División en el CGPJ entre conservadores y progresistas sobre el informe de la Ley de Memoria Democrática

Uno de los informes a órganos consultivos sobre el anteproyecto de ley de Memoria Democrática está atascado. En el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), los dos ponentes designados no se ponen de acuerdo sobre cuál debe ser la valoración que haga el organismo sobre una de las más importantes normas que el Gobierno de coalición quiere enviar a las Cortes Generales en los próximos meses para su tramitación y aprobación definitiva. Por eso, los dos vocales, uno conservador y el otro progresista, se reunirán este lunes a instancia del presidente Carlos Lesmes para tratar de acercar posturas y llegar a un texto de consenso que enviar al Pleno del órgano de gobierno de los jueces antes de mediados de mayo.

El anteproyecto de ley llegó al CGPJ la primera semana de marzo y la enjundia de la norma llevó al organismo a designar dos ponentes: Álvaro Cuesta, vocal elegido a propuesta del PSOE, y José Antonio Ballestero, suplente de la lista del PP que sustituyó en 2018 a Fernando Grande-Marlaska cuando éste fue nombrado ministro del Interior. Su misión es analizar el borrador y plantear matizaciones o cambios en el articulado para mejorar el texto técnicamente y evitar inseguridad jurídica. No obstante, sus conclusiones, como las del Consejo de Estado y el Consejo Fiscal –los otros órganos consultivos del Gobierno en anteproyectos de ley– no son vinculantes.

Según ha podido saber infoLibre, los servicios jurídicos del CGPJ elaboraron un primer borrador de informe que entregaron a los ponentes para que éstos hicieran las apreciaciones que consideraran oportunas. Cuesta introdujo algunas matizaciones, pero en general se mostró de acuerdo con el texto para elevarlo al Pleno. Sus propuestas pasan por, por ejemplo, mejorar la definición de la parte referida a la extinción de fundaciones que hagan apología del franquismo para que la ley no choque con derechos fundamentales como la libertad de expresión.

Sin embargo, en el caso de Ballestero, su postura ha sido totalmente contraria al borrador y, por tanto, también a las propuestas del otro ponente. En general, su posición es bastante "crítica" tanto con el texto de los servicios jurídicos como con el anteproyecto de ley de Memoria Democrática en sí, según han explicado las fuentes consultadas.

Lesmes se ofrece para mediar

Visto el posicionamiento radicalmente contrario de los dos ponentes con respecto a una de las leyes que son seña de identidad del Gobierno de coalición, y para desatascar la situación –dado que ya se han pedido varias prórrogas para elaborar el informe–, Lesmes ha convocado a Cuesta y Ballestero a una reunión que ha sido fijada este lunes, 26 de abril, con la intención de acercar posturas y llevar al Pleno un solo borrador, como se hace siempre en los anteproyectos de ley.

Desde ambos sectores enfrentados se confirma este encuentro con el presidente del CGPJ, si bien rechazan entrar en la letra pequeña de las discrepancias que van a abordarse en la cita. En caso de que no se pueda alcanzar un solo texto de consenso, ambos vocales harán su propuesta por separado y las dos se discutirán en el Pleno.

Una de las posibles fechas para que los veintinún miembros del Consejo examinen el borrador o los borradores del informe definitivo podría ser el viernes 30 de abril, cuando se podría fijar un Pleno extraordinario si así lo piden al menos cinco vocales, en su caso para analizar la posibilidad de presentar un conflicto de atribuciones por la polémica reforma que impide al órgano de gobierno de los jueces realizar nombramientos discrecionales estando en funciones. De no llegar a tiempo a ese día, el Pleno volvería a reunirse el 10 de mayo para discutir y votar el informe definitivo sobre el anteproyecto ley de Memoria Democrática. Según fuentes del organismo, Lesmes se ha comprometido con el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, a tener el informe listo antes de mediados de mayo.

Auditoría del expolio, anular la justicia represiva y abrir fosas

Como su predecesora, la Ley de Memoria Histórica que impulsó el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2007, la norma que está llamada a sustituirla no estará exenta de polémica, pues es mucho más ambiciosa. Tal y como ya contó infoLibre, la ley pretende, entre otras cosas, hacer una auditoría de los bienes expoliados en la Guerra Civil y la dictadura, recoge la ilegitimidad de los tribunales políticos franquistas y la nulidad de sus resoluciones por causa ideológica, prevé que el Estado incoe de oficio la apertura de fosas y acuda a la justicia con los “indicios” de delito creando una Fiscalía especial, plantea revocar títulos nobiliarios y medallas policiales contrarios a la democracia, considera “causa de extinción” de una fundación la apología del franquismo e introduce la memoria en los institutos.

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El departamento que dirige la vicepresidenta primera del Ejecutivo, Carmen Calvo, ha sido el encargado de redactar el anteproyecto. Según manifestó el pasado mes de diciembre la propia Calvo, uno de sus principales objetivos para este año es la aprobación definitiva de la Ley de Memoria Democrática, la cual, según dijo, "aborda todos los compromisos adquiridos por el Gobierno en este ámbito, que pasan por consolidar una política de Estado que transmita la tradición y la cultura democrática en nuestro país, honrando a quienes lucharon por la libertad y aboliendo las manifestaciones de exaltación o justificación de la dictadura".

La anterior Ley de Memoria Histórica ya inició el camino de eliminar los símbolos de exaltación del franquismo, pero el proceso ha sido más lento de lo esperado. Sólo hace dos meses que la Asamblea de Melilla dio luz verde a la retirada de la última estatua de Francisco Franco que quedaba en pie en la vía pública. En las instalaciones dependientes del Ministerio de Defensa, donde quedaban multitud de símbolos en forma de placas, escudos preconstitucionales, mosaicos, vidrieras y bustos del dictador que han ido retirándose o tapándose, en caso de no poder quitarlos, a lo largo de los años. En total, más de 400 símbolos a lo largo y ancho del territorio nacional que poblaban fachadas principales, escaleras, jardines, gimnasios, pórticos, recibidores e incluso baldosas de instalaciones militares que exaltaban la figura de Franco y su victoria en la Guerra Civil y que habían permanecido inamovibles durante cuarenta años.

Pero aún queda mucho por hacer. A mediados de 2020, aún había en España más de 500 calles que mantenían nomenclatura franquista, veinticinco de ellas dedicadas al propio dictador.