La estrategia del PP anticipa que Rajoy alegará que desconoce los hechos investigados

Antes de protagonizar la tradicional rueda de prensa de cierre de curso político y de marcharse unos días de vacaciones con la mirada muy puesta en los pasos que vaya dando la Generalitat de Cataluña ante el 1-O, el presidente del Gobierno tiene que hacer frente a una cita judicial. Será dentro de una semana, el 26 de julio, a las 9.30 de la mañana, ante el tribunal que investiga el caso Gürtel. Mariano Rajoy acude en calidad de testigo para rendir cuentas de la primera época (1999-2005) de este escándalo que estalló en febrero de 2009. En las últimas semanas, desde el PP y el Gobierno han hecho malabarismos para vestir de normalidad una comparecencia judicial que en su día intentaron descafeinar solicitando que el jefe del Ejecutivo compareciera en su despacho. Paralelamente, han ido preparando el terreno para rebajar las expectativas de lo que Rajoy pueda aportar apuntando a que poco o nada sabe Rajoy de la etapa que está en el punto de mira y de los hechos concretos que se investigan.

Los dirigentes del PP consultados por infoLibre insisten en que Rajoy ha sido llamado para responder sobre las campañas electorales de dos municipios madrileños –Pozuelo y Majadahonda– en las que no tenía ningún tipo de responsabilidad porque, en esos casos, la distribución y asignación de los gastos corresponden a la dirección provincial o local. Destacan, además, que no tiene obligación de conocer todo aquello por lo que le pregunten. Y consideran que las preguntas, para ser pertinentes, deberían referirse al sumario en cuestión y no a otras cuestiones como los llamados papeles de Bárcenas.

En definitiva, que el presidente del Gobierno y de los conservadores va a aportar más bien poco a la Audiencia Nacional. 

El discurso oficial del PP, el que mantienen sus dirigentes en público, apunta a que Rajoy asume con total normalidad y tranquilidad la cita del próximo día 26. "Como un ejercicio de normalidad democrática", subrayan al tiempo que sostienen que no tienen ningún temor a la declaración porque el partido no tiene "nada que ocultar". Pero, en privado, las mismas fuentes no ocultan que la imagen del presidente del Gobierno llegando a un tribunal y sentado en un banquillo no son las que más les gusta, sobre todo por la repercusión mediática que ello va a tener. "El show mediático: las televisiones, las portadas de los periódicos... Es un trago que hay que pasar", valora una diputada.

Los conservadores están convencidos de que la corrupción ya les ha hecho todo el daño que les tenía que hacer electoralmente. Que ya tocaron suelo en las elecciones autonómicas y municipales de 2015. Y que, de celebrarse ahora elecciones, mejorarían la marca respecto a los últimos resultados. Pero admiten que episodios como la declaración judicial de Rajoy vuelven a poner por un tiempo el foco en los escándalos de corrupción. A Rajoy, por su parte, le obligan a moverse del discurso en el que más cómodo se siente, el de la recuperación económica, un mensaje que en los últimos días está trufando de alusiones a Cataluña ante la convocatoria de un referéndum para el 1 de octubre.

La última polémica que afecta a esta comparecencia tiene que ver con la intención del presidente de la Audiencia Nacional, José Ramón Navarro, de recibir en persona al presidente del Gobierno a las puertas de los juzgados de San Fernando de Henares, información adelantada por El Plural.

Rafael Hernando y el Papa de Roma

La dirección nacional del PP lleva desde el mes de abril, cuando se supo que Rajoy iba a tener que ir a declarar, quitando hierro a la cita. "No tiene nada que ocultar ni nada nuevo que aportar", sostuvo el número tres del partido, Fernando Martínez-Maillo, el pasado 19 de abril. Similares palabras empleó la semana pasada en un desayuno de la agencia Europa Press, cuando sostuvo que su jefe de filas iba a aportar "muy poco". Lo justificó señalando que el ahora presidente del Gobierno "no tenía ningún tipo de responsabilidad" en la financiación de las campañas de los municipios de Pozuelo y Majandahonda. "No hay nadie que tenga responsabilidad en las campañas electorales de 8.000 municipios en España", justificó. Rajoy es presidente del PP desde octubre de 2004.

Un mes después, el portavoz del PP en el Congreso, Rafael Hernando, abundaba en la idea de que Rajoy va a aportar poca información a este proceso. "Podían llamar al señor Rajoy como podían llamar al Papa de Roma para que viniera a decirles lo que pasó en aquel momento, porque sabe lo mismo", mantuvo.

Uno de los temas que más ha molestado al PP ha sido el hecho de que Rajoy tenga que acudir a declarar al juzgado y no pueda, tal y como se pidió en su día, hacerlo por videoconferencia desde su despacho. "¿Por qué el no puede hacerlo como han hecho multitud de personas en este mismo proceso?", se pregunta un dirigente regional. "Resulta poco serio y nos hace sospechar del marcado carácter político de lo que se pretende", añade.

Para desechar la petición de Rajoy de declarar desde la Moncloa, el tribunal consideró que la seguridad del presidente está garantizada y rechazó el argumento de un despliegue desmesurado de medios económicos dado que la presencia de Rajoy en el juicio requiere tan sólo su desplazamiento unos 18 kilómetros hasta la sede de la Audiencia Nacional en la localidad de San Fernando de Henares (Madrid).

Tras conocerse que Rajoy iba a ser llamado a declarar, los conservadores cargaron contra la Asociación de Abogados Demócratas por Europa (Adade), que ejerce la acusación popular y reclamó la comparecencia del presidente como testigo. El coordinador general del PP calificó a la asociación de "chiringuito del Partido Socialista". Y el propio partido llegó a emitir un comunicado que no gustó en todos los círculos conservadores en el que consideraba que la decisión del tribunal de llamar al presidente era "una muestra del proceso mediático que la acusación popular de Adade pretende seguir".

Si Rajoy no se mueve del escenario que han dibujado desde su partido de cara a la comparecencia, seguirá la misma estrategia que quienes eran pesos pesados del PP en la etapa investigada y ya han pasado por el tribunal. Javier Arenas, Ángel Acebes, Rodrigo Rato y Jaime Mayor Oreja exhibieron el pasado mes en sus declaraciones como testigos una completa ignorancia sobre la caja B del partido y sobre el dinero en general que este manejaba. Álvaro Lapuerta, extesorero del partido y que padece demencia, fue citado por Arenas y Cascos como responsable de controlar las donaciones recibidas por la formación en la fecha investigada. Ambos admitieron la falta de control en estas donaciones.

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Si no hay cambios de última hora, el presidente del Gobierno tampoco podrá esquivar acudir a declarar, en calidad de presidente del Partido Popular, a la comisión de investigación sobre la presunta financiación ilegal de su partido en el Congreso de los Diputados. La idea de los conservadores era que fuese el primero en acudir a este órgano parlamentario. Pero un acuerdo PSOE-Unidos Podemos-Ciudadanos ha hecho que fuese el extesorero del PP Luis Bárcenas el primero en acudir. 

La comparecencia se espera a la vuelta de las vacaciones de verano. No obstante, el PP está preparando un recurso ante el Tribunal Constitucional para paralizarla al considerar clave que este órgano parlamentario delimite el objeto a investigar, el periodo temporal que afecta a la investigación y las instituciones afectadas por la misma.