El PP usa un artículo con fuente anónima para abrir otro frente judicial al PSOE por hechos que no ve la UCO
El PP trata de incrementar la presión sobre el Gobierno en pleno seísmo por el caso Koldo. El principal partido de la oposición ha iniciado este lunes una ofensiva judicial con la que busca abrir un nuevo frente en los tribunales al PSOE por financiación ilegal, tráfico de influencias y cohecho. La querella, que se ha presentado en la Audiencia Nacional, no se apoya sobre hechos que se consideren acreditados, sino que se basa en "informaciones periodísticas" surgidas a partir de testimonios anónimos. Datos que, de momento, ni siquiera han aflorado en la investigación del caso Koldo. Y eso que en dicha causa se intervinieron teléfonos y dispositivos electrónicos.
La decisión de redoblar la ofensiva en los tribunales contra los socialistas se tomó en el Comité de Dirección del PP, reunión que los conservadores convocaron de forma extraordinaria este domingo –habitualmente se celebra los lunes– ante la "gravedad" de las novedades del caso Koldo. El encargado de poner todo en marcha ha sido el portavoz del PP, Borja Sémper. "Lo que hoy son sospechas se acabarán convirtiendo en evidencias. Y lo que hoy son evidencias se acabarán convirtiendo en información acreditada y contrastada", ha señalado el también vicesecretario de Cultura del PP tras registrar la querella contra la formación socialista.
La intención de los conservadores es que el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional abra una pieza separada por financiación ilegal en la causa que sigue por un supuesto fraude en los hidrocarburos, cuyo principal protagonista es el empresario Víctor de Aldama, considerado conseguidor de la trama Koldo. Al fin y al cabo, los hechos que se ponen sobre la mesa guardan relación, precisamente, con el negocio alrededor de los combustibles. "La singularidad que evoca la financiación irregular de un partido político requiere de una investigación específica", ha resaltado Sémper, quien considera que el Ejecutivo se va a ir "desangrando" poco a poco.
Cuando el PP habla de "sospechas" lo hace en base a una información de The Objective. Ese es, fundamentalmente, el pilar principal sobre el que se apoya la querella. Una noticia publicada el pasado jueves en la que un supuesto socio de Aldama asegura que llevó en bolsas de plástico a la sede socialista de Ferraz 90.000 euros para facilitar la concesión de una licencia como operadora de hidrocarburos a una firma –Villafuel– que está bajo la lupa en el fraude de los carburantes. Una denuncia que el socio hace de forma anónima y sin ser capaz de identificar a la persona de Ferraz que supuestamente recogió ese dinero que él llevaba de parte de Aldama.
Maniobras para una licencia, pero ni rastro de bolsas de dinero
Nada parecido ha aflorado en la investigación del caso Koldo. Ni uno solo de los informes elaborados hasta el momento por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil hace mención alguna a entregas de dinero en efectivo en la sede socialista. Sí se recoge la pretensión de Villafuel de obtener "la condición de operadora de productos petrolíferos al por mayor", que Aldama a través de Koldo promovió una entrevista de personas vinculadas a esta empresa con el Director de Gabinete del Ministerio de Industria o que esta trama fue la que compró el chalet en La Línea de la Concepción "para disfrute" del exministro José Luis Ábalos "como contraprestación" a esa licencia que, al final, no se concedió.
El instituto armado construye ese relato tras analizar la información extraída tanto de los dispositivos electrónicos requisados como de las intervenciones telefónicas realizadas, entre otros, al exasesor de Ábalos o Aldama. Se han intervenido, por ejemplo, mensajes en los que Koldo pide al director de gabinete que reciba a la gente de Villafuel. Y otros en los que personas vinculadas a dicha firma señalan que la intervención de "el grandullón" había empezado a interferir "negativamente en las gestiones para obtener la condición de operador" o se lamentan de que el ministerio finalmente les denegase el título. Pero ni una sola mención se hace sobre bolsas llenas de dinero en la sede socialista.
En el PP son conscientes de que nada en la instrucción del caso Koldo apunta por el momento hacia una supuesta financiación ilegal del partido de gobierno. Pero dan "mucha credibilidad a la investigación periodística". Y por eso han decidido acudir a la Audiencia Nacional. Habrá que ver, sin embargo, el recorrido que pueda tener la ofensiva judicial conservadora. Al fin y al cabo, el Tribunal Supremo ha limitado en los últimos años la admisión a trámite de querellas basadas exclusivamente en informaciones periodísticas: "No sirve la mera aportación de recortes de prensa o similares sin más constatación o acreditación".
Límites que, sin embargo, no han impedido a algunos magistrados impulsar causas judiciales. Es lo que ha ocurrido, por ejemplo, con la que persigue desde hace meses a Begoña Gómez, la mujer del presidente del Gobierno, por tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Aquella investigación nació de una querella interpuesta por el pseudosindicato ultra Manos Limpias y construida en base a noticias, alguna de ellas falsa –como aquella de The Objective que aseguraba que Gómez había sido beneficiaria de una subvención que, en realidad, se había concedido a la dueña de un restaurante cántabro con el mismo nombre–.
Sánchez, ¿en la cúspide?
Desde que se conoció el último informe de la UCO sobre el caso Koldo, que deja a Ábalos al borde de la imputación, el PP se ha esforzado por situar el foco sobre el líder del Ejecutivo. "Es el kilómetro cero de las autopistas de la corrupción. Si unimos todos los puntos, lo que sale es la cara de Pedro Sánchez", señalaba este domingo la secretaria general del partido, Cuca Gamarra. Sin embargo, y pese a tenerlo tan claro, la formación conservadora no ha iniciado aún ninguna acción contra el presidente del Gobierno en el Supremo. "Vamos paso a paso. Ahora hay piezas abiertas en la Audiencia Nacional en las que queremos seguir abundando, y habrá tiempo para todo", ha apuntado Sémper.
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El atestado de la Guardia Civil menciona seis veces al presidente del Gobierno en relación a dos asuntos. El primero de ellos es el viaje a España de la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, a comienzos de 2020, cuando tenía prohibida la entrada a la Unión Europea. En el informe se deja constancia de que tres días antes de su aterrizaje en Barajas, aeropuerto del que no llegó a salir, Ábalos informó a Sánchez de la llegada. "Viene en privado el lunes y quiere verme discretamente", señaló el primero. "Bien", se limitó a responder el segundo. "[El exministro] obtuvo el beneplácito del presidente del Gobierno para la visita de Delcy", interpreta el instituto armado, quien dice que tras el viaje fallido, Aldama dejó constancia del "malestar" del líder del Ejecutivo por este asunto.
Por otro lado, se hace mención a Sánchez en relación con el rescate de Air Europa. En este sentido, el informe de la UCO recoge dos mensajes que Aldama envió a Javier Hidalgo, quien fuera CEO de Globalia –propietaria de la aerolínea–, aludiendo a "el 1", que es como se referían al presidente. Entonces, con un turismo bajo mínimos por la pandemia, la compañía trataba de conseguir financiación. "Mañana a primera hora está el 1 ella la de hacienda y él y está tomada la decisión que se da", rezaba el primer Whatsapp. Según el instituto armado, se hacía mención a una reunión entre Sánchez, Nadia Calviño y Ábalos el 16 de julio de 2020. Y se daba "por sentado" la concesión del segundo crédito ICO.
Al día siguiente de aquel encuentro, Aldama escribe a Hidalgo: "Me dice K –en referencia a Koldo García– que ya le ha llamado el 1 en cuanto sepa te digo ha servido la llamada". "De lo anterior se deduce que el presidente del Gobierno se habría puesto en contacto con Ábalos, pero este último todavía no le habría comentado nada a Koldo", resume la Guardia Civil. Son las dos únicas menciones a Sánchez que constan en el informe de la Unidad Central Operativa en relación con el rescate de Air Europa. Una ayuda que también dieron otros países a sus aerolíneas en plena pandemia y que a finales de septiembre avaló el Tribunal de Cuentas.
