, para quien es urgente que "se pongan en marcha" los nuevos nombramientos como la necesidad de abordar "muy rápidamente" la reforma del sistema.
La delegada del Gobierno en Melilla, Sabrina Moh, ha anunciado este martes el inicio de obras en la frontera con Marruecos, concretamente en el puesto fronterizo de Beni-Enzar, para instalar un "sistema inteligente" que controle quién entra y quién sale de la ciudad mediante el reconocimiento biométrico.
A pregunta de los periodistas antes de participar en unas jornadas sobre la trata de seres humanos, Sabrina Moh ha comunicado que han iniciado los trabajos aprovechando que ha acabado la Operación Paso del Estrecho (OPE).
Se trata de las obras para poner en marcha lo que ha venido en llamar "frontera inteligente" para un mayor control por parte de las Fuerzas de Seguridad que no sea únicamente manual, sino ayudado por otros medios técnicos y, de esta forma, conocer mejor quién y qué sale por sus puestos fronterizos.
Al respecto, ha declarado que se trata de implantar "un reconocimiento biométrico" para lograr "un sistema inteligente de autentificación" de las tarjetas de identidad o de los pasaportes con el fin de lograr un control "más exhaustivo". "Va a aportar ese salto de calidad al trabajo que desarrollan los policías que prestan ahí servicio y que ahora mismo hacen esos controles de manera manual", ha dicho.
Sabrina Moh ha destacado además del control de entrada al territorio, que también se va implementar un "control de salida que anteriormente no existía y que permitirá saber cuáles son las personas que entran a Melilla y cotejar los datos con esa salida".
Las autoridades de las autoproclamadas repúblicas de Donetsk y Lugansk, así como las autoridades prorrusas de Jersón y Zaporiyia, han anunciado este martes que el referéndum sobre la posible adhesión de estos territorios a Rusia se celebrará entre el 23 y el 27 de septiembre.
El presidente de parlamento de Lugansk, Denis Miroshnichenko, ha realizado el anuncio horas después de que los miembros de la Cámara Pública aprobaran por unanimidad una ley sobre la celebración del referéndum sobre este punto, tal y como ha recogido la agencia rusa de noticias Interfax.
Poco después, la Cámara Pública de Donetsk ha confirmado que la votación en este territorio tendrá lugar en las mismas fechas, según ha informado la agencia rusa de noticias TASS. El Gobierno de Ucrania no se ha pronunciado por ahora, si bien en el pasado ha rechazado la validez de estas votaciones.
Los parlamentos de las autoproclamadas repúblicas de Lugansk y de Donetsk aprobaron lunes sendas mociones instando a la celebración de referéndums para la adhesión de las dos regiones separatistas ucranianas a Rusia, que el 24 de febrero lanzó una guerra contra Ucrania tras reconocer la independencia de estas regiones.
Asimismo, el presidente de la Administración Suprema Estatal de Jersón ha firmado un decreto confirmando la fecha de la votación, apenas unas horas después de que el consejo cívico instalado por las autoridades prorrusas presentara una iniciativa para celebrar esta votación argumentando que la unión a Rusia "garantizará la seguridad en el territorio de la región".
El Gobierno confía en que el Consejo General del Poder Judicial lleve a cabo en los próximos días el nombramiento de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que le corresponden y además afirman que los vocales están dando algunos pasos para desbloquear esa negociación, según han indicado fuentes de Moncloa.
Desde el Ejecutivo apuntan que esta negociación tiene que desbloquearse y que además, la visita a España del comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, servirá para que este se dé cuenta en primera persona de lo que está ocurriendo en España.
Además, las fuentes consultadas han asegurado que el Gobierno esperará a que el CGPJ nombre a sus dos magistrados y a continuación hará los suyos.
Por tanto, según han apuntado, consideran que es el PP quien no tiene margen y debe acometer la renovación de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. En esta línea consideran que la Comisión Europea no cuestiona el cumplimiento de la Constitución y por tanto lo que dice es que primero se acometa la renovación y después se discuta el cambio en el modelo de elección.