Una exasesora de Empleo acusa a la Junta de “manipular” los expedientes del 'caso de los ERE'

La exasesora de la Dirección General de Trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía, María José Rofa, compareció este jueves como imputada ante la jueza que investiga el caso de los expedientes de regulación de empleo (ERE) irregulares y se acogió a su derecho a no declarar, aunque sí entregó a la magistrada una "nota informativa" en la que acusa a la Junta de Andalucía de "manipular" la documentación que acompaña a los expedientes investigados y remitidos al Juzgado.  

Asimismo, la imputada aseveró que la Junta "también ha metido en la documentación que acompaña a los expedientes remitidos al Juzgado una serie de correos suyos para incriminarla y causar la impresión de que ella era la que mandaba", cuando ella "no tiene nada que ver con esos expedientes", según han explicaron a Europa Press abogados personados en la causa. "Todos los expedientes" remitidos al Juzgado "están incompletos y han sido manipulados", subraya en la nota entregada María Jose Rofa, que se acogió a su derecho a no declarar por todo lo anterior y, en segundo lugar, porque no constan en las actuaciones los atestados de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil relativos a Altadis y A Novo Comlink.

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Por su parte, el exdirector general de Trabajo y Seguridad Social de la Junta de Andalucía Francisco Javier Guerrero también se acogió a su derecho constitucional a no declarar. Al finalizar su cuarta comparecencia ante la magistrada Mercedes Alaya, el abogado de Guerrero, Fernando de Pablo, atendió a los medios de comunicación para explicar que su cliente se había negado a declarar porque existe en la causa "una especie de secreto sumarial encubierto". "Nos falta documentación" que dijo entender que tienen en su poder la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil pero que no está incorporada a las actuaciones, por lo que "no existe".

"Nos sentimos indefensos para declarar sin conocer las actuaciones", aseveró De Pablo, quien anunció que, en el momento en que dicha documentación se incorpore a las actuaciones y puedan estudiarla, decidirán si declaran ante la jueza Alaya, que impuso a Guerrero una fianza de responsabilidad civil de 686 millones de euros.

También se acogió a su derecho constitucional a no declarar el exdirector general de Trabajo Juan Márquez. La jueza Alaya también citó a declarar este jueves al exdirector de Trabajo Daniel Alberto Rivera y al exdirector general de IDEA Miguel Ángel Serrano.