La estrategia del PP con la ley del suelo: prioriza el fracaso de Sánchez al interés de sus ayuntamientos

El popular Alberto Núñez Feijóo forzó este jueves la retirada de la ley del suelo presentada por el Gobierno al no garantizar los votos de su formación, decisivos para el Ejecutivo de Pedro Sánchez tras el 'no' de sus aliados parlamentarios y también de Sumar, la formación minoritaria de la coalición. Esto le permite concluir al líder del PP que "el Gobierno está roto", al igual que la coalición parlamentaria. Desde las filas populares ya advertían, en privado, el miércoles de que no ayudarían a tramitar la norma pese a que la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), que presiden los conservadores, lleva tiempo reclamando cambios legales en la misma dirección que promovía el texto. Así, priorizaban asestar otro "golpe" a Sánchez después de que el pasado martes los socialistas tampoco consiguieran que saliera adelante la tramitación de la ley contra el proxenetismo.

Lo que buscaba el Ministerio de Vivienda, con Isabel Rodríguez a la cabeza, era modificar la norma actual que data de 2008, con el fin de "dar seguridad jurídica" y "evitar que los errores de carácter formal que sean subsanables” puedan conllevar la nulidad total de los instrumentos de ordenación territorial y urbanística. Para el ministerio, los tres fines principales de la normativa eran: sortear parones de años "del planeamiento territorial y urbanístico de numerosos municipios por defectos menores que son fácilmente subsanables”; animar a que las autonomías “puedan llevar a cabo las reformas normativas necesarias para hacer que los instrumentos de planeamiento urbanístico sean una herramienta ágil y flexible para el desarrollo” de los municipios; y que “los ayuntamientos puedan afrontar los procesos de modificación y actualización de sus instrumentos de planeamiento urbanístico”.

Una norma deseada tanto por los alcaldes, las comunidades autónomas y las patronales del sector, que esperan que tras las elecciones europeas el Gobierno la vuelva a llevar a la Cámara Baja y el principal partido de la oposición la apoye. "Se había trabajado con el PP en su vertiente institucional, contábamos con ese apoyo para sacarla adelante", lamentaba la ministra Rodríguez tras la decisión de retirar la ley. Fuentes de la dirección popular confesaban el miércoles que el principal motivo para votar en contra y no abstención —otra de las posibilidades que se barajaban—, era "evidenciar" la "soledad" del Gobierno: "Que consiga el apoyo de sus socios", resumían estas fuentes.

El PP se enmienda a sí mismo y a sus alcaldes

Esta estrategia contrasta con el propio trabajo del PP, que había preparado enmiendas parciales a la norma. De hecho, la vicesecretaria de Desarrollo Sostenible del PP, Paloma Martín, en una entrevista reciente en Demócrata recalcaba que el texto se apoyaba en los trabajos iniciados por el último Ejecutivo de Mariano Rajoy y abría la puerta a la negociación con el Gobierno pese que, a su juicio, se quedaba "coja". Ni siquiera Feijóo ha entrado en el contenido de la norma ni ha dado motivos por lo que oponerse, simplemente ha constatado que "el Gobierno se ha roto dos veces en 48 horas" y que el "problema" no es de la oposición.

Desde el PP son conscientes de que la FEMP había tendido puentes entre los alcaldes para ir a una en sus reivindicaciones y centrarse en los asuntos que tienen en común los 8.131 municipios en España como sucede en este caso. El argumento de la FEMP, compartido por el Gobierno, es que la actual daba inseguridad jurídica a ayuntamientos y comunidades autónomas porque, si una sentencia amparaba un recurso en contra algún aspecto de un plan general de ordenación urbana, con la regulación actual, decaía todo el plan. Para Sumar, sin embargo, la ley limita de manera "innecesaria" la posibilidad de intervención de la administración pública, mientras que ERC y Junts consideran que invade competencias.

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Desde el ala socialista del Ejecutivo señalaban que el PP tenía un motivo de peso para apoyarla por la presión de sus propios ayuntamientos y comunidades, así como de las patronales del sector. Además, también incidían en que los populares deberían haber votado las enmiendas a la totalidad de las formaciones independentistas para tumbar el texto, lo que, a su modo de ver, también les hubiera dejado en una situación complicada. Sin embargo, para el PP era preferible ese escenario a ser el partido que salvara a Sánchez, en una semana en la que desde Génova han elevado el tono contra Sánchez y el ministro de Exteriores, José Manuel Albares, por la crisis diplomática con Argentina.

Las patronales a favor y ecologistas en Acción en contra

Al margen de la arena política, una organización había sido muy crítica con la pretensión del Gobierno: Ecologistas en Acción. Coincidía con Sumar cuestiones como que se pretende poner freno a las sentencias que declaren nulos de pleno derecho planeamientos urbanísticos por su ilegalidad, así como recortar la acción pública, el derecho de la ciudadanía a recurrir el urbanismo salvaje. Pero hay otro punto que han querido poner de relieve: el “articulado está redactado ad hoc para desbloquear la Operación Chamartín o Madrid Nuevo Norte.

Una circunstancia que, al mismo tiempo, beneficiaba a la patronal del sector promotor e inmobiliario como la Asociación de Promotores Constructores de España (APCE) o la Asociación Promotores Inmobiliarios de Madrid, que habían pedido estos días que se comenzara a tramitar la ley para " acabar la judicialización del urbanismo". Según el presidente de APCE, Juan Antonio Gómez-Pintado, si se quiere “hacer frente a la falta de oferta de vivienda” y a “las dificultades de accesibilidad” se necesita “desarrollar y gestionar suelo de manera más eficaz y con mayor seguridad jurídica". Los datos que manejan indican que hay casi un centenar de municipios afectados por sentencias judiciales que han declarado la nulidad de sus respectivos planeamientos urbanísticos.