Desde que el Pazo de Meirás fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia en virtud de un proceso iniciado por el Gobierno de coalición PSdeG-BNG y hasta que volvió al patrimonio público mediante la sentencia judicial que falló a favor del Estado, hechos que evidenciaron décadas de negligencia oficial sobre los bienes acumulados por el dictador, los herederos de Francisco Franco han practicado la insumisión de múltiples maneras. Desde bloquear las visitas a Meirás pese a verse obligados a abrirlo, hasta utilizarlo como púlpito para mayor gloria del militar golpista.
En aquellos años, el Gobierno gallego presidido por Alberto Núñez Feijóo engrasó la relación con la familia Franco con operaciones como destinar algo más de 50.000 euros públicos en apenas dos años para costear los servicios de seguridad de las visitas que era necesario organizar, un mínimo de cuatro días al mes. Además, les permitiría saltarse la obligación del régimen de visitas "durante los días en que la familia" estuviera "alojada en palacio, ante la imposibilidad de garantizar su seguridad".
Una década después, los Franco siguen practicando la insumisión en otra de las propiedades que siguen gestionando en Galicia, la Casa Cornide en A Coruña. El edificio histórico había sido propiedad del historiador, político e intelectual José Cornide, cuya familia lo había donado al Ayuntamiento de A Coruña y que lo había cedido al Ministerio de Educación para que funcionara como colegio, aunque había acabado regresando a propiedad municipal hasta que, en 1962 , una subasta controlada por destacados franquistas locales permitió que acabara en manos de los Franco.
En el marco de la devolución al patrimonio público del Pazo de Meirás y entre reivindicaciones de movimientos sociales y la Diputación de A Coruña, en 2023 la Xunta declaró la Casa Cornide como BIC, por lo que pasó a regir la misma obligación de apertura al público por parte de la propiedad que había funcionado en Meirás. Más tarde, la familia Franco buscó distintas vías para no abrirlo, como alegar que es su vivienda "temporal", buscando así aprovechar una excepción a la Ley de Patrimonio Cultural que la Consellería de Cultura no aceptó.
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Al no lograrlo así, optaron por no cumplir la ley. Así lo advirtió la Comisión para la Recuperación de la Memoria Histórica de A Coruña (CRMH), que recurrió a la Valedora do Pobo –equivalente al Defensor del Pueblo– para que interviniera. La alta comisionada se dirigió a la Xunta y el Gobierno gallego, por su parte, abrió a la familia un proceso administrativo que, según informó la Agencia Efe, se salda con una multa de 3.000 euros por una infracción de la Ley de Patrimonio Cultural ante la que todavía hay margen de alegaciones.
Ante esta propuesta de sanción, la CRMH lamenta que "la actuación de la Xunta es siempre fruto de quejas de la sociedad" y de forma " dilatada y lenta". Esta forma de proceder, censuran, "hace que los incumplimientos jurídicos de la familia Franco se prolonguen en el tiempo ante la pasividad", en este caso, de la Consellería Cultura. "Los incumplimientos de las obligaciones de los Franco en esta materia son repetidos y constantes " y recuerdan "lo que vivimos en relación al Pazo de Meirás", cuando la familia Franco había optó incluso por la "provocación".
Según la CRMH, "independientemente del origen de las sanciones administrativas", si los Franco persisten en "incumplir sus obligaciones legales" en Casa Cornide, también habría margen para proceder contra ellos por la vía penal. Piensan que su conducta encajaría en el artículo que tipifica "destruir, inutilizar o dañar una cosa de utilidad social o cultural" o obviar el "cumplimiento de deberes legales impuestos en interés de la comunidad" en esta materia y castiga conductas con prisión de 3 a 5 meses o multa de 6 a 10 meses. "La Xunta –creen– debe proceder a la imposición de medidas coercitivas agravadas (e incluso penales) que procedan en defensa de la legalidad y del interés público".
Desde que el Pazo de Meirás fuese declarado Bien de Interés Cultural (BIC) por la Xunta de Galicia en virtud de un proceso iniciado por el Gobierno de coalición PSdeG-BNG y hasta que volvió al patrimonio público mediante la sentencia judicial que falló a favor del Estado, hechos que evidenciaron décadas de negligencia oficial sobre los bienes acumulados por el dictador, los herederos de Francisco Franco han practicado la insumisión de múltiples maneras. Desde bloquear las visitas a Meirás pese a verse obligados a abrirlo, hasta utilizarlo como púlpito para mayor gloria del militar golpista.