Decenas de profesionales sanitarios de Madrid apoyan en la calle al comité de huelga encerrado por segundo día

El Partido Popular ha registrado este viernes, ante el Tribunal Constitucional (TC), una ampliación de su recurso de amparo por la tramitación de la proposición de ley del PSOE y Unidas Podemos para derogar la sedición y rebajar la malversación, "mediante la que pretenden reformar dos leyes orgánicas -una del Tribunal Constitucional y otra del CGPJ- vía enmiendas de adición", han informado fuentes del Grupo Parlamentario del PP (GPP) en el Congreso

En este escrito, los conservadores han adjuntado el acta de la reunión de la Mesa de la Comisión de Justicia en la que se recoge que los letrados daseguraron que hay enmiendas que podrían "no tener una conexión material" además de no guardar "relación de homogeneidad mínima" con la proposición de ley, ha explicado el PP. Según la formación que dirige Alberto Núñez Feijóo, el presidente de la Comisión "obvió dichas advertencias y rechazó la petición del GPP de no incluir dichas enmiendas".

Los conservadores indican también que, aunque el dictamen de la proposición de ley fue votada en el Pleno del Congreso, su petición de amparo era referente al trámite parlamentario, "por lo que el traslado de la iniciativa al Senado para proseguir su curso parlamentario no impide que el Alto Tribunal pueda actuar". "Con ello, el GPP pretende defender los derechos fundamentales de los parlamentarios para que se cumplan con todas las garantías. Esto es creer en el Estado de derecho y defenderlo", han defendido las fuentes.

El Congreso de la República de Perú ha rechazado este viernes la reforma constitucional para el adelanto de elecciones presidenciales para abril del año 2024, tal y como había propuesto esta misma semana la jefa de Estado, Dina Boluarte.

La reforma constitucional formulada apuntaba al adelanto de elecciones generales para diciembre de 2023, y el recorte de los mandatos presidencial y parlamentario hasta el 30 de abril del año siguiente.

La medida tan solo ha recabado el apoyo de 49 congresistas, mientras que otros 33 se han manifestado en contra y 25 más se han abstenido, quedando muy lejos de las cifras requeridas para sacar adelante una reforma constitucional, recoge la emisora RPP.

Unidas Podemos ha pedido este viernes que el Tribunal Constitucional suspenda su pleno extraordinario del lunes por "haberse quedado sin objeto" el recurso del PP reclamando la suspensión cautelarísima de la votación de la reforma del Código Penal, pues el Congreso ya votó y continuó así el curso parlamentario de la norma.

En un escrito dirigido al tribunal de garantías, al que ha tenido acceso Europa Press, la formación morada ampara esta solicitud fijándose en el propio recurso del PP en el que se solicitaba una suspensión cautelarísima habida cuenta de que se iba a se producir el jueves 15 de diciembre la votación en el Pleno del Congreso y, de no acordarse la paralización solicitada "el perjuicio será irreparable y el objeto de este procedimiento perderá virtualidad".

Según Unidas Podemos, el PP no añadió a esta petición "ninguna otra de suspensión cautelar del trámite de la ley", por lo que, a su juicio, "es evidente que el recurso ha quedado sin objeto y, por lo tanto, el Tribunal Constitucional no tiene nada sobre lo que decidir".

La ministra de Educación de Perú, Patricia Correa, y su homólogo de Cultura, Jair Pérez, han presentado este viernes su renuncia al cargo como respuesta a la muerte de manifestantes civiles en el marco de las protestas violentas en favor del expresidente Pedro Castillo.

"Nuestro país enfrenta una crisis política de grandes dimensiones que demandan convicciones democráticas, respeto al orden y a la vez a la integridad física y a la vida de cada ciudadano peruano, que lamentablemente se han visto vulneradas en las últimas horas", ha dicho Correa en un comunicado.

Asimismo, en su perfil de Twitter —donde ha compartido el escrito— la ya exministra de Educación ha aseverado que "la muerte de connacionales no tiene justificación alguna" y ha recriminado a las fuerzas del Estado el uso de la violencia "desproporcionada y generadora de muerte".

El Partido Popular y Vox han pedido este viernes a la Mesa del Senado que frene la tramitación de la reforma del Código Penal, que modifica el Tribunal Constitucional, deroga el delito de sedición y cambia las penas por malversación, y que se llevará a cabo en la Cámara Alta el próximo martes 20 de diciembre, un día después del pronunciamiento del tribunal de garantías sobre la petición del PP para frenar el curso parlamentario de la norma.

Los 'populares' han solicitado, en un escrito al que ha tenido acceso Europa Press, la suspensión de la tramitación de la proposición de ley en el Senado esgrimiendo, entre los argumentos, el "evidente fraude de Ley" que supone no tramitarlo como proyecto de ley para "evitar la literalidad del artículo 561 de la Ley Orgánica del Poder Judicial" y "no recabar los informes pertinentes del Consejo General del Poder Judicial, del Consejo Fiscal, y del Consejo de Estado".

El grupo parlamentario que dirige Javier Maroto también ha criticado la urgencia de la tramitación porque, según ha explicado, es "incomprensible" que en una reforma "tan importante para la salvaguarda de nuestro ordenamiento Constitucional" se impida su trámite "de conformidad con los plazos ordinarios".

Las recusaciones planteadas por Unidas Podemos contra el presidente del Tribunal Constitucional, Pedro González Trevijano, y el magistrado Antonio Narváez podrían dar lugar a la suspensión del procedimiento que se sigue en estos momentos en el TC por el recurso del PP para frenar la tramitación parlamentaria de la reforma del propio tribunal, por lo que, si se discuten en el Pleno señalado para el próximo lunes, permitirán al Senado aprobar definitivamente la reforma.

UP ha solicitado apartar a González-Trevijano y Narváez alegando que tienen un "interés directo" en que no se renueve el TC porque son los dos magistrados que sustituirán los dos candidatos designados por el Gobierno —el ex ministro de Justicia Juan Carlos Campo y la ex alto cargo de Moncloa Laura Díez— una vez se consume la reforma ideada por los 'morados' y el PSOE en dos enmiendas incorporadas a la proposición de ley para derogar la sedición.

Según las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, estas recusaciones son la principal baza para impedir que en el Pleno extraordinario fijado para las 10.00 horas del 19 de diciembre la mayoría conservadora del TC —seis de once magistrados— admita las medidas cautelarísimas reclamadas por el PP en el recurso de amparo que presentó el pasado miércoles contra dichas enmiendas.

La líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha anunciado este viernes que está a punto de cerrarse una lista de consenso para la asamblea extraordinaria que el partido celebrará en enero en la que no estará en cabeza ni el vicesecretario general del partido, Edmundo Bal, ni ella, que sólo figurará en la última plaza de modo simbólico.

En una rueda de prensa en el Congreso, la presidenta del partido ha indicado que esa candidatura está "muy avanzada", que se hará pública en los próximos días y que dará "protagonismo a quienes se van a partir la cara por el proyecto liberal" en las elecciones locales y autonómicas del próximo mes de mayo.

"Bal y yo somos referentes, ya somos conocidos y tenemos protagonismo. Ahora es el momento de darle atención a otros compañeros que tienen muchísimo talento, incluso más que nosotros, que están preparados para encabezar esta nueva etapa y se lo van a jugar todo en mayo", ha enfatizado Arrimadas. Cuando Bal se postuló para liderar Ciudadanos, ella insistió en apostar por esa lista de unidad, pero anuncio que se presentaría si no había unidad y él no renunciaba a su candidatura.

El número de personas hospitalizadas por Covid-19 en España ha crecido un 6,33% en la última semana. Por su parte, la cantidad de pacientes en UCI ha crecido un 10,7% respecto al viernes pasado y se han constatado un total de 122 fallecidos.

En concreto, Sanidad ha informado este viernes de 4.431 personas hospitalizadas en España actualmente, 264 más que el viernes anterior. Mientras, este viernes hay 269 personas en UCI, 26 más que el pasado viernes.

El líder de Más País, Íñigo Errejón, ha reclamado al Tribunal Constitucional que vuelva al "sentido común", dé un "paso atrás" y tome la decisión "correcta" de no suspender la reforma que desbloquea su renovación antes de que se apruebe en el Senado, dado que si finalmente ocurre sería "muy grave" y requeriría una reflexión por parte de las Cortes Generales "para hacerse respetar".

En declaraciones a los medios en el Congreso, el diputado también ha acusado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, de sumarse a la "retórica golpista", que hasta ahora solo proclamaban los "reaccionarios", porque es "peligroso" para el país que la oposición empiece a cuestionar la "legitimidad" de las urnas, del Gobierno y el Congreso.

Durante su comparecencia, Errejón ha criticado que ayer se bordeo una "peligrosa crisis institucional, constitucional y democrática" con la posibilidad de que el actual TC, con "mandato caducado" y con mayoría "al servicio del PP", intentó "amordazar" al Congreso con la convocatoria de un pleno antes de que la cámara aprobara la proposición de ley sobre su reforma. No obstante, ha destacado que afortunadamente no dio ese paso al aplazar al lunes la deliberación de la suspensión cautelar de estos cambios planteada por los populares.

Eso sí, ha manifestado que es "sorprendente" y no supone una buena señal que el Constitucional, que tarda años en dictaminar muchos recursos y resolvió tras una década el presentado contra el matrimonio homosexual, actúe con tanta celeridad y sospecha que es una decisión "marcadamente política".

El expresidente de la Generalitat de Cataluña Carles Puigdemont comparecerá como testigo ante el Tribunal de Cuentas en el juicio por el procedimiento que se sigue contra una treintena de excargos del Govern --incluido él mismo-- por el supuesto desvío de fondos para los gastos del 1-O y de la acción exterior enmarcada en el procés. No se ha especificado la forma en la que declarará.

En la audiencia previa celebrada este viernes, la consejera del Departamento Segundo de la Sección de Enjuiciamiento del Tribunal de Cuentas, Elena Hernáez Salguero, ha acordado la testifical de Puigdemont, aunque no a petición de la defensa del dirigente -a cargo de Gonzalo Boye-, sino de otra de las partes como elemento de prueba de cara al juicio.

Fuentes del órgano fiscalizador han precisado a Europa Press que la normativa del tribunal no permite a la consejera acceder a que un abogado llame a declarar a su defendido. En este caso, como otra de las partes ha pedido la comparecencia de Puigdemont, la consejera ha aceptado que éste declare. Así, el expresidente catalán declarará en calidad de testigo y no de demandado.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, ha señalado este viernes en Cáceres que "faltan muy pocos días" para conocer si el Gobierno va a prorrogar el descuento de 20 céntimos por litro de carburante o si aprueba alguna medida que alivie los bolsillos de los ciudadanos frente al alza de precios de los alimentos.

Montero ha realizado estas manifestaciones en Cáceres, donde este viernes, junto a la comisaria de Cohesión y Reformas de la UE, Elisa Ferreira, ha presentado el Acuerdo de Asociación de España 2021-2027 y firman una declaración conjunta, en el auditorio del Museo Helga de Alvear.

La ministra ha insistido en que el Gobierno siempre ha mantenido que "mientras el alza de precios persistiera, íbamos a desarrollar iniciativas que permitiera a los ciudadanos aliviar las economías domésticas y la situación de las pequeñas y medianas empresas".

En este sentido, ha indicado que "se están ultimando medidas y analizando la evolución del mercado energético y del barril del petróleo, y eso determinará si seguimos prorrogando esa medida o la sustituimos por alguna otra media que haga más hincapié en aquellos productos que más agudizan la situación de inflación, como pueden ser los alimentos", ha recalcado.

Asociaciones judiciales conservadoras han rechazado este viernes las "graves" palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, que ha calificado de "intento de atropellar la democracia" por parte de la "derecha jurídica" el hecho de que el Tribunal Constitucional (TC) convocase un pleno de urgencia para discutir el recurso del PP a la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación y modifica la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"Eso es absolutamente deleznable. Merece ser puesto de manifiesto. Es peligroso poner a prueba un sistema que funciona bien", ha advertido el miembro ejecutivo de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM) Juan José Carbonero que ha rechazado "de plano las cuanto menos desahogadas declaraciones" del jefe del Ejecutivo.

"Tendrá que identificar a quién reconoce por derecha jurídica. Es una muestra más de un intento de polarización de quienes forman y conforman las instituciones del país. Está dentro de un debate político interesado. El responsable de las palabras es quien las dice. Tendrá que explicar los motivos de una polarización y unas tensiones innecesarias", ha sostenido.

Por su parte, el presidente de Foro Judicial Independiente (FJI), Fernando Portillo, ha calificado de "muy graves" las declaraciones de Sánchez, que debería "conocer cómo funcionan los mecanismos de la Constitución española". "El TC tiene la obligación de pronunciarse cuando se le solicita amparo", ha recordado.

En este contexto, ha señalado que el Constitucional no puede negarse a responder a la citada petición de amparo. "¿Qué va a ser lo siguiente, cambiar al ley para que los diputados no puedan pedir amparo? Tendrá que entrar a resolver. Los derechos de los parlamentarios son derechos de los españoles. Si nuestros representantes entienden que están siendo soslayados sus derechos al final es el ciudadano el que esta detrás", ha explicado Portillo.

En cambio, para el miembro del Secretariado de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) Edmundo Rodríguez "lo importante es destacar que el TC no puede intervenir en el proceso legislativo". "Lo que ha planteado el PP provoca este tipo de reacciones. Tenemos un problema y es que el TC no se está renovando por el CGPJ", ha destacado.

El portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria (AJFV), Jorge Fernández Vaquero, considera que estas declaraciones encuentran su base en "un problema de incapacidad de los políticos que están en el Gobierno, en el Congreso y en el Senado". "Se han demostrado incapaces de tomar decisiones que permitan dar una salida normalizada a los problemas que tiene el país. Como son incapaces están utilizando las instituciones del Estado para lograr dar salida a sus iniciativas por vías heterodoxas. Están llevando al sistema constitucional al límite y están jugando con fuego", ha advertido.

La Comisión Europea no quiere hacer valoraciones de la aprobación el jueves por el pleno del Congreso de la ley que suprime el delito de sedición y reforma el de malversación porque no comenta cambios legislativos mientras son propuestas de ley, si bien analizará todas las reformas que se tramiten cuando realice su evaluación anual del Estado de derecho en todos los países de la UE, informa Europa Press.

"Estamos siguiendo el asunto, pero no comentamos los proyectos de ley", ha indicado a Europa Press el portavoz comunitario de Justicia, Christian Wigand, al ser preguntado por la tramitación de la nueva ley que también modifica el sistema de elección y llegada de los dos magistrados del Tribunal Constitucional que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Por ello, ha añadido el portavoz, el Ejecutivo comunitario emplaza toda evaluación de las reformas que se tramiten en España al informe sobre el Estado de derecho que los servicios comunitarios publican anualmente para examinar la salud democrática en cada Estado miembro y que se publica habitualmente en el mes de julio.

Wigand tampoco ha querido entrar a valorar el recurso de amparo que el PP ha presentado ante el Tribunal Constitucional para tratar de frenar que las Cortes no voten las enmiendas que buscan facilitar la renovación del propio órgano de garantías porque, ha dicho, "no le corresponde a la Comisión evaluar la conformidad de las leyes nacionales con la Constitución", sino a los propios Estados miembro.

El ministro de Defensa de Serbia, Milos Vucevic, ha anunciado formalmente que ha pedido a la OTAN el permiso para el despliegue de sus fuerzas de seguridad en Kosovo, una solicitud sin precedentes desde el final de la guerra en 1999, y el cumplimiento del aviso declarado este pasado fin de semana por el presidente serbio, Aleksandar Vucic, tras el repunte de la tensión en la zona.

"He informado al presidente de la República de Serbia como Comandante en Jefe y a la primera ministra del Gobierno (...) poco antes de las 11.00 horas de la solicitud de la entrada de hasta 1.000 miembros del Ejército y la Policía en Kosovo", ha hecho saber Vucevic en Instagram.

La petición, amparada según Serbia en la resolución 1244 de Naciones Unidas, ha sido oficialmente entregada a representantes de la misión de la OTAN para Kosovo, la KFOR, en el paso administrativo de Merdare.

Vucic planteó esta opción el fin de semana pasado para proteger, según sus palabras, a la mayoría serbokosovar del norte de Kosovo, levantada en barricadas contra la detención del exagente de Policía Dejan Pantic por las fuerzas de seguridad de Kosovo, y en medio de un vacío institucional en los cuatro municipios serbokosovares del país tras el boicot declarado por los políticos afines a Belgrado.

El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha denunciado que el Gobierno y al PSOE "insulten" a los jueces llamándoles "fachas con toga" o "equiparando a los magistrados del Tribunal Constitucional con los guardias civiles golpistas" del 23-F. De hecho, ha recalcado que lo ocurrido este jueves en el Pleno del Congreso es más grave que la votación en el Parlamento de Cataluña en 2017 porque entonces, ha subrayado, el PSOE estaba con la Constitución.

"Hemos comprobado que aquellas votaciones donde se declaró la independencia de Cataluña y la desconexión de Cataluña con el resto de España de 2017 fueron menos graves que las que se produjeron ayer porque en 2017 en el Parlament de Cataluña el PSOE estaba con la Constitución y ayer el PSOE abandonó la Constitución", ha declarado Feijóo a los medios de comunicación en Valencia.

Feijóo ha subrayado la sesión plenaria de este jueves en el Pleno del Congreso "acredita" que están ante "un día negro de la democracia española" que ha puesto de manifiesto que Pedro Sánchez "no tiene límites" y su "único objetivo es resistir".

Además, ha censurado las palabras de Pedro Sánchez hablando de "complot" y ha dicho que "ese lenguaje populista es impropio de un primer ministro europeo" y "muy peligroso". Frente a eso, ha dicho que el PP va a seguir "respetando la convivencia" y la Carta Magna porque está "claro" que el Gobierno no lo hace.

El líder de Unidas Podemos (UP) en el Congreso, Jaume Asens, ha explicado que la formación plantea "recurrir a las instituciones europeas" si el Tribunal Constitucional (TC) bloquea su propia renovación en el pleno del próximo lunes.

"Una vez se ha llegado a este punto ya no puedes ir al propio TC a quejarte porque está en situación de rebeldía", ha lamentado en una entrevista en Catalunya Ràdio de este viernes recogida por Europa Press.

Asens ha considerado "no es comparable" el pleno del Congreso de este jueves sobre la derogación de la sedición y la renovación del Tribunal Constitucional (TC) con los plenos del 6 y 7 de septiembre de 2017 del Parlament.

Ha destacado que las competencias de la Cámara española distan de las de la autonómica: "Lo que está en juego es el equilibrio, la separación de poderes, el funcionamiento normal de las instituciones".

El portavoz de Unidas Podemos en el Congreso, Pablo Echenique, ha subrayado que su formación apuesta el "derecho a decidir" en Cataluña, aunque pronostica que el PSOE seguirá rechazando "cualquier tipo de un referéndum".

Así lo ha indicado a los medios en los pasillos del Congreso preguntado por la posición del presidente catalán, Pere Aragonés, quien se ha abierto a abordar una reforma de la Constitución para hacer posible la celebración de un referéndum de autodeterminación acordado.

"ERC siempre ha dicho lo mismo, el PSOE siempre ha dicho lo mismo y nosotros siempre hemos dicho lo mismo. Creo que las posiciones en esta materia son conocidas y que cada partido defiende legítimamente", ha desgranado Echenique para agregar que son partidarios de una consulta pactada.

Eso sí, ha desgranado que ante esa hipotética consulta a la población su partido abogaría por la permanencia de Cataluña en España, pero con más niveles de autogobierno para esta comunidad autónoma.

La ministra de Hacienda y Función Pública, María Jesús Montero, confía en la "cordura y el sentido común" para que la próxima semana el Senado y el Congreso de los Diputados puedan desarrollar sus "compromisos constitucionales sin cortapisas ni interferencias".

Así lo ha manifestado al ser preguntada por la situación que se produciría si el Tribunal Constitucional paraliza el lunes la ley aprobada este jueves en el Congreso que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación modifica la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

Sobre esta posible paralización, Montero ha señalado que no especula con "cuestiones futuribles", al tiempo que ha responsabilizado al PP de "oponerse" a que se puedan renovar los órganos constitucionales "porque les interesa que desde la Justicia puedan resolver cosas" que "no se lo da la política".

"Es evidente que en todo esto hay un responsable primero que es el PP", ha dicho Montero, quien ha reiterado que "siempre" ha considerado "ilegítimo" al Gobierno de Pedro Sánchez.

El presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, no contempla que el Tribunal Constitucional (TC) pueda frenar en su reunión el lunes la reforma del Código Penal, en la que abordará los recursos de PP y Vox a la ley que suprime el delito de sedición, reforma el de malversación así como la modificación de la elección de los dos magistrados del tribunal de garantías que corresponde nombrar al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).

"No es una opción", ha asegurado en una entrevista en Cadena Ser recogida por Europa Press, donde ha añadido que no se sitúa en esta posibilidad y que, llegado el caso, deberán estudiar qué elementos no afectados por los recursos del PP y Vox pueden salir adelante.

Para Aragonès, lo vivido el jueves en el Congreso es "el enésimo intento de la derecha nacionalista española de conversar el poder independientemente de las mayorías democráticas que hay".

"Están capturando organismos constitucionales impidiendo su renovación desde hace muchos años, bloqueando acuerdos políticos, y utilizando todas las maniobras, algunas de las cuales se empezaron a ensayar en Cataluña para bloquear mayorías democráticas en el Congreso", ha aseverado.