Los expertos de Sumar se desmarcan de la ley de ERC e incluyen en la amnistía a los policías del 1-0

Dos meses de trabajo después y en medio de las negociaciones para formar una mayoría de cara a la investidura de Pedro Sánchez, Sumar ha presentado este martes el dictamen encargado a una veintena de juristas sobre la amnistía. La presentación ha corrido a cargo del catedrático de Derecho Penal, Nicolás García, y del expresidente del grupo de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, persona designada por Yolanda Díaz como interlocutor en las negociaciones con los independentistas. La vicepresidenta segunda en funciones ha estado en primera línea del acto, pero no ha intervenido en ningún momento. 

El documento de 40 páginas, al que ha tenido acceso infoLibre, apuesta por una amnistía que incluya conductas constitutivas de delito o faltas ocurridas en los últimos diez años relativas al procés catalán y, a diferencia de la propuesta presentada por Esquerra Republicana —firmada por Junts y la CUP— en 2021, sí incluyen a los policías procesados por las cargas del 1-O,  salvo los imputados por delito de integridad moral o por torturas, tal y como consta en los tratados internacionales suscritos por España.

La inclusión de las Fuerzas de Seguridad en cualquier futura amnistía, algo que ya se hizo en la de 1977, ha sido un asunto espinoso desde el principio por la oposición de un sector del independentismo. Los juristas de Sumar alegan que un olvido jurídico de estas características solo tiene sentido si abarca tanto a la parte independentista como a los agentes del orden. Por lo pronto, se beneficiarían 28 agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil procesados por delitos de lesiones.

Menos claro está el futuro de los 45 agentes procesados por una actuación "desproporcionada e innecesaria" en varios colegios electorales. En su auto de procesamiento, el juez instructor del caso, Francisco Miralles, habla de agarrones de pelo, puñetazos, patadas o porrazos en la cara y dejaba la puerta abierta a que se les pudiera acusar de torturas o un delito contra la integridad moral. Sin embargo, los principales sindicatos policiales están convencidos de que no tendrá ningún recorrido.

El independentismo, por su parte, no se ha pronunciado de forma unánime alrededor de esta cuestión. Algunas voces se muestran comprensivas con la posibilidad de que se puedan incluir a los agentes en el marco de la amnistía, "guste más o guste menos". "Hay que sentar las bases, a partir de la amnistía y de la mediación neutral, para un diálogo de futuro, para ir mejor todo el mundo, no sólo unos pocos, sean catalanes o españoles", resaltaba recientemente el exconseller de Junts Lluís Puig, procesado por desobediencia y malversación y huido de la acción de la justicia. Algo que, sin embargo, rechazan categóricamente otros sectores del independentismo, donde no gusta la idea de un olvido jurídico que pueda beneficiar a los agentes.

Sumar aboga por exonerar también a manifestantes, alcaldes y CDR

El informe argumenta que podrían beneficiarse de la amnistía "todas aquellas acciones y omisiones ejecutadas por ciudadanos reivindicativas de la autodeterminación de Cataluña". En esa línea, apunta a las concentraciones de 20 de septiembre y 1 de octubre de 2017 por las que varios de los líderes del procés fueron acusados de sedición, y afirma que "si por algo se caracterizaron esas concentraciones fue por su carácter pacífico".

Los expertos también citan otros ejemplos que afectarían a cargos públicos y manifestantes como "las protestas ciudadanas" contra la sentencia del juicio del procés en 2019, "traducidas en manifestaciones y concentraciones, algunas de las cuales desembocaron en desórdenes públicos", "los cortes de carreteras dieron lugar a más de 250 causas", y "50 cargos de la Generalitat siguen sometidos todavía a procedimientos penales [...] por su implicación en el referéndum del 1 de octubre, mientras que más de 700 alcaldes fueron investigados por apoyarlo".

También destacan que "a día de hoy se mantienen en pie varios procedimientos penales por distintos delitos contra el orden público (el caso de los CDR), por apoyo económico al procés (Operación Volhov) o la imputación a Tsunami Democràtic por la organización de las protestas callejeras". Todos ellos, según la premisa de los expertos de Sumar, quedarían amnistiados si se aplicara este modelo de olvido legal.

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En su segundo apartado, el informe detalla los motivos para poner en marcha una ley de amnistía. El principal es que se trata de una herramienta de la que disponen los Estados para hacer frente a problemas de cariz político, lo que permite determinar "su línea político-criminal": La amnistía se articula alrededor de motivaciones estrictamente políticas", señala el informe. Los expertos también sostienen que el conflicto político entre Cataluña y el Estado resultó agravado “por una contundente represión penal y por la falta de proporcionalidad con la que se adoptaron ciertas decisiones judiciales" y abogan por dejar atrás la "política criminal punitivista".

Un argumento que García ha sacado a relucir en la presentación del dictamen, donde ha definido la amnistía como "la segunda fase de la linea descriminalizadora" tras los indultos concedidos a los líderes independentistas condenados por el Tribunal Supremo. Él, al igual que el resto de juristas, insisten en que la amnistía es plenamente constitucional porque la Carta Magna no la prohíbe expresamente como sí hace con los indultos generales. "Eso permite trabajar sobre las normas, porque no son células muertas. Hay que trabajar con interacción e ir un poco más allá de lo que es el texto legal", planteó el experto, que comparó la amnistía con leyes como la de la eutanasia, que tampoco aparece mencionada en la Constitución.

Aunque el texto no menciona ningún nombre, la medida incluiría al expresident y vicepresident de la Generalitat, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras y a los exconsellers Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa, quienes fueron indultados pero permanecen inhabilitados por delitos de desobediencia y malversación después de que el Tribunal Supremo revisara sus condenas a raíz de la reforma que eliminó la sedición y modificó la malversación. Desde en primer momento Sumar ha dejado claro que está abierta a "recibir aportaciones" del resto de grupos: "No es el punto y final de nada", aseguró Asens.