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José Luis Olivera, exjefe de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional y exdirector del Centro de Inteligencia contra el Terrorismo y el Crimen Organizado (CITCO), es el más reciente imputado en el caso Villarejo, pero un personaje más crucial de lo que a priori pudiera parecer en esta macrocausa sobre las supuestas actividades ilícitas del comisario jubilado. De ilegalidades no ha hablado Olivera en su primera declaración ante el juez, pero sí ha aportado una nueva versión de la que otros antiguos compañeros del Cuerpo ahora reniegan. Según ha afirmado, en la Policía era sobradamente conocido que Villarejo tenía negocios privados de espionaje al tiempo que seguía ejerciendo como comisario y que esos negocios se utilizaban también en operaciones oficiales para conseguir información que, por otros medios, los investigadores eran incapaces de obtener.
Esta es una de las líneas de defensa que viene manteniendo Villarejo desde que fue detenido en noviembre de 2017: que sus actividades en lo privado con sus empresas de detectives eran perfectamente conocidas por sus superiores y que tenía autorización y encargos incluso del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) para labores de tipo operativo.
Según han informado a infoLibre fuentes presentes en el interrogatorio de este lunes en la Audiencia Nacional, Olivera no recuerda bien el año que conoció a Villarejo, pero sí que fueron presentados por el que entonces era el comisario general de policía judicial Jesús Espigares, quien le comunicó que era un "compañero en excedencia", pero que colaboraba con la Policía y que se utilizaban sus empresas de detectives para determinadas misiones. Una de las primeras operaciones de las que fue testigo fue la detención en Grecia del conocido narcotraficante Laureano Oubiña y, según Olivera, la "información tan buena" que permitió esto provino de Villarejo, algo que le dejó "impresionado". Esto tuvo lugar en octubre de 2000.
De acuerdo con las fuentes consultadas, Olivera ha explicado al juez Manuel García Castellón que fue unos años después cuando se enteró de que Villarejo no estaba en excedencia y que era un compañero más en activo. Se enteró, ha dicho, por "casualidad" al ver su nómina, que ha definido como bastante baja para un puesto de comisario. Fue nuevamente Espigares quien le confirmó que Villarejo era propietario de unas empresas que la Policía podía utilizar para cobertura en operativos, dejándole claro también que no era "el único".
El patrimonio de Juan Antonio Roca
Como ejemplos de esta cobertura, Olivera ha recordado casos tan importantes como la operación Malayaoperación Malaya contra la corrupción en el Ayuntamiento de Marbella. Su colaboración habría servido para localizar el patrimonio de Juan Antonio Roca, una información que, según ha indicado, la Policía no podía conseguir porque era detectada en los servidores del registro de la localidad malagueña. También habría ayudado a lograr documentación patrimonial de Roca en Madrid y, según el exjefe de la UDEF, todos estos datos Villarejo los ponía a disposición de investigadores, jueces y fiscales. De igual modo habría hecho en los inicios del caso Gürtelcaso Gürtel.
Olivera ha subrayado que la actividad privada que desarrollaba Villarejo al tiempo que mantenía su puesto de comisario lo sabían los mandos policiales y también otros compañeros. Incluso, los directores adjuntos operativos (DAO) que han ido cambiando con los gobiernos desde entonces, de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas. Y por eso el exjefe de la UDEF ha añadido que le sorprende que otros imputados en la macrocausa, expolicías que conocían a Villarejo, nieguen ahora que estaban al corriente de su doble actividad pública y privada. Entre esos policías que, según él, lo sabían ha citado a Julio Corrochano, exjefe de seguridad en BBVA.
Aparte de los puestos de responsabilidad que ostentó en la Policía, a Olivera le une una relación de confianza desde hace más de veinte años con el comisario jubilado, o eso se deduce de las grabaciones que éste realizó en sus múltiples encuentros, conversaciones, comidas que ambos mantuvieron y que obran en el sumario de la macrocausa que se instruye en la Audiencia Nacional. De hecho, el magistrado García Castellón ya ordenó investigar sus cuentas y patrimonio ante la posible colaboración que habría prestado a Villarejo en sus negocios privados, pues la Fiscalía Anticorrupción veía indicios de un “concierto económico permanente” entre ambos, “a modo de iguala o comisión”. El primero llegó a alardear ante un posible cliente de sus empresas de detectives “su amistad” con el exjefe de la UDEF, al que definía como “tronquete”, insinuando que éste podría facilitarle información por su condición policial.
Olivera, quien en el otoño de 2019 fue fichado por la Federación Española de Fútbol de Luis Rubiales como gestor de riesgos, ha preferido no comentar ante el juez las grabaciones que le comprometen, alegando que no ha tenido aún acceso a todo el sumario de la causa –lo que apunta a una nueva citación judicial en un futuro–, pero ha apuntado que lo que decía Villarejo hay que ponerlo en cuarentena porque le gustaba "alardear". El exjefe de la UDEF ha preferido también contestar únicamente al instructor y a su defensa, obviando así al Ministerio Público y a los representantes de otros investigados y de las acusaciones populares.
Olivera ha sido imputado en la operación Kitchen, la pieza número siete que investiga el operativo parapolicial financiado con fondos reservados para espiar al extesorero del PP Luis Bárcenas y poder robarle documentación que se podría haber llevado del partido cuando fue despedido, información sobre la contabilidad opaca que manejó y sobresueldos en b a dirigentes conservadores, e incluso dos posibles audios que incriminarían al expresidente del Gobierno Mariano Rajoy y el ex secretario general Javier Arenas. Según los cuadernos intervenidos a Villarejo, el exjefe de la UDEF habría tenido conocimiento del operativo y el juez le sitúa como uno de los comisarios a los que se les encomendó el espionaje. De ahí que su citación como investigado haya sido inevitable.
Sin embargo, Olivera ha negado saber nada de la ilegalidad de la operación Kitchenoperación Kitchen, aunque sí ha dejado caer que Villarejo le había comentado algo respecto a un operativo para buscar patrimonio oculto de Bárcenas en el extranjero, por lo que esto no le extrañó, ya que él, que había sido jefe de la UDEF, sabía por dónde iban los derroteros del caso Gürtel, en el que el extesorero del PP también estaba investigado por delitos fiscales y blanqueo de capitales. El juez, no obstante, no ha quedado muy convencido: "Los audios contradicen casi todo lo que ha dicho usted", le ha advertido, según las fuentes consultadas.
La versión de Morocho, una "fantasía"
El pacto de dos clientes de Villarejo con la Fiscalía le señala el camino de vuelta a la cárcel
La instrucción de Kitchen, que lleva abierta desde el otoño de 2018, ha desbordado los años en los que esta trama estuvo en marcha, entre 2013 y 2015 según los investigadores, y ha sacado a la palestra otros supuestos intentos para boicotear la otra gran causa que esos años cercaba al PP: el caso Gürtel. Aquí también está señalado Olivera, a quien el inspector al mando de esta investigación que arrancó en 2008, Manuel Morocho, ha situado como uno de los superiores que intentó apartarle y retrasar las pesquisas. Para el comisario ya retirado, la versión de Morocho de que le ofreció un puesto en Lisboa para alejarle del caso es una "fantasía", ya que entonces, en junio de 2013, ya no estaba en la UDEF, sino en el CITCO, y no tenía capacidad para asignar un puesto así aunque luego sí dependiera "funcionalmente" de él, según las fuentes presentes en el interrogatorio. También ha acusado a Morocho de ser un "narcisista".
Ha negado haber presionado al inspector para que cambiara informes que afectaban a dirigentes del PP; en todo caso, ha remarcado, se trataba de "corregir" o "revisar" ciertas cosas porque, según su relato, Morocho daba por sentadas conclusiones que podían comprometer el trabajo policial. "La palabra presionar, no", ha insistido, para también afirmar que esos informes "nunca" los pusiera en conocimiento o copia de personas equivocadas. Eso sí, ha comentado que es algo habitual que los informes de cualquier investigación pasen por varias manos antes de llegar al juez instructor: del inspector, al jefe de sección, después al jefe de brigada y por último al jefe de unidad.
Es más, por lo que ha dicho se considera una víctima más de la llegada al poder del PP a finales de 2011, pues según ha contado fue apartado de la UDEF meses después porque esta unidad policial era "la bestia negra" del partido conservador por las investigaciones que habían llevado a cabo, como Gürtel. Se creó un "clima", ha dicho, en el que ya no se podía "trabajar igual".
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