La reforma educativa del Gobierno aborda ya los últimos pasos de su trámite parlamentario. Este miércoles el Senado le dará luz verde y de ahí saldrá hacia el Congreso, donde su aprobación definitiva está prevista para finales de año. Para ese mismo día la Plataforma por la Escuela Pública –de la que forman parte docentes, padres y alumnos– ha programado movilizaciones en las principales capitales de provincia.
El Sindicato de Estudiantes, además, convoca un paro de 24 horas en enseñanzas medias y universitarias. En Madrid una manifestación recorrerá las calles del centro la ciudad y acabará ante el Ministerio de Educación. También habrá una protesta en las inmediaciones de la Cámara Alta. Será la quinta gran jornada de movilizaciones de este 2013 de la escuela pública contra la política educativa del ministro Wert, incluyendo dos huelgas generales en todos los niveles de enseñanza.
El texto que se aprobará de forma definitiva –el rodillo de los conservadores ha frenado en seco las peticiones de retirada del proyecto en comisiones del Congreso y el Senado– contiene las líneas maestras con las que salió del Gobierno, si bien consolida el giro hacia la enseñanza concertada y, entre otros asuntos, apuntala aspectos como la cesión de fondos públicos a colegios que segregan por sexo o las atribuciones de los docentes de la privada subvencionada. Aunque la norma mantiene el plazo de entrada en vigor, que será el curso 2014-2015, finalmente su aplicación se hará en dos años y no en tres tal y como reclamaron al Gobierno algunos consejeros de Educación de autonomías gobernadas por el PP.
Criticada por la comunidad educativa y la oposición por la falta de consenso con la que se ha construido, la llamada ley Wert contempla también adelantar al tercer curso de la ESO la elección de itinerarios hacia la FP o el Bachillerato; pruebas externas al final de cada etapa desde Primaria que serán reválidas al final de ESO y Bachillerato; refuerza el papel de la Religión, que tendrá una alternativa fuerte y contará para hacer media y acceder a becas o da más poder a los directores en detrimentos de las competencias que hasta ahora tenía el Consejo Escolar, entre otros aspectos.
Conocido por su caracter chulesco, el ministro Wert ha despreciado las movilizaciones contra su ley educativa y las ha calificado de "fiesta de cumpleaños" comparadas con las que han tenido lugar en Chile o México, donde también se están fraguando reformas. Sin embargo, docentes, padres y estudiantes creen que la mejor forma de responder al ministro es mostrar masivamente su oposición a una ley que, dicen, no sólo no fomentará la "excelencia y la calidad para todos" a la que tantas veces se ha referido el titular de Educación, sino que acarreará más desigualdad. Por ello, dicen que mantendrán las movilizaciones una vez que el proyecto se haya convertido en ley.
"Habrá que ir viendo en cada momento, pero el objetivo es mantener una movilización sostenida en el tiempo tal y como venimos realizando. Quizá no contemplemos la posibilidad de convocar otra jornada de huelga, pero sí hay otros actos a realizar", dice Carlos López, secretario general de FETE-UGT. Los estudiantes, muy combativos durante este proceso, piden a los sindicatos de docentes y las asociaciones de padres que les acompañen en un paro de 72 horas. "Es necesaria una huelga de tres días para triplicar la fuerza de oposición a estas políticas que se vio en las calles el pasado 24 de octubre", señala Ana García, portavoz del Sindicato de Estudiantes. Ese día tuvo lugar la tercera huelga general contra las políticas de Wert desde que está al frente de ese departamento. "El ministro está en su momento de máxima debilidad y eso hay que aprovecharlo", añade García.
Un ministro en horas muy bajas
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La realidad es que el titular de Educación es un personaje incómodo tanto para el Gobierno, como para el PP, partido del que no tiene carnet. Es el ministro peor valorado por los ciudadanos: en el último barómetro del CIS publicado el pasado 6 de noviembre obtuvo 1,46 puntos sobre un máximo posible de 10, por debajo del 1,58 que obtuvo en julio. Acapara las críticas de la oposición en bloque –hay un compromiso en firme de todos los grupos salvo UPyD, Foro y UPN para derogar su reforma educativa si hay cambio de Gobierno–. E incluso con los rectores, que este verano se declararon "molestos" porque el ministerio no les había tenido en cuenta para elaborar su controvertido decreto de becas.
La pasada semana volvió a meter en un lío al Gobierno cuando uno de sus portavoces dijo que Bruselas recortaría el dinero que otorga a España para el programa Erasmus cuando la realidad es que la UE aumentará en 2014 de 51,2 a 53,4 los millones de euros que aportará a los erasmus españoles. El portavoz de la comisaria de Educación calificó de "sinsentido" este anuncio. Ante esta crisis, el presidente del Gobierno optó por darle su apoyo público. Primero le mostró su respaldo "pleno y total" desde París, donde acudió a una reunión sobre el plan de empleo juvenil. Y de vuelta en España lo acompañó a la presentación de un libro.
Ese respaldo del PP volverá a escenificarse este miércoles, cuando la mayoría absoluta del PP apoye en el Senado un texto que la oposición tilda de "segregador", "elitista" o "antidemocrático". La comunidad educativa responde que, ese día, la mayoría parlamentaria "ocultará" la voz de una mayoría social está en frontalmente en contra de esta reforma.
La reforma educativa del Gobierno aborda ya los últimos pasos de su trámite parlamentario. Este miércoles el Senado le dará luz verde y de ahí saldrá hacia el Congreso, donde su aprobación definitiva está prevista para finales de año. Para ese mismo día la Plataforma por la Escuela Pública –de la que forman parte docentes, padres y alumnos– ha programado movilizaciones en las principales capitales de provincia.