La Fiscalía no ha encontrado por el momento datos que permitan acreditar "un seguimiento sistemático" y de vigilancia de las actividades de diputados de Unidas Podemos, a la luz de los oficios policiales aportados a la causa en la que se investiga si fueron objeto de consultas ilegales en bases policiales en 2015 y 2016.
En un informe al juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, al que ha tenido acceso EFE, el fiscal expone que del examen de la documentación remitida no aparecen datos que avalen esas sospechas, "sin perjuicio que la misma no es completa y que existe remisión de documentación en otros oficios policiales y otras diligencias de prueba, así como hechos objeto de la querella diferentes a los informados aquí".
El fiscal basa su dictamen en los oficios remitidos por la Policía Judicial el pasado 30 de octubre en relación a diversas consultas policiales relacionadas con entonces dirigentes de Podemos como Pablo Iglesias, Iñigo Errejón, Juan Carlos Monedero o Carolina Bescansa.
Según el escrito del fiscal, una consulta en relación a Errejón, el 20 de enero de 2015, la Policía la atribuye a un agente que realizaba funciones de Inteligencia en la Unidad correspondiente y adscrito a una Sección de análisis "entre cuyos cometidos se encuentra la realización de valoraciones de amenaza y/o riesgo sobre eventos y personalidades".
Hay también una consulta, del 15 de enero de ese mismo año, a requerimiento de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional, "adjuntando un documento procedente del entonces Gabinete de Coordinación y Estudios de la Secretaría de Estado de Seguridad, con número de registro de salida 227 (15/01/2015), en el que se solicitaba un informe de valoración y análisis de riesgos sobre tres dirigentes del partido político Podemos", refleja uno de los oficios policiales.
La consulta se centró en Pablo Iglesias, Iñigo Errejón y Juan Carlos Monedero, fundadores de Podemos, y a la Sección a la que se le asignó la tarea "difundió el informe resultante desde su Unidad" y fue remitido a la unidad policial solicitante (Secretaría General de la DAO), el 4 de febrero. El fiscal entiende que de la información remitida sobre estas búsquedas se concluye que el funcionario que las realizó "actuaría dentro de las funciones que tenía encomendadas".
Respecto de otras consultas, González Mota observa que algunas de las dependencias policiales en las que se hicieron no conservan ya los datos al haber transcurrido casi diez años y algunos de los funcionarios que las hicieron o están destinados en otros lugares o ya jubilados.
Así ocurre con las consultas en la comisaria del aeropuerto de Barajas, donde, según el fiscal, “no es posible informar de las consultas realizadas por los funcionarios policiales (...) ,debido a que por diversas causas (jubilación, cambios de destino, etc.) han dejado de pertenecer a esta plantilla, no teniendo acceso a las consultas realizadas por los mismos ni a la motivación de las mismas".
En cuanto a la que se hizo en la Brigada de Información de Sevilla, el 30 de junio de 2015, el funcionario en cuestión ha señalado que se trató de una consulta aleatoria de chequeo que se realiza diariamente a los establecimiento hosteleros.
También hay ciertas consultas de otro funcionario policial que en opinión del fiscal no están justificadas "en cuanto no se explica porqué se realizaron, el superior que las ordenó, o la razón de efectuarla, existiendo incluso alguna de ellas en horas de la madrugada".
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Muchas otras, como las relativas a Irene Montero, Ione Belarra, Pablo Bustinduy, Rafael Mayoral o Juan Pedro Yllanes fueron por hospedaje, control fronterizo, elaboración de documentación, control de acceso al Congreso de los Diputados o la búsqueda de una persona con nombres coincidentes.
Las de Montero están relacionadas "con actividades de policía judicial sin señalar cuales y de una consulta a un señor llamado Antonio Montero que no tiene relación con la señora diputada". De Belarra se informa que hay una consulta en el aeropuerto y del destino de tres funcionarios.
Tras la admisión de una querella de Unidas Podemos en relación a estas consultas ya han declarado como investigados el que fuera número dos del exministro del Interior Jorge Fernández Díaz (PP), Francisco Martínez, el también exnúmero dos de la Policía Eugenio Pino o el comisario Andrés Gómez Gordo. Todos ellos han negado haber participado en supuestas investigaciones ilegales sin aval judicial.
La Fiscalía no ha encontrado por el momento datos que permitan acreditar "un seguimiento sistemático" y de vigilancia de las actividades de diputados de Unidas Podemos, a la luz de los oficios policiales aportados a la causa en la que se investiga si fueron objeto de consultas ilegales en bases policiales en 2015 y 2016.