Diez meses después de que la Audiencia Nacional avalara que las diligencias de la Operación Lezo se dirigieran también contra los miembros del Gobierno de Madrid que en noviembre de 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la Fiscalía Anticorrupción no tiene decidido aún si pedirá la declaración como imputado de quien presidía ese Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón.
Así lo han confirmado a infoLibre fuentes del ministerio público, que aducen razones estrictamente procesales y niegan de manera taxativa la existencia de presiones que hayan dotado a Gallardón de un blindaje especial. La Fiscalía sostiene que antes de dar un paso como el que implicaría llamar al veterano político –hoy dedicado a la abogacía– en calidad de investigado hay que cimentar la hipótesis de que su actuación pudo tener relevancia penal. Y disponer de ciertas garantías de que la investigación no se vería abortada en todo caso por el hecho de que los supuestos delitos hayan prescrito ya.
Tanto el delito de prevaricación como el de malversación, que son los que distintas fuentes jurídicas consideran que pudo cometer Gallardón, prescriben a los diez años. Algunos juristas entienden que de haber existido una continuidad, por ejemplo, en los pagos derivados del acto inicial asociado a esas infracciones penales –la compra de Inassa– hoy aún sería factible perseguirlos.
Hace justamente un año, el 28 de noviembre de 2016, los fiscales entonces asignados a la Operación Lezo, Carlos Iáñez y Carmen García, pidieron a la Audiencia Nacional que el procedimiento, que aún tardaría cinco meses en salir a la luz pública, se dirigiera también contra “los miembros del Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid que propusieron y adoptaron el acuerdo” en virtud del cual el Canal de Isabel II adquirió a finales de 2001 la compañía colombiana Inassa en lo que el primer juez instructor del caso, Eloy Velasco, consideró la primera gran operación de compra “fraudulenta” de la empresa pública de aguas. Fue una de las conversaciones intervenidas a Ignacio González la que puso el foco sobre esa adquisición. Porque, según el también expresidente madrileño y antiguo delfín de Esperanza Aguirre, esa compra se hizo con un sobreprecio de 70 millones pero él mismo se encargó de tapar las irregularidades una vez detectadas tras su desembarco en el Canal de Isabel II, en 2004.
Al supeditar su decisión final al contenido de informes como el encargado a la Intervención del Estado (IGAE) sobre la compra de Inassa, Anticorrupción enfría las expectativas de una rápida comparecencia del exministro ante el juez del caso.
Nadie, no obstante, puede descartar un viraje en lo que parece uno de los aspectos menos pacíficos en las pesquisas de la Operación Lezo y que ya desencadenó un choque frontal entre los primeros fiscales encargados del caso y Manuel Moix, fiscal jefe anticorrupción hasta que el 1 de junio dimitió tras desvelar infoLibre que era copropietario de una empresa panameña. Cuando el caso estalló en abril, Moix se opuso a que los registros en la sede del Canal de Isabel II incluyeran la búsqueda de documentos sobre la compra de Inassa. Aquel encontronazo estuvo a punto de costarle el puesto a uno de los dos fiscales de Lezo, Carlos Iáñez. Finalmente, Iáñez renunció hace menos de un mes y ha regresado a Andalucía.
En aquel escrito del 28 de noviembre de 2016, los fiscales se referían de forma expresa a Gallardón: “Esta resolución [la de dirigir el procedimiento contra los miembros del Consejo de Gobierno] se impone procesalmente para garantizar los derechos de los investigados desde el momento en que el procedimiento apunta claramente a la responsabilidad en estos hechos de autoridades de la Comunidad Autónoma, entre otros de Alberto Ruiz Gallardón”.
“Entendemos –razonaban los fiscales– que, para el total esclarecimiento de los hechos, para alcanzar la verdad material de los mismos y para recuperar el patrimonio de la comunidad Autónoma de Madrid presuntamente depredado por los investigados, serán necesarias medidas de investigación respecto de determinadas personas contra las que expresamente no se ha dirigido el procedimiento hasta el momento”. Y esas medidas de investigación, proseguía su razonamiento, “sólo pueden acordarse cuando previamente se haya valorado desde un punto de vista indiciario la presunta participación de las mismas en los hechos delictivos investigados”. “Ordenar –finalizaba su argumento– que el procedimiento se dirija contra determinadas personas sobre la base de unos indicios objetivos no impedirá que una vez que se realicen las diligencias de investigación pertinentes, pueda depurarse con mayor precisión el grado de responsabilidad (o por el contrario la falta de participación) de cada una de estas personas”
Una especie de limbo jurídico
Tras una negativa inicial, firmada el 29 de noviembre de 2016 –un día después de que los fiscales presentaran su escrito– por el magistrado Alejandro Abascal, destinado a reforzar a Eloy Velasco en el juzgado encargado del caso, la Sala Penal de la Audiencia terminó dando la razón a Iáñez y García, ahora desligados de la Operación Lezo. Pero el auto con el que la Sección Cuarta de la Sala Penal de la Audiencia estimó el 19 de enero el recurso de los fiscales sumergió a Gallardón en una especie de limbo jurídico por cuanto su nombre –ni el de ningún otro miembro del Gobierno madrileño de la época ni del consejo de administración del Canal– aparecía mencionado en la parte dispositiva.
Y la imputación implícita no existe. Eso es lo que viene a argumentar ahora la Fiscalía. ¿Está gozando Gallardón de un blindaje adicional por su condición de expresidente autonómico, exalcalde y exministro? ¿Ha recibido Anticorrupción presiones en su favor, como deslizan otros agentes jurídicos conocedores del caso y ajenos a la Fiscalía? Las fuentes consultadas en la fiscalía especializada lo niegan de manera rotunda. Y añaden lo siguiente: que nunca –insisten– ha habido una decisión formal sobre la citación de Gallardón. Se indaga –remachan– su papel en la compra de Inassa pero eso no significa que se le considere investigado como sinónimo de lo que hasta la reforma del PP se denominaba imputado.
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El auto de la Sección Cuarta de la Audiencia solo incorporaba el nombre de Gallardón en un párrafo donde, en referencia a la compra de Inassa y citando el relato de hechos trazado por los fiscales, el tribunal dice esto: que la compra de Inassa fue “llevada a cabo bajo control del Consejo de Gobierno de la Comunidad Autónoma de Madrid presidido en aquellas fechas por Alberto Ruiz Gallardón que, de consuno con los máximos responsables del Canal Isabel II, tratarían de desviar fondos públicos para otras finalidades ajenas a las legalmente establecidas”.
Pero ya fuese implícita o explícitamente, ese auto avalaba las pretensiones de la Fiscalía para someter a investigación a Gallardón y quienes bajo su presidencia integraban el Gobierno de Madrid en noviembre de 2011. “Se trata, en definitiva, de una ampliación del número de investigados en relación a la presunta y anterior actividad delictiva de un ente público ya denunciada con el único objeto de hacerles saber su existencia, para que se defiendan y, sin que, dadas las circunstancias del caso se entiendan aplicables las normas de la conexidad procesal”.
A comienzos de este mes, Gallardón negó en una entrevista con el diario El Mundo haber cometido cualquier ilegalidad en la compra de Inassa. “Ni he cobrado comisiones del Canal ni he pactado con Ignacio González”, fueron sus palabras.
Diez meses después de que la Audiencia Nacional avalara que las diligencias de la Operación Lezo se dirigieran también contra los miembros del Gobierno de Madrid que en noviembre de 2001 autorizaron la compra de la empresa colombiana Inassa, la Fiscalía Anticorrupción no tiene decidido aún si pedirá la declaración como imputado de quien presidía ese Gobierno, Alberto Ruiz-Gallardón.