El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha reclamado este lunes al PP que cumpla la Constitución sin "excusas" ni "subterfugios" y de principio a fin, días después de que los conservadores rompiesen la negociación para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo mandato lleva cuatro años caducado, ante la decisión del Gobierno de reformar el delito de sedición.
En una acto de homenaje a las víctimas del golpe de Estado de 1936, la guerra civil y la dictadura, Sánchez ha señalado que honrar la Constitución "exige algo más que proclamar su vigencia", es decir, "cumplirla de principio a fin sin excusas ni subterfugios", ha señalado sin mencionar expresamente al PP.
Además, ha sostenido que la democracia y la Constitución son conquistas colectivas que a su juicio no pueden ser "patrimonializadas en exclusiva" por nadie y que por el contrario deben ser defendidas por todos.
"No basta con acatar desde una posición pasiva", sino que se debe cumplir y hacer cumplir "en todos los extremos, desde el primero al último de los artículos", ha seguido Sánchez en referencia al partido liderado por Alberto Núñez Feijóo.
El presidente del Gobierno Pedro Sánchez ya ha mantenido una conversación, este lunes, con el ganador de las elecciones en Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, según ha informado la Cadena Ser.
Ya el pasado domingo, tras conocer los resultados finales de dichas elecciones, Sánchez felicitó mediante su cuenta de Twitter a Lula da Silva comentando además el trabajo conjunto por la justicia social, la igualdad y contra el cambio climático, que llevarán a cabo ambos países.
La Fiscalía ha pedido dos años de cárcel y una multa 9.720 euros para el exnúmero 2 del Palau de la Música Jordi Montull y su esposa Mercè Mir por presuntamente no haber puesto en conocimiento de la justicia los ingresos que recibían del alquiler de un inmueble situado en el Masnou (Barcelona) que estaba embargado a consecuencia de la sentencia del desfalco del Palau de la Música para indemnizar a la entidad.
En el escrito de acusación, al que ha tenido acceso Europa Press, el fiscal pide que, en el caso de que los hechos fueran considerados como un delito de frustración a la ejecución, que se les imponga la pena de 6 meses de prisión.
La Fiscalía asegura que ambos "no pusieron en conocimiento ni a disposición de la Sección 10 de la Audiencia de Barcelona el cobro de las cantidades económicas, que percibieron mensualmente los dos acusados cuyo 50%, correspondía a cada uno de ellos, tal y como fueron declarados al realizar la declaración correspondiente al IRPF".
Un grupo de mujeres ha protestado este lunes en la capital de Afganistán, Kabul, por la prohibición que las autoridades instauradas por los talibán han impuesto sobre la educación a partir de sexto grado y por privar a las mujeres de trabajar.
"Hacemos un llamamiento a Naciones Unidas y a la comunidad internacional para que nos presten atención y salven a las mujeres de estas violaciones de sus derechos", ha protestado Marghalare, exempleada del Ministerio del Interior afgano, según ha recogido el portal de noticias Tolo.
Algunas jóvenes han llegado a mostrar sus documentos educativos en grandes pancartas. "El documento que tenemos en nuestras manos es inútil porque todas estamos en casa y no tenemos trabajo", ha precisado Shokoria, una de las manifestante.
La protesta, convocada por el Movimiento de Mujeres Poderosas de Afganistán, ha sido reprimida por las autoridades policiales del país con violencia, intimidación y humillación. Según los testigos, los agentes habrían roto estas pancartas para dispersar a la multitud, tal y como ha recogido la agencia de noticias Jaama.
El Gobierno ha aprobado este martes el nombramiento de la exministra socialista Magdalena Valerio como nueva presidenta del Consejo de Estado, que sustituye en el cargo a la exvicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega.
Así queda recogido en los acuerdos del Consejo de Ministros celebrado en La Moncloa, solo unos días después de que Valerio se sometiese al examen de la Comisión Constitucional del Congreso de los Diputados, que dio el visto bueno a su candidatura con los únicos reparos de PP y Vox.
Valerio, que hasta dejar el escaño hace una semana presidía en el Congreso la comisión del Pacto de Toledo, sustituye en el cargo a María Teresa Fernández de la Vega, que aunque ha dejado la Presidencia seguirá en el Consejo de Estado como consejera vitalicia.
El recibo de la luz del mes de octubre de un usuario medio con la tarifa regulada -el denominado PVPC- se ha situado este mes de octubre en los 92,85 euros, lo que representa una caída del 23% con respecto al pasado mes de septiembre y un 13,37% por debajo de la factura de hace un año.
Esta evolución de precios corresponde a un consumidor medio con una potencia contratada de 4,4 kilovatios (kW) y una demanda anual de 3.900 kilovatios hora (kWh), distribuida en los diferentes periodos (punta, llano y valle).
De este importe total correspondiente a octubre, 11,00 euros corresponden al término fijo; 76,19 euros al variable; 0,44 euros al impuesto eléctrico y 4,42 euros al IVA y equivalente, según datos del comparador de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC).
Este recibo del mes de octubre es, además, un 40% más barato que el más caro de la historia, el del pasado mes de marzo, cuando superó los 156 euros para este perfil de consumidor.
El Ministerio de Defensa ha creado un nuevo organismo para "el estudio, la coordinación y la planificación" de las actuaciones derivadas de la Ley de Memoria Democrática, que entre otras cosas exige la eliminación de emblemas del franquismo, el acceso a los archivos.
En una orden ministerial publicada este lunes en el Boletín Oficial de Defensa, recogida por Europa Press, la ministra Margarita Robles decreta la creación de un Comité de Seguimiento para aplicación de la Ley de Memoria presidido por la subsecretaria de Defensa, Adoración Mateos.
Su función será coordinar y planificar todas las implicaciones legales que la Ley de Memoria tenga en el ámbito del Ministerio de Defensa, tanto en el ámbito patrimonial como de acceso y consulta a la documentación de sus archivos, así como la tramitación de todos los procedimientos administrativos derivados de la nueva legislación y la colaboración con otras administraciones.
El Consejo de Ministros ha aprobado este lunes la concesión de un préstamo del Estado a la Tesorería General de la Seguridad Social por importe de 6.981,6 millones de euros para proporcionar cobertura adecuada a las obligaciones de la Seguridad Social, según ha informado el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones.
Este préstamo estaba establecido en la disposición adicional tercera de la Ley 22/2021, de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) para 2022 y carece de devengo de intereses.
La cartera que dirige José Luis Escrivá se financia con cargo a los recursos del sistema, principalmente cotizaciones de trabajadores y empresas.
En los meses de junio y noviembre, la Seguridad Social abona conjuntamente la nómina ordinaria y extraordinaria de las pensiones, un desembolso que supera los 21.000 millones de euros.
La ministra portavoz, Isabel Rodríguez, ha afirmado que el expresidente catalán Carles Puigdemont debe volver a España para cumplir con la Justicia al estar acusado de delito de sedición, tras aludir éste a que ha mantenido durante estos años en Bélgica contactos con cargos del PSOE.
Además ha acusado al PP de utilizarle como "argumento de autoridad" para tratar de justificar su ruptura de las negociaciones sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Y en este sentido ha criticado que es "elocuente" que los populares conservadores y Puigdemont recurran el uno a otro para tratar de justificar sus posiciones.
Así se ha pronunciado en rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros al ser preguntada por las recientes declaraciones de Puigdemont, quien ha sostenido que durante estos años ha recibido a "gente del PSOE" y que le prometieron "expectativas de un buen trato, vía reforma del Código Penal, y un indulto", aunque siempre condicionado a que compareciera al Tribunal Supremo.
El déficit conjunto de la Administración Central, la Seguridad Social y las comunidades autónomas, excluida la ayuda financiera, se situó en 25.490 millones de euros en los ocho primeros meses del año, lo que supone el 1,95% del PIB y un descenso del 57,8% respecto al mismo periodo del año anterior.
Si se incluye el saldo de la ayuda a las instituciones financieras, por importe de 408 millones, el déficit público se sitúa en el 1,98% del PIB, según los datos facilitados este lunes por el Ministerio de Hacienda y Función Pública.
En cuanto al déficit solo del Estado, en este caso hasta septiembre, se ha situado en 16.269 millones de euros, lo que supone un descenso del 72,2% respecto al mismo periodo del año anterior y equivale al 1,24% del PIB, frente al 4,85% existente en septiembre de 2021.
La ministra Portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, ha cargado este lunes desde la mesa del Consejo de Ministros contra el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, por el fracaso de las negociaciones para renovar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), pero ha evitado aclarar, hasta cuatro veces, si ahora el Gobierno va a rebajar las mayorías para elegir vocales, como propone Unidas Podemos, o si va a cubrir las dos vacantes del Tribunal Constitucional que le corresponden.
En la rueda de prensa del Consejo de Ministros la ministra de Política territorial ha dicho que el PP "se ha echado al monte" para tapar la "vergüenza" del fiasco de las conversaciones, y que Núñez Feijóo es "ese señor" que no llega a líder del PP, que se limita a "obedecer a los más ultras" de su partido y con el que no se puede "ni jugar al parchís".
Frente a esa irresponsabilidad en la que sitúa al PP, Isabel Rodríguez ha proclamado que el Gobierno sí va "a cumplir con la Constitución", pero sin detallar cómo: ni ha aclarado si va a cambiar el método de elección de los miembros del CGPJ ni ha confirmado que va a cubrir ya las dos plazas que se le reservan en el TC.