El caso del supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía se bambolea sobre una delgada línea. A un lado, están las irregularidades administrativas, la falta de medios o el insuficiente control en las ayudas, aspectos puestos de relieve por interventores de la Junta durante la comisión de investigación parlamentaria. Un plato que sería de digestión llevadera para el Gobierno andaluz. Al otro lado están el delito y sus responsabilidades.
La anterior jueza instructora, Mercedes Alaya, acusó a la Junta durante su instrucción a principios de 2015 de "crear una red de clientelismo político" mediante la concesión de las ayudas, golpeando al Gobierno del PSOE donde más duele, porque ésa es la acusación tradicional del PP contra lo que ha llamado –ya lo hace menos– "régimen" andaluz desde tiempos de Javier Arenas. Esa tesis se está desinflando. No sólo porque la actual jueza, María Núñez Bolaños, ha evidenciado con su instrucción que no la comparte, sino porque la misma ha recibido sendos varapalos de la Fiscalía Anticorrupción, que no ve delito en el polémico procedimiento de justificación de las ayudas, y del Tribunal de Cuentas, que no ve menoscabo de fondos públicos.
No obstante, el caso está lejos de haber agotado su recorrido. Un juez de Huelva acaba de procesa al ex delegado de Empleo en Huelva, junto con otros seis altos cargos o técnicos de la Administración. En paralelo, la Junta de Andalucía reclama 90 millones de euros por deficiencias en la justificación de ayudas desde 2002, más otros 51 millones en proceso de reintegro, según datos de la Consejería de Empleo. No es de momento dinero desaparecido, pero sí de un volumen tal que no cabe calificar el supuesto fraude como un "bluf", como hizo en la comisión de investigación el ex consejero de Empleo Antonio Fernández. A 30 de mayo, se habían recuperado 3 de esos 90 millones.
El informe que lo empezó todo
El supuesto fraude cogió vuelo en febrero de 2014, con la publicación de un informe de la Cámara de Cuentas que fiscalizaba las subvenciones de la Junta para formación para el empleo en 2009 y 2010, con Manuel Chaves y en mayor medida José Antonio Griñán como presidentes. El informe se hizo sobre una muestra aleatoria de 78 expedientes por importe de 279,5 millones, el 37% de la cantidad total en esos dos años. Las conclusiones eran duras. La Cámara señalaba que el 89% de las ayudas se hicieron "sin concurrencia competitiva" y alertaba de posibles "responsabilidades administrativas y contables". El informe fue la base de las investigaciones judiciales.
La instrucción de Alaya puso el foco en las "exoneraciones" o "exceptuaciones", dos términos usados indistintamente para definir un procedimiento previsto por la Ley de Hacienda Pública de Andalucía que permitía a la Junta proponer el pago de nuevas subvenciones aun sin haber justificado las anteriores. Según Alaya, éste era el procedimiento que usaba la cúpula de Empleo –como consejero estuvo Antonio Fernández, entre otros– para liberar a discreción a las empresas de la obligación de justificar las subvenciones, generando así connivencias y favores lesivos para el erario público. Ahí es donde se insertaba la acusación del "clientelismo político". La operación policial Edu deparaba espectaculares detenciones, en ocasiones de más de 30 ex cargos andaluces de una tacada, como ocurrió en junio de 2015.
Una comisión a la espera de conclusiones
El asunto se convirtió en objeto de atención preferente de la política andaluza y aún lo es. Tras las autonómicas de marzo de 2015, la oposición –PP, Podemos, Ciudadanos e IU– impuso al PSOE una comisión de investigación que arrancó en la primavera de este año y que ampliaba el foco hasta los 3.000 millones de euros en subvenciones desde 2002. La primera fase de la comisión concluyó en mayo con las comparecencias de Chaves y Griñán, bajo cuyas presidencias se produjo el supuesto fraude, y Susana Díaz, que defendió su decisión de paralizar cautelarmente las convocatorias de cursos ante las dudas evidentes de sobre su funcionamiento, con el consiguiente perjuicio para los posibles alumnos. Los grupos están elaborando ahora sus conclusiones, que deberán entregar a Julio Díaz, presidente de la comisión (Ciudadanos), antes del 19 de septiembre. Sobre esa base deberá elaborarse un dictamen final que establezca responsabilidades políticas y medidas para evitar futuros fraudes. Las posiciones de los grupos están enquistadas y será difícil alcanzar un relato común. El papel de C's, que combina exigencia y apoyo como socio de legislatura del PSOE, será clave.
"Lo que está pasando a nivel judicial no debe afectar a nuestro trabajo parlamentario", explica a infoLibre Julio Díaz, que se muestra confiado en que los grupos logren establecer un acuerdo de mínimos sobre el que articular un relato común. "Queremos evitar que ocurra lo mismo que en la comisión del caso de los ERE", explica. Es un deseo optimista. El clima político alrededor de la cuestión está muy enrarecido.
El PP contra Núñez Bolaños
El PP ha denunciado ante el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a la jueza que ahora instruye el caso, María Núñez Bolaños, por supuesta falta de motivación de sus autos y por revelación de secretos. La acusación de revelación de secretos se produce porque el 22 de junio, en la pasada campaña electoral, se filtró que Núñez Bolaños prevé archivar la conocida como pieza política del caso, que afecta a 24 ex altos cargos del Servicio Andaluz de Empleo.
La filtración y el momento en que se produjo sentaron como tiro al PP, que además no comparte la orientación de la instrucción de Núñez Bolaños, alejada de la tesis de la gran red clientelar orquestada desde arriba. Tampoco gustó nada un hecho similar al PSOE, que vio cómo a finales de mayo se filtraba que el juez Álvaro Martín preveía procesar a Manuel Chaves y José Antonio Griñán por el caso de los ERE, cosa que finalmente acabó sucediendo. El Gobierno y el PSOE andaluz rumiaron con discreción su enfado, pero no se pronunciaron sobre la filtración en público.
Ámbito administrativo
Si ahora también se cumple la filtración y Núñez Bolaños quita la relevancia penal al cogollo del supuesto fraude, el PSOE se habrá quitado una losa de encima. La Fiscalía Anticorrupción y el Tribunal de Cuentas ya le han dado alivio a los socialistas recientemente. En un escrito de 6 de julio, Anticorrupción no aprecia delito alguno en las resoluciones de "exoneración" o "exceptuación" de los cursos de formación, ya que "no sólo no exoneraban de justificar, sino que según los datos que obran en la causa se hicieron sobre expedientes en los que las entidades ya habían justificado y estaba pendiente del dictado de la resolución por el órgano gestor".
Eso es un golpe a todo el edificio de la instrucción de Alaya, de la que la Fiscalía dice que "ordenó unas imputaciones basándose en los indicios obtenidos de la llamada operación Barrado de la Guardia Civil". El escrito del fiscal Fernando Soto tenía por fin impugnar un recurso del PP contra la decisión de Núñez Bolaños de dejar sin efecto un auto anterior de Alaya. Así se enmaraña y se desenmaraña este caso. Según el fiscal, "las exoneraciones" a las que Alaya da suma importancia "no son tales", sino que "obedecen más bien a una lógica interna". Es decir, ubica la cuestión en el ámbito administrativo.
Cámara de Cuentas Vs. Tribunal de Cuentas
Y ahí, en el ámbito administrativo, es donde sitúa también el caso el Tribunal de Cuentas, órgano responsable del control externo del sector público español. El acta de liquidación del Tribunal de Cuentas sobre las subvenciones en 2009 y 2010 es el negativo de la fotografía del informe de la Cámara de Cuentas, que es su homólogo andaluz. Las conclusiones del Tribunal, fechadas el 19 de julio y que aún son provisionales, rechazan que exista ilícito contable, por lo que se desestiman las denuncias de la Fiscalía realizadas tras el explosivo análisis de la Cámara de Cuentas.
El Tribunal de Cuentas se mete en la letra pequeña del procedimiento subvencionador. Para determinar responsabilidad contable, señala, es "necesaria" la "efectividad del daño", que no puede ser "meramente potencial". La ausencia de memoria, añade, "no implica de modo automático la materialización de un daño a los fondos públicos".
El Tribunal de Cuentas llega a reprochar a la Cámara de Cuentas que no tuviera en cuenta una documentación digital remitida por la controvertida Fundación Andaluza Fondo de Formación y Empleo (Faffe), de cuyo funcionamiento se ocupa una de las patas del caso. La llamada "acta de liquidación" del Tribunal no ve lesivos los movimientos contables de Faffe, sino "un desplazamiento patrimonial en el seno de una Administración". El Tribunal de Cuentas señala que hay cursos que en efecto no se finalizaron o impartieron al final del periodo fiscalizado, pero una y otra vez inscribe los hechos en el "orden jurisdiccional contencioso-administrativo". Es decir, no penal.
Un juez de Huelva sí ve delito
La satisfacción del Gobierno andaluz se vio empañada por un auto del juzgado 5 de Huelva –de 14 de julio aunque conocido esta semana– que supone el procesamiento del ex delegado de Empleo en la provincia de Huelva y ex director del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Eduardo Muñoz, junto con otros seis altos cargos y técnicos. "Se considera que existen suficientes indicios de delito en la actuación del personal perteneciente a la Delegación de Empleo de Huelva, que ha permitido, por acción u omisión, que se dilapide y se malgaste el dinero público destinado a la formación, principalmente, de personas desempleadas", señala.
El auto se apoya en un informe policial sobre ayudas a 29 empresas en 2009 que detecta "ausencia de determinación de la convocatoria que daba lugar a la resolución", "ausencia de referencia alguna a la partida presupuestaria correspondiente" y falta de indicación del tipo de subvención y beneficiario. Es decir, otra vez el descontrol. El juez apunta, basándose en el informe policial, que "se concedieron subvenciones a empresas que no cumplían los requisitos exigidos [...], pues alguna mantenían deudas con la Administración, otras habían sido creadas días antes de la publicación de la resolución de la concesión, o habían sido dadas de alta con un solo trabajador o, incluso, sin trabajadores, o se disolvieron poco después de haber obtenido la subvención".
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Incumplimiento de compromisos posteriores
"Pero también se pudo comprobar que muchas empresas habrían incumplido sus compromisos posteriores, pues no constan que hubieran llevado a cabo todo el proceso de formación o el compromiso de contratación exigido en la resolución", añade el auto. Y concluye: "Ello evidenciaba un deficiente control previo a la concesión de las ayudas, del seguimiento de éstas y la liquidación y justificación de las concedidas".
Por todo ello la jueza aprecia "suficientes indicios de delito", concretamente prevaricación y malversación. ¿Cómo casar este auto de diligencias previas con el acta de liquidación del Tribunal de Cuentas, que a su vez es un varapalo a un informe de la Cámara de Cuentas? Difícil pregunta. Ante este auto, el Gobierno andaluz ha optado la prudencia. Antonio Sanz, delegado del Gobierno en Andalucía (PP), quitó hierro a la decisiónd del Tribunal de Cuentas por ser provisional y atacó con el auto de Huelva al Gobierno andaluz: "La Junta ha querido tapar el escándalo de la formación demasiado pronto". El PSOE pidió este jueves su dimisión por actuar "como comisario político del PP", y no como máxima autoridad del Gobierno de Mariano Rajoy en Andalucía.
El caso del supuesto fraude de los cursos de formación en Andalucía se bambolea sobre una delgada línea. A un lado, están las irregularidades administrativas, la falta de medios o el insuficiente control en las ayudas, aspectos puestos de relieve por interventores de la Junta durante la comisión de investigación parlamentaria. Un plato que sería de digestión llevadera para el Gobierno andaluz. Al otro lado están el delito y sus responsabilidades.