La expansión descontrolada del coronavirus SARS-CoV-2 está poniendo al mundo entero ante una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente. Desde que se iniciara el brote en diciembre de 2019, el número de contagiados supera ya los 400.000, mientras que la cifra de muertos sobrepasa los 18.000. España es, de momento, el segundo país más afectado de la Unión Europea –sólo por detrás de Italia–. Por eso, y con el objetivo de evitar que el sistema sanitario colapse, el Gobierno decidió fijar estrictas limitaciones a la circulación de personas en el marco de la activación del estado de alarma. Y lo hizo en medio de una fuerte zozobra económica y en pleno desabastecimiento de productos sanitarios. Un caldo de cultivo perfecto para que prolifere la especulación, ya sea intentando sacar una buena tajada con el continuo desplome de los mercados como aprovechando la escasez de mascarillas o geles desinfectantes para poner a la venta este tipo de productos a precio de oro. Actividades a las que las autoridades españolas no quitan el ojo de encima.
El pasado mes de enero, la epidemia de coronavirus no suponía directamente un problema para España. De hecho, ni siquiera se habían detectado los primeros casos en Italia. Por aquél entonces, el foco informativo estaba principalmente en China, a más de 8.000 kilómetros de distancia. Sin embargo, la preocupación por la evolución del brote ya se había instalado dentro de nuestras fronteras. Sólo durante enero, la demanda de mascarillas en las farmacias se incrementó un 10.000% respecto al mismo mes de 2019, según los datos de la Federación de Distribuidores Farmacéuticos (Fedifar), que representa a las principales compañías distribuidoras. Ahora, siete semanas más tarde, es prácticamente imposible encontrarlas a la venta. Y quien dispone de dicho material sanitario está intentando sacarle el máximo beneficio. Así, el Colegio Oficial de Farmacéuticos de Las Palmas denunció el pasado jueves la venta ilegal de mascarillas a 14 euros en Lanzarote, cuando el habitual de las quirúrgicas oscila entre los 30 y 40 céntimos, así como la fijación de precios abusivos por parte de determinados distribuidores.
Con la activación del estado de alarma, el Ministerio de Sanidad ha intentado establecer un control sobre este tipo de material, fundamental para la labor que desempeñan los profesionales sanitarios en la lucha contra el coronavirus. Así, nada más decretarse el estado de alarma, el departamento que dirige Salvador Illa dio a las empresas centradas en estos productos un plazo de cuarenta y ocho horas para informar sobre la disponibilidad y ubicación de mascarillas, kits de diagnóstico, hisopos, gafas de protección, guantes o batas desechables, entre otros. Una orden que, sin embargo, no todo el mundo ha cumplido. La pasada semana, por ejemplo, agentes de la Policía Nacional llevaron a cabo en el marco de la alerta sanitaria dos actuaciones en locales comerciales de Madrid en las que se incautaron de 12.886 soluciones hidroalcohólicas, 468 botellas de alcohol, 19.600 mascarillas, 1.280 gafas protectoras, 150 batas desechables y casi medio millón de guantes de nitrilo. El cuerpo policial sostiene que los propietarios de los establecimientos estaban “haciendo acopio” de material sanitario y que no habían informado a Sanidad.
Durante la rueda de prensa de este lunes, Illa quiso salir al paso de todas aquellas informaciones sobre el bloqueo de la entrega de estos artículos sanitarios. “Es absolutamente falso. El Gobierno de España apoya cualquier tipo de compra y no hay ningún bloqueo. Lo que sí hay es combate contra las personas que quieren especular con materiales que son absolutamente necesarios en esta batalla contra el virus sanitario”, aseveró el ministro en una comparecencia conjunta en el Palacio de La Moncloa con la titular de Economía, Nadia Calviño. Veinticuatro horas después, en una nueva comparecencia celebrada este martes, Illa ha asegurado que el Ejecutivo está tomando “todas las medidas” para aceptar solo “ofertas serias” en la compra de estos productos, evitando así los “movimientos especulativos”.
3M, una de las multinacionales líderes a nivel mundial en equipos de protección personal y soluciones sanitarias, asegura a infoLibre que no ha “cambiado los precios” de respiradores y mascarillas como resultado del brote de coronavirus. No obstante, continúan, no pueden “controlar los precios que los distribuidores o minoristas cobran por ellos”.
Fijar precios máximos
“Es vox populi que hay establecimientos, incluidos farmacias, que están subiendo no solo el precio de las mascarillas, sino también de determinados productos de higiene personal, como por ejemplo los geles desinfectantes”, explica en conversación con este diario Rubén Sánchez, portavoz de Facua. Por eso, más allá de la decisión de Sanidad de intervenir el material sanitario, desde la organización de consumidores creen que el Gobierno de Pedro Sánchez debería dar otro paso al frente decretando una “política de precio máximo” para todos aquellos productos que son “básicos a la hora de evitar el contagio”. Esto es, exactamente, lo que hizo Francia a comienzos de marzo. Mediante decreto, el Gobierno galo estableció un baremo de venta de los geles desinfectantes: 2 euros de precio máximo para los frascos de 50 mililitros, 3 euros para los envases de 100 mililitros, 5 euros para los botes de 300 mililitros y 15 euros para la botella de un litro. Límites que se mantendrán hasta finales de mayo y que se impusieron por “una falta de disponibilidad” de los productos, según anunció el ministro de Economía francés, Bruno Le Maire.
Sánchez, además, pone el acento en el importante papel que juega la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) a la hora de detectar “prácticas ilícitas, como por ejemplo las subidas concertadas”. El organismo que dirige José María Marín Quemada ya anunció que extremaría la vigilancia “ante posibles abusos que pudieran entorpecer el abastecimiento o producir el encarecimiento de los productos necesarios para la protección de la salud de la población”. “Se trata de garantizar que no se produzcan en España prácticas anticompetitivas, por ejemplo, en materia de fijación de precios abusivos o de acuerdos entre operadores”, aseveró el regulador en un comunicado, en el que recordaba a los ciudadanos la disposición de canales para denunciar prácticas de este tipo. En este sentido, el portavoz de Facua recomienda “no comprar” artículos que se estén vendiendo a un precio muy elevado. Sin embargo, reconoce que “hay gente que no tiene más remedio”. “No estamos en una situación habitual en la que podamos acercarnos a varios establecimientos distintos. Se tiene que salir lo mínimo de casa”, apunta.
Pero además de precios abusivos, la escasez de estos productos ha permitido también la proliferación de estafas. El pasado 13 de marzo, agentes de la Policía Nacional detuvieron en Madrid a una persona que había puesto a la venta a través de una aplicación móvil una caja de 22 mascarillas quirúrgicas por 600 euros, un material que nunca llegaba a las víctimas. No fue, sin embargo, la única detención que se produjo ese día. Un hombre de 44 años fue arrestado también en Alicante como autor de una estafa piramidal cuyo importe podría superar los 726.000 euros. El investigado se aprovechaba de los datos legales de una mercantil en la que había trabajado para captar a sus víctimas, a las que se les ofrecía mascarillas Miller fft2 n95, un material que nunca recibían tras hacer el pago. Estas, a su vez, convencían a otros familiares para que también compraran a través del supuesto estafador, completando así el esquema piramidal. Una de las víctimas, según la información facilitada por la Policía Nacional, llegó a abonar 180.000 euros como adelanto por la adquisición de medio millón de unidades.
La especulación bursátil
Y mientras las autoridades sanitarias tratan de contener la expansión del coronavirus, los mercados continúan haciendo frente a su particular viacrucis. Tras la decisión del Banco Central Europeo (BCE) de lanzar un programa de emergencia mediante la adquisición de activos públicos y privados con un alcance de 750.000 millones de euros, los principales parqués europeos repuntaron ligeramente. Sin embargo, el desplome experimentado en las últimas semanas –este lunes de nuevo– los ha colocado en una situación complicada. De hecho, en algún momento ha llegado a abrirse el debate sobre la posibilidad de que los mercados bajen la persiana en esta situación de enorme excepcionalidad. Algo de lo que no quieren oír hablar, sin embargo, ni la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ni la Federación Europea de Bolsas (FESE). “Los intercambios juegan un papel clave en la formación de precios, transparencia y liquidez. Evitar que cumplan este papel tendría un gran impacto no solo en la economía sino también en la sociedad”, señalaron desde la FESE.
Actualmente, el Ibex 35 se encuentra oscilando por debajo de los 7.000 puntos básicos, cuando hace sólo un mes había roto la barrera de los 10.000. En este contexto, con descensos importantes y sesiones marcadas por la volatilidad, los mercados se han convertido también en un campo perfecto para intentar hacer negocio. “Con las empresas a precio de saldo hay inversores que pueden intentar sacar una tajada importante”, explica en conversación con este diario el economista Javier Santacruz. En este sentido, pone el foco en tres grupos. En primer lugar, los inversores nacionales, que “van a por compañías sobre todo de mediana capitalización, siendo en muchos casos perfiles de patrimonios familiares o empresas que aprovechan la oportunidad para intentar hacerse con otras”. En segundo término los europeos, ya sean fondos de inversión o firmas que quieran hacerse con compañías españolas. Y por último los extracomunitarios, que intentan “entrar a un mercado, igual que pasó tras el pinchazo de la burbuja inmobiliaria, con descuentos del 60% o el 70%”.
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El Gobierno ya se ha apresurado a atar en corto a estos últimos. Y lo ha hecho a través del real decreto-ley de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del Covid-19, un texto que contempla la suspensión de todas aquellas inversiones cuando sitúen la participación del inversor por encima del 10% del capital social de la compañía española o le permitan tomar el control del órgano de administración. “Con esta medida se corta el paso a todos aquellos que quieran aprovechar la situación para intentar quedarse a unos precios muy bajos con las principales firmas españolas, sobre todo las más delicadas: telecomunicaciones, eléctricas, bancos, aseguradoras…”, explica Santacruz. Sin embargo, el economista se muestra preocupado ante la posibilidad de que empresas europeas puedan aprovechar la coyuntura para “quedarse por dos duros” con compañías españolas. “Ahí es donde hay que profundizar ahora”, sostiene el experto, que asevera que existen mecanismos para evitar que “los peces gordos” comunitarios “se coman a los más pequeños”.
En cuanto al primer grupo, el de los inversores nacionales, Santacruz señala que la actual crisis económica puede poner “a tiro” determinadas “operaciones”. “El mercado español es muy dado a fusiones o integraciones. Sin embargo, en el último año eso se paralizó porque las compañías estaban caras en Bolsa. Ahora, habrá empresas viendo cómo esas otras firmas donde querían entrar han bajado un 60%”, explica. Pero además de estos movimientos, el experto pone también el foco en las denominadas “posiciones cortas”. Y lo ejemplifica: “Soy un inversor y estoy convencido de que van a caer las acciones de Telefónica, pero no tengo y no las quiero comprar porque si falla mi predicción pierdo el dinero. Recurro entonces a alguien y le pido prestadas sus acciones. En el momento que las tengo, las vendo intentando provocar una caída. Si se desploman, compro esos títulos a menor precio del que los había vendido y tengo una plusvalía para devolverlos con intereses”.
La Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) ya ha prohibido durante un mes las posiciones en corto. Y esta medida, según aseguró Calviño este lunes en rueda de prensa, ya está teniendo un “impacto positivo” en términos de volatilidad. El objetivo, explicó la titular de Economía, es evitar por todos los medios que se instale una “especulación a la baja” en los mercados.
La expansión descontrolada del coronavirus SARS-CoV-2 está poniendo al mundo entero ante una crisis sanitaria sin precedentes en nuestra historia reciente. Desde que se iniciara el brote en diciembre de 2019, el número de contagiados supera ya los 400.000, mientras que la cifra de muertos sobrepasa los 18.000. España es, de momento, el segundo país más afectado de la Unión Europea –sólo por detrás de Italia–. Por eso, y con el objetivo de evitar que el sistema sanitario colapse, el Gobierno decidió fijar estrictas limitaciones a la circulación de personas en el marco de la activación del estado de alarma. Y lo hizo en medio de una fuerte zozobra económica y en pleno desabastecimiento de productos sanitarios. Un caldo de cultivo perfecto para que prolifere la especulación, ya sea intentando sacar una buena tajada con el continuo desplome de los mercados como aprovechando la escasez de mascarillas o geles desinfectantes para poner a la venta este tipo de productos a precio de oro. Actividades a las que las autoridades españolas no quitan el ojo de encima.