Los países de la Unión Europea se resisten a tomar una decisión sobre la petición española de oficializar el uso del catalán, euskera y gallego en la Unión Europea hasta que no haya sobre la mesa un dictamen jurídico del Consejo de la UE sobre las consecuencias de la medida y un análisis de su impacto económico y práctico en el funcionamiento del bloque.
Así ha quedado patente tras 40 minutos de discusión en la reunión de ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea celebrada en Bruselas y que ha concluido sin que el asunto se sometiera a votación, porque las delegaciones necesitan "más tiempo" para estudiar el asunto, han informado a Europa Press fuentes europeas.
Una veintena de ministros han tomado la palabra para expresar sus dudas y la presidencia de turno que ejerce España ha "tomado nota" de las posiciones de sus socios en la UE y anunciado que el Consejo "retomará el asunto en una reunión futura", sin aclarar los plazos, han señalado las fuentes.
Ninguno de la veintena de ministros que este martes tomaron la palabra en la reunión en Bruselas para abordar la oficialidad de las lenguas cooficiales españolas pidió al Gobierno en funciones que priorizara la introducción del catalán sobre el euskera y el gallego para agilizar su oficialidad, porque sus dudas se centraron en el precedente legal que crearía el reconocimiento de lenguas oficiales y en sus consecuencias financieras y prácticas para el bloque, según Europa Press.
Así lo han explicado distintas delegaciones consultadas en Europa Press a lo largo de la jornada en la que el Consejo de ministros europeos de Asuntos Generales aplazó sin fecha su decisión sobre la petición española, a la espera de conocer información precisa sobre los aspectos jurídicos, prácticos, económicos y políticos de modificar el reglamento común que rige el uso de las lenguas oficiales en la Unión Europea.
Ahora le corresponderá a España, en tanto que presidencia de turno de la Unión Europea, dar seguimiento al expediente dentro de los grupos de trabajo que existen en el Consejo cuando dispongan de los informes financieros y legales que le piden el resto de socios para estudiar a fondo la petición.
Los ministros dedicaron cerca de 40 minutos a examinar la posibilidad de reconocer como lenguas oficiales el catalán, el euskera y el gallego sin que al final se sometiera la cuestión a votación, dado que quedó patente que una vasta mayoría pidió más tiempo y cifras claras para sustentar el análisis.
Al término, el ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, explicó a la prensa que en la sala había "propuesto iniciar el despliegue primero con el catalán y, seguidamente, con las otras dos lenguas". También afirmó que "en absoluto" se trata de una forma de discriminación hacia el gallego y el euskera porque España defiende la oficialidad "de las tres", pero este gesto pretende responder a las dudas de "parte de los Estados miembro" preocupados por el impacto de "tres lenguas de una sola vez".
El Partido Popular ya ha avanzado este martes, junto cuando falta una semana para el debate de investidura del líder de su partido, Alberto Núñez Feijóo, que "en principio" no va a utilizar los pinganillos en el Pleno del Congreso, según han señalado fuentes de la dirección nacional de la formación.
El Pleno del Congreso ha dado vía libre este martes a la tramitación de la reforma del Reglamento de la Cámara para permitir el uso de las lenguas cooficiales no sólo en las intervenciones parlamentarias sino también en la presentación de iniciativas, y lo ha hecho con el voto en contra del PP, Vox y Unión del Pueblo Navarro (UPN), tras la primera sesión plenaria plurilingüe de la historia del parlamentarismo español.
En la sesión de este martes ningún diputado del PP ha empleado los auriculares que traducen el catalán, el euskera y el gallego al español, si bien muchos de ellos --incluido Feijóo-- han mirado en algunos momentos las pantallas colocadas en el hemiciclo y en las que podían leerse las intervenciones de los oradores en castellano. Y eso mismo podrá hacer Feijóo y el Grupo Popular la próxima semana para seguir las intervenciones de los diputados que, durante el debate de investidura fijado los días 26 y 27 de septiembre empleen las lenguas cooficiales desde la tribuna de oradores.
"Nosotros no vamos a utilizar el pinganillo. En principio, no lo vamos a utilizar", han señalado fuentes del PP ante ese debate de investidura, en el que no se verá por tanto esa foto de la bancada 'popular' utilizando los auriculares. Los 'populares' no consideran "buena imagen para el parlamentarismo español que en el Congreso estén con pinganillos" cuando hay una lengua común con la que se entienden todos. "Esto va contra lo común y resquebraja lo común", han añadido las mismas fuentes.
La comisión de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda del Parlamento andaluz ha aprobado este martes, con los doce votos a favor de PP-A y Vox, y el rechazo de los siete representantes del PSOE-A, Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante Andalucía, el dictamen de la proposición de ley para la mejora de la ordenación de las zonas agrícolas del Condado de Huelva, en los términos municipales onubenses de Almonte, Bonares, Lucena del Puerto, Moguer y Rociana del Condado, según Europa Press.
PP-A y Vox han aprobado el dictamen de esta iniciativa tras aceptar, además, la inclusión de una enmienda "técnica" presentada por el Grupo Popular, y de rechazar ocho enmiendas formuladas por la federación Ecologistas en Acción Andalucía que habían sido asumidas por los grupos Por Andalucía y el Grupo Mixto-Adelante, y ante las que se han abstenido los representantes del PSOE-A.
La aprobación del dictamen de esta proposición de ley registrada por PP-A y Vox para regularizar zonas de regadío de dichos cinco municipios situados al norte de la Corona Forestal de Doñana, es el paso previo para que la norma se debata y apruebe de forma definitiva en el Pleno del Parlamento, algo que está previsto que ocurra en la sesión que se celebrará la próxima semana, entre el miércoles día 27 y el jueves 28 de septiembre, según avanzó este pasado lunes el portavoz del PP-A en la Cámara andaluza, Toni Martín.
El pasado viernes, 15 de septiembre, la ponencia constituida para la tramitación de esta proposición de ley aprobó el informe de esta iniciativa, a la que quedaron incorporadas doce enmiendas planteadas por el Grupo Popular, todas ellas de carácter técnico, relacionadas con la forma u ordenación del texto, y que van en la línea de los cambios que planteaba el informe jurídico de valoración de la norma.
Iñaki García Arrizabalaga, hijo de Juan Manuel García Cordero, asesinado por los Comandos Autónomos Anticapitalistas el 23 de octubre 1980, y Josu Elespe, hijo del concejal socialista de Lasarte-Oria, Froilán Elespe, asesinado por ETA el 20 de marzo de 2001, han afirmado que el documental 'No me llame Ternera', en el que el exdirigente de ETA José Antonio Urrutikoetxea, es entrevistado por el periodista Jordi Évole "no blanquea" a la banda terrorista.
Ambos se han pronunciado a través de las redes sociales sobre esta película, cuyo estreno tendrá lugar este viernes en el Festival de Cine de San Sebastián, después de que víctimas del terrorismo hayan mostrado su rechazo a esta entrevista al considerar que "blanquea a ETA", y hayan pedido su retirada de la programación del certamen donostiarra.
En el caso de García Arrizabalaga, explica que este pasado lunes pudo ver 'No me llame Ternera" y afirma que "no es un documental en el que se blanquee a ETA" y que le resultó "un poco largo". A su juicio, Francisco Ruiz Sánchez, víctima de un atentado de 'Josu Ternera', "muestra infinita más dignidad humana" que el exdirigente de ETA "y eso que sale en cámara diez veces menos".
Según apunta, Urrutikoetxea "va a lo suyo: trata de justificar lo injustificable". "Dice auténticas burradas para cualquier mente en su sano juicio", afirma, al tiempo que considera que "es lógico que para una víctima del terrorismo sea hiriente escuchar estas burradas".
En esa línea, señala que el dirigente de la banda terrorista "aplica dos varas de medir: una para el atentado que tuvo su familia (se emociona al recordarlo) y otra para los que cometió ETA (mirada fría y distante, justificación racional)". "Será mi percepción, pero Josu Ternera tiene una expresión, un rictus agresivo en la cara que asusta. Parece que está permanentemente cabreado", añade.
La vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos y Transformación Digital en funciones, Nadia Calviño, ha defendido este martes que no existe una discriminación del Gobierno al gallego y al euskera, tras ofrecer al resto de países de la Unión Europea aplazar el reconocimiento de esas dos lenguas y comenzar con la oficialidad del catalán en un intento por acelerar el proceso en el seno de la UE, según informa Europa Press.
En declaraciones desde el Parlamento Europeo antes de presentar las prioridades de la presidencia española del Consejo de la UE para el semestre europeo, Calviño ha afirmado que priorizar el reconocimiento del catalán como lengua oficial de la UE resulta una "solución de compromiso" frente a los Estados miembros preocupados por el coste de incluir tres lenguas de golpe al reglamento de la Unión.
"Se tiene que plantear una solución de compromiso para ir avanzando con aquella lengua que tiene más número de hablantes, pero no hay ningún tipo de discriminación. La solicitud del gobierno de España se refiere a las tres lenguas", ha apuntado.
Calviño ha insistido en que España pide la consideración "por igual de todas las lenguas cooficiales". "Tan importante es el gallego, el euskera o el catalán. No cabe ninguna duda", ha remachado, para insistir en que Europa se construye sobre la "diversidad" y el respeto a las distintas culturas y lenguas, pese a admitir que ya hay "un gran número de lenguas oficiales" en la UE.
El presidente de Vox, Santiago Abascal, ha arremetido este martes contra el portavoz del PP y vicesecretario de Cultura y Sociedad Abierta, Borja Sémper, por utilizar el euskera en algunos momentos de su intervención en el Pleno del Congreso para oponerse al uso de las lenguas cooficiales, después de afirmar que los 'populares' no las utilizarían para "no hacer el canelo", según recoge Europa Press.
Sémper ha explicado que con su intervención "mínimamente bilingüe" en la primera sesión plenaria en la que se han podido usar el catalán, el gallego y el euskera ha querido reflejar lo que ya se podía hacer en el Congreso, para añadir que el PP no van a hacer "cosas raras" ni "patochadas" ni participar en este "teatro".
"Me ha sorprendido que se llame canelo a sí mismo, porque precisamente ayer dijo que el uso de las lenguas regionales en esta cámara sería como hacer el canelo y que ellos no iban a hacerlo", ha indicado Abascal en declaraciones a los medios en el pasillo del Congreso tras la sesión.
Vox se ha opuesto a la reforma del Reglamento de la Cámara Baja que posibilitará a los diputados utilizar las lenguas cooficiales en sede parlamentaria y sus diputados han abandonado el hemiciclo durante el debate dos ocasiones. La segunda vez ha sido precisamente al escuchar a Sémper utilizar el euskera.
El PSOE, Sumar y sus socios independentistas y nacionalistas han celebrado que la normalidad lingüística haya llegado este martes al Congreso en el primer Pleno plurilingüe y han censurado que el PP rechace la reforma del Reglamento que se ha tomado en consideración para que los diputados puedan utilizar cualquier de las lenguas cooficiales en su trabajo parlamentario.
El primero en subir a la tribuna para defender esa reforma ha sido el diputado del PSOE por Lugo José Ramón Besteiro, quien ha alternado el gallego y el castellano, y se ha congratulado de que la Cámara haya decidido "normalizar lo que ya es normal para millones de ciudadanos" bilingües aplicando una medida que, ha subrayado, es perfectamente constitucional, está vigente desde hace años en el Senado y va a acercar la institución a la ciudadanía.
Besteiro ha admitido que esta medida se podía haber tomado antes pero que se ha hecho en el momento en que se han dado todas las circunstancias para ello. A su juicio, no hay motivos "tecnológicos o presupuestarios" para oponerse a esta decisión y "merece la pena" adaptar la Cámara a esta circunstancia y que los diputados utilicen "pinganillos". A quienes se oponen a la reforma, les ha recordado que "la uniformidad no garantiza la cohesión".
El BNG ha advertido que será "beligerante" para defender que se permita el uso del gallego en el Parlamento europeo y que no permitirá "ninguna rebaja del estatus de reconcomiento" de la lengua propia de Galicia.
Así lo ha manifestado el diputado nacionalista Luis Bará a preguntas de los medios en las comparecencias de prensa tras la junta de portavoces de este martes, jornada en la que el Gobierno, a través del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, priorizase conseguir primero la oficialidad en Europa del catalán y, más tarde, proseguir con la del gallego y el euskera.
Para el Partido Popular de Galicia, que se opone a permitir que las lenguas cooficiales puedan ser empleadas en el Congreso y en el Europarlamento, las intenciones del Ejecutivo central revelan que el PSOE "le da más importancia a una lengua sobre otra en función de los votos para la investidura" de Pedro Sánchez.
El Congreso de los Diputados ha aprobado este martes con 176 votos a favor tramitar la reforma del reglamento de la Cámara Baja para que se permita el uso del catalán, el gallego y el euskera en el hemiciclo.
La eurodiputada del BNG, Ana Miranda, ha advertido de que "no hay lenguas de primera y de segunda, sino que son todas de primera" ante la idea del Gobierno español trasladada por el ministro Albares de priorizar el catalán en la implantación en Europa en detrimento de hacerlo al tiempo con el resto de las lenguas cooficiales.
"Lamentamos la decisión del Gobierno español transmitida en el Consello de la Unión Europea de priorizar unas lenguas sobre otras", ha manifestado Ana Miranda, tras conocer el resultado de la reunión de los ministros de Asuntos Generales de la Unión Europea.
En este sentido, la eurodiputada ha reclamado "igualdad de trato" para el gallego, al recalcar que para el BNG "no hay lenguas de segunda" y esa ha sido "una decisión unilateral del Gobierno español".