Comunitat Valenciana

La Fiscalía denuncia por administración desleal a la exconcejal de Podemos que pactó con el PP en Oropesa

Aránzazu Martínez, junto al ex secretario general de Podemos en la Comunitat Valenciana, Antonio Montiel, en una imagen de 2015.

Ibon Uría

La Fiscalía de Castellón ha denunciado a Aránzazu Martínez Almendrote, concejal del Ayuntamiento de Oropesa del Mar, por la posible comisión de un delito de administración desleal. Martínez fue la número uno en la localidad por Sí Se Puede en 2015, y la única integrante de la lista participada y avalada por Podemos que consiguió acta. A finales de marzo de este año pactó con el PP y se convirtió en concejal de Servicios Sociales y Desarrollo Laboral, lo que le supone una retribución fija de 1.500 euros mensuales. Anteriormente sólo cobraba dietas.

Un miembro de la asamblea ciudadana Sí Se Puede denunció el 19 de mayo ante la Fiscalía que Martínez era una de las dos únicas personas con acceso a la cuenta bancaria de la asamblea, y que en ella constan "salidas y retiradas de dinero que no responden a decisiones de la asamblea y que carecen de soporte documental". Además, prosigue el escrito de denuncia, "en algunos casos el concepto del reintegro indica 'sueldo', sin que consten retenciones de IRPF, ni de la Seguridad Social, ni los ingresos correspondientes por estos conceptos".

En concreto, de acuerdo con la documentación que se presentó anexa a la denuncia y a la que ha tenido acceso infoLibre, en la cuenta abierta a nombre de Sí Se Puede Oropesa del Mar constan nueve reintegros con el concepto "sueldo Arancha" o "nómina Arancha" entre octubre de 2015 y diciembre de 2016, por un importe total de 2.371 euros, además de otras 13 retiradas de efectivo –todas ellas realizadas en la misma oficina– que suman 3.469 euros y que no aparecen justificadas con ningún concepto ni descripción.

Según el denunciante, Martínez era la "única persona autorizada" inicialmente para operar con la cuenta, "si bien posteriormente se añadió" a un segundo autorizado que, siempre de acuerdo con su escrito, "se limitaba únicamente a efectuar los ingresos de los donativos de los miembros de la asamblea". La Fiscalía considera que "existen indicios para entender que la conducta desplegada por la denunciada podría ser constitutiva de un delito de administración desleal", pues "podría haber distraído determinadas sumas de dinero" de la cuenta, "destinándolas a fines diversos de aquellos por los que se efectuaron los ingresos".

Por todo ello, el fiscal jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón ha remitido las diligencias de la investigación al Juzgado de Instrucción Decano de la provincia, para que determine si la concejal efectivamente ha incurrido en un delito de esas características. El Código Penal, para aquellos delitos de administración desleal por importe superior a 400 euros, contempla penas de prisión de seis meses a seis años y multas de seis a doce meses. infoLibre intentó este viernes, sin éxito, ponerse en contacto con Aránzazu Martínez para recabar su versión sobre estos hechos. 

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No es la primera polémica en la que se ve envuelta Martínez, que tras un proceso de primarias fue elegida cabeza de lista de Sí Se Puede Oropesa del Mar en las municipales de 2015 y acabó convirtiéndose en su única concejal al recibir el 10% de los votos –fue quinta fuerza por detrás de PP, PSOE, Compromís y Cs–. Según fuentes de la candidatura, apoyada por el círculo local de Podemos y también por ciudadanos vinculados a Izquierda Unida, Martínez "nunca perteneció al partido Podemos" y le ha causado "gran daño".

De hecho, hasta ocho candidatos de la lista de Sí Se Puede que se quedaron sin acta en las municipales de 2015 firmaron un escrito en el que proclamaron no sentirse "representados" por la concejal Martínez "dada su desvinculación total con la asamblea y miembros de la lista y sus maniobras incumpliendo los principios éticos y fundacionales de la candidatura". Ese documento, al que también ha tenido acceso este diario, fue adjuntado ante la denuncia presentada ante la Fiscalía el pasado mayo.

En esas elecciones locales, el PP se quedó a un edil de la mayoría absoluta e inicialmente cerró un pacto con Cs por el que la formación naranja asumiría las riendas del consistorio durante los dos últimos años de la legislatura, apuntan fuentes municipales. Sin embargo, los conservadores decidieron no cumplir ese acuerdo y, en su lugar, ofrecieron a Martínez una cartera de concejal que significó para ella recibir una retribución mensual fija. Martínez, que llevaba meses siendo el sostén en la corporación de los conservadores –su voto permitió, por ejemplo, que el PP logre aprobara sus presupuestos con la oposición del resto de grupos–, aceptó.

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