García Ortiz al PP y Vox en el Senado: "No dimito porque haría una concesión a los delincuentes"

"No dimito" y "sí, borro". Tranquilo, sin estridencias, el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha respondido a las críticas del PP y de Vox por su causa en el Supremo durante su comparecencia en el Senado para presentar la memoria de la Fiscalía de 2023. "No dimito porque si dimitiera estaría haciendo una concesión a los delincuentes; porque la Fiscalía tiene que mostrarse fuerte", porque, como muestre "un ápice de debilidad", esos delincuentes "no van a dudar en a aprovecharla". García Ortiz también ha explicado por qué borró los datos de su móvil: "Porque es mi derecho mantener mi intimidad" y "porque cumplo las previsiones legales para proteger mis datos y los datos de terceros de los que soy custodio". "Piensen si tuviera en mi terminal algún dato de ustedes, de sus familiares o sus partidos y esos datos se filtraran", ha añadido. "Por ser fiscal general del Estado no tengo menos derechos que los demás", ha sentenciado.

Ha reconocido que el contexto en el que se produce su comparecencia es "una situación procesal bastante incómoda". "Pero no solo por mi situación, sino porque el fiscal general siempre está en una situación incómoda", ha añadido. Y lo está porque, en su opinión, "no se entiende la figura del fiscal general". "Es una designación del Gobierno, ahora y con los excelentes compañeros que me han precedido en el cargo". "Es un cargo designado por el Ejecutivo pero tiene que mantener una imparcialidad y por ello es sujeto de críticas". "Ustedes, han hecho críticas muy duras en lo personal y lo profesional. Están en su derecho", ha dicho al grupo del PP y a la portavoz de Vox. "Pero yo no me puedo defender. No puedo saltar a la arena política y contestarles, porque si lo hiciera perdería la condición de neutralidad que es la que me permite realizar mi función", ha señalado. "Pueden desgranar todas las pruebas que supuestamente me incriminan, pero no voy a poder contestar", ha concluido.

Sobre sus razones para no dimitir pese al proceso penal abierto contra él por el desmentido de un bulo aireado por el jefe de gabinete de la presidenta madrileña, Isabel Díaz Ayuso (PP), García Ortiz ha recordado que "la Fiscalía española es muy fuerte". "Tan fuerte que trascenderá a este fiscal general como ha trascendido a los anteriores. No perderá un ápice de credibilidad ni racionalidad. Decir eso es minimizar a 2.795 fiscales, excelentes juristas, al servicio de la ciudadanía". "Para mí sería más cómodo marcharme", ha añadido. "Pero yo creo en la institución y por eso me quedo, porque creo que hay que defender los principios y los valores en los que uno cree".

PP y Vox también le han reprochado que, durante su declaración en el Supremo, se negara a declarar a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado. "Si la crítica es que siendo fiscal general se tienen menos derechos que los demás ciudadanos, creo que estamos equivocados", ha dicho. "Los principios constitucionales, la presunción de inocencia, nos pertenecen a todos. Contestar o no contestar al magistrado no es una afrenta; es una postura procesal amparada en un derecho fundamental", ha proseguido. Luego ha expresado el mayor de sus respetos por el Tribunal Supremo "y por quien tiene la dificilísima labor de enfrentarse a esta causa", ha dicho en relación a Hurtado.

Sobre el borrado de sus dispositivos, García Ortiz ha recordado que lo hizo en la fecha que establece el informe de la UCO, pero "también con anterioridad". "Borro regularmente datos", ha añadido. "La Unión Europea, en su Reglamento de Protección de Datos, establece un principio básico: la limitación del plazo de conservación de datos. El responsable está obligado a ello", ha afirmado. Y ha denunciado: "Se extiende una sospecha genérica por no mantener los datos ajenos en el dispositivo más tiempo del necesario y se convierte un borrado de un móvil personal y profesional en un indicio de culpabilidad". Sobre el cierre de su cuenta personal de correo electrónico ha asegurado que lo hizo a finales de diciembre, es decir, con la causa muy avanzada, "ante el acoso al que estoy sometido por la difusión de mis datos personales y que también me ha obligado a cambiar mi número de teléfono".

García Ortiz también se ha referido a su negativa a que el Consejo Fiscal redactara un informe sobre la ley de amnistía, algo que no hizo porque aunque la ley sí obliga a la Fiscalía a hacer informes sobre anteproyectos de ley, hacerlo sobre una proposición de ley, como lo fue la de amnistía, habría sido contrario a ella, algo que también se refleja en la sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado su nombramiento.