El debate territorial
La encrucijada de Sánchez: impulsar cambios (o no) en la Constitución para resolver el problema territorial
El resultado de las elecciones del 28 de abril —que según el CIS se verá reforzado en las municipales, autonómicas y europeas del 26 de mayo— brinda a Pedro Sánchez la primera oportunidad de plantear la reforma federal de la Constitución que el PSOE asumió en 2013 para resolver definitivamente el encaje de Cataluña en España. No obstante, las posiciones antagónicas de la derecha y los independentistas anticipan que ese camino conduce, al menos de momento, a un callejón sin salida. Los socialistas lo saben, pero eso no significa que vayan a renunciar a intentarlo. De hecho se han fijado la necesidad de buscar una solución compartida por las dos terceras partes de la sociedad catalana, y eso pasa como mínimo por Esquerra, Ciudadanos, el PSC y Catalunya en Comú.
El discurso territorial que defiende en estos momentos el PSOE tomó cuerpo en julio de 2013. La decisión del PSC de defender, en septiembre de 2012, el derecho a decidir a través de una consulta “legal y acordada” abrió una crisis con el PSOE que a punto estuvo de provocar una ruptura. El entonces secretario general, Alfredo Pérez Rubalcaba, lideró la tarea de negociar y cerrar un compromiso político compartido por todos los barones socialistas en torno a la idea de una reforma federal del Estado. La Declaración de Granada, que es como se conoce el documento que nació de aquel acuerdo, sentó las bases del proyecto socialista para Cataluña y para España, “un proyecto para seguir juntos”, en palabras del propio Rubalcaba.
Aquel documento reivindicaba el Estado de las Autonomías pero reconocía la existencia de “disfunciones” en su funcionamiento. “La Constitución dejó excesivamente abiertos e imprecisos algunos aspectos esenciales del modelo autonómico, como la propia determinación de las Comunidades Autónomas, la distribución competencial entre éstas y el Estado, el modelo de financiación, la organización de las Administraciones Públicas o los mecanismos de cooperación entre ellas”, precisaba.
En aquella cita, en la que participaron algunos barones que todavía siguen al frente de sus respectivos territorios, entre ellos algunos tan significados como Emiliano García-Page. Javier Lambán o Guillermo Fernández Vara, el PSOE asumió que “el Estado de las Autonomías tiene que evolucionar, tiene que actualizarse y perfeccionarse. Y tiene que hacerlo en su sentido natural: avanzando hacia el federalismo, con todas sus consecuencias” porque “es el único punto de encuentro posible para restablecer el consenso territorial en España” frente a los partidos que defienden una recentralización y los que plantean la independencia de Cataluña.
Fue el PSOE del recién fallecido Rubalcaba el que levantó en Ferraz la bandera de una reforma constitucional dirigida a consagrar una nueva estructura “territorial de carácter federal”. Una reforma que incluyese también la transformación del Senado en una auténtica Cámara de representación territorial “sin la que no puede funcionar un Estado de corte federal”, que establezca un sistema de financiación autonómica que dé estabilidad al modelo, que incorpore los “hechos diferenciales y las singularidades políticas, institucionales, territoriales y lingüísticas que son expresión de nuestra diversidad y que establezca mecanismos de cooperación y de participación institucional propios de los estados federales. Una reforma, eso sí, “con un nivel de consenso al menos tan amplio como el que hizo posible la Constitución de 1978”, precisaba el documento de 2013.
La Declaración de Granada fue completada cuatro años después con la llamada Declaración de Barcelona. Rubalcaba y el primer secretario del PSC, Pere Navarro, ya no estaban al frente de sus respectivas organizaciones, barridos ambos por los malos resultados de los socialistas en las elecciones europeas de 2014. Sus sustitutos, Pedro Sánchez y Miquel Iceta, promovieron el segundo documento a pocos meses del anunciado referéndum del 1 de octubre que dio lugar a la declaración unilateral de independencia de Cataluña que desembocó en la suspensión de la autonomía y el proceso judicial contra los miembros del Govern de la Generalitat.
La Declaración de Barcelona buscaba evitar el choque de trenes que finalmente se produjo abriendo “un nuevo escenario de diálogo” con el que “superar el enfrentamiento entre el inmovilismo del gobierno central y la deriva independentista unilateral”. Para abrirlo, Sánchez promovió la puesta en marcha en el Congreso de una comisión de evaluación del Estado de las Autonomías que sirviese de embrión a una reforma territorial de la Constitución. La iniciativa, sin embargo, acabó languideciendo en la Cámara alta, sometida al boicot activo de todos los grupos, excepción de los socialistas: la derecha del PP y de Cs, los nacionalistas, los independentistas y hasta de Unidos Podemos.
Apuesta por la legitimidad
El documento impulsado por Sánchez e Iceta hacía referencia a la reforma constitucional de corte federal comprometida en Granada y aludía expresamente a la legitimidad que la nueva Carta Magna conseguiría, también en Cataluña, si resultaba aprobada en referéndum. Esta es una de las ideas centrales que el PSOE contrapone a la propuesta independentista de un referéndum de autodeterminación: una solución pactada que actualice el encaje de Cataluña en España y que sea aprobada también en referéndum por los catalanes.
La reforma debe incluir, señala el texto suscrito por el PSOE y el PSC, “el reconocimiento de las aspiraciones nacionales de Cataluña, unas nuevas reglas para el reparto competencial que mejoren el autogobierno de la Generalitat, un acuerdo sobre la financiación autonómica que dote de recursos necesarios para el sostenimiento de las grandes políticas públicas y el establecimiento de un Senado federal”, muy en línea con la Declaración de Granada.
En tanto esa reforma no se lleva a cabo, la Declaración de Barcelona proponía la puesta en marcha de medidas concretas: la reforma de la Ley del Poder Judicial, incorporando las previsiones sobre el Consejo de Justicia de Cataluña y configurándolo como una instancia desconcentrada del propio Consejo General del Poder Judicial; el reconocimiento de la institución de las veguerías como entidad local distinta de la provincia ajustando a ellas la delimitación provincial tal y como recoge el Estatuto de Cataluña o la regulación por ley de la obligatoriedad de pactar con los gobiernos autonómicos las inversiones estatales en materia de bienes y equipamientos culturales.
También reivindica la reforma del modelo de financiación, el cumplimiento de la previsión estatutaria que vincula la inversión del Estado al PIB catalán y, sobre todo, un amplio paquete de medidas destinadas al “reconocimiento de elementos simbólicos” referidos a la “identidad nacional” y la “historia” de Cataluña.
PSOE y PSC se comprometieron entonces a promover una ley de reconocimiento y amparo de la pluralidad lingüística de España, a culminar el reconocimiento de la pluralidad lingüística en el Senado, a asegurar la presencia de Cataluña en la Unesco y a resolver “cuestiones relativas a la memoria histórica como la anulación radical y expresa del juicio al president Lluís Companys”.
Fracasada la apuesta por el diálogo en el Congreso, y ya con Pedro Sánchez en la Presidencia del Gobierno, el PSC hizo un nuevo intento, en noviembre de 2018 y en coordinación con Sánchez, de reabrir el diálogo político sobre el autogobierno. Fue en la mesa creada por el president Quim Torra a instancias del Parlament y en el contexto del diálogo abierto entre la Generalitat y el Gobierno.
En ese foro Miquel Iceta presentó un documento que proponía reconstruir puentes entre independentistas y no independentistas sobre la base, entre otras cosas, del “respeto a la legalidad y al actual marco institucional hasta que no haya el necesario consenso para reformarlo a través de los mecanismos y las mayorías establecidas”. Y “abrir el debate sobre la mejor manera de fortalecer el autogobierno y mejorar la financiación y sobre los procedimientos para acreditar un apoyo ciudadano mayoritario al acuerdo al cual se llegue”.
La estrategia del PSOE de Pedro Sánchez para abordar el problema catalán está en ese documento: “Buscar soluciones factibles, aunque sean temporales o transitorias, porque ahora no hay una solución definitiva”.
Y reconociendo que “Cataluña es una nación plural y diversa y España una nación de naciones”, algo que “no rompe la unión política de España ni da a los catalanes derechos diferentes de los del resto de españoles. Es en el federalismo donde se encuentran las mejores soluciones para reconocer, respetar e integrar las diversas aspiraciones nacionales que conviven en España sin disminuir la cohesión social y la igualdad entre españoles”.
El amplio consenso necesario
La solución, proclamaron en noviembre los socialistas, “sólo puede llegar a través de un proceso de diálogo. Una vez alcanzado un amplio consenso, de como mínimo dos terceras partes del Parlament, será el voto del ciudadano el que, en última instancia, ratificará o no la propuesta que se someta a referéndum”.
El programa con el que Pedro Sánchez ganó las elecciones del 28 de abril es una síntesis de estas propuestas, desde la Declaración de Granada al documento que el PSC trasladó a los independentistas y a Catalunya en Comú en la mesa de diálogo abierta en Cataluña —Cs, PP y la CUP se niegan a participar—. No hace una referencia expresa a la España plurinacional, pero sí a que “la España de las Autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”.
El programa socialista para la nueva legislatura no habla de reforma federal, pero sí de la necesidad de modificar la Constitución en línea con las propuestas que el partido defiende desde 2013 para incorporar a la Carta Magna “los principios que deben regir el sistema de financiación de las comunidades autónomas y el procedimiento para establecerlo con participación de los territorios”, así como “las decisiones fundamentales sobre el reparto de las competencias financieras y los principios conforme a los cuales se produce la distribución de los recursos”, además de “la forma de operar de los mecanismos de nivelación financiera y de garantía del principio de solidaridad territorial”. Y apuesta por “recoger en la Constitución las facultades concretas del Estado en las distintas materias competenciales, de la forma más precisa posible, y establecer que todo lo no atribuido al Estado por la Constitución es de competencia autonómica”.
El programa incluye también el compromiso del PSOE de incluir “las singularidades de los distintos territorios en sus propios Estatutos” en busca de “una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”.
Es con estos mimbres, y con el aval de la victoria electoral del 28 de abril, con lo que Sánchez se propone reabrir el diálogo con la Generalitat en cuanto supere la investidura, previsiblemente a finales de junio. El presidente siempre ha defendido dos fórmulas paralelas para avanzar en una solución negociada que se alimenten mutuamente. La primera, una negociación entre las fuerzas políticas catalanas que no termina de fructificar. La segunda, una exploración en el Congreso —o en el Senado, al que los socialistas quieren dar protagonismo en materia territorial— de las reformas constitucionales necesarias para reforzar el autogobierno de Cataluña.
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Sánchez es consciente de la dificultad que conlleva sentar no sólo a los independentistas en torno a una mesa para buscar una solución que encaje en la Constitución sino de conseguir que la derecha —PP y Ciudadanos— acepte negociar una reformar de la Carta Magna que implique profundizar en la descentralización del Estado.
Sus posibilidades de reanudar el diálogo después del 26 de mayo dependen en buena parte de cómo quede el mapa político autonómico, porque uno de los asuntos más espinosos de la nueva legislatura será la reforma de la financiación autonómica, un tema capital para Cataluña pero también para el resto de las comunidades del régimen común.
También tendrá gran influencia cómo evolucione el mapa político catalán después de la sentencia que el Tribunal Supremo dictará previsiblemente este año, de la que depende el futuro de muchos de los líderes del procés, entre ellos el jefe de filas de la principal fuerza política catalana, el presidente de ERC, Oriol Junqueras. Todo indica que, sobre todo si el Supremo les condena, Quim Torra aprovechará la ocasión para convocar elecciones anticipadas en Cataluña. De quién las gane dependerá, en gran medida, la viabilidad del diálogo que Sánchez se propone reabrir.
