Migración, amnistía o política fiscal: así intenta torpedear Feijóo al Gobierno desde las autonomías del PP

"Las comunidades autónomas del Partido Popular son el mejor dique de contención contra el desgobierno de la nación". La frase, pronunciada hace unos días por el portavoz del PP Borja Sémper, sirve para explicar la estrategia de los conservadores desde que en las elecciones autonómicas del pasado año lograran teñir el mapa de azul. Actualmente la formación liderada por Alberto Núñez Feijóo gobierna en once de las diecisiete comunidades—además de en las dos ciudades autónomas—, y se están sirviendo de ese poder territorial, logrado en muchos lugares gracias al apoyo de Vox, para obstaculizar e incluso bloquear las políticas impulsadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en materias como la migración, la educación o la política fiscal, entre otras.

La ruptura

La Constitución Española no contempla en su Título VIII ningún precepto que recoja explícitamente los principios de colaboración o coordinación ni los órganos de cooperación de aplicación a la relación entre las administraciones del Estado autonómico, pero sí recoge el principio de solidaridad que el PP no siempre cumple. Existen órganos para fomentar el diálogo entre las administraciones como las conferencias sectoriales, como la que recientemente se reunió en Tenerife para abordar la reubicación de menores migrantes no acompañados, o las Conferencias de Presidentes, especialmente frecuentes durante la pandemia. Los conservadores siempre acusan al Gobierno de legislar de espaldas a las autonomías, pero es precisamente lo que ellos hacen cuando tienen la oportunidad.

Cuando Feijóo llegó a la dirección del PP aseguró que no se iba a inmiscuir en el trabajo de sus gobiernos autonómicos, a diferencia de lo que ocurría en la etapa de Pablo Casado. Una promesa que, sin embargo, incumplió tras ordenar a todos sus presidentes, incluidos aquellos que gobernaban junto a Vox, que aceptaran el reparto voluntario de 347 menores a la Península, pese a la ruptura de los ultraderechistas. La situación de debilidad parlamentaria en la que están ahora comunidades como la valenciana, Aragón, Castilla y León, Baleares o Extremadura no implica que haya una mano tendida del PP hacia el Gobierno de Sánchez, ya que mantienen su estrategia de cuestionar cualquier solución que se proponga desde el Ejecutivo central.

Con todo, ese plan del PP no siempre resulta efectivo. Aunque las comunidades dirigidas por los conservadores sí comparten algunas políticas comunes, discrepan en el fondo sobre asuntos como la propia migración, la financiación autonómica o la sanidad, lo que deja a Génova sin discurso. Con el único objetivo en mente de confrontar con Sánchez, desde la dirección del PP obvian a menudo las necesidades de sus propios territorios—como sucedió hace semanas con la ley del suelo— frente a la posibilidad de darle una derrota al presidente del Gobierno.

Migración

Sémper prometió que "la política migratoria va a ser uno de los elementos más relevantes de la acción política del PP", aunque en esta materia se han visto claramente las costuras dentro de la formación. Mientras que los líderes del PP en Canarias y Ceuta, dos de los territorios que están más saturados por la llegada de migrantes, consideran que es necesaria la reforma de la ley de extranjería para obligar por ley a las autonomías a reubicar a los menores, otras comunidades autónomas como Castilla y León, Madrid, Comunitat Valenciana o Andalucía claman contra cualquier "tipo de imposición", lo que supone una enmienda a la totalidad del planteamiento de sus propios compañeros de partido. Sin embargo, para la dirección de Feijóo la culpa es del Gobierno por la "ausencia de política migratoria" y reclama a Sánchez que convoque "hoy mismo o mañana" la conferencia de presidentes autonómico, en palabras del portavoz del PP.

Educación

Hace solo unas semanas Feijóo organizó un acto con sus presidentes autonómicos para anunciar que todas las autonomías del PP tendrán una selectividad común en criterios de corrección y fecha. Sin embargo, lejos quedó su pretensión de hacer un examen con contenidos unificados, ya que en función de cada comunidad autónoma se priorizan unos temas u otros, con el añadido de que el Ministerio de Educación fija el contenido del 60% del currículo. Además, el acuerdo alcanzado por el PP solo rige para las materias obligatorias, no las optativas. Los conservadores han tratado de hacer de la educación otro de los ejes de confrontación con el Gobierno, bajo la promesa de que si gobiernan derogarán la actual norma.

Política fiscal

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Este lunes el Ministerio de Hacienda se ha reunido con las comunidades autónomas para trasladarles la senda de estabilidad fiscal para los próximos tres años, con la que ha ampliado el objetivo de déficit hasta el 0,1%. Sin embargo, en el centro del debate ha estado la petición de la Generalitat catalana de recaudar el 100% de los impuestos y mientras que los gobiernos autonómicos de Aragón, Andalucía, Galicia y la Comunidad Valenciana, todos del PP, cerraban filas en su oposición, otras autonomías dirigidas por los conservadores, como la Balear, reclamaron su propia singularidad y mayor autonomía tributaria. Aunque los pactos firmados tras el 28M acordaron la laminación de los impuestos de Sucesiones-Donaciones y Patrimonio en las comunidades del PP, estas también mantienen diferencias.

Amnistía

La constitucionalidad o inconstitucionalidad de la ley de amnistía se ha convertido en almendra central del PP, hasta el punto de que los conservadores han movilizado todos los recursos disponibles, incluyendo la Comisión General de las Comunidades Autónomas del Senado, para manifestarse en contra del olvido jurídico. Todas las autonomías lideradas por los conservadores han anunciado que recurrirán la ley, —la primera en hacerlo fue la madrileña Isabel Díaz Ayuso— pero Génova lo está retrasando todo lo posible ante el temor de que el Tribunal Constitucional la avale, por lo que han pedido la recusación de tres magistrados progresistas del tribunal de garantías, al que presentan como un organismo al servicio del presidente del Gobierno.

Financiación autonómica

La financiación autonómica es otro de los elementos que el PP trata de utilizar para confrontar con el Gobierno, pero que tampoco cuenta con el consenso de todas las autonomías del PP. Reformar la financiación es un asunto central para todas las autonomías, pero capital en el caso de la Comunitat Valenciana y de Andalucía, que denuncian desde hace años su infrafinanciación, al igual que Murcia y Castilla-La Mancha. Las dos primeras reclaman un sistema de población ajustada que incluya aspectos como el envejecimiento, la población joven o la dispersión, un modelo que contrasta con el de otras autonomías como Galicia, que con Alberto Núñez Feijóo como presidente, demandaban que tuvieran en cuenta factores como el envejecimiento o la dispersión de su población en los municipios rurales. Una petición que, a su vez, es incompatible con las reclamaciones de la madrileña Isabel Díaz Ayuso, para que en el cálculo tenga un mayor peso el número de ciudadanos.