Los frentes judiciales del Banco Popular dos años después de su caída

El 26 de mayo de 2016 aparecía marcado en rojo en el calendario de una de las principales entidades financieras de España. Aquel día, el Banco Popular dio el pistoletazo de salida a una ampliación de capital de 2.500 millones de euros con el objetivo de cubrir al máximo posible su excesiva exposición al ladrillo. La gran mayoría de accionistas acudió a la operación. Sin embargo, el movimiento no evitó el hundimiento del barco. Las acciones prosiguieron en caída libre durante los meses siguientes. Los títulos cerraron el año perdiendo un 66% y el banco anunció unas pérdidas de 3.600 millones en 2016. Una tendencia que continuó durante los primeros meses de 2017 y que desembocó en la muerte definitiva de la entidad. El 6 de junio, el Banco Central Europeo (BCE) determinó que el Popular “era inviable o era previsible que lo fuera en un futuro”. “El significante deterioro de la situación de liquidez del banco en los últimos días condujo a la determinación de que la entidad hubiera sido incapaz en el futuro próximo de pagar sus deudas u otras obligaciones”, señaló en un comunicado.

Pocas horas después, la Junta Única de Resolución (JUR) dio luz verde a la operación por la que el Banco Santander se quedó con el Popular por el simbólico precio de un euro, una decisión que posteriormente sería implementada por el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Frob). El movimiento, que el Gobierno de Mariano Rajoy celebró como una “buena salida”, aseguró que los titulares de cuentas y depósitos no sufrieran el descalabro de la entidad. No corrieron la misma suerte, sin embargo, los accionistas y titulares de deuda, que perdieron toda su inversión. Ahora, dos años después del hundimiento del que llegara a ser el sexto banco español, los afectados –unos 305.000– mantienen abiertos varios frentes judiciales para intentar depurar responsabilidades y recuperar lo perdido. Uno de ellos, quizá el más mediático, es el procedimiento penal, que se está llevando a cabo en la Audiencia Nacional y que afecta a varios directivos de los dos últimos consejos de administración. Pero el caso también está discurriendo por la vía contencioso-administrativa y civil.

  Una treintena de investigados en la vía penal

Los primeros pasos del denominado caso Popular por la vía penal se dieron solo cinco días después de que se produjera la compra de la entidad financiera. El 12 de junio de 2017, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) interpuso una querella por falsedad contable y estafa al inversor. Sin embargo, no fueron los únicos. Ante la Audiencia Nacional también acudieron otros colectivos de consumidores, como la Asociación de Usuarios Financieros (Asufin) o Adicae, que a finales de septiembre se querelló contra casi una veintena de exdirectivos de la entidad, entre los que se encontraban los expresidentes Emilio Saracho y Ángel Ron, por los delitos de estafa a los inversores, información privilegiada, falsedad de cuentas, administración desleal o contra el mercado de valores. La Fiscalía Anticorrupción pidió entonces al juez instructor Fernando Andreu que investigase los hechos. Días después, la Audiencia Nacional admitió a trámite varias de las querellas interpuestas y dieron comienzo las pesquisas.

Ante la complejidad del caso, Andreu decidió organizar la instrucción en dos piezas separadas. La primera de ellas, se centra en la ampliación de capital que la entidad llevó a cabo en 2016 bajo la presidencia de Ron por 2.500 millones de euros. La segunda, gira alrededor de la supuesta manipulación del mercado a través de la difusión de noticias que, según los querellantes, incluían datos falsos con el objetivo de depreciar al máximo el valor de las acciones y lograr beneficios, campaña que se habría llevado a cabo ya con Saracho al frente del banco. Además, el juez de la Audiencia Nacional requirió diversa documentación al Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) y al propio Popular, así como solicitó al Banco de España que designase a dos peritos para que analizaran si la información contable de la entidad financiera reflejaba una imagen fiel. En total, una treintena de exdirectivos de la entidad financiera se sitúan bajo la lupa judicial.

A finales del año pasado, Andreu abandonó el Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional y se mudó a la Sala de lo Penal del órgano judicial. La investigación del caso Popular fue asumida entonces por el juez José Luis Calama, que nada más llegar a su nuevo destino decidió pisar a fondo el acelerador. Una de sus primeras decisiones fue incorporar como investigado al Santander al considerar que la absorción conllevaba directamente tal efecto. Sin embargo, abril ha sido el mes de mayor actividad de la causa. Y lo ha sido, principalmente, por dos hechos relevantes. Por un lado, el juez ha recibido finalmente el informe de los peritos del Banco de España, un documento en el que los expertos del organismo regulador señalan que las cuentas que la entidad reflejó en el folleto para la ampliación de capital de 2016 “no respetaban determinados aspectos de la normativa”. Por otro, la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado la razón al Santander y la entidad que dirige Ana Patricia Botín ha dejado de estar investigada en la causa.

Calama, además, pidió a las 103 acusaciones particulares personadas en la causa que se agrupasen en una decena para agilizar el procedimiento. “Resulta evidente que la instrucción de la presente causa, con tal número de representaciones, está abocada a ser ingobernable”, destacaba el juez en su auto. Finalmente, el magistrado acordó aglutinarlas en tres grupos diferentes: grandes inversores, fondos de inversión y asociaciones de perjudicados. Así, los dos primeros grupos estarán liderados por Pimco, Anchorage Capital, Caim Capital, Algebris, Ronit Capital, Ronit Global y EM Co-Investment. En cuanto a la parte de colectivos, que representan a una “ingente cantidad de inversores individuales”, el juez de la Audiencia Nacional decidió mantener a los abogados de la Asociación de Usuarios de Bancos, Cajas y Seguros (Adicae), la Asociación Española de Accionistas Minoritarios y la Mutualidad de la Abogacía, que según reconoció en junio de 2017 su entonces presidente, Enrique Sanz Fernández-Lomana, perdió unos 54 millones de euros con la quiebra del Popular.

Víctor Cremades, abogado de Adicae, reconoce que la instrucción de la causa es “muy compleja” debido a la ingente cantidad de documentación y al gran número de “cuestiones a debatir”. En conversación telefónica con infoLibre, el letrado de la asociación, que actualmente representa a 934 personas, sostiene que el informe realizado por los peritos del Banco de España es clave porque establece “los parámetros de la investigación de aquí en adelante”. Así, apunta que el documento reafirma las “faltas de aprovisionamiento, incorrecciones contables o la fuga de depósitos a partir de marzo de 2017 a raíz de la publicación de algunas informaciones”. “Además, señala que el motivo de la intervención en la falta de liquidez. ¿Por qué no se dotó entonces de la liquidez oportuna si era algo que podría haber sido momentáneo y no estructural?”, se pregunta Cremades. Con esta documentación sobre la mesa, el próximo mes de octubre arrancarán las declaraciones de los investigados. Los expresidentes Ron y Saracho serán los primeros en comparecer.

  Más de 200 recursos contencioso-administrativos

En paralelo a la vía penal, centrada principalmente en la gestión de la entidad financiera, los afectados por el hundimiento del Popular también están batallando en los tribunales contra los organismos públicos que participaron en la resolución de la entidad. Una guerra que se está librando tanto a nivel español como europeo. Por un lado, los afectados han interpuesto en los últimos años ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), con sede en Luxemburgo, casi un centenar de recursos reclamando la nulidad de la resolución de la JUR –autoridad comunitaria– que liquidó el Popular y provocó que 305.000 inversores perdieran todo su dinero. De todos ellos, el TJUE ha admitido sólo seis a trámite, que serán los que obligarán a Luxemburgo a pronunciarse sobre la cuestión. Resolución que, no obstante, no se espera hasta el próximo año. De momento, la próxima semana está previsto que Banco Santander y Abogacía del Estado presenten sus escritos defendiendo que la resolución de la entidad financiera se hizo de acuerdo con la ley.

Entre esas demandas admitidas a trámite se encuentra la que interpuso un grupo de accionistas que sumaban un 6% del capital. Este colectivo, del que forman parte tanto accionistas clave de la Sindicatura de Accionistas del Popular como la Mutualidad de la Abogacía, está representado por el bufete Ramón C. Pelayo. Arturo Muñoz, uno de los abogados, explica que la demanda plantea la “indefensión” provocada por la decisión de la JUR de haber conducido todo el procedimiento “con una opacidad total”. Además, argumenta que “había medidas alternativas a la resolución”, como por ejemplo “haber dotado de liquidez” al banco, y sostiene que se ha vulnerado “principio de confianza legítima”: “Los accionistas tenían la confianza de que si hubiera algún problema el Banco Central Europeo habría actuado”. Por último, también plantea que el proceso de subasta se hizo “de manera contraria a como marca la normativa” porque “se hizo todo lo posible para que se le adjudicara al Santander”.

El abogado del bufete Ramón C. Pelayo apunta que lo que se decida en Luxemburgo es “determinante”, pues si el TJUE declara nula la resolución de la JUR caería también, de forma automática, la del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario. Por eso, la Audiencia Nacional ha decidido paralizar, hasta que se pronuncie Luxemburgo, la tramitación de los 262 recursos contencioso-administrativos admitidos a trámite contra la resolución de la Comisión Rectora del FROB del 7 de junio de 2017 por la que se acordaba adoptar todas las medidas necesarias para ejecutar la decisión de la JUR que puso punto y final a la historia del Banco Popular. En la última Memoria de Actividades, correspondiente al ejercicio 2018, el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancario concreta que ha recibido 1.063 reclamaciones de responsabilidad patrimonial por su papel en la resolución del Popular, otra vía que han abierto los afectados para intentar recuperar la inversión que perdieron con la liquidación de la entidad financiera.

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  Demandas por lo civil

En los dos últimos años, además, los juzgados españoles han recibido también una cascada de demandas civiles exigiendo la devolución de lo invertido en acciones del Popular. Y ya son varias las Audiencias Provinciales que se han pronunciado sobre la cuestión. Una de las primeras fue la de Oviedo, que el pasado mes de octubre condenó al Popular a devolver a un accionista 12.300 euros invertidos en la ampliación de capital de 2016, ratificando así la decisión del juzgado de primera instancia, que consideró que la información que se dio en el folleto informativo “no resultaba ajustada a la realidad”. Fallos similares emitieron, en los meses siguientes, las Audiencias Provinciales de Bizkaia, Araba, Cáceres o Barcelona, que también consideraron que la información que se facilitó a los inversores en la operación llevada a cabo en mayo de 2016 no mostraba la situación económica y financiera real del Banco Popular.

Por supuesto, también ha habido alguna resolución a favor de la entidad, como por ejemplo la que dictó en julio de 2018 la Audiencia de Oviedo, que dio la razón al Popular al considerar que no era posible acreditar que los datos reflejados en el folleto informativo de la ampliación de capital contuviesen “graves inexactitudes”. Por entonces, los peritos del Banco de España todavía no habían concluido el informe que ha terminado revelando que las cuentas que la entidad presentó en el documento informativo “no respetaban determinados aspectos de la normativa”. Ahora, con esa información sobre la mesa, los afectados por la operación de 2016 tienen todavía más posibilidades para recuperar el dinero invertido y perdido tras la quiebra. Muchos de ellos lo intentarán a través de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU), que el pasado mes de mayo interpuso una demanda civil en representación de 300 socios en la que reclaman 7,5 millones de euros, a los que habría que sumar los intereses y las costas.