La Fiscalía no recurrirá el archivo de la causa judicial que se había abierto para investigar lo ocurrido en la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real), donde fallecieron 75 personas durante la primera ola de la pandemia. La única persona imputada era José Manuel Sampedro, director de la residencia cuando ocurrieron los hechos. El juez Daniel Vicente Pérez dictó el pasado 9 de diciembre auto de sobreseimiento de la causa al entender que todo se había debido a “un cúmulo de circunstancias desafortunadas”. La acusación particular, ejercida por las familias de siete de las personas fallecidas, sí ha presentado ya recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.
“No vamos a presentar recurso”, aseguró por escrito a preguntas de infoLibre el fiscal jefe de Ciudad Real, Luis Huete. En cuanto al motivo de esta decisión, indicó lo siguiente: “Lo daremos en la contestación a los recursos planteados, aunque es lógico pensar que si no recurrimos el sobreseimiento es porque compartimos los argumentos del juez. Lamentamos profundamente, no obstante, los luctuosos resultados que se produjeron en esa residencia y comprendemos el dolor de las familias”.
La residencia Elder, con 75 víctimas, está entre las diez de toda España donde más personas fallecieron durante la primera ola de la pandemia. El director, José Manuel Sampedro, es periodista de formación y que carecía de cualquier experiencia en el sector antes de ser nombrado director del centro. Sampedro era también concejal del PP en el Ayuntamiento de Tomelloso cuando ocurrieron los hechos. Elegido en las municipales de 2019, se vio forzado a presentar su dimisión en diciembre del año pasado, dos semanas después de ser imputado. La residencia es propiedad de una fundación del mismo nombre, que preside el padre de Sampedro.
Como desveló infoLibre hace diez días, el Ministerio Público ha tenido una actitud completamente pasiva durante la instrucción, que llegó al extremo de que la fiscal adscrita al caso ni siquiera acudió a la declaración del único imputado. ¿El motivo oficial? Que estaba de vacaciones y la Fiscalía no encontró a nadie para sustituirla. Así lo explicó Luis Huete: "En la causa a la que usted se refiere, la fiscal estaba comprometida para asistir a las declaraciones de los testigos citados el día 9 de abril y el día 16 de abril para la declaración del investigado. A las declaraciones del día 9 asistió la fiscal, aunque debido a que se prolongaron bastante, no pudieron ser vistos todos los testigos y la declaración del investigado prevista para el día 16 de abril fue suspendida por el Juzgado. Ambas declaraciones se aplazaron y se convocaron para los días 26 y 27 de julio de 2021 y esos días la fiscal que despacha el asunto estaba de vacaciones y no existía en ese momento ningún fiscal libre de servicios que pudiera asistir a las declaraciones”.
En realidad, se puede afirmar que el Ministerio Público estuvo de vacaciones durante prácticamente toda la instrucción. La fiscal adscrita al caso acudió a las declaraciones testificales del 9 de abril y no volvió por el Juzgado.
Aquel 9 de abril testificaron Silvia Quemada, directora de Atención Integrada del área sanitaria de Tomelloso; Miguel Ruiz, el director provisional que puso la Junta de Castilla-La Mancha cuando intervino la residencia el 17 de marzo, y María del Mar H., coordinadora de Enfermería en Elder. En esa sesión estuvo presente la fiscal.
El 28 de mayo se produjo la siguiente testifical. Verónica L., enfermera de atención primaria en el Hospital de Tomelloso. La fiscal ya no acudió, a pesar de que no consta que en mayo también estuviera de vacaciones.
El 26 de julio declararon Marisa R., gobernante de Elder, y Ángel S., coordinador de Auxiliares de la residencia cuando estalló la pandemia. La fiscal ya estaba de vacaciones y el Ministerio Público no encontró sustituto.
Y al día siguiente, 27 de julio, declaró el investigado Sampedro con idéntico panorama. La fiscal, de vacaciones, y sus compañeros en otros asuntos.
En resumen: el Ministerio Público no se ha tomado ni la molestia de interrogar al único investigado y a tres de los seis testigos, y ha estado ausente en tres de las cuatro sesiones en que se produjeron esas declaraciones.
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Pero la pasividad de la Fiscalía no se ha quedado ahí. A preguntas de este periódico, Luis Huete afirmó el 10 de diciembre lo siguiente: “He podido comprobar que la Fiscalía ha tenido una intervención activa en el procedimiento, aunque no siempre los fiscales podemos estar presentes en todas las actuaciones judiciales que se practican en los Juzgados, aunque se trate de asuntos tan importantes como el que usted refiere”. Pese a estas palabras, lo cierto es que fuentes jurídicas conocedoras de la instrucción indicaron a este periódico que la fiscal adscrita al caso no solicitó la práctica de diligencias, ni testificales, ni hizo acto alguno para impulsar la instrucción. Cuando infoLibre le preguntó expresamente a Luis Huete si podía concretar en qué había consistido esa “intervención activa” de la fiscal adscrita al caso, evitó contestar.
Los familiares de las víctimas, en un comunicado que difundieron al conocerse el archivo dictado por el juez Daniel Vicente Pérez, lamentaron la actitud de la Fiscalía durante el procedimiento: “En una investigación de unos hechos tan graves como estos, nos hemos sentidos solos, pues únicamente nosotros hemos sido quienes hemos ejercido la acusación. Hemos echado en falta una labor de investigación más exhaustiva por parte de la Fiscalía, pues no ha comparecido en varias declaraciones que se hacían en el juzgado, ni siquiera a la declaración del director del centro. Nos extrañó esta postura, tenemos que respetarla, pero no podemos compartirla”.
También anunciaban que recurrirían el archivo del procedimiento: “Queremos que se sepa lo que realmente ocurrió, que se investigue de principio a fin lo que sucedió en la residencia, y cómo gestionó su director la lucha contra la pandemia que se llevó a nuestros familiares. Se lo debemos a ellos y no vamos a parar”. En este nuevo paso, el del recurso, tampoco van a encontrar a la Fiscalía de su parte.
La Fiscalía no recurrirá el archivo de la causa judicial que se había abierto para investigar lo ocurrido en la residencia Elder de Tomelloso (Ciudad Real), donde fallecieron 75 personas durante la primera ola de la pandemia. La única persona imputada era José Manuel Sampedro, director de la residencia cuando ocurrieron los hechos. El juez Daniel Vicente Pérez dictó el pasado 9 de diciembre auto de sobreseimiento de la causa al entender que todo se había debido a “un cúmulo de circunstancias desafortunadas”. La acusación particular, ejercida por las familias de siete de las personas fallecidas, sí ha presentado ya recurso de apelación ante la Audiencia Provincial de Ciudad Real.