El PP no quiere que el diálogo que Pedro Sánchez ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo pueda ser utilizado por el presidente para reducir la presión que ha decidido mantener en contra de la amnistía y de la formación de gobierno. Así que ha optado por limitar las expectativas. Y anunciar que, si la reunión se produce, la utilizará para exigir que la medida de perdón no salga adelante y que el PSOE ponga fin a sus negociaciones con Junts y con Esquerra. “La amnistía” y las “cesiones conocidas a los independentistas” estarán en el orden del día que Génova trasladará a la Moncloa cuando le comunique que desea celebrar la reunión.
Sánchez quiere plantear al líder de la oposición la creación de una comisión de trabajo PSOE-PP para hablar de la eliminación del término “disminuido” de la Constitución, desbloquear la renovación del Consejo General Judicial (CGPJ) y abrir un diálogo que conduzca a la aprobación de un nuevo modelo de financiación autonómica. De los tres asuntos, solamente el primero —un retoque muy concreto de la Carta Magna que reclaman desde hace años las personas con discapacidad— tiene visos de llegar a buen puerto. Los dos primeros son, en realidad, un déjà vu. El presidente planteó exactamente lo mismo al líder del PP en abril de 2022. Sin resultado. La novedad es la financiación autonómica, aunque en este caso el PP se niega a hablar porque defiende que esa negociación debe llevarse a cabo entre comunidades autónomas, no entre partidos.
La desconfianza que transmite el PP es máxima. Retratan a Sánchez como un mentiroso. “Cuando constantemente se miente no se puede hablar de virtud, sino de todo lo contrario. La relación de Pedro Sánchez con la mentira ya es un vicio. Un día tras otro, da igual el tema, siempre está esa tendencia que tiene hacia la mentira”, declaró la número dos de Feijóo, Cuca Gamarra, en un acto de partido en Zaragoza.
No es nada nuevo. Nada más llegar a Génova, el propio Feijóo ya utilizó el palo y la zanahoria. Ofrecía pactos al Gobierno, prometía paciencia y constancia para negociar y, a renglón seguido, afirmaba que la palabra del presidente Pedro Sánchez “no vale nada”.
A tender puentes no está ayudando que Sánchez siga dando detalles de lo que va a plantear a Feijóo a través de los medios de comunicación y que todavía no se haya puesto en contacto directamente con él. Lo que sí ha trasladado el PP, a través de Gamarra, es que no permitirá que ese diálogo sea utilizado por el PSOE para “blanquear” el que ya sostiene con los independentistas.
Las condiciones
Exigirán que tenga lugar en el Congreso de los Diputados y, aunque de momento no hay constancia de que Feijóo vaya a poner condiciones previas, tal y como anunció el lunes el portavoz del partido, Borja Sémper, sí ha dejado claro que cuando Moncloa se ponga en contacto con el PP harán público su propio orden del día, en el que estarán, al menos, la amnistía y las negociaciones con Junts y Esquerra. Feijóo quiere evitar que la cita gire en torno a lo que desea Sánchez, así que se dispone utilizarla para exigir al presidente que desista de las medidas gracia y que suspenda el diálogo con el independentismo. Esa será su prioridad.
En materia de financiación autonómica, el PP exigirá, como ha hecho siempre, que la negociación tenga lugar entre el Gobierno y las comunidades del régimen común —todas menos el País Vasco y Navarra— en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF). Justo lo contrario de lo que lleva tiempo planteando la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, partidaria de someter la negociación a los partidos para simplificar el proceso.
Es más sencillo pactar entre los interlocutores con representación en el Congreso que entre 15 gobiernos autonómicos. Por eso lleva tiempo pidiendo, sin éxito, que tanto PP como PSOE hagan propuestas consensuando previamente las posiciones de las comunidades que gobiernan, una estrategia que trata de poner la pelota en las autonomías del PP, que no sólo son la mayoría, sino que defienden posiciones contrapuestas.
Feijóo no quiere ni oír hablar de ese planteamiento. No negociará con el PSOE el modelo y dejará que sean las comunidades las que se peleen entre sí en el CPFF. Allí es donde se debe hablar de financiación, sostiene, pero también de las quitas de deuda que el PSOE ha puesto encima de la mesa después de pactarlas con Junts.
Sin propuesta del PP
Lo cierto es que el PP no tiene una propuesta en esta materia. El modelo caducó en 2014, pero Mariano Rajoy fue incapaz de abrir una negociación sobre este asunto mientras fue presidente. Feijóo se lava las manos y deja a cada uno de sus barones la responsabilidad de defender los intereses de cada territorio, que no siempre son coincidentes. El propio líder del PP, cuando presidía Galicia, maniobró para organizar un frente común de las comunidades con menos recursos para hacer frente a las que reclaman un mayor peso de la población en el sistema, en especial Andalucía, la Comunitat Valenciana y Murcia.
De ahí la ambigüedad del programa electoral con el que el PP se presentó a las generales. En él, eso sí, se deja claro que la negociación del nuevo modelo se debe llevar a cabo “con todas las comunidades, buscando los consensos necesarios para su aprobación”. Sobre su contenido solo se dice que “la reforma partirá de la suficiencia y la sostenibilidad de las finanzas públicas, buscando un reparto equitativo de los recursos, preservará la autonomía fiscal de las comunidades y reforzará su responsabilidad financiera. Se analizarán otros elementos que afecten a las finanzas autonómicas, como la eliminación ordenada del FLA, la revisión del fondo de compensación interterritorial y el encaje con la financiación local”.
En relación con el CGPJ, Gamarra reiteró este jueves que el PP no dará su brazo a torcer. “Nosotros no vamos a cambiar de opinión”, proclamó sin rodeos. Así que, si Sánchez quiere que se renueve este órgano, “deberá comprometerse de manera indiscutible con la independencia del Poder Judicial”, lo que en el lenguaje del PP significa promover un cambio en la legislación actual.
El Consejo General del Poder Judicial lleva más de cinco años en funciones, controlado por una mayoría conservadora que desde hace ocho años no se corresponde con la composición del Congreso de los Diputados.
Voluntad política
El acuerdo sobre el CGPJ no tiene, en realidad, ninguna complejidad. Depende únicamente de la voluntad política de PSOE y PP. Bastaría con que Feijóo pusiese fin al bloqueo y cumpliese la ley, participando en la designación de los vocales que deben elegir el Congreso y el Senado. Sería suficiente, también, que Sánchez renunciase al actual modelo y aceptase apoyar la reforma que plantean PP y Vox para impedir que las Cortes elijan a 12 de los vocales a partir de la lista de 50 nombres que desde hace décadas les trasladan las asociaciones judiciales. Pero, de momento, ninguno de los dos parece dispuesto a ceder.
En cuanto a la eliminación del término “disminuido” de la Constitución, Gamarra confirmó que “esta reforma no necesita mucha discusión, porque el Partido Popular sigue comprometido con ella”. Siempre y cuando se lleve a cabo “en las condiciones que ya estaban pactadas con el Partido Socialista” y Sánchez garantice que “que no servirá bajo ningún concepto para una reforma indirecta de otras cuestiones” y que en ningún caso exigirá la celebración de un referéndum.
Acordar este punto, efectivamente, es en realidad lo más sencillo de lo que Sánchez va a proponer a Feijóo. Sobre el papel existe un consenso compartido por todos los partidos con representación parlamentaria para cambiar el artículo 49 de la Constitución y eliminar el término “disminuido” a la hora de hacer referencia a las personas con discapacidad. PSOE y PP no solamente lo defienden, sino que lo plantearon a los electores en sus programas electorales.
La dificultad, en este caso, es vencer la desconfianza de Feijóo. El presidente del PP declaró hace apenas una semana su temor a que la reforma utilice “la discapacidad para hacer una reforma constitucional en contra de la convivencia y de la integridad de la nación”. Debe hacerse “por consenso del PP y del PSOE, 258 escaños, y por supuesto sin que sirva para abrir la puerta de atrás a reformas constitucionales que plantean los partidos independentistas”.
Todo indica que, para dar su visto bueno, Feijóo exigirá a Sánchez un compromiso formal de que esta reforma se limitará al artículo 49 y rechazará cualquier pretensión de sus socios, especialmente los independentistas, de abrir el melón de una eventual actualización de la Carta Magna.
Sánchez propondrá a Feijóo una "comisión de trabajo" entre PSOE y PP para llegar a grandes acuerdos
En el Palacio de La Moncloa se han tomado la reacción del PP a la propuesta de Sánchez como un ‘no’. A pesar de ello, fuentes del Gobierno consultadas por infoLibre insisten en que cuando se reúnan el presidente ofrecerá a Feijóo esa comisión de trabajo entre ambos partidos.
En cuanto a la financiación autonómica, que Feijóo que situar en el marco de la CPFF y dejar exclusivamente en manos de las comunidades autónomas, las mismas fuentes aseguran que “hay precedentes de esos acuerdos entre PP y PSOE. En financiación autonómica, cuando Zapatero estaba en la oposición”. “¿Por qué el PP tiene miedo a negociar?”, se preguntan.
En el Palacio de La Moncloa interpretan que la reacción de Feijóo demuestra que el líder de la oposición vuelve a estar temeroso, cuando se habla de pactos con el PSOE, a la reacción de Vox. “Es rehén de ellos”, dicen, y de ala más dura del PP.
El PP no quiere que el diálogo que Pedro Sánchez ha propuesto a Alberto Núñez Feijóo pueda ser utilizado por el presidente para reducir la presión que ha decidido mantener en contra de la amnistía y de la formación de gobierno. Así que ha optado por limitar las expectativas. Y anunciar que, si la reunión se produce, la utilizará para exigir que la medida de perdón no salga adelante y que el PSOE ponga fin a sus negociaciones con Junts y con Esquerra. “La amnistía” y las “cesiones conocidas a los independentistas” estarán en el orden del día que Génova trasladará a la Moncloa cuando le comunique que desea celebrar la reunión.