El último informe policial del caso Koldo había dado abundante munición a la oposición para intensificar su ofensiva contra el Gobierno. Al fin y al cabo, era la primera vez que se apuntaba directamente al exministro José Luis Ábalos, quien fuera hombre fuerte en Ferraz y en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. E, incluso, se le situaba en una posición "relevante y de responsabilidad" dentro de la trama. Pero en el PP creyeron que había que ir un paso más allá. Y decidieron presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal. Un ataque judicial basado únicamente en un par de testimonios anónimos al que los juristas no ven recorrido: "No hay base objetiva para generar una sospecha fundada".
La formación conservadora acordó poner en marcha esta nueva ofensiva en el comité de dirección celebrado que el pasado domingo de manera extraordinaria. Una maniobra que culminaron pocas horas después con el registro ante el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional de una querella que busca impulsar una investigación sobre una supuesta financiación ilegal de la formación socialista en el marco de las pesquisas que se siguen en el mismo juzgado sobre una presunta red dedicada al fraude del IVA en el sector de los hidrocarburos. Una trama cuyo principal protagonista es, como en el caso Koldo, el empresario Víctor de Aldama.
La querella presentada ocupa una docena de páginas, cuatro de las cuales se dedican a exponer los hechos denunciados. Un relato circunstanciado que no es otra cosa que el resumen de una información publicada en The Objective en la que alguien a quien se identificaba como socio de Aldama aseguraba de forma totalmente anónima –con el rostro oscurecido y la voz distorsionada– que había llevado 90.000 euros en efectivo en bolsas de plástico a la sede socialista para facilitar la concesión de una licencia como operadora de hidrocarburos a una firma –Villafuel– que está bajo la lupa judicial en la trama de los carburantes.
La querella no aporta un solo indicio más. Ni tampoco pruebas que permitan apuntalar lo publicado. Los conservadores han tocado la puerta de la Audiencia Nacional, por lo tanto, con solo un par de testimonios anónimos en los que ni siquiera se logra identificar a la persona que supuestamente habría recibido el dinero en Ferraz. "No identifico a esa persona puesto que mi estancia en la segunda planta duró segundos", se dice en el testimonio grabado en un ambiente de penumbra. Por el momento, ni en la investigación judicial del caso Koldo ni en la de la trama de los hidrocarburos, causas que se entrelazan, hay indicios de financiación ilegal del partido socialista.
La "mera aportación de recortes"
Las fuentes jurídicas consultadas por infoLibre dan por hecho que la querella del PP no tiene recorrido. Básicamente, porque consideran que no pasa el filtro de admisibilidad. En este sentido, la doctrina del Supremo es bastante exigente. El Alto Tribunal no niega que se pueda abrir una investigación en base a información periodística. Ahora bien, se tiene que poner sobre la mesa algo que vaya más allá de la simple noticia, elementos adicionales o principios de prueba que avalen la verosimilitud de la realidad de los hechos que se contengan en la misma. "No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares, sin más constatación o acreditación", ha señalado en varios de sus autos.
Esos límites fueron los que frenaron en su día querellas contra Podemos por una supuesta financiación irregular nunca demostrada. E, incluso, una contra el exministro de Defensa Federico Trillo por un presunto delito de lesa humanidad. Esta última se apoyaba sobre una información de la revista Interviú en la que militares españoles "no identificados" que trabajaron en Base España, en Diwaniya, durante la misión de "paz y reconstrucción" de Irak narraban trato inhumano a los arrestados en aquel centro. "El querellante se limita a narrar unos hechos sustentados únicamente en la información periodística careciendo del mínimo apoyo probatorio", le reprochaba el Supremo.
Los conservadores saben que es difícil que se acepte una querella en base a recortes de prensa. Pero no imposible. En este sentido, el PP se agarra a un auto de la Audiencia de Madrid que recoge que para admitir una denuncia en base a noticias periodísticas "basta la verosimilitud, la mera posibilidad fundada, muy alejada de los indicios racionales suficientes de criminalidad que sirven para el procesamiento o prosecución" para abrir una investigación. La elección de esta resolución no es baladí. Fue dictada a finales de mayo por la Sección 23. Y supuso el primer aval a la causa iniciada por el magistrado Juan Carlos Peinado contra Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno.
Pero incluso entre esa causa y esta querella algunos juristas ven diferencias. Así, mientras aquellas diligencias tenían como base inicial elementos objetivos relacionados entre sí –cartas de recomendación de la esposa de Pedro Sánchez y contratos adjudicados–, en este caso no hay más que dos testimonios anónimos que aportan un "relato general" que no se apoya en "elementos objetivos". "No hay base para generar una sospecha fundada", considera un veterano magistrado, al tiempo que recuerda que los protagonistas de la historia ni siquiera son capaces de identificar a quien entregaron 90.000 euros en Ferraz.
¿Salir del anonimato?
El PP usa un artículo con fuente anónima para abrir otro frente judicial al PSOE por hechos que no ve la UCO
"No se puede admitir una querella en base a una mera afirmación sin más corroboración", coinciden otras fuentes jurídicas consultadas. "Eso, de manera aislada, no va a ningún lado", completan. Cosa distinta sería, por ejemplo, que además de estos testimonios se aportasen mensajes, imágenes o vídeos que viniesen a apuntalar el relato publicado en el digital la pasada semana. Una supuesta financiación ilegal a la que ni siquiera apunta hasta el momento el caso Koldo. Y eso que en el mismo se han intervenido dispositivos electrónicos y teléfonos. Entre ellos, el de Víctor de Aldama, a quien los testimonios anónimos señalan como el impulsor de esos pagos en Ferraz.
Otra cosa que podría cambiar todo, señala uno de los penalistas pulsados, es que una de esas personas que salen con la voz distorsionada se presenten ante la justicia y pongan sobre la mesa el mismo relato de hechos: "Ese testimonio ya sería un indicio". También el magistrado encargado de estudiar querella –en este caso Santiago Pedraz– podría llamar a quienes firman la información en The Objective para pedirles que identifiquen a quienes dicen haber llevado bolsas de dinero a Ferraz, una diligencia que ni siquiera el PP pide en su querella. Lo lógico, sin embargo, es que el medio no revele las fuentes y que, por tanto, sea imposible contrastar nada, avocando el asunto al archivo.
Pero las fuentes judiciales y jurídicas consultadas no creen siquiera que se vaya a hacer esa gestión. Dan por hecho que la querella será inadmitida de plano: "En la Audiencia Nacional son más o menos serios". Pero para eso aún habrá que esperar. Por el momento, el titular del Juzgado de Instrucción nº5 ha dado traslado del escrito del PP a la Fiscalía Anticorrupción para que informe sobre el mismo. Se trata del paso previo a que Pedraz decida si abre o no diligencias de investigación contra el PSOE por supuesta financiación ilegal, cohecho y tráfico de influencias.
El último informe policial del caso Koldo había dado abundante munición a la oposición para intensificar su ofensiva contra el Gobierno. Al fin y al cabo, era la primera vez que se apuntaba directamente al exministro José Luis Ábalos, quien fuera hombre fuerte en Ferraz y en el primer Ejecutivo de Pedro Sánchez. E, incluso, se le situaba en una posición "relevante y de responsabilidad" dentro de la trama. Pero en el PP creyeron que había que ir un paso más allá. Y decidieron presentar una querella contra el PSOE por financiación ilegal. Un ataque judicial basado únicamente en un par de testimonios anónimos al que los juristas no ven recorrido: "No hay base objetiva para generar una sospecha fundada".