Gallardón sostiene que con la nueva ley el peligro en la vida de la madre deberá “acreditarse”

El ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, afirmó este lunes que el actual sistema de plazos presente en la Ley de Interrupción del Embarazo se sustituirá por un "sistema de indicaciones", en cual se prohibirá el aborto eugenésico por discapacidad del feto y donde el peligro sobre la salud física o psíquica de la mujer deberá acreditarse. "No será una mera declaración, sino una constatación", ha añadido.

Estas palabras se produjeron horas después de que el presidente de la Conferencia Episcopal, Antonio María Rouco Varela, reclamara al Gobierno que se responsabilizase de llevar a cabo con "urgencia" una reforma de la ley del aborto y del matrimonio homosexual. 

En el Foro del diario La Razón, Gallardón expresó su malestar con la actual Ley del Aborto y adelantó que "muy pronto" se presentará la nueva normativa para resolver un "asunto de esta gravedad" habida cuenta de que el Gobierno ha escuchado a todos los sectores implicados, informa Europa Press.

Gallardón sostuvo que el Constitucional ya se pronunció sobre la interrupción del embarazo y estableció que el "nasciturus" es un bien protegido, que la vida humana tiene relevancia desde su concepción y que su protección no es absoluta cuando entra en conflicto con otros derechos. "Es un sistema de indicaciones, no de plazos", dijo.

En esta línea, avanzó que el peligro sobre la salud física y psíquica de la madre no debe ser entendido como un "pretexto" y, en consecuencia, el nuevo articulado contempla mecanismos para que esa condición se "cumpla y acredite". "En supuestos de conflicto de derechos, se acreditará ese conflicto y que no sea solo una mera declaración, sino una auténtica constatación", remachó.

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Aborto eugenésico por discapacidad

El titular de Justicia aludió a los mecanismos de información de los que dispondrá la mujer a la hora de decidir sobre la interrupción de su embarazo y adelantó que el aborto eugenésico por razón de discapacidad es "incompatible" con el proyecto del Gobierno y la posición de las Naciones Unidas.

"La vida no es una concesión graciosa, sino un derecho inalienable que no se ve reducido por razón de discapacidad y no puede restarse protección a un proyecto de vida como consecuencia de una discapacidad", señaló. El Ejecutivo también se muestra contrario a que los menores de edad puedan interrumpir su estado de gestación, mientras defiende la necesidad de regular la objeción de conciencia de los médicos.