El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela una realidad incontestable: la sociedad española está envejeciendo de manera progresiva. Y también de forma imparable. Tal y como reflejan los datos, en enero de 2009 los mayores de 65 años suponían un 16,55% de la población total. Eran, en términos absolutos, 7.651.073 personas. Una cifra que una década después, en enero de 2019, ya ascendía a 9.104.743 individuos, es decir, un 19,4% de la población total de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que cada día son más, sufren un grado de discriminación elevadísimo. Así lo ha constatado HelpAge International España en su informe La discriminación por razón de edad en España. En él, la organización es clara: el trato discriminatorio se da en todos los ámbitos de la vida de los mayores, y todo ello por una concepción que casi todo el mundo acepta sin cuestionarse: "Se piensa que las personas mayores están en peores condiciones físicas y tienen más dificultades para entender el mundo, por lo que es adecuado que se las proteja frente a ellas mismas. Como resultado, se tiende a no cuestionar que las personas mayores reciban un trato diferenciado".
Quizá la afirmación que sostiene que las personas mayores sufren un grado de discriminación elevadísimo a priori llame la atención. Ese es el problema. En primer lugar porque no es algo que se ponga de relieve y, en segundo, porque muchos de los tratos que evidencian esa discriminación no se perciben como problemáticos. Al contrario: se perciben como comportamientos destinados a ayudar a una persona que, por su edad, tiene menos capacidades. Ahí está la raíz de la discriminación.
"El edadismo, o la discriminación por edad, es una discriminación a la que le resulta sencillo permanecer invisible. El soporte cultural sobre el que se asienta disfraza muchas de estas formas de discriminación bajo la frase de 'es por tu bien", critica Irene Vicente Echevarría, investigadora del Instituto de Derechos Humanos Bartolomé de las Casas de la Universidad Carlos III y coautora del informe junto a María del Carmen Barranco Avilés.
"En este país tenemos una normativa muy avanzada y políticas públicas muy avanzadas destinadas a evitar la discriminación de diferentes grupos, pero nunca vemos a los mayores como un grupo discriminado socialmente", añade Isabel Martínez Lozano, presidenta de HelpAge International España.
El prejuicio como base
"Con el informe que hemos realizado queríamos poner sobre la mesa del debate político y de la agenda la discriminación a las personas mayores", explica Martínez Lozano. Sobre todo, dice, porque los datos revelan que dentro de una década el porcentaje de mayores de 65 años habrá crecido de forma notable. "Reivindicamos una sociedad que genere buen trato hacia las personas mayores, más cuando hablamos de un grupo de población que va a suponer más de un 30% en el año 2030", lamenta. Por eso hay que empezar a trabajar ya. Y el primer paso, dice, es que la sociedad sea consciente de que existe esa discriminación. ¿Por qué no lo es? Según las expertas, por una cuestión social y cultural.
"La discriminación por razón de edad viene de esa consideración social peyorativa que tenemos de las personas mayores. Pensamos que cuando una persona cumple años se infantiliza y empezamos a actuar de forma discriminatoria", lamenta Martínez Lozano. Y eso no se hace con un fin negativo, sino como algo natural. "Por eso una de las medidas más importantes que tenemos que exigir es una concienciación social diferente para acabar con los estereotipos negativos asociados a la edad y revalorizar también a las personas mayores", dice Martínez Lozano.
Además, según explica Echevarría, otro de los problemas es que no se considera a las personas mayores como sujetos de derecho. Y esto tiene una explicación muy simple. "En teoría del derecho, una de las cosas que se estudian es que el titular de los derechos es un sujeto autónomo, independiente, productivo y cooperante", atributos que no se asocian, al menos no de forma general, a las personas mayores de 65 años. Una edad que tampoco es casualidad. "No es de extrañar que sea a partir de los 65 años cuando las personas empiezan a sufrir estas formas de discriminación relacionadas con la edad. Es cuando empieza la edad de jubilación", argumenta Echevarría. Y ahí es cuando "la visión cultural de nuestra sociedad comienza a ver a la persona más bien como algo improductivo, alejada de ese modelo de sujeto titular de derechos", continúa. Así, digamos, se avala la discriminación y no se plantea que exista. Ni mucho menos que haya que poner en marcha medidas para acabar con ella.
Una discriminación transversal
¿Cómo se discrimina a estas personas? Pues según el informe, dándoles un trato diferenciado en casi todos los ámbitos de la vida. "Hemos localizado ocho ámbitos de discriminación en el informe, pero se me hace muy complicado intentar jerarquizarlos", explica Echevarría. Y es que todos, al final, parten de esa visión cultural y social negativa de la edad. Y todos tienen consecuencias.
Sin embargo, la autora del informe sí que cree que hay algunos tipos de discriminación más flagrantes que otros: aquellos que están amparados institucionalmente. No hay mayor reflejo de la mala concepción de las personas mayores que el trato diferenciado que se les da desde el propio sistema. Por ejemplo, "¿por qué para ser presidenta de una mesa electoral no puedo tener más de 70 años?", se pregunta Martínez Lozano. "Hay una gran cantidad de actividades que están limitadas por razón de edad y que resultan discriminatorias", denuncia.
Pero para ella, la mayor discriminación es quizá la que tiene que ver con el empleo y la que, por tanto, provoca consecuencias económicas directas. "La crisis azotó muy duramente al empleo. Y los expedientes de regulación de empleo (ERE) y las medidas drásticas que hemos sufrido en este ámbito han castigado a las personas de mayor edad. A las personas se las ha prejubilado, jubilado y expulsado del mercado de trabajo a partir de los 50 o 55 años. Y eso ha pasado por un motivo de edad, no por un motivo de capacidad o porque sean más o menos productivos", denuncia. ¿Y qué ha provocado esto? Pues que ahora tengamos "un grupo de personas mayores de 50 años que se vieron afectadas por la crisis y que se han visto con su carrera de cotizaciones interrumpida", con las consecuencias que eso tiene para sus jubilaciones, lamenta.
Y que se vean, además, discriminadas en otros aspectos de su vida. Por ejemplo, según critica el informe, se menoscaba su capacidad de toma de decisiones. Y esto ocurre precisamente por esa visión infantilizada de las personas mayores. Se cree, de forma inconsciente, que necesitan ayuda. "España está lejos de garantizar el derecho de las personas mayores a la toma de decisiones, pues para que este derecho sea efectivo se necesita reforzar actitudes que empoderen a las personas mayores y les reconozcan capacidad para tomar decisiones", sostiene el documento.
En este sentido, tampoco se les permite tener una vida independiente, menos aun si tienen una situación de dependencia que les ha llevado a vivir en una residencia o a depender de la ayuda de un familiar o un tercero. "El derecho a la vida independiente nos posibilita escoger cómo, dónde y con quién vivir, elegir horarios, rutinas, modo y estilo de vida tanto en la esfera pública como privada. En vez de eso, las personas mayores a menudo residen en entornos residenciales en los que no se dan estas posibilidades de elección", critica el informe.
Por otro lado, según recuerda HelpAge, el derecho a la salud también es "universival e inalienable y debe ser disfrutado sin discriminación". Pero esto no se cumple con las personas mayores. Por ejemplo, se atienden menos las enfermedades crónicas derivadas de la edad y los profesionales muchas veces no se explican de manera adecuada. El sistema, por tanto, tiene que hacerse accesible. Y no sólo físicamente. La accesibilidad, señala el documento, "debe entenderse de modo que garantice que la información sea comprendida y las decisiones de salud tomadas desde un conocimiento suficiente. Los sistemas de salud deben romper con los estereotipos".
Tampoco hay que olvidar, por otro lado, que tienen derecho a la educación. El problema es que la vida, entendida como una suma de diferentes etapas, considera que la educación es un derecho que se aplica únicamente a las personas jóvenes.
La venda de la propia persona discriminada
Los mayores, a consecuencia del edadismo, son muchas veces los primeros que no identifican que los tratos que están recibiendo son fruto de la discriminación. "Si haces que el colectivo discriminado no sea consciente de que está siendo discriminado, es muy fácil seguir reproduciendo estas estructuras de discriminación", denuncia Echevarría. Por eso tampoco acceden a la justicia para denunciar tratos vejatorios. Si no los perciben como tal, ¿para qué van a denunciarlos? Según el informe, de hecho, los organismos de igualdad registran muy pocas quejas relacionadas con casos de discriminaciones por edad.
Y en este punto también influye la falta de vida independiente. "Una buena parte de la vida de personas mayores se desenvuelve en los espacios privados en los que las vulneraciones de derechos que a veces son cometidas por las personas encargadas de su cuidado pasan desapercibidas", critica el documento. De este modo, no denuncian.
Y no es porque la violencia contra las personas mayores sea escasa. Según el informe de HelpAge, "podemos considerar la violencia contra las personas mayores como las acciones u omisiones únicas o repetidas que bien de forma intencionada o negligente se cometen contra personas mayores y vulneran su integridad física, sexual, psicológica o atentando contra su dignidad, autonomía o derechos fundamentales". Según un informe publicado por la Organización Mundial de la Salud (OMS) en el año 2018, una de cada seis personas mayores sufre malos tratos en todo el mundo. Además, el 33% de los ancianos que están en residencias es víctima de abusos.
¿Cuáles son las consecuencias?
Todo esto deriva, según lamenta Echevarría, en "marginación, opresión y explotación". "Me resulta sorprendente que las personas mayores no nos sirvan a nivel social, que dudemos de su capacidad, pero a la vez sean las que cargan con una parte muy importante del trabajo de cuidados. Cuidan a sus nietos y a otras personas dependientes. Y eso es explotación porque se invisibiliza su trabajo", lamenta.
"Todo esta forma de discriminación influye en el bienestar de los mayores, en su esperanza de vida y en la cohesión social", apunta, por su parte, Martínez Lozano, que asegura también que las consecuencias de la discriminación repercuten "a la sociedad que tiene una mirada sesgada y no aprovecha el talento, la experiencia y las aportaciones que pueden hacer las personas mayores a la sociedad".
¿Qué hacer?
La situación, no obstante, tiene solución. Según Echevarría y Martínez Lozano, la primera tiene que pasar por la necesaria concienciación social. Y, una vez alcanzada, por las acciones individuales. Por ejemplo, dice, que el lenguaje sanitario no se infantilice.
Pero hay que ir más allá, sostiene Martínez Lozano. "Necesitamos que se forme a todos los activos profesionales que trabajen con personas mayores. Muchas veces son ellos los que vulneran sus derechos. Y no por un ánimo de maltratar, sino porque no son conscientes de que están discriminando", explica.
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"Y también pedimos modificaciones legales", continúa. "Por ejemplo, una Ley de Igualdad de Trato que incluya también garantía de protección contra la discriminación por razón de edad" y que en la reforma de la Constitución "se incluyan los motivos de edad como motivos antidiscriminatorios en el artículo 14", añade.
Además, también sería importante —y esto también lo resalta Echevarría— la aprobación de una Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas Mayores de Naciones Unidas. "Se trata de un instrumento necesario para conseguir la plena protección de los derechos de un grupo de población creciente en todo el mundo, que no ha sido tenido en cuenta en el diseño de los actuales sistemas de garantías", señala el informe. "En esto es frecuente que el derecho vaya por delante de la sociedad y le muestre el camino. Si nosotros vemos que existe una convención en la que se recuerdan o reconocen determinados derechos, la concienciación será más sencilla", apunta la autora del informe.
Pero además, según Martínez Lozano, hay que comenzar a diseñar las políticas públicas de manera diferente a como se ha hecho hasta ahora. "Hay que cambiar el enfoque. Que no se aborden desde la perspectiva asistencial, sino desde el derecho" de las personas mayores, sentencia.
El Instituto Nacional de Estadística (INE) revela una realidad incontestable: la sociedad española está envejeciendo de manera progresiva. Y también de forma imparable. Tal y como reflejan los datos, en enero de 2009 los mayores de 65 años suponían un 16,55% de la población total. Eran, en términos absolutos, 7.651.073 personas. Una cifra que una década después, en enero de 2019, ya ascendía a 9.104.743 individuos, es decir, un 19,4% de la población total de nuestro país. Sin embargo, a pesar de que cada día son más, sufren un grado de discriminación elevadísimo. Así lo ha constatado HelpAge International España en su informe La discriminación por razón de edad en España. En él, la organización es clara: el trato discriminatorio se da en todos los ámbitos de la vida de los mayores, y todo ello por una concepción que casi todo el mundo acepta sin cuestionarse: "Se piensa que las personas mayores están en peores condiciones físicas y tienen más dificultades para entender el mundo, por lo que es adecuado que se las proteja frente a ellas mismas. Como resultado, se tiende a no cuestionar que las personas mayores reciban un trato diferenciado".