El órgano de gobierno de los jueces se cuela de nuevo en el debate público a poco más de un mes para las elecciones generales. Y lo hace de la mano del PP. El líder y candidato conservador a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro este lunes que la reforma del poder judicial estará en su lista de prioridades en caso de alcanzar la Presidencia del Ejecutivo. "En los cien primeros días remitiré a la Cámara una nueva Ley para garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y la de jueces, magistrados y fiscales", ha señalado durante un desayuno informativo celebrado en el hotel Ritz. Una reforma en la que la formación conservadora, que lleva años bloqueando la renovación del órgano, ha insistido una y otra vez y que da ventaja a la derecha judicial de cara al CGPJ.
El PP ya puso sobre la mesa a comienzos de año una propuesta de reforma de la Ley del Poder Judicial que se centraba, fundamentalmente, en un cambio de modelo del sistema de elección de doce de los veinte vocales del órgano de gobierno de los jueces. En concreto, aquellos de procedencia judicial. El texto planteaba que esta docena –dos del Supremo, tres con más de 25 años de antigüedad y otros siete sin esta limitación– fuera elegida directamente "por y entre jueces y magistrados de todas las categorías judiciales que se encuentren en situación de servicio activo", mediante "voto personal, igual, directo y secreto". Y con un sistema de circunscripción electoral "única para todo el territorio nacional".
Una reforma de estas características supone un regreso al sistema de elección de comienzos de los ochenta, ese al que ni conservadores ni progresistas habían decidido volver hasta ahora a pesar de haber tenido margen para hacerlo. Entonces, los jueces también elegían a sus pares en el Consejo General del Poder Judicial con un sistema de circunscripción electoral única, siendo designados como vocales del órgano aquellos que obtuvieran un mayor número de votos, igual que ahora propone el PP. No obstante, la propuesta actual de los conservadores, a diferencia del sistema que había en los ochenta, limita a seis el "número máximo de nombres" que puede marcar cada elector en la lista abierta de candidatos que deberá contener la papeleta.
Sólo en una ocasión los jueces han elegido a sus pares para el Consejo General del Poder Judicial. Fue en 1980. Entonces, sólo se admitieron tres candidaturas para los comicios. La primera era la de la Asociación Profesional de la Magistratura, que en aquel momento era el único colectivo constituido legalmente en el ámbito judicial. Y junto a ella concurrieron la Candidatura Judicial Independiente y la Candidatura Independiente de Magistrados de Trabajo, que solo presentaba a un candidato para el grupo de elección correspondiente al cuerpo de magistrados del trabajo. A pesar de que eran listas abiertas, y de que los electores podían apoyar nombres de diferentes candidaturas, la APM se quedó con los doce sillones del CGPJ que estaban en juego.
Elecciones a salas de gobierno de tribunales
Ahora, cuatro décadas después, hay mayor variedad de colectivos profesionales. En la actualidad existen hasta cuatro grandes asociaciones –APM, Francisco de Vitoria (AJFV), Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD) y Foro Judicial Independiente (FJI)– de las que forman parte el 55% de la carrera. Pero de todas ellas, la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura es la más potente. El pasado verano, según los últimos datos disponibles del Poder Judicial, contaban con 1.355 asociados. Son el 25% del total de jueces en activo. Y el triple de miembros de la progresista Juezas y Jueces para la Democracia, que en los últimos siete años ha experimentado un retroceso en el número de socios.
Con este músculo, la asociación mayoritaria logra imponerse sin demasiados problemas en las elecciones a las salas de gobierno de Tribunal Supremo, Audiencia Nacional y los Tribunales Superiores de Justicia. Estos comicios se celebran cada cinco años. Y, en ellos, los jueces eligen a sus pares a través de un sistema mayoritario puro en el que cada uno de los electores puede votar a tantos compañeros como puestos deben cubrirse, un modelo de elección que se asemeja al planteado desde el PP. En el último proceso de estas características, el colectivo de corte conservador se hizo con algo más de la mitad de los asientos que estaban en disputa. Le siguieron, por este orden, la AJFV, FJI y la progresista JJpD. Solo trece puestos se quedaron en manos de jueces no asociados.
La Asociación Profesional de la Magistratura también se impuso en los comicios de 2014. Y en los de 2009, donde se hizo con 53 de los 117 miembros a elegir, frente a los 21 de la Francisco de Vitoria, los 11 de Foro Judicial Independiente, los 9 de Jueces para la Democracia y los 23 asientos que fueron a parar a no asociados. Una cifra inferior a la que registró cinco años antes. En aquellas elecciones a las salas de gobierno, las del año 2004, el colectivo profesional mayoritario se quedó con 79 de los 116 puestos en juego, nada menos que el 68%, frente a una AJFV con 24 representantes y un JJpD con siete miembros, a pesar de que entonces era la segunda asociación con mayor número de afiliados.
Garantizar la pluralidad
La propuesta de reforma del PP para el Consejo General del Poder Judicial sólo hace una pequeña mención a la necesidad de conformar un órgano plural. "El reglamento [para desarrollar el procedimiento electoral] contemplará todas las medidas necesarias para garantizar la mayor proporcionalidad en la representación entre miembros asociados y no asociados de la carrera judicial y la presencia equilibrada entre hombres y mujeres", contempla el artículo 574.2. En este sentido, algunos expertos ponen sobre la mesa soluciones imaginativas. Por ejemplo, que se establezcan unas cuotas a repartir entre asociados y no asociados, que podrían calcularse en función del porcentaje que representan ambos grupos.
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La mayoría de colectivos judiciales coinciden en la necesidad de la reforma. Ahora bien, no se ponen de acuerdo en el sistema de votación. Así, mientras que la Asociación Profesional de la Magistratura apuesta por un sistema de circunscripción única y mayoritario puro en el que cada juez puede votar a tantos candidatos como puestos deben cubrirse, las moderadas Francisco de Vitoria o Foro Judicial Independiente ya plantearon hace un año un modelo para "garantizar la pluralidad" en el que cada elector pueda votar a un máximo de seis candidatos, como plantea el PP, pero dando más puntos al primero que al segundo, y así sucesivamente.
El modelo de jueces que eligen a los jueces para el Consejo General del Poder Judicial desapareció en 1985, cuando el Ejecutivo de Felipe González decidió reformar la ley para dejar en manos del Congreso de los Diputados y el Senado la designación de los vocales. Alianza Popular no dudó en llevar aquel cambio ante el Tribunal Constitucional. Sin embargo, el máximo intérprete de la Ley Fundamental negó que el nuevo modelo de elección fuese contrario a la Carta Magna. En su sentencia, dejaba claro que no podía decirse que el nuevo modelo de elección hiciese imposible que el CGPJ reflejase "el pluralismo existente en el seno de la sociedad", sobre todo porque la ley adoptaba algunas cautelas, como exigir "una mayoría calificada de tres quintos".
Bruselas lleva tiempo pidiendo a España que impulse una reforma del sistema para que los jueces puedan participar en la elección del Consejo General del Poder Judicial. De hecho, el pasado mes de octubre el comisario de Justicia de la Unión Europea, Didier Reynders, insistió en esta misma cuestión durante una visita a nuestro país. Ahora bien, dejó claro entonces que la verdadera prioridad no era tanto cambiar el modelo, sino renovar de una vez por todas un órgano de gobierno de los jueces que lleva caducado desde hace cuatro años y medio. Un bloqueo que el PP, sin embargo, ha seguido manteniendo de manera indefinida.
El órgano de gobierno de los jueces se cuela de nuevo en el debate público a poco más de un mes para las elecciones generales. Y lo hace de la mano del PP. El líder y candidato conservador a la Moncloa, Alberto Núñez Feijóo, ha dejado claro este lunes que la reforma del poder judicial estará en su lista de prioridades en caso de alcanzar la Presidencia del Ejecutivo. "En los cien primeros días remitiré a la Cámara una nueva Ley para garantizar la independencia del Consejo General del Poder Judicial y la de jueces, magistrados y fiscales", ha señalado durante un desayuno informativo celebrado en el hotel Ritz. Una reforma en la que la formación conservadora, que lleva años bloqueando la renovación del órgano, ha insistido una y otra vez y que da ventaja a la derecha judicial de cara al CGPJ.