El Gobierno "no se puede lavar la manos""no se puede lavar la manos" con los rebrotes [de covid-19]". Tiene la "obligación" de "coordinar, dirigir y amparar a todas las administraciones". "No se puede pasar de la alarma a no tener ningún control". "Salvador Illa –ministro de Sanidad– sigue siendo la autoridad sanitaria". El Gobierno está "sin plan y fuera de juego". Todas estas declaraciones han sido pronunciadas en las últimas horas por destacados dirigentes conservadores en el contexto de los nuevos brotes de coronavirus que van haciendo públicos las comunidades autónomas. Y contrastan de forma bastante llamativa con la forma en la que el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, se opuso al estado de alarma en los últimos debates parlamentarios, cuando desde el principal partido de la oposición se demandaba permitir que fuesen las comunidades autónomas las que tomasen el control de la situación.
El PP se desmarcó de las tres últimas prórrogas del estado de alarma solicitadas por el Gobierno central en el Congreso de los Diputados. En las dos últimas, el Grupo Parlamentario Popular se decantó por el voto en contra. Y en la anterior, se abstuvo. Era 6 de mayo y, antes de informar al Pleno del Congreso de que sus diputados no iban a oponerse a la iniciativa, pero tampoco iban a votar 'sí', el jefe de los conservadores hablaba de "dictadura constitucional".
"La situación de excepción no permite el establecimiento de una dictadura constitucional. Esto no lo digo yo, lo dice Manuel Aragón, que fue magistrado del Tribunal Constitucional a propuesta de su partido", sostuvo recuperando parte de un artículo publicado en el diario El País un mes antes.
En este mismo debate, Casado mantuvo que la Constitución y su Ley Orgánica correspondiente establecen que el estado de alarma "no puede suspender ningún derecho fundamental". Y acusó al jefe del Ejecutivo de sobrepasar esta limitación "reiteradamente". Ello, destacó, "nos ha situado en un estado de excepción encubierto". Quien así se pronunciaba hace más de dos meses, ahora reclama una mayor implicación del Gobierno en la gestión de la crisis post covid-19 y en la de los rebrotes. "Llevamos reclamándolo muchas semanas", señaló este fin de semana en un acto de partido de Alicante, el mismo escenario en el que consideró que Sánchez "no se puede lavar las manos".
"Tenemos el Gobierno que peor ha gestionado", dijo al tiempo que consideró que desde el Ejecutivo se tendría que haber organizado "un plan alternativo para que las comunidades y ciudades tuvieran eficacia y agilidad para tomar medidas".
El PP: "Es perfectamente compatible"
En el PP defienden que es "perfectamente compatible" su postura de los últimos meses con demandar ahora que el Ejecutivo coordine a las administraciones. No ven contradicción, explican las fuentes consultadas.
En este sentido, la vicepresidenta segunda del Congreso y exministra de Sanidad Ana Pastor consideró este mismo lunes que "no se puede pasar de la alarma a no tener ningún control, del confinamiento absoluto a decirle a las autonomías 'tú te lo guisas y tú te lo comes", informa Europa Press.
Pastor, que es portavoz del PP en la Comisión para la Reconstrucción Económica y Social, consideró en un encuentro digital organizado por Nueva Economía Fórum que "se ha avanzado muy poco" en lo que tiene que ver con el "sistema de detección".
No obstante, son las comunidades autónomas las que tienen la responsabilidad de tener a punto un sistema eficaz de rastreadores. infoLibre ha informado de que aunque el Ministerio de Sanidad no establece una ratio respecto al número de rastreadores necesarios, pocas comunidades se acercan a las recomendaciones de contar con entre quince y treinta técnicos por cada 100.000 habitantes.
Territorios como la Comunitat Valenciana y La Rioja cumplen, mientras que otras como Madrid y Cataluña se quedan lejos de los parámetros deseables.
Del brote de A Mariña y el salto a fase 1 de Madrid
Hace un par de semanas, en la recta final hacia las elecciones autonómicas gallegas y vascas, el PP tampoco veía grandes impedimentos a la hora de que el brote detectado en A Mariña (Lugo) fuese un obstáculo para la jornada electoral. De hecho, el propio líder del PP consideró que era más seguro ir a votar el 12J que tomarse un café en un "bar concurrido". Por estos días, los partidos de la oposición en el Parlamento gallego demandaban la convocatoria de una diputación permanente para estudiar si podía mantenerse la votación. Lo hicieron sin éxito, porque el PP, grupo mayoritario, no accedió a ello.
Para este episodio en concreto, los conservadores no hicieron apelaciones al Gobierno central como las que se escuchan estos días. Fue el Ejecutivo de Pedro Sánchez el que reclamó al presidente autonómico que adoptas las medidas necesarias para hacer posible esa jornada electoral con seguridad.
Por su parte, el que después se convertiría en protagonista del 12J, al haber logrado su cuarta mayoría absoluta consecutiva, aprovechó los mítines del cierre de campaña para animar a los gallegos a votar frente al "miedo".
El salto de Madrid a la fase 1 de desconfinamiento también supuso una serie de tensiones entre el PP y el Gobierno central, llegándose incluso a ver la negativa inicial de Sanidad como un castigo político a la presidenta Isabel Díaz Ayuso, una de las dirigentes conservadoras más críticas con Pedro Sánchez desde el estallido de la pandemia.
En este caso, el líder del Partido Popular también salió en defensa de una de las comunidades autónomas gobernadas por su partido con el argumento de que había que "reactivar" el país. "El Gobierno sigue dudando del pase de fase de Madrid y apoyamos la reivindicación de su presidenta", declararía Casado el 15 de mayo en el Ayuntamiento de Madrid, en el marco de los actos por la festividad de San Isidro, patrón de la ciudad.
La posición de la dirección nacional del PP respecto a las prórrogas del estado de alarma no siempre ha sido compartida por todas las comunidades autónomas en manos de presidentes del Partido Popular. De hecho, la abstención por la que apostó Casado antes de oponerse a las dos últimas prórrogas hay que entenderla en esa clave, según coincidieron por aquellas fechas las fuentes consultadas por este diario. En un principio, Génova, tras hablar con los presidentes regionales parecía decantarse por el 'no'. Pero conversaciones paralelas de los barones con miembros del Gobierno hicieron que al final se virase a la abstención por el miedo a que las comunidades autónomas, de la noche a la mañana, tuviesen que asumir el control de una situación que hasta la fecha había estado en manos del mando único.
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'Pacto Cajal' por la Sanidad
En el PP defienden que llevan meses planteando al Gobierno que hay alternativas sanitarias al estado de alarma y que ellos siguen con la mano tendida para intentar que haya un pacto de estado por la Sanidad, el bautizado como Pacto Cajal, en alusión al premio Nobel.
Al mismo tiempo que piden implicación del Gobierno en la gestión de los brotes, sacan pecho de la gestión que han hecho los presidentes autonómicos durante la pandemia. Al respecto, señalan que todos ellos se adelantaron al Gobierno a la hora de proponer medidas.