¿Asustada, por usar la versión blanca o casta del adjetivo que cabría esperar? Secretaria, 27 años, de Carabanchel, vecina junto con sus padres y su hermana de uno de los 1.860 pisos públicos que la alcaldesa Ana Botella entregó en 2013 al fondo buitre Blackstone en una oscura venta y portavoz de los inquilinos que en ese momento exacto vieron desmoronarse sus certezas, Arancha Mejías dice que más que miedo siente respeto.
Pero dice también que sí, que tras recibir la carta en que Fidere, filial de Blackstone, da a su familia un mes improrrogable de plazo para abandonar el 6 de octubre el piso donde vive hace 10 años sin opción a renovar el contrato de alquiler ni siquiera en condiciones leoninas, con subidas "de hasta el 43% como han ofrecido a otros", se formula una pregunta que estremece: "¿Qué será lo siguiente?".
infoLibre intentó este lunes por la tarde hablar con algún portavoz de Fidere. No pudo ser. La empresa sigue con horario de verano. No hay versión oficial por tanto sobre el porqué de esta nueva variante de desahucio con que el fondo buitre ha decidido devorar las raíces, las costumbres, la fortaleza emocional en suma de la familia Mejías.
Por la mañana, la primera teniente de alcalde de Madrid, Marta Higueras, había lanzado un recordatorio sobre lo dicho por Ana Botella cuando en el verano de 2013 se cerró la venta a Blackstone: que nada iba a cambiar para los inquilinos "salvo el nombre del arrendador". Los hechos, constató la concejal, son otros.
Ni okupas ni morosos... pero sí 'testigo de cargo' en la investigación
Los Mejías no son okupas. Ni morosos: "No debemos ni un recibo ni en 10 años hemos pagado uno fuera de plazo", cuenta su primogénita Arancha. Ni son tampoco lo que el eufemismo llama vecinos conflictivos y el lenguaje común, gente pendenciera de gritos, peleas y portazos.
Pero la hija mayor de los Mejías -la menor estudia todavía el bachillerato-, no solo abanderó las acciones legales contra la venta de las 18 promociones sino que, tras el archivo de las diligencias judiciales, fue testigo de cargo en la comisión de investigación municipal que antes del verano hizo aflorar los agujeros negros de aquella operación. La envergadura de las incógnitas irresueltas es tal que incluso los miembros de la Cámara de Cuentas de Madrid elegidos a propuesta del PP dieron su voto al informe que certifica la opacidad del proceso.
Boicoteada por el PP -y por Blackstone-, a esa comisión de investigación siguió un anuncio de querella por parte del Ayuntamiento de Madrid contra los responsables de la Empresa Municipal de Vivienda y Suelo (EMVS) que en 2013 materializaron la venta.
El Tribunal de Cuentas da carpetazo al caso de la venta de pisos públicos a un fondo buitre en la etapa de Botella
Pero la ley -eso dice la carta que acaba de llegarles a los Mejías- está de parte de Blackstone porque el contrato de alquiler expira a los 10 años de su firma y en teoría nada le obliga a prorrogarlo. Para empezar, el Ayuntamiento estudiará si en efecto el fondo buitre tiene o no la vara de mando legal en su mano. Y para continuar, tanto Marta Higueras, mano derecha de Manuela Carmena, como Mercedes González, portavoz municipal del PSOE en Urbanismo, han prometido este lunes dar soporte legal, moral y de cemento si fuera preciso -en ningún caso se quedarán en la calle, promete Higueras- a la joven portavoz y su familia. Ambas, Higueras y González, esperan que la empresa "rectifique".
En la rueda de prensa que protagonizaron con la portavoz vecinal desahuciada por Blackstone, Higueras fue cauta en las formas y dijo no querer ni pensar siquiera que estemos ante una represalia. Aunque "los hechos son los hechos", interpuso a renglón seguido.
A González, que fue quien llamó a Arancha Mejías a declarar ante la comisión de investigación, la voz se le fue por un derrotero vulnerable cuando resumió el coste de la "valentía" exhibida por la joven secretaria de Carabanchel: "Ha pagado". Por la tarde, al otro lado del teléfono, Arancha Mejías repite su pregunta y amplía su razonamiento: "¿Qué es lo siguiente? ¿Voy a tener que irme del país, ser una exiliada? Si por actuar dentro de la ley me pasa esto, ¿qué es lo siguiente?".
¿Asustada, por usar la versión blanca o casta del adjetivo que cabría esperar? Secretaria, 27 años, de Carabanchel, vecina junto con sus padres y su hermana de uno de los 1.860 pisos públicos que la alcaldesa Ana Botella entregó en 2013 al fondo buitre Blackstone en una oscura venta y portavoz de los inquilinos que en ese momento exacto vieron desmoronarse sus certezas, Arancha Mejías dice que más que miedo siente respeto.