El Mar Menor está en estado crítico desde el último episodio de anoxia en sus aguas, ocurrido tras la DANA del pasado octubre en el Mediterráneo, que dejó imágenes lamentables de cientos de peces muertos en la orilla. Tras el revuelo causado, y ante el miedo a que el pobre estado de la laguna repercuta en el turismo –ya empiezan a registrarse cancelaciones en masa de reservas para este verano, sobre todo de extranjeros–, el Gobierno de la Región de Murcia (PP-Cs) prometió publicar un decreto para paliar sus principales afecciones antes de que llegara 2020. Cumplió su palabra: el 26 de diciembre anunció la publicación de la norma, que se publicó en el BORM el pasado viernes. Activistas, oposición y expertos están dedicando sus vacaciones de Navidad a analizar el texto y ya tienen sus principales conclusiones, aunque por ahora son provisionales: la palabra más repetida en la valoración es "insuficiente".
"Sobre el Mar Menor convergen una pluralidad de usos que hay que ordenar y solo si se armonizan de manera sostenible se recuperará", dijo el Consejero de Agricultura, Antonio Luengo, en la presentación de la norma. El decreto, como medida más llamativa, prohíbe la aplicación de fertilizantes en la franja de 500 metros contigua a la laguna. También establece un orden de preferencia en los sistemas de cultivo, se prohíben las transformaciones de secano a regadío y la creación de nuevas superficies de secano queda sujeta a autorización dentro de los terrenos cercanos al ecosistema. Se limitarán, además, los ciclos de cultivo, por lo que queda prohibido más de dos cosechas anuales en la misma parcela.
El decreto ley contempla un área de exclusión temporal para nuevos desarrollos urbanísticos no aprobados antes de entrar en vigor el decreto ley. Los aprobados previamente tienen vía libre. Tampoco están permitidos los usos industriales salvo los proyectos "estratégicos" o las actuaciones "de interés regional o turístico". La ganadería porcina no podrá, por otra parte, ampliarse en la zona 1.
Los activistas en defensa de la albufera, agrupados en la plataforma llamada Pacto por el Mar Menor, no ven con malos ojos, contraproducentes o regresivas la mayoría de las medidas. Pero las consideran insuficientes, si no completamente inútiles, y tienen muchas reservas con respecto a su cumplimiento. "Lo de los 500 metros sin fertilizantes es ridículo. La mayoría de ese medio kilómetro está urbanizado o son zonas de saladeras, por lo que no se puede fertilizar nada. Afecta a 100 hectáreas de las 60.000" dedicadas el cultivo que afectan al Mar Menor, explica Isabel Rubio, del grupo de coordinación de la plataforma.
Aquí está el quid de la cuestión. El decreto, apoyado por Vox, cuenta con el visto bueno de los agricultores del Campo de Cartagena cuya actividad económica, en base a explotaciones intensivas y de carácter industrial, impactan en el Mar Menor. El papel del sector primario en la degradación de la laguna es motivo de discusión en Murcia: la derecha critica que se les "criminalice" y apuntan a que son el motor del desarrollo económico de la región, mientras que los ecologistas llaman a la reducción de las hectáreas de regadío. Los nitratos que se utilizan en el campo son arrastrados en los episodios de lluvia hasta la albufera y la asfixian.
Vista aérea del Mar Menor.
"El Gobierno solo ha escuchado al sector agrícola", opina Rubio. Ni una de las sugerencias del Pacto para el Mar Menor ha sido incluida en el decreto. También se queja de la exclusión el decano del Colegio de Biólogos de la Región de Murcia, Ginés Luengo, que considera que sus compañeros tienen que estar presentes, junto a los ambientólogos, en la toma de decisiones con respecto al futuro del ecosistema. Para que se tomen mediante criterios científicos, no económicos. "Aquí no valen consensos. Tiene que haber un área de exclusión total de la agricultura. Y que la distancia se tome mediante métodos científicos, no al azar. Los 500 metros son insignificantes", asegura.
El decreto también prevé un "corredor ecológico" para que las plantas frenen la velocidad del agua cuando corre cuenca abajo tras las precipitaciones y que, además, sirvan de barrera natural absorbiendo los nitratos que, de otra manera, acabarían directamente en el Mar Menor. Se trata de una medida, esta sí, de amplio consenso entre todas las partes: sin embargo, expertos y activistas dudan de su eficacia real cuando el ladrillo llega casi hasta la costa, cuando el rechazo a nuevas construcciones no incluye a los proyectos ya en marcha ni a los de "interés turístico" y cuando no hay asignado presupuesto para el decreto.
Los antecedentes
El Pacto por el Mar Menor se funda en 2015 y desde su creación exigen al Gobierno regional, que por entonces también estaba comandado por el PP, la creación de una ley integral "que tuviera en cuenta a todos", explica una de las coordinadoras. "No hicieron ningún caso". El primer episodio de eutrofización de la primavera de 2016 –un complejo proceso fruto de la interacción entre los químicos y el agua, y con resultado de muerte para la flora y la fauna del lugar– impulsó una ley de medidas urgentes que instauró las primeras restricciones para el sector agrícola. De dicha ley, ahora derogada, se han mantenido medidas como la obligación de los propietarios de terrenos de dedicar un 5% del espacio a cultivos que frenen el agua en caso de riada.
En marzo de 2018, el presidente de la Región de Murcia, Fernando López Miras, descartó elaborar una ley integral, que abordara los aspectos relacionados con la agricultura, con la biología, con las ciencias ambientales, con el desarrollo urbanístico, con el turismo, con el cambio climático, que interaccionan continuamente en un ecosistema tan frágil. Hasta que llegó la tromba de agua de octubre de 2019, que desencadenó otro episodio de animales muertos en la orilla y dentro de la albufera. El Mar Menor está, en la actualidad, en un estado crítico. El Ejecutivo regional, así, se vio obligado a empezar a redactar a finales de octubre un decreto. "Antes de Nochebuena se reunieron con todos los actores sin que se hayan tenido en cuenta las aportaciones", critica la activista. No solo de los ecologistas: PP y Cs no llegaron a un acuerdo con el principal partido de la oposición, el PSOE, que proponía una prohibición de los fertilizantes a 1500 metros a la redonda.
"La mayoría inmensa de los contenidos son un refrito. Lo que nos queda por analizar es si lo nuevo es un avance o una regresión", juzga, por su parte, Julia Martínez, de la Fundación Nueva Cultura del Agua. "Más allá de eso, lo que hay es un descrédito absoluto y una desconfianza brutal con respecto al cumplimiento de las leyes". Ecologistas en Acción denunció en octubre roturaciones ilegales para implantar nuevas hectáreas de regadío. Los activistas creen que las instituciones hacen la vista gorda. "Lo más grave ha sido la actitud cómplice y facilitadora que han tenido las administraciones, en especial la Confederación Hidrográfica del Segura y el Gobierno regional, que no han cumplido, ni han hecho cumplir, la normativa vigente en el Mar Menor y su entorno", aseguraron.
Para Luengo, el descontrol es absoluto. "Nadie controla a la agricultura. Se hacen roturaciones y nadie hace nada. Tiene que haber una consejería de Medio Ambiente que esté separada de Agricultura, porque en otro caso el pez grande se come al chico", asegura, en referencia a que los intereses económicos de las grandes corporaciones que trabajan (o hacen trabajar) la tierra en Murcia siempre pesan más a la hora de tomar decisiones.
Una manifestación durante la octava etapa de la vuelta ciclista clama por la protección del Mar Menor
Un 2020 complicado
La batalla continuará, a buen seguro, en 2020. Tras el decreto, decepcionante para muchos, las miradas se fijarán en el Gobierno estatal, que sacó a participación pública un plan de vertido cero y que, por ahora, no gusta tampoco a los ecologistas, que creen que apuesta demasiado por las grandes infraestructuras y muy poco por cambiar el modelo productivo murciano. El Ministerio para la Transición Ecológica ha sido objeto de críticas y de recursos administrativos por parte de los Ejecutivos valenciano, andaluz y murciano, por su decisión de reducir al mínimo el trasvase de agua desde el Tajo al Segura en diciembre aludiendo a "la situación del mar Menor y los efectos que el regadío produce en la laguna".
No será un año fácil para Murcia y los más pesimistas hablan de que, más a largo plazo, vienen tiempos complicados. El impacto ecológico de la llamada "huerta de Europa" cada vez es más evidente, al mismo tiempo que se pone en duda su propia supervivencia: el cambio climático agudiza las sequías que sufren, las trombas de agua que lo destrozan todo y reduce, sin prisa pero sin pausa, el agua que tienen disponible. Mucha menos gente querrá veranear en un Mar Menor muerto. Y, para rematar, el ascenso de la extrema derecha ha sido meteórico en estas latitudes: con un discurso que defiende al terrateniente y criminaliza al migrante que trabaja en sus parcelas.
El Mar Menor está en estado crítico desde el último episodio de anoxia en sus aguas, ocurrido tras la DANA del pasado octubre en el Mediterráneo, que dejó imágenes lamentables de cientos de peces muertos en la orilla. Tras el revuelo causado, y ante el miedo a que el pobre estado de la laguna repercuta en el turismo –ya empiezan a registrarse cancelaciones en masa de reservas para este verano, sobre todo de extranjeros–, el Gobierno de la Región de Murcia (PP-Cs) prometió publicar un decreto para paliar sus principales afecciones antes de que llegara 2020. Cumplió su palabra: el 26 de diciembre anunció la publicación de la norma, que se publicó en el BORM el pasado viernes. Activistas, oposición y expertos están dedicando sus vacaciones de Navidad a analizar el texto y ya tienen sus principales conclusiones, aunque por ahora son provisionales: la palabra más repetida en la valoración es "insuficiente".