España mira para otro lado ante las violaciones de derechos humanos que comete Marruecos

“Los derechos humanos deben ser la piedra angular de toda cooperación con terceros países en materia de control migratorio. Para ello, los acuerdos deben cumplir las siguientes características: ser transparentes, consagrar medidas de protección adecuadas, incluir una cláusula de protección y salvaguardias de derechos humanos, así como mecanismos de vigilancia de su implementación”. Esta declaración, publicada por Amnistía Internacional en febrero de 2019, sintetiza todo lo que falta en los acuerdos y tratados firmados entre España y Marruecos a lo largo de la historia.

El tronco legal de las relaciones entre España y Marruecos sigue siendo el Tratado de amistad, buena vecindad y cooperación entre el Reino de España y el Reino de Marruecos firmado en Rabat el el 4 de julio de 1991, durante el mandato de Felipe González. Este documento estableció como principio general “el respeto a los derechos humanos y a las libertades fundamentales de las personas” y comprometió a ambos países a respetar “los derechos humanos y libertades fundamentales, incluyendo la libertad de pensamiento, conciencia, religión o creencia, sin distinción por motivos de raza, sexo, idioma o religión”.

Marruecos prometió entonces a España promover y fomentar “el ejercicio efectivo de los derechos y libertades civiles, políticos, económicos, sociales, culturales y otros derechos y libertades, todos los cuales derivan de la dignidad inherente a la persona humana y son esenciales para su libre y pleno desarrollo”. E, igual que España, se mostró dispuesto a actuar “de conformidad con los propósitos y principios de la Carta de las Naciones Unidas y con la Declaración Universal de los Derechos Humanos”.

Fue precisamente este tratado el que instauró el modelo de las Reuniones de Alto Nivel (RAN) que, con altibajos, han marcado el ritmo de las relaciones entre ambos países. España y Marruecos debían celebrar estas reuniones con carácter anual, pero la realidad ha sido muy diferente. La evolución de los contactos ha sido cíclica, alternando fases en las que la calidad de las relaciones ha ido empeorando y mejorando sucesivamente. 

La última RAN celebrada, la undécima en 20 años, tuvo lugar en 2015, durante el mandato de Mariano Rajoy. El Gobierno de Pedro Sánchez lleva intentando organizar la duodécima desde 2020, pero el deterioro de las relaciones con Marruecos, que presiona a España para que reconozca su soberanía sobre el Sáhara, hizo imposible su celebración. Ahora Madrid y Rabat trabajan con la intención de llevarla a cabo antes de que termine 2022, después de que Sánchez y el rey marroquí, Mohamed VI, firmasen en abril la declaración conjunta conocida como Nueva etapa del partenariado entre España y Marruecos.

Este documento se ha convertido en la base de las relaciones entre España y Marruecos después de que el presidente del Gobierno español tomase partido en favor de Marruecos en el conflicto del Sáhara, abandonando de ese modo la tradicional neutralidad española en esta materia. 

La citada declaración no dice una palabra sobre derechos humanos pero sí habla de migraciones. En su punto 8 acuerda relanzar y reforzar “la cooperación en el ámbito de la migración” y anuncia una próxima reunión del “Grupo Permanente Hispano-Marroquí sobre Migraciones”.

El acuerdo resituó la posición de España sobre el Sáhara para reforzar el deseo marroquí de quedarse definitivamente con la antigua provincia a cambio de que nuestro vecino del sur volviese a ejercer su papel de guardián e impidiese la llegada de inimigrantes africanos.

España lleva años pagando a Marruecos por esta tarea. En mayo de 2021, justo antes de que Marruecos permitiese la llegada masiva de migrantes a Ceuta para presionar a España en relación con el Sáhara, el Gobierno de Pedro Sánchez acababa de aprobar ayudas directas destinadas a controlar las fronteras, desarticular mafias y evitar la inmigración ilegal en las costas españolas y en Ceuta y Melilla.

Hasta la visita de Sánchez al rey Mohamed VI en noviembre de 2018, las subvenciones españolas eran más importantes para con otros países de origen y tránsito con el fin de controlar la llegada de pateras a las costas españolas. Marruecos no era uno de los principales receptores. Eso cambió a raíz de esta visita oficial, en la que el jefe del Ejecutivo español se mostró abierto a incrementar las ayudas al país vecino y a hacer de enlace con la Unión Europea para que incrementase las partidas destinadas a Marruecos para controlar la inmigración ilegal. Desde entonces y hasta mayo de 2021, España aprobó por diversos conceptos 90 millones en ayudas a Marruecos para luchar contra la inmigración ilegal.

Fuentes del Ministerio de Exteriores consultadas por infoLibre aseguraron que “el respeto y la promoción de los derechos humanos es un principio rector” de la política “que inspira y que rige en la relación bilateral España-Marruecos”, pero no pudieron aportar nada más que la citada referencia incluida en el Tratado de Amistad, Buena Vecindad y Cooperación de 1991.

Evidencias contra Marruecos

Mientras tanto, las evidencias en contra de Marruecos se acumulan sin que España haga nada. Las organizaciones de derechos humanos llevan años denunciando cómo España y la Unión Europea avanzan cada vez más en la construcción de lo que denominan “la Fortaleza Europa, más ocupada por cerrarse a cal y canto y externalizar fronteras que por las personas”. “Se ha podido documentar en numerosas ocasiones el coste humano de estas políticas que se centran en la externalización de sus responsabilidades internacionales de derechos humanos: la realidad es que las personas siguen huyendo de sus países de origen pero se encuentran cada vez con más peligros por el camino”, declaró en su día Virginia Álvarez, responsable de Política Interior de Amnistía Internacional España.

Esta organización asegura que “durante los últimos años, la UE y sus Estados miembros han enfocado toda su energía en construir una fortaleza cada vez más impenetrable para impedir la entrada de migrantes y solicitantes de asilo a través de sus fronteras, llenándolas de fuerzas y cuerpos de seguridad y complicados sistemas de detección de personas migrantes y posibles refugiadas; así como dejando la responsabilidad del control de la migración a terceros países mediante acuerdos de cooperación que ayudan a bloquear la migración irregular hacia Europa”.

Lo ocurrido en la frontera de Melilla no es más que la expresión de esa políticas, según todas las ONG que se han pronunciado al respecto. Marruecos “está haciendo el trabajo sucio a España y a la Unión Europea”, declaró este lunes en Nador Omar Naji, de la Asociación de Derechos Humanos de Marruecos (ADHM). A él no le cabe ninguna duda de que la violencia ejercida por la polícía marroquí contra los inmigrantes y que se ha cobrado la vida de entre 23 y 37 personas está directamente vinculada al acuerdo suscrito en abril por Sánchez y Mohamed VI. España y Marruecos, acusó, “se han coordinado para ejercer esa violencia”. 

La reacción del presidente español y de su Gobierno, agradeciendo a Marruecos la violencia ejercida por sus fuerzas de seguridad contra los migrantes y responsabilizando de las muertes a las mafias que trafican con seres humanos, ha causado estupor e indignación entre los grupos que trabajan por los derechos humanos en la zona. 

El Gobierno amplió y matizó este lunes su opinión sobre lo ocurrido en la frontera afirmando sentirse conmovido por las muertes. “Esas imágenes nos conmueven a todos”, aseguró la ministra portavoz, Isabel Rodríguez. “Habríamos dejado de ser humanos si ante imágenes de esas características no se nos encogiera el corazón y el alma; claro que son imágenes que nos conmueven y nos duelen. El Gobierno lamenta estas pérdidas de vidas humanas. Lo lamentamos profundamente”. 

Pero no modificó su postura acerca de la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes, a las que la ministra reconoció y agradeció su trabajo para proteger la frontera española. El Gobierno vela por la “integridad” del país y de las ciudades de Ceuta y Melilla, de ahí su reconocimiento al trabajo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y a la “colaboración” de las autoridades marroquíes.

El problema, insistió en la misma línea que el presidente Pedro Sánchez este sábado, son “las mafias que trafican con seres humanos y que provocan situaciones trágicas”. 

“¿Qué servicio hacen las mafias a gente que va corriendo sin nada y que es un sálvese quien pueda?”, se preguntó este lunes Helena Maleno, de Caminando Fronteras, en una entrevista enmitida por la Cadena SER. “Ese discurso no nos vale. Hay que afrontar que ha habido una violencia terrible contra estas personas, que hubo omisión del deber de socorro. El Gobierno español no ha estado a la altura y lo único que nos está demostrando es que le vale subcontratar para que se mate a personas en nombre del control migratorio”, lamentó.

Maleno, según la cual “las redadas violentas se han ido acrecentando” desde que España firmó su acuerdo con Marruecos, asegura que no sólo se trata de las personas muertas y heridas que siguen en la zona sino de varios centenares, muchas de ellas heridas, que han sido desplazadas para alejarlas de donde está puesto el foco de atención. 

Son en su mayoría refugiados procedentes de Sudán, pero también de Chad y de Eritrea, personas que, según Estrella Galán, directora de la Comión Española de Ayuda al Refugiado (CEAR), cumplen los requisitos para obtener protección internacional. “Si llegasen a nuestro país tendrían muchísimas posibilidades”, subrayó este lunes, pero no pudieron hacerlo “porque ya se encargan las fuerzas del orden marroquí, con el mandato de España y Europa, de que no puedan acercarse”.

Fracaso de las políticas migratorias

“Los trágicos acontecimientos del 24 de junio de 2022 en la frontera entre Nador y Melilla en Marruecos recuerdan violentamente el fracaso de las políticas de migración de seguridad”, denunciaron varias organizaciones no gubernamentales este lunes a través de un comunicado. Los muertos y cientos heridos del lado de los migrantes, así como los del lado de las fuerzas de seguridad marroquíes, “son el trágico símbolo de las políticas europeas para externalizar las fronteras de la Unión Europea con la complicidad de un país del sur, Marruecos. La muerte de estos jóvenes africanos en las fronteras de la fortaleza europea advierte sobre la naturaleza mortal de la cooperación de seguridad en materia de inmigración entre Marruecos y España”.

Se trata, aseguran, de una tragedia anunciada. “Las campañas de arrestos, la búsqueda de campamentos y el desplazamiento forzado dirigido a los migrantes a Nador y su región” hace tiempo que se suceden con acciones coordinadas entre España y Marruecos que implican “violaciones de los derechos humanos de los migrantes en el norte (Nador, Tetuán y Tánger), así como en el sur de Marruecos (El Aaiún, Dakhla)”.

Durante más de un año y medio, los migrantes a Nador se han visto privados del acceso a medicamentos, atención médica, se les han quemado sus campamentos y se les han robado sus propiedades, se ha destruido su escasa comida e incluso se confisca la poca agua potable disponible para ellos en los campamentos, denuncian. La consecuencia ha sido “una espiral de violencia en ambas partes. Una violencia condenable independientemente de su origen, pero recordando la violencia sistémica que los migrantes han sufrido en Nador durante años por parte de las fuerzas de seguridad españolas y marroquíes. Prácticas condenadas repetidamente por los organismos nacionales, regionales y de las Naciones Unidas”.

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional (AI), confirma en conversación con infoLibre que los derechos humanos nunca han estado en el centro del interés de las relaciones de España con Marruecos. “Son varias las ocasiones en las que AI ha pedido la suspensión de la colaboración con Marruecos en control migratorio” a la vista “del coste humano y de las vulneraciones de derechos humanos que se han producido por esa cooperación”. 

El resultado han sido “muertes y expulsiones exprés de muchísimas personas” que después Marruecos, con el visto bueno de España, puede reenvíar a sus países de origen aunque allí estén perseguidas. “Marruecos ha demostrado ser en varias ocasiones un lugar no seguro para las personas migrantes y refugiadas”. 

Amnistía, explica Canales, “ha documentado durante años redadas llevadas a cabo por las fuerzas de seguridad marroquíes en distintas poblaciones como Nador o Tetuán” y el “uso excesivo de la fuerza e incluso desplazamientos de migrantes a la frontera con Argelia”. Los hechos les hacen pensar que la cooperación hispanomarroquí para el control de las fronteras no pone el foco “en garantizar los derechos humanos de las personas”. 

Frente a la posición del Gobierno se alinearon este lunes Esquerra Republicana, Bildu, Más País-Equo, Compromís y el PDeCAT, aliados parlamentarios del Ejecutivo de coalición, que reclamaron la comparecencia en el Pleno del Congreso del presidente y del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska.

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La petición, que también lleva la firma de Junts, la CUP y el BNG, señala al Gobierno como “responsable” de lo ocurrido en Nador porque consideran que es “consecuencia” de las políticas migratorias de la Unión Europea y del nuevo acuerdo entre los Gobiernos de España y Marruecos, el mismo que hizo variar la posición española sobre el Sáhara Occidental.

El PP, a su vez, también exigió la comparecencia urgente de Sánchez, para explicar los “graves sucesos”, aunque evitó en todo momento cuestionar la actuación de las fuerzas de seguridad marroquíes.

Pese a ello, el partido de Alberto Núñez Feijóo considera que deben “esclarecerse las circunstancias que han llevado a este trágico desenlace” así como si el Ministerio del Interior disponía de información sobre lo que iba a ocurrir. “Todo el mundo sensato y decente quiere que se esclarezcan esos hechos. ¿Vamos a pasar página con tantos muertos?”, enfatizó el vicesecretario de Comunicación del PP, Esteban González Pons, tras una reunión del comité de dirección del partido.